TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo N° 547

Sucre, 04 de agostode 2015

Expediente: 124/2015-S

Demandante: Francisco Tapia Nina

Demandado: Servicio Departamental de Caminos

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

=====================================================================

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondode fs. 111a 113 vta., interpuesto por Daniel Sergio Tapia Pacamia en representación legal de Francisco Tapia Nina, contra el Auto de Vista N° 011/2015de 26 de enero(fs. 108 y vta.), pronunciado por la Sala Social y AdministrativaPrimera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso socialde Pago de Beneficios Sociales y derechos laboralesque sigueFrancisco Tapia Ninacontra el Servicio Departamental de Caminos La Paz (SEDCAM);la respuesta al mencionado recurso cursante de fs. 116 a 118;el Auto Nº 095/15 cursante afs. 119, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, laJuezPrimerode Trabajo ySeguridad Social de La Paz, emitió  Sentencia N° 39/2014 de 6 de febrero (fs. 83 a 86), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 14 a 17 vta., disponiendo que el SEDCAM, a través de su representante legal, cancele a favor del actor la suma de Bs.1.909,37 (Un mil novecientos nueve 37/100bolivianos), por la multa del 30% establecida por el Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006, de acuerdo al detalle que se encuentra establecido en la misma Sentencia.

I.1.2 Auto de Vista

Dicha resolución fue recurrida en apelación porel demandante(fs. 90 a 91 vta.), mereciendo el Auto de Vista Nº 011/2015 de 26 de enero (fs. 108 y vta.), por el cual, la Sala Social y AdministrativaPrimera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió confirmar la Sentencia N° 39/2014 de 6 de febrero cursante de fs. 83 a 86 de obrados.

I.2Motivos del recurso de casación

El mencionado Auto de Vista originó que el demandante a través de su representante legal Daniel Sergio Tapia Pacamia,formule elrecurso de casaciónen la forma y en el fondo, cursante de fs.111 a 113 vta., que en lo esencial de su contenido, señaló:

I.2.1 En el fondo

Que, el Tribunal ad quem fundamentó su Auto de Vista en razón, a los arts. 20 del DS N° 25366 de 26 de abril de 1999 y 1 delaLey N° 3613 de 12 de marzo de 2007, normativas que dispusieron mediante sus arts. 4 al 7 y 11, la derogatoria del DS N° 24215 de 12 de enero de 1996, interpretando además dicho Tribunal, que los trabajadores contratados desde abril de 1999 hasta el 12 de marzo de 2007, tenían la calidad de funcionarios públicos.

Indicó que, relacionado a lo anterior, el Tribunal de Apelación dictó una resolución violatoria a la Ley y contradictoria en sus disposiciones citadas, toda vez que, como se explicó desde el inicio de la demanda, el DS N° 25366 de 26 de abril de 1999 es inaplicable a la situación del demandante, porque este fue contratado por el SEDCAM el 7 de febrero de 1999, es decir, dos meses antes de la promulgación de dicha norma, siendo así inaplicable en razón al principio de legalidad, reconocido por el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 123 del mismo cuerpo legal, que reconoce que la retroactividad de la Ley en materia laboral se aplica para beneficiar al trabajador, aspecto que no se dio en el presente caso por haber privado al actor de mayor tiempo de antigüedad real.

Que,se citó como fundamento la Ley N° 3613 de 12 de marzo de 2007, la cual reincorporó a los trabajadores del SEDCAM al régimen de la Ley General del Trabajo (LGT), entendiendo de mala manera que dicha reincorporación corre a partir de la promulgación de la misma Ley, extremo que fue aclarado con el Auto Supremo 175 S de 27 de abril de 2010, por el que se entiende que los trabajadores del SEDCAM se encuentran amparados con la LGT desde el 16 de noviembre de 1967, llegando a la conclusión que la relación laboral del actor nunca estuvo enmarcada en el DS N° 25366, ni en el  DS N° 24215, que se menciona habría sido derogado en sus artículos que regulan ámbito de aplicación expresamente por la Ley N° 3613, sino que dicha relación estaba regulada por el DS N° 8141 de 16 de noviembre de 1967.

Mencionó también que, el Auto Supremo citado estableció: “Esta última definición legal debe ser entendida en sentido de que el personal será tenido como servidor público en tanto: a) hayan sido contratados en forma posterior a su vigencia (D.S. 25366 de 26 de abril de 1999) y b) habiendo sido contratado con anterioridad haya sido asimilado en el marco de los procedimientos del Sistema de Administración de Personal, aprobado por DS. 26115 de 16 de marzo de 2001, esto es, cumpliendo el procedimiento y requisitos establecidos por el art. 57-III de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (renuncia y pago de beneficios sociales, entre otros). Condiciones que no se aplican al presente caso, por cuanto el demandante prestó servicios a partir de enero de 1999, es decir con anterioridad a la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo Nº 25366 de 26 de abril de 1999, que no puede ser aplicado por no contener un efecto retroactivo”, por lo que la resolución ahora recurrida en casación no se acoge a un fundamento legal válido y aplicable al presente caso, violando el DS N° 522 de 26 de mayo de 2010 que establece el principio de la primacía de la realidad.

Por último mencionó que, el Auto de Vista es contradictorio, ya que citó normativa que se contradice a sí misma, siendo la Ley N° 3613 fundamento de derogatoria a todas las demás leyes que regulaban el SEDCAM, empero se aplicó los DS N° 25366 y 24215, los cuales no debieron ser considerados, por lo que se establece violación de los arts. 180 y 123 de la CPE, y vulneración del DS N° 8141 de 16 de noviembre de 1967.

I.2.2 En la forma

Señaló falta de pronunciamiento, puesto que el Auto de Vista citó normativa que se encuentra desactualizada, y que por el avance de los derechos sociales, dicha normativa solo es útil cuando beneficia al trabajador, es así que el Tribunal ad quem omitió pronunciarse sobre la validez, legalidad y actualidad jurídica más progresiva del Auto Supremo 175-S de 27 de abril de 2010, infringiendo el art. 254 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y generando incertidumbre sobre el valor de la línea jurisprudencial citada, más aún cuando dicho Auto Supremo consideró un caso idéntico al presente, por lo que el fallo impugnado contiene nulidad en la forma.

I.2.3 Petitorio

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia,”…la CASACIÓN y NULIDAD LLANA de la Resolución A.V. N° 011/2005-SSA-1 LABORAL, cursante a fs. 108 de obrados, fallando en lo principal aplicando las leyes conculcadas y disponiendo el pago de los beneficios sociales a ser contabilizados desde el primer momento de la relación laboral real, es decir desde el 7 de febrero de 199, hasta el última día de su desvinculación, pronunciándose además sobre la validez de la línea jurisprudencial omitida en su evaluación” (Sic.)

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

       Que, así formulado el recurso de casación en ambas formas, este Tribunal Supremo de Justicia ingresa a resolver el mismo, empezando por el recurso de casación en la forma, para luego resolver el fondo del recurso; así, de la revisión de los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene lo siguiente:

       II.1.1 Resolviendo el recurso de casación en la forma

       El reclamo está fundado en que el fallo recurrido no habría emitido pronunciamiento sobre la jurisprudencia comprendida en el Auto Supremo 175-S de 27 de abril de 2010, en cuya razón impetra la nulidad de tal resolución.

       Al respecto, de la revisión del fallo recurrido y el recurso de apelación propuesto por la parta demandada, se tiene que dicha entidad llevó como agravio ante el Tribunal de apelación, entre otros, el reclamo referido al régimen laboral que hace al trabajador demandante durante el tiempo que éste último presto servicios en dicha entidad, agravio que de manera pertinente, conforme la previsión del art. 236 del CPC, fue resuelto por el Tribunal de Alzada, y si bien en el mismo no se hace alusión al antecedente jurisprudencial contenido en el Auto Supremo de referencia, ello no significa que el agravio en sí, que es régimen laboral que hace al actor durante su estadía en la entidad demandada, no haya sido resuelto, pues no debe perderse de vista que el fallo referido como jurisprudencia, sólo hace referencia a una interpretación legal respecto a un caso similar en cuanto la normativa que rigió y rige en la entidad ahora recurrente; problemática que no es única sino que está necesaria e imprescindiblemente vinculada con la situación de hecho referida a la valoración probatoria, en cuanto tiene que ver con establecer la fecha concreta desde la cual el trabajador actor inició prestando sus servicios al SEDCAM, situación que para el caso está vinculada más a la situación de fondo, conforme se analizará más adelante.

       A mayor abundamiento, recordemos que este Tribunal en su extensa jurisprudencia y en apego a las normas en vigencia como las contenidas en los arts. 16.I y 17.III de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial (LOJ) de 24 de junio de 2010 y art. 105 y siguientes del CPC, estableció que la nulidad procesal, no sólo constituye una decisión de última ratio, sino que además procede por razones expresamente señaladas en la Ley, conforme al principio de especificidad o legalidad, o cuando se ha evidenciado una flagrante vulneración de determinados derechos que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia, a la defensa y otros; por ello,es imperioso que al reclamo deba concurrir el elemento de trascendencia, es decir, que el vicio procesal haya causado perjuicio evidente a una de las partes, de tal modo que sin la existencia de ese vicio, los resultados del fallo habrían sido diferentes; lo que en el caso no se advierte.

En conclusión, no puede admitirse la nulidad para satisfacer pruritos formales, esto significa que quien solicita nulidad, debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto o irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir, demostrar cuál es el agravio o perjuicio que le causa el acto irregularmente cumplido, y si ello es cierto e irreparable y que sólo pueda ser reparado con la nulidad; y del caso en examen, no se tiene demostrado ello, al contrario, se advierte que la simple referencia a un fallo como jurisprudencia, no constituye el agravio en sí, sino sólo un fundamento que podría o no motivar la decisión del juzgador.        

Por lo anotado, éste Tribunal no encuentra fundamento suficiente para disponer la nulidad de obrados solicitada por la parte recurrente en ésta primera parte de su recurso, conforme se fundamentó anteriormente.

       II.1.2 Resolviendo el recurso de casación en el fondo

       Que, la controversia traída en casación se encuentra referida al tiempo de servicios cuyo cómputo, los de instancia, inician a partir de marzo de 2007, sin considerar la fecha inicial de contratación reclamada por el actor, que alega, se hubiese producido en 7 de febrero de 1999.

Así entonces corresponderá a éste Tribunal establecer si corresponde tal cómputo y si en ese propósito, el tribunal de apelación incurrió en las infracciones legales acusadas.

El Tribunal de apelación estableció queel actor fue contratado el 12 de marzo de 2007 y la desvinculación laboral fue el 26 de junio de 2011, periodo por el cual la entidad demandada habría pagado sus beneficios sociales conforme a Ley (finiquito de fs. 12), y que el tiempo anterior al 12 de marzo de 2007, no corresponde ser considerado debido a que el demandante tenía la condición de funcionario público, condición vigente hasta la promulgación dela Ley Nº 3613 de 12 de marzo de 2007; decisión que el demandante ahora recurrente cuestiona, argumentando que su relación laboral se inició con anterioridad a la vigencia del DS Nº 25366 de 26 de abril de 1999 y en consecuencia correspondería reconocer sus beneficios sociales por todo el periodo demandado, desde el 7 de febrero de 1999 hasta el 26 de junio de 2011, en apego a la LGT y DS Nº 8141 de 16 de noviembre de 1967, así como a la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo 175-S de 27 de abril de 2010; a cuyo efecto, corresponde señalar lo siguiente:

       Que, por lo dispuesto en el art. 1 del DS Nº 8141 de 16 de noviembre de 1967, los trabajadores y empleados del Servicio Nacional de Caminos y hasta lavigencia del DS Nº 25366 de 26 de abril de 1999, se encontraban sujetos al ámbito de la LGT y sus disposiciones complementarias, reglamentarias y ampliatorias o modificatorias.

       A partir de la publicación del DS Nº 25366, los trabajadores y empleados de dicha entidad pasan al régimen salarial establecido para la administración pública, consiguientemente, los trabajadores camineros son considerados servidores públicos  sometidos a las normas y procedimientos del Sistema de Administración de Personal, en el marco de la Ley N° 1178, y no a otro régimen legal, como es el caso de la LGT.

       No obstante, mediante Ley Nº 3613 de 12 de marzo de 2007, se dispone la restitución al Régimen Laboral de la LGT a los trabajadores asalariados de los Servicios Departamentales de Caminos, disponiendo que los mismos deben gozar de todos los derechos que la Constitución, la LGTy la Legislación Laboral vigente confieren a todos los trabajadores asalariados, situación que se mantiene hasta la fecha; sin embargo, al ser entidad pública, se establece que los mismos no se encuentran exentos de la responsabilidad por la función pública en aplicación a la Ley Nº 1178 y sus sistemas.

       En el caso concreto, se tiene demostrado que el actor ingresó a prestar servicios en la entidad demandada en los siguientes periodos;del 17/02/1999 al 16/03/1999 (Contrato fs. 1); del 01/04/1999 al 31/12/1999 (Contrato cursante a fs. 59); 04/11/2002 al 31/12/2002 (Contrato de fs. 3 a 4); del 03/01/2005 al 31/12/2005 (fs. 5 a 7), y; del 03/01/2006 al 31/12/2006 (fs. 8 a 10) y; desde el 01/08/2006 de manera indefinida (fs. 56); aclarando que sus contrataciones fueron con carácter temporal con contratos a plazo fijo, a excepción de la última contratación ocurrida el 01/08/2006, en la que se otorgó la designación mediante memorando para ocupar el cargo de Técnico IV, operador en convenios, asignándole el ítem Nº 094 con su respectivo nivel salarial, es decir, una designación a tiempo indefinido.

       En ese marco, es evidente que el actor suscribió los dos primeros contratos en un tiempo en que el régimen laboral aplicable a la Empresa era el previsto por la LGT, como es el contrato que abarca del 17/02/1999 al 16/03/1999 (Contrato fs. 1), así como el contrato del 01/04/1999 al 31/12/1999 (Contrato fs. 59); dado que la norma que dispuso el cambio de régimen laboral de los trabajadores de la entidad caminera, fue el DS Nº 25366 de 26 de abril de 1999.

Así los hechos, en principio, no resulta aplicable al caso la interpretación hecha por la extinta Corte Suprema de Justicia en el fallo citado en calidad de jurisprudencia 175-S de 27 de abril de 2010, al tratarse de una relación laboral nacida por contratos a plazo fijo y no así con contratos a tiempo indefinido o que por la aplicación de las normas laborales se hubiere convertido el contrato a plazo fijo en uno por tiempo indefinido con anterioridad a la entrada en vigencia del DS Nº 25366 de 26 de abril de 1999.

       Siendo así, y dado que ninguna de las condiciones antes anotadas se han cumplido para entender que la relación laboral del actor era de carácter indefinido antes a la vigencia del DS Nº 25366, no corresponde el cómputo pretendido desde la gestión 1999, por cuanto independientemente a que se hubiese producido con anterioridad a la vigencia del DS 25366, la misma no tuvo la continuidad necesaria que permita consolidarse como tiempo de servicios debido a su discontinuidad.

       Es preciso dejar anotado que, si bien el actor sostiene en su demanda de fs. 14 a 17 vta., que prestó servicios en la entidad demandada de manera ininterrumpida, sin embargo, de manera contradictoria, más adelante también afirma que la relación laboral fue a través de contratos que fueron renovados de manera continua, lo que genera en este Tribunal la convicción, que junto a la integralidad del elenco probatorio aportado tanto por la parte demandante y la demandada, que la relación laboral en definitiva fue mediante contratos a plazo fijo y no así de carácter indefinido, sino sólo en el último tiempo, como se explicó precedentemente, por lo que los tiempos de interrupción existentes entre una contratación y otra son evidentes, conforme a los mismos contratos que se acompañan.

       En tal sentido, el reclamo efectuado por el actor respecto a que el DS N° 25366 sería inaplicable a su situación en el entendido que habría sido contratado con anterioridad al DS anotado, resulta infundado, dado que se estableció que el actor trabajador prestó servicios a la entidad demandada con la modalidad de contratos a plazo fijo, habiendo establecido de manera clara que el régimen laboral establecido por la LGT sólo sería aplicable a los dos primeros contratos y no así a los subsiguientes, debido que a que cuando se suscribieron los contratos desde el tercero para adelante, el régimen laboral era distinto, es decir, el aplicable a los servidores públicos, por lo que en estos últimos es plenamente aplicable el DS Nº 25366.

       El recurrente efectúa una mala interpretación de la Ley N° 3613 de 12 de marzo de 2007, puesto que es claro que el régimen laboral de los trabajadores de la entidad demandada sufrió modificaciones en distintos periodos, como se explicó precedentemente, así el DS N° 8141 de 16 de noviembre de 1967 sólo forma parte de un periodo de la historia de dicha Empresa, como lo es también el DS Nº 25366 y finalmente la Ley Nº 3613, disposición última que claramente refiere que los trabajadores de los Servicios Departamentales de Caminos, fueron restituidos nuevamente a la LGT, siendo una de las características de dicha Ley, que la misma se opera desde el día de su promulgación con efectos jurídicos a futuro, aclarando tal aspecto el mismo art. 5 de dicha Ley, en sentido que el tiempo de servicios bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público, no genera derechos y obligaciones a los fines de beneficios sociales; de lo que se establece que los de instancia interpretaron correctamente la Ley N° 3613.

       Finalmente, se acusa por la parte recurrente, la violación del DS N° 522 de 26 de mayo de 2010 (principio de la realidad de manera retroactiva); no obstante, no se tiene un razonamiento jurídico congruente que permita profundizar el análisis de tal acusación; en todo caso, se observa que la mencionada norma es impertinente para el caso que se analiza, toda vez que la misma regula el pago de los quinquenios en el ámbito privado, de modo que no se evidencia violación a dicha norma, como confusamente acusó la parte recurrente.

Por consiguiente, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO:La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 111 a 113 vta., interpuesto por Daniel Sergio Tapia Pacamia en representación legal de Francisco Tapia Nina, contra el Auto de Vista N° 011/2015 de 26 de enero (fs. 108 y vta.).

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 Ley SAFCO, de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215, de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera