TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo N° 552

Sucre, 04 de agosto de 2015

Expediente: 298/2011-S

Demandante: Manuel Vaca Pedraza

Demandado: Aduana Nacional de Bolivia Regional Aduana Santa Cruz

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondoy en la forma de fs. 151a 155, interpuesto por Michaele Fabiana Vargas Guzmán en representación legal de la Aduana Nacional de Bolivia Gerencia Regional Santa Cruz, contra el Auto de Vista N° 003de 10 de enero de 2011(fs. 142a 144), pronunciado por la Sala Social y Administrativadelaentonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; dentro del proceso socialde Pago de Beneficios Sociales y derechos laborales, que sigueManuel Vaca Pedrazacontra la Aduana Nacional de Bolivia Gerencia Regional Santa Cruz;el Autocursante afs. 159, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, laJuez de Partido Cuartode Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió Sentencia N° 106 de 12 de diciembre de 2008 (fs. 119 a 121 vta.), por la que declaró probada en partela demanda interpuesta por Manuel Vaca Pedraza contra la entidad demandada, ordenando a la Aduana Nacional de Bolivia, pagar a favor del actor, por los conceptos de desahucio, indemnización, aguinaldo 2005 con pago doble y aguinaldo 2006, vacación y bono de antigüedad, la suma total de Bs.14.299,00.-. Sin costas. Todo conforme a la liquidación efectuada en la misma Sentencia.

I.1.2 Auto de Vista

Dicha resolución fue recurrida en apelación por la parte demandada(fs. 132 a 133 vta.), mereciendo el Auto de Vista Nº 003 de 10 de enero de 2011 (fs. 142 a 144),por el cual, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, resolvió revocar parcialmente lo determinado en la Sentencia Nº 106 de 12 de diciembre de 2008, de fs. 119 a 121 vta., sin costas, disponiendo que la Aduana Nacional de Bolivia Gerencia RegionalSanta Cruz, pague a favor del actor la suma de Bs.4.563,00.- (Cuatro mil quinientos sesenta y tres 00/100 bolivianos), por los conceptos de aguinaldo gestiones 2005 y 2006, vacaciones y bono de antigüedad, todo como se tiene asentado en el detalle del mismo Auto de Vista.

I.2Motivos del recurso de casación

El mencionado Auto de Vista originó que laparte demandadaformule elrecurso de casación en el fondo y en la forma, cursante de fs. 151 a 155, que en lo esencial de su contenido señaló:

I.2.1 En el fondo

Refirió que los contratos firmados por el actor no se encuentran dentro el ámbito laboral, sino dentro las previsiones de la Ley N° 1178 Ley del Sistema de Administración, Fiscalización y control Gubernamental (Ley SAFCO),de 20 de julio de 1990, por lo que serían contratos de índole administrativa, puesto que por mandato de los arts. 6 y 7 de la Ley N° 2027 Ley del Estatuto del Funcionario Público (L-EFP) de 27 de octubre de 1999, las personas naturales que presten servicios al Estado bajo la modalidad de contratación no están sometidos a ese estatuto ni a la LGT, siendo su contratación regulada por las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios.

Señaló que el demandante nunca tuvo relación laboral con la Aduana Nacional, puesto que el contrato de limpieza de oficina de fs. 59 a 61, se suscribió enmarcado en el Decreto Supremo (DS) N° 25964, así como el contrato de prestación de servicio de limpieza de fs. 56 a 58, se enmarcó en la Ley N° 1178 Ley SAFCO y en el Código Civil (CC), y por último, que el contrato de servicio de recepción y organización de archivos de fs. 20 a 22, fue bajo la modalidad de contratación menor por comparación de precios, donde la Aduana por intermedio de su Unidad Administrativa realizó una comparación de cotizaciones y adjudicó la prestación de ese servicio al demandante, al cual se le indicó claramente que se le descontaría el 15.5% del monto que presentó en su cotización, indicando también que de acuerdo a la cláusula decima cuarta de dicho contrato, el mismo se encontraba sujeto a la Ley N° 1178 Ley SAFCO.

Indicó que la contratación del actor se realizó en aplicación de lo establecido en los arts. 8.I y 62.I del DS N° 27328 de 31 de enero de 2004 y que el reglamento específico sobre procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría aprobado mediante RA PE 02-017-04 de 29 de junio de 2004, establece el procedimiento a ser aplicado en la contratación menor por comparación de cotizaciones, cuando el precio del servicio sea menor o igual a Bs.- 20.000.-, procedimiento que en el caso del demandante se cumplió a cabalidad, como se demostró con la documentación presentada como prueba.

Finalmente, indicó que no corresponde lo dispuesto por el fallo recurrido, puesto que la relación no se encuentra enmarcada en el ámbito laboral, y que el actor para hacer valer sus derechos que creyere lesionados debe acudir a otra vía, menos a la vía laboral, y que el contrato de servicios del 12 de enero de 2006, en su cláusula sexta, determinó el pago mensual, del cual se le deducirían los impuestos de Ley, situación corroborada por la cláusula octava del mismo contrato, y deducción efectuada por la Aduana Nacional porque el actor no emitió la nota fiscal por el valor total de lo percibido como ingreso a nombre de dicha entidad, por lo que se evidencia que el Tribunal ad quem no evaluó de forma correcta las pruebas que fueron presentadas con la contestación a la demanda (fs. 20 a 68), causando daño económico al Estado.

       I.2.2 En la forma

Señaló que el Tribunal de apelación no se percató del error cometido por el Juez a quo, este último que no dio cumplimiento a normas procesales de orden público, como es el caso de hacer conocer al Ministerio Público cuando el demandado sea el Estado, de conformidad a lo establecido en los arts. 34 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), puesto que en el presente caso no existe dictamen fiscal previo a la Sentencia, como dispone el art. 35 del CPT.

Indicó que el art. 1 de la LGT, concordante con el art. 1 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT) excluye a los funcionarios y empleados públicos de dicha Ley y que la Aduana Nacional de Bolivia Gerencia Regional Aduana Santa Cruz se encuentra sometida a la Contraloría General de la República a través de la Ley N° 1178 Ley SAFCO.

Refirió que el art. 28.c) de la Ley N° 1178 Ley SAFCO, concordante con el art. 3.I de la Ley N° 2027 L-EFP,  indica que toda persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, será considerado como servidor público, independientemente cual sea la fuente de su remuneración, por lo que los de instancia no dieron cumplimiento al art. 43 del CPT, concordante con el art. 73 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), y que siguiendo la jurisprudencia del Auto Supremo  N° 313 de 12 de marzo de 2007, el presente caso fue resuelto por autoridad no competente.

I.2.3Petitorio

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, “CASE el recurrido Auto de Vista y deliberando en la forma y el fondo, Anulando obrados hasta la admisión de la demanda por ser incompetentes para ver este tipo de procesos. (Sic.)

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Así, formulado el recurso, este Tribunal Supremo de Justicia ingresa a resolver como primer punto el recurso de casación en la forma, para luego, y sólo ante la eventualidad de no encontrar fundado el recurso en la forma, ingrese a resolver el recurso de casación en el fondo:

II.1.1 Resolviendo el recurso de casación en la forma

Se observa dos reclamos: primero, que al ser el demandado el Estado se debió hacer conocer al Ministerio Público conforme el art. 34.b del CPT, puesto que no existe dictamen fiscal como señala el art. 35 del mismo cuerpo legal, vulnerando el art. 90 del CPC, y; segundo, que los de instancia, conforme los arts. 43 del CPT y 73 de la LOJ, y según la jurisprudencia del Auto Supremo313 de 12 de marzo de 2007, no tenían competencia en el presente caso.

En relación al primer reclamo, debe recordarse que por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 2175 de 13 de febrero de 2001 (Ley Orgánica del Ministerio Público), se dispuso: “Asuntos no Penales. Los fiscales continuaran interviniendo en aquellos asuntos no penales en los que a la fecha de vigencia de esta Ley estuvieren actuando en representación del Ministerio Público”, estableciendocon ello que en asuntos posteriores a la vigencia de esta Ley, no es necesaria la intervención del Ministerio Público, conforme la Disposición Final Quinta, I de la misma Ley antes citada, que modifica el art. 127.I del CPC, referida la participación del Ministerio Público cuando la demanda sea formulada contra el Estado en una de sus entidades, con el siguiente texto: “Cuando el Estado fuere el demandado, será citado en la persona de la autoridad jerárquicamente superior”.

Aun entendiendo que la disposición mencionada estaría modificando sólo lo dispuesto en el CPC en sus arts. 127.I y 779, la ley referida es taxativa al señalar en su disposición transitoria tercera que, dicha Ley es de aplicación preferente en caso de colisión con otras Leyes o disposiciones relacionadas con las funciones, atribuciones y organización del Ministerio Público, en cuya virtud, lo dispuesto en los arts. 34 y 35 del CPT, ya no tienen vigencia, precisamente por entrar en colisión con la referida norma; de modo que no existe motivo fundado que permita disponer la nulidad de obrados por tal cuestión, toda vez que la Aduana Nacional de Bolivia Gerencia RegionalSanta Cruz, en su condición de demandada, asumió defensa mediante su Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), como se advierte de todo el proceso que se trae ante éste Tribunal.

Respecto al reclamo sobre la competencia de los Tribunales de instancia para conocer la presente causa, se advierte que este aspecto ya fue dilucidado en primera instancia, puesto que la entidad demandada planteó excepción previa de incompetencia, la cual fue resuelta y declarada improbada mediante Auto 157 de 14 de mayo de 2007 (fs. 75), resolución que no fue apelada por la parte demandada, siendo por lo tanto inviable su consideración en esta instancia, dado que tal resolución de instancia quedó firme y con ella la cuestión jurídica que ahora se trae ante este Tribunal, siendo aplicable al respecto la preclusión procesal establecida en los arts. 3.e) y 57 del CPT.

Por lo anotado, éste Tribunal no encuentra argumento válido para disponer la nulidad procesal solicitada por la entidad recurrente en ésta primera parte de su recurso, siendo infundado el recurso de casación en la forma.

II.1.2 Resolviendo el recurso de casación en el fondo

Se observa que el único punto reclamado en el fondo, se concentra en la relación laboral, cuya existencia determinaron los jueces de fondo, basados fundamentalmente en las literales de fs. 8 a 9, 20 a 22 y 56 a 58 de obrados, además de la testifical de descargo cursante afs. 104, aplicando además el principio de la realidad sobre la relación aparente; conclusión que la entidad recurrente cuestiona, argumentando que por la prueba referida, la relación habría sido de carácter administrativo y no así laboral; de lo que se establece lo siguiente:

Para efectos del fallo a expedirse, es importante referirnos a la conclusión asumida por el Tribunal de Alzada, respecto a la relación laboral entre el actor y la Aduana Nacional Regional Santa Cruz, cuando dicho fallo concluyó que el actor gozaba de la calidad de “funcionario público”, dado que en su relación con la entidad demandada concurrieron las características propias de un funcionario público, por ello es que precisamente, revocó en parte la decisión del A quo, dejando sin efecto lo dispuesto en relación a los beneficios sociales, es decir, el desahucio y la indemnización por tiempo de servicios, al estar éstos conceptos regulados sólo por la Ley General del Trabajo (LGT), no así por el Estatuto del Funcionario Público, lo que, claro está no sucedía con los demás derechos laborales que también son reconocidos a los servidores públicos.

Al respecto, la CPE establece: art. 46.I: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”.art. 48.I“Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y de estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”; en tal sentido, se concluyeque como una de las características esenciales de los derechos laborales, la irrenunciabilidad de los mismos, que junto a la imprescriptibilidad e inembargabilidad, tienen el propósito, entre otros, de evitar el menosprecio o burla del pago de tales derechos por la parte empleadora.

       Es preciso mencionar también que,en el derecho procesal laboral, al ser una rama social del derecho, se instituye, entre otros, el principio de la “primacía de la realidad”, instituido para identificar si una determinada actividad se enmarca dentro de las normas de la legislación laboral, observando aspectos inherentes a la prestación de trabajo y dando prioridad a la naturaleza objetiva de la realidad, prescindiendo de todo concepto subjetivo, sobre la base de los hechos y no de la apreciación que reflejan algunas estipulaciones o documentos; dicho principio también guarda coherencia con el principio de la “verdad material”, que en el escenario constitucional y normativo de este tiempo, permiten guiar la labor de las autoridades jurisdiccionales, y que no significa otra cosa que, la fundamentación de sus resoluciones debe obedecer sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, claro está, en estricto cumplimiento de las garantías procesales. 

       Bajo ese marco normativo y principista, conforme al reclamo planteado por la entidad recurrente, se evidencia por las pruebas de cargo de fs. 8 a 9, 20 a 22 y 56 a 58 (minutas de contrato), sólo demostraron una formalidad que más allá de expresar cierto tipo de trabajo prestado, en apariencia bajo el marco de las NB-SABS, empero no lograron generar en el juzgador la convicción de que representan la realidad de lo que realmente aconteció entre ambos, puesto que, bajo el principio de la primacía de la realidad, establecieron que entre ambos existió una relación laboral con todas las características que hacen a un funcionario público, de modo que, las referidas pruebas no demuestran que el Tribunal de grado hubiere incurrido en una errónea valoración probatoria, al contrario la misma prueba de descargo presentada por la entidad demandada, y consistente en la testifical cursante a fs. 104, formó convicción en el juzgador, respecto a la relación laboral del actor con la entidad demandada, de manera continuada por el tiempo de servicios establecido por los de instancia.

       De ese modo, se advierte que el Tribunal de grado valoró en su integridad la prueba cursante en el proceso, advirtiendo en todo caso, que la entidad demandada no cumplió con suficiencia su obligación de aportar prueba a afectos de desvirtuar lo afirmado por el trabajador, que para el caso en concreto se refiere a la existencia de una relación laboral en calidad de servidor público, dado que la entidad demandada se limitó a señalar que el actor habría sido contratado en el marco de la NB-SABS, cuando ni siquiera aquella afirmación fue probada de manera veraz, pues como se dijo, los contratos a los que se refiere en el recurso de casación, sólo demuestran una apariencia, siendo necesario que tal expresión sea respaldada con otros elementos probatorios, como el tiempo efectivo del servicio prestado para demostrar la no continuidad de los mismos, la no imposición de un horario específico dado que se tratan de servicios generales, la participación de los demás proponentes para efectos de acreditar la efectiva contratación mediante esa vía, la publicación de las contrataciones en el sistema de Contrataciones Estatales, y el mismo hecho de que la relación sostenida entre ambas partes no fuera de manera continua durante todo el tiempo alegado por el actor, etc.; elementos que no fueron probados por la entidad demandada para ratificar su afirmación de que se trataría de una prestación de servicios en el marco de dicha norma de contrataciones estatales; es más, resulta tan contradictorio el recurso de casación, que inicialmente si bien refiere que fue contratado  mediante la norma SABS, luego concluye afirmando lo siguiente: “…quedando confirmada la calidad de servidor público del demandante.” (sic); de modo que la conclusión arribada por los de instancia resulta correcta en cuanto a la calidad de servidor público del actor en la entidad demandada, y siendo que en dicho ámbito también se regula el reconocimiento de derechos laborales, lo resuelto al respecto tiene sustento normativo.

       En ese sentido, se concluye que el actor tenía una relación laboral en el marco del Estatuto del Funcionario Público con la entidad demandada, por lo que se encuentra correcto el reconocimiento de los derechos laborales reclamados a favor de este, conforme la normativa señalada ut supra, y en aplicación al “principio de la primacía de la realidad”, puesto que el servidor público, llega a constituirse en el sostén de su familia y en la base de la sociedad, y conforme a lo establecido por los arts. 46.II y 48.III de la CPE, el Estado protegerá todas las formas de trabajo, así como garantizará que los derechos sociales son irrenunciables, por lo que se advierte, que el Tribunal ad quemvaloró correctamente las pruebas de cargo y descargo adjuntas al proceso.

       Es preciso anotar también, que en relación a la facultad valorativa de la que goza el Juez laboral, éste no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, por lo tanto, puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, todo esto como se encuentra establecido en los arts. 3.j) y 158 del CPT, en ese sentido, advertimos que en el caso de examen, el Tribunal de apelación realizó una crítica de la prueba de cargo y descargo de manera correcta y adecuada, en el marco de la normativa señalada ut supra, al concluir que al actor le corresponde el reconocimiento de sus derechos sociales adquiridos, pues se demostró con suficiencia la calidad de servidor público del actor en la entidad demandada.

       Finalmente corresponde precisar que el acto de emitir facturas a nombre de la entidad demandada, no constituye argumento suficiente para desvirtuar lo establecido por los jueces de fondo en cuanto a la calidad de servidor público del demandante, conforme se tiene señalado precedentemente.

Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 151 a 155, conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO:La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 151 a 155, interpuesto por Michaele Fabiana Vargas Guzmán en representación legal de la Aduana Nacional de Bolivia Gerencia Regional Santa Cruz, contra el Auto de Vista N° 003 de 10 de enero de 2011 (fs. 142 a 144).

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera