TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENSIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 543

Sucre, 04 de agosto de 2015

Expediente: 204/2015-A

Demandante: Dilia Ruiz Virgos

Demandado: Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 161 a 162, interpuesto por Olga Durán Uribe, Sandra Argote Céspedes y Brenda Erika Siñani Rojas, Administradora Regional SENASIR Santa Cruz y Abogadas Regionales SENASIR Santa Cruz respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 23 de 6 de febrero de 2015, cursante de fs. 154 a 155, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de reclamación que por Compensación de Cotizaciones sigue Dilia Ruiz Virgos contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 165 a 166; el Auto de Vista Nº 110 de 31 de marzo de 2015, que concede el recurso cursante a fs. 167 y vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1 Resolución Comisión de Calificación de Rentas

Que, iniciado el trámite de Compensación de Cotizaciones por Dilia Ruiz Virgos, la Comisión de Calificación de Rentas del Senasir emitió la Resolución Nº 6727 de 03 de septiembre de 2010 (fs. 29), resolviendo otorgar en favor de Dilia Ruiz Virgos, la constancia de aportes, considerando un salario cotizable de Bs. 934,94, (Novecientos treinta y cuatro 94/100 bolivianos), correspondiente a octubre/1996, y una densidad de aportes de 11.33 años, como documento válido para tramitar su Certificado de  Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.

I.1.2 Resolución Comisión de Reclamación

Ante el recurso de reclamación por parte de Dilia Ruiz Virgos (fs. 39), la Comisión de Reclamación del Senasir, mediante Resolución Nº 460/13 de 01 de julio (fs. 95 a 98), resolvió revocar en parte la Resolución Nº 6727 de 03 de septiembre de 2010 cursante a fs. 29, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, disponiendo otorgar a la asegurada una densidad de aportes de 6 años y 9 meses, manteniendo firme y subsistente el salario cotizable de Bs. 934,94 correspondiente a octubre/1996.

I.1.3 Auto de Vista

En virtud al recurso de apelación deducido por Dilia Ruiz Virgos (fs. 124 a 125), la Sala Social y Administrativa, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 23 de 6 de febrero de 2015, cursante de fs. 154 a 155, revocó las Resoluciones Nº 6727 de 3 de septiembre de 2010, pronunciada por la Comisión de Calificación de Rentas y la Resolución Nº 460 de 01 de julio de 2013, pronunciada por la Comisión de Reclamación, y deliberando en el fondo dispuso que el Senasir reconozca a Dilia Ruiz Virgos, una densidad de aportes de 19 años y 1 mes, así como un salario cotizable  correspondiente al mes de octubre de 1996. Sin costas.

I.2 Motivos del recurso de casación

El Auto de Vista motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 161 a 162, interpuesto por Olga Durán Uribe, Sandra Argote Céspedes y Brenda Erika Siñani Rojas, Administradora Regional y Abogadas del Senasir, en base a los siguientes argumentos:

Denuncian que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 351/13 de 21 de mayo de 2013 de fs. 87 a 89, la asegurada no figura en la planillas de la Caja Ferroviaria de Salud por los periodos comprendidos entre el 12/77 al 03/90, pero que además de acuerdo al informe emitido por la Regional Santa Cruz de fs. 63, la Caja Petrolera de Salud no cuenta con documentación y la comisión móvil no encontró el file de la asegurada en dicha institución, es decir, no se cuenta con evidencias si la asegurada efectuó los aportes correspondientes al fondo complementario respectivo.

Indican que, el Auto de Vista al disponer el reconocimiento de una densidad de aportes de 19 años y 1 mes a favor de la asegurada, viola flagrantemente lo dispuesto en los Decretos Supremos Nrs. 13112 y 17083, causando de esta manera un daño económico al Estado.

I.2.1        Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista Nº 23 de 6 de febrero de 2015, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

CONSIDERANDO II:

II.1        Fundamentos jurídicos del fallo

Que así planteado el recurso, y a fin de dilucidar la problemática planteada, es menester señalar que el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”. El art. 13.I de la CPE, establece que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”; en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la supra norma citada que refiere: “ Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".

La Sentencia Constitucional (SC) 55/2013 de 11 de enero, establece como entendimiento sobre la jubilación el siguiente criterio: “…Por la exigencia de conformar un silogismo que otorgue sustentación a la fundamentación de la presente Resolución, es imprescindible analizar en primer término las normas contenidas en la Norma Suprema de nuestro país, que regulan a la jubilación como parte integrante del derecho a la seguridad social; debiendo para ello revisar la Constitución Política del Estado. En ese orden, de la revisión del compilado normativo supremo, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. En el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”.

De lo señalado, se extrae que,  los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra el de la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de ese modo es que tal como se señaló en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales…”.

En el mismo sentido la renta de vejez como viudez se encuentran insertos como derechos a la seguridad social en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” .

Por su parte el art. 22 de la DUDH señala: “toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…”, lo que representa que el sistema de la seguridad social, se sustenta en el principio de universalidad, que significa que la protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, principio que rige en Bolivia mediante su reconocimiento bajo el art. 45.II de la CPE.

El art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), indica que: “Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales, estableciendo que: “Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo” (CIDH, Informe sobre Colombia 1993). La Comisión también recomendó, en el caso peruano, que el Estado debía tomar medidas para garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones y que el monto de las mismas sean suficientes para cubrir como mínimo, el costo de la canasta familiar básica (CIDH, Informe sobre Perú, 2000).

Estas recomendaciones están dadas en virtud al carácter progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que: “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”.

De lo citado precedentemente se advierte que el derecho a la renta de vejez y viudez, como elementos de los derechos a la seguridad social, tienen un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.

De igual manera, debe tomarse en cuenta que conforme el art. 180.I de la CPE, la jurisdicción ordinaria encuentra como fundamento a la verdad material, principio procesal que además se encuentra estipulado en el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por el cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir, se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, así la SCP 1463/2013 de 22 de agosto señala: “En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la Ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio). Conforme a lo expuesto, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (SC 0818/2007-R de 6 de diciembre).

Sobre el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto, cabe señalar que el Decreto Supremo (DS) 27543 de 31 de mayo, en su art. 14, señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Por su parte el art. 18 dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el Senasir; empero esta determinación, no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, así el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, normas que velan por el acceso a una jubilación justa otorgando mayor facilidad para que los beneficiarios puedan acceder al beneficio de las rentas, normas que deben ser observadas y aplicadas por el Senasir, conforme lo previsto por los arts. 13, 15, 16, 17 y 18 del DS mencionado, así como lo señalado por el art. 83 del MPRCPA.

Por otro lado, en lo referente a la Compensación de Cotizaciones, el art. 24.I de la Ley Nº 065 Ley de Pensiones, de 10 de diciembre de 2010, establece que: “Es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, a los Asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación”; disposición que para su aplicación debe observar lo dispuesto por el art. 48.I.a) del DS No 0882 de 16 de marzo de 2011; deduciéndose claramente de su contenido, que la Compensación de Cotizaciones al ser un reconocimiento de los aportes efectuados por el asegurado para el goce de una jubilación, le es también aplicable el tratamiento extraordinario de Certificación de aportes.

En ese entendido, debe concluirse que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que cuando pretendan acceder a ejercer su derecho se les restrinja u obstaculice el acceso al mismo.

Por otra parte, resulta necesario aclarar y establecer que los procedimientos establecidos para la Calificación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición del Sistema de Reparto, son también aplicables a los Procedimientos de Constancia de Aportes y Compensación de Cotizaciones - procedimiento manual, en correcta aplicación a lo anotado por el art. 14 del DS Nº 26069 de 9 de febrero de 2001, reglamentario del art. 63 de la Ley Nº 1732 Ley de Pensiones, de 29 de noviembre de 1996, que prescribe la Compensación de Cotizaciones; complementada por el art. 5. 2) de la RM Nº 436 de 12 de junio de 2002 y art. 18 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004; vale decir, que se utilizan los mismos procedimientos del Sistema de Reparto, tanto para la Certificación de Aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual como para el Sistema de Reparto, conforme refiere la parte considerativa de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, cuando en su tercer párrafo señala: "Que la Resolución Ministerial Nº 436 de 12 de junio de 2012, en su artículo 5 inciso 2), determina que para la certificación de aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, se utilizarán los mismos procedimientos del Sistema de Reparto", normativa reglamentaria emitida por el Ministerio de Hacienda a fin de efectivizar el derecho instituido por toda la normativa citada.

En base a lo precedentemente expuesto y revisados los antecedentes que informan al proceso, se evidencia que, la asegurada Dilia Ruiz Virgos para el cálculo del certificado de compensación de cotizaciones, adjuntó entre otros documentos aviso de afiliación y de baja de la Caja Ferroviaria del Seguro Social (fs. 1 y 2), calificación de años de servicio emitido por Calificación de Años de Servicio (CAS) Santa Cruz (fs. 3), memorándums de agradecimiento de servicios de 31 de diciembre de 1996 (fs. 4), certificado de trabajo emitido por la Caja Ferroviaria de Salud de marzo de 1997, de cuyo contenido se establece que la asegurada ingresó a trabajar el 1 de diciembre de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1996 (fs. 5); boleta de pago de octubre de 1996 (fs. 6); certificado otorgado por el Jefe del Departamento de Personal de la Caja Ferroviaria de Salud Red Oriental de 28 de marzo de 1997, a través del cual se evidencia el salario mensual percibido por la asegurada y los aportes a la seguridad social desde diciembre de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1996 (fs. 13 a 16), pruebas documentales que demuestran sin lugar a dudas que la asegurada Dilia Ruiz Virgos presto servicios en la Caja Ferroviaria de Salud Red Oriental, desde el 1 de diciembre de 1977 al 31 de diciembre de 1996, es decir, por un tiempo de 19 años y 1 mes, aspecto de hecho, que también es corroborado por la documental cursante de fs. 99 a 118 y 134 a 147, es decir que, se constata que la asegurada, trabajó los periodos extrañados por el Senasir, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del Senasir, no efectuaron una adecuada valoración de la documentación presentada por la solicitante, limitándose sólo a considerar el Informe Técnico Nº 351/13 de 21 de mayo de fs. 87 a 89, además de inobservar a tiempo de pronunciar las resoluciones, lo dispuesto en el art. 14 del  DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos, y alejándose del espíritu social que manda la CPE, ya que la asegurada efectivamente cotizó al Sistema de Reparto en los periodos extrañados por el Senasir, conforme se tiene acreditado por las literales antes señaladas. Precisamente este fue el defecto que fue advertido por el Tribunal de Alzada, instancia que aplicando correctamente los principios establecidos por los arts. 45 de la CPE, arts. 48 y 51 del DS No 0822, los arts. 14 y 18 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como los arts. 23 y 83 del MPRCPA, determinó que el SENASIR, reconozca en el cálculo de Compensación de Cotizaciones de la asegurada una densidad de aportes de 19 años y 1 mes, no siendo en consecuencia evidente la denuncia sobre vulneración de los DS Nrs 13112 y 17083, pero además dichos Decretos Supremos no fueron aplicados en la resolución recurrida, lo que impide pronunciamiento al respecto.

Por lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa  Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 161 a 162, interpuesto por Olga Durán Uribe, Sandra Argote Céspedes y Brenda Erika Siñani Rojas, Administradora Regional Senasir Santa Cruz y Abogadas Regionales Senasir Santa Cruz respectivamente.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 Ley SAFCO, de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215, de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera