TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENSIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 540

Sucre, 04 de agosto de 2015

Expediente: 242/2011-S

Demandante: Rodolfo Mérida Marañón

Demandado: Clay Pacific S.R.L.

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: Los recursos de casación de fs. 293 a 300 vta., y 304 y vta., interpuestos por Delfor Zapata Avendaño, Natalio Zegarra Ribera y Edson Figueredo en representación de la Empresa Clay Pacific S.R.L., y por Ernesto Siles Hoyos en representación de Rodolfo Mérida Marañón, contra el Auto de Vista Nº 65/2010 de 14 de abril, de fs. 285 a 286, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Rodolfo Mérida Marañón contra la Empresa Clay Pacific S.R.L.; la respuesta de fs. 306 a 307 vta.; el Auto de fs. 310, que concedió los recursos; los        antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del Proceso

I.1.1        Sentencia

Que, tramitado el proceso de referencia, el Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió Sentencia Nº 13/2009 de 14 de febrero, de fs. 251 a 254, por la que declaró probada en parte la demanda e improbadas las excepciones de prescripción y de pago, con costas, ordenando a la parte demandada, cancelar a Rodolfo Mérida Marañón la suma de Bs.45.165,44.- (cuarenta y cinco mil cinco mil ciento sesenta y cinco 44/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, sueldos devengados, anticipo descuento injustificado, menos lo ya cancelado según finiquito de fs. 4, monto que en ejecución de sentencia deberá ser objeto de actualización conforme al Decreto Supremo (DS) Nº 23381 de 19 de diciembre de 1992, rechazando mediante Auto de 4 de marzo de 2009 de fs. 258, la explicación, complementación y enmienda solicitada a fs. 256 y vta. por la parte demandada.

I.1.2        Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Delfor Zapata Avendaño, Natalio Zegarra Ribera y Edson Figueredo, en representación de la Empresa Clay Pacific S.R.L., (fs. 260 a 274 vta.); mediante Auto de Vista Nº 65/2010 de 14 de abril, de fs. 285 a 286, la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, revocó en parte la Sentencia Nº 13/2009 de 14 de febrero, así como el Auto complementario de 4 de marzo de 2009, declarado probada en parte la excepción perentoria de pago e improbada la excepción de prescripción, ordenando a la parte demandada cancelar al actor la suma de Bs.30.822,98.- (treinta mil ochocientos veintidós 98/100 bolivianos) por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación, sueldos devengados, anticipo descuento injustificado, menos lo ya cancelado según finiquito de fs. 4, corrigiendo mediante Auto de 13 de septiembre el Auto de Vista; rechazando los demás conceptos de la explicación, complementación y enmienda solicitada a fs. 288 a 289, por la parte demandada.

I.2 Motivos de los Recursos de Casación

Dicha Resolución motivó los recursos de casación de fs. 293 a 300 vta., y 304 y vta., interpuestos por Delfor Zapata Avendaño, Natalio Zegarra Ribera y Edson Figueredo en representación de la Empresa Clay Pacific S.R.L., y por Ernesto Siles Hoyos en representación de Rodolfo Mérida Marañón, quienes señalaron:

I.2.1 Recurso de casación de fs. 293 a 300 vta., interpuesto por Delfor Zapata Avendaño, Natalio Zegarra Ribera y Edson Figueredo en representación de la Empresa Clay Pacific S.R.L.

I.2.1.1 En la forma

Que, el Auto de Vista no se habría pronunciado sobre todos los puntos expuestos en el memorial de apelación, por lo que habría vulnerado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), en cuanto a la vulneración del art. 52 de la Ley General del Trabajo (LGT) y consecuentemente improcedencia del pago de sueldos devengados, enriquecimiento ilícito dispuesto por la sentencia, ilegal imposición a la reposición de descuento de anticipo de sueldo debidamente justificado, ilegal condena al pago de costas y que la sentencia habría sido dictada de forma ultra petita, por lo que incurrieron en la causal establecida en el art. 254.4) del CPC, acarreando la anulación de obrados conforme lo dispuesto por el art. 275 del adjetivo civil.

Acusaron también que el Auto de Vista recurrido consintió ilegalmente la condena al pago de conceptos y montos superiores que no se hallan demandados, ni discutidos dentro del caso de autos, los cuales no fueron demandados, en cuanto a la indemnización y aguinaldo, por lo que sería evidente la infracción al art. 64 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

I.2.1.2 En el fondo

Expresaron que, la afirmación efectuada por el Tribunal ad quem en sentido de que la ausencia del actor a la audiencia de confesión provocada se debió seguramente por su grave estado de salud, no guardaría relación con los datos del proceso, incurriendo en error de hecho debido a la falta de apreciación de las pruebas, al no existir documento alguno que confirme lo señalado, determinando de igual manera que los puntos del interrogatorio no serían determinantes y no constituirían una expresión de agravios parar llegar al convencimiento pleno, empero no se consideró el art. 166 del CPT, toda vez que la respuesta afirmativa desvirtúa íntegramente la demanda interpuesta, correspondiendo tanto al Juez de primera instancia como al Tribunal de Alzada dar por averiguados y por confeso los puntos del interrogatorio propuesto al demandante y al no hacerlo incurrieron en la causal del art. 253.1) del CPC, demostrando el actor una conducta desleal, que se interpretaría como evasión al cuestionario, señalando al efecto el Auto Supremo (AS) Nº 252 de 18 de diciembre de 2003.

Refirieron que, se expresó en el tercer párrafo de la parte considerativa que las pruebas no fueron objetadas en su momento por la Empresa demandada, aspecto totalmente falso ya que como se evidenciaría a fs. 144 a 146 se procedió a objetar las pruebas de cargo, en consecuencia el Tribunal de Alzada al no considerar ni valorar el contenido del citado memorial incurrió en error de hecho, acomodándose a la causal establecida por el art. 253.3 del CPC, aceptando además prueba de cargo cuando la misma no cumple con los requisitos exigidos por el art. 380 del CPC.

Manifestaron también que, se vulneró el art. 33 de la anterior Constitución Política del Estado (CPE), al señalar que la Resolución Nº 277/2004 cursante a fs. 77 tendría efectos retroactivos, y de esta manera establecer implícitamente como fecha de disolución de la relación laboral el día 10 de diciembre de 2004, debiendo considerarse además lo dispuesto por el Auto de Vista A.I. Nº 025/06-SSA-II de 14 de marzo cursante a fs. 127 vta. y 215vta., que establece que la conclusión de la relación laboral fue el 10 de junio de 2004, no valorando además el finiquito de fs. 4 y 98 que al haber sido firmado por el actor y refrendado por el Ministerio del Trabajo se entendería que la relación laboral termino en junio de 2004.

Señalaron por otro lado que, lo dispuesto por los de instancia en relación a los sueldos devengados no correspondería, toda vez que el demandante no habría realizado un trabajo efectivo dentro de la Empresa, señalando al efecto el Auto Supremo (AS) Nº 1242 de 22 de noviembre de 2006, sin considerar además que el actor percibe una pensión de invalidez a ser efectiva desde el momento de presentación de su solicitud, acto que fue realizado en agosto del año 2004, conforme las literales de fs. 7, 8 y 100 incurriendo en un acto ilegal que apaña el enriquecimiento ilícito, sin considerar las literales de fs. 78 y 79.

Que, resultaría ilegal la imposición del pago de reintegro de indemnización, aguinaldo y vacaciones como consecuencia de la equivocada fecha de retiro, vulnerando los arts. 13 de la LGT, artículo único del DS Nº 12058 y 2 del DS Nº 2317 de 29 de diciembre de 1950, siendo correcto el cálculo realizado en el finiquito cursante a fs. 4 y 98.

Que, existiría una contradicción entre el Auto complementario y el Auto de Vista recurrido, al disponer la deducción de Bs.2.603,47.- sin practicar una nueva liquidación, desconociéndose el monto condenado incurriendo en la causal determinada por el art. 253.2) del CPC

Finalmente, expresaron que existiría errónea interpretación y vulneración del art. 12 de la LGT, al determinar que la carta de retiro emitida en fecha 10 de junio de 2004 tendría efecto de un preaviso y en el hipotético caso de que sea considerado así el empleado tendría derecho a su permanencia en la Empresa hasta el mes de septiembre, por lo que no sería acreedor a pago alguno más allá del monto cancelado conforme al finiquito.

I.2.1.3 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia anule el Auto de Vista recurrido y su Auto complementario, o en su caso, alternativamente deliberando en el fondo, casen y en consecuencia declaren improbada la demanda de fs. 23 a 24, con costas y previas las formalidades de Ley.

I.2.2 Recurso de casación de fs. 304 y vta., interpuesto por Ernesto Siles Hoyos en representación de Rodolfo Mérida Marañón

Que, la relación laboral termina con el pago de todos los derechos al trabajador y la dependencia termina con la carta de despido, misma que debe estar debidamente fundamentada en apego a la Ley General del Trabajo, aspecto que no se cumplió en el presente caso ya que se demuestra que existió sueldos devengados estableciendo como fecha de desvinculación laboral el documento de fs. 77, existiendo contradicción en la liquidación es la existencia de sueldos devengados constituyéndose en un despido injustificado, demostrándose que no se habría cumplido con la normativa, pues no existiría un memorándum de despido y menos aún el pago de los derechos laborales.

I.2.2.1 Petitorio

Solicitó que la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación case y se realice la liquidación de sus derechos laborales con el desahucio correspondiente, aspecto que fue considerado por el juez de primera instancia, sea con las formalidades de Ley.

       CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos del Fallo

II.1.1 Resolviendo el recurso de casación de fs. 293 a 300 vta., interpuesto por Delfor Zapata Avendaño, Natalio Zegarra Ribera y Edson Figueredo en representación de la Empresa Clay Pacific S.R.L.

Que, así planteado el recurso de casación y/o nulidad, revisando los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se ingresa a resolver los reclamos traídos a esta instancia, iniciando lógicamente por el recurso propuesto como en la forma, para luego, ante la eventualidad de que el mismo no sea evidente, ingresar a resolver recién el recurso en el fondo, conforme a los siguientes fundamentos:

En ese contexto, en cuanto a la falta de pronunciamiento, por parte del Tribunal ad quem, respecto de los agravios realizados en apelación, cabe inicialmente referir que el art. 190 del adjetivo civil dispone que: “La Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado”; de igual forma el art. 192. 3) del mismo cuerpo legal establece que la Sentencia contendrá las decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente, debiéndose observar los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, tanto de las pruebas aportadas y acumuladas en el trámite del proceso como de los fundamentos alegados por las partes.

Bajo estas premisas, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se modificó o confirmó un fallo de instancia.

Esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.

El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

En cumplimiento de dicha obligación procesal y de las normas citadas precedentemente, revisado el expediente, se advierte que Delfor Zapata Avendaño, Natalio Zegarra Ribera y Edson Figueredo en representación de la Empresa Clay Pacific S.R.L., en su recurso de apelación formulado a fs. 260 a 274 vta., llevaron como agravios ante el Tribunal ad quem varios ítems, entre ellos la vulneración del art. 52 de la LGT y consecuentemente improcedencia del pago de sueldos devengados, enriquecimiento ilícito dispuesto por la Sentencia, ilegal imposición a la reposición de descuento de anticipo de sueldo debidamente justificado, ilegal condena al pago de costas y que la Sentencia habría sido dictada de forma ultra petita, los cuales no fueron debidamente absueltos por el citado Tribunal, evidenciándose la ausencia de fundamentación y motivación requerida en la emisión de una Resolución.

En tal razón, correspondía al Tribunal de apelación, pronunciarse respecto a dichos agravios, otorgando a los recurrentes una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados e impide que la competencia de este Tribunal se abra, toda vez que no existe pronunciamiento sobre todos los aspectos alegados en el recurso de Alzada de fs. 260 a 274 vta., conforme se reclamó en el recurso de nulidad y/o casación interpuesto por los representantes de la parte demandada.

Además, sobre el particular, se debe precisar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso, lo que precisamente ocurrió en el caso, al constar que el Tribunal ad quem omitió pronunciarse de manera motivada sobre todos los puntos materia del recurso de apelación.

A ello, debe añadirse que tal cual lo ha establecido la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, en los Autos Supremos Nos. 86 de 10 abril de 2012 y 228 de 3 de julio de 2012, entre otros, cuando el juzgador omite la motivación en su Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo.

Además, sobre el particular, se debe precisar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso, lo que precisamente ocurrió en el caso, al constar que el Tribunal ad quem omitió pronunciarse de manera motivada sobre todos los puntos del recurso de apelación.

En suma, estos aspectos demuestran la existencia de incongruencia, falta de exhaustividad, falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo a que este Tribunal pueda analizar el recurso formulado por el recurrente, el que no puede dejar pasar desapercibida esta omisión que interesa al orden público.

En ese sentido se concluye que la determinación del Tribunal ad quem en el Auto de Vista recurrido, no ha sido producto de un razonamiento congruente y coherente, pues no es posible comprender que se emita una resolución ajustada a derecho cuando no exista pronunciamiento en cuanto a todos los agravios expresados en el recurso de apelación.

En consecuencia, al haberse incumplido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde fallar conforme disponen los arts. 252 y 275 del CPC, aplicables al caso presente por mandato del art. 252 del CPT, por lo que este Tribunal no emitirá pronunciamiento alguno en cuanto a los recursos de casación en el fondo interpuestos tanto por Delfor Zapata Avendaño, Natalio Zegarra Ribera y Edson Figueredo en representación de la Empresa Clay Pacific S.R.L., como tampoco corresponde analizar el recurso de casación propuesto por Ernesto Siles Hoyos en representación de Rodolfo Mérida Marañón.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), ANULA obrados hasta fs. 282 vta., inclusive, disponiendo que el Tribunal de Alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista resolviendo los agravios contenidos en el recurso de apelación de fs. 260 a 274 vta., dando cumplimiento a las previsiones legales contenidas en los arts. 190, 192.3) y 236 del CPC.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDECIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de AASS anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera