TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 539

Sucre, 04 de agosto de 2015

Expediente: 102/2015-S

Demandante: Rodolfo Sarzuri Marca

Demandado: Empresa “SOCYMET S.R.L.”

Distrito        : Oruro

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 114 a 115, interpuesto por Jaime Raúl Peredo López, en representación legal de Marco Antonio Dávalos Reynaga, representante legal de la empresa “SOCYMET S.R.L”., contra el Auto de Vista Nº 06/2015 de 13 de enero (fs. 110 a 112), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; dentro del proceso laboral que por pago de beneficios sociales y derechos laborales sigue Rodolfo Sarzuri Marca contra la Empresa recurrente; la respuesta al recurso, cursante a fs. 119 y vta.; el Auto de fs. 121, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia 

Tramitado el proceso de referencia, el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de Oruro, pronunció Sentencia Nº 051/2014 de 24 de julio (fs. 82 a 88), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 7 a 9, aclarada a fs. 12; en consecuencia se dispuso que SOCYMET S.R.L., representada legalmente por Marco Antonio Dávalos Reynaga, cancele a tercero día de ejecutoriada la resolución, bajo alternativa de librarse mandamiento de apremio, la suma de Bs.17.138,9.- (diecisiete mil ciento treinta y ocho 90/100 bolivianos) a favor de Rodolfo Sarzuri Marca, por los conceptos de indemnización, sueldo devengado de 9 días y vacación por la gestión 2013 a 2014, por el tiempo de servicios de 5 años, 1 mes y 24 días, con un sueldo promedio indemnizable de Bs.-2.802.-; más la multa del 30% que en ejecución de Sentencia deberá actualizarse conforme al art. 9 del D.S. No. 28699 de 01 de mayo de 2006; declaró además improbada en lo relativo a los montos solicitados, así como el desahucio; sin costas, de acuerdo al detalle contenido en la parte resolutiva.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada (fs. 94 y vta.), la respuesta del demandante de fs.98 a 99, mediante Auto de Vista Nº 06/2015 de 13 de enero, de fs. 110 a 112 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso planteado por “SOCYMET S.R.L.”, y en su mérito confirmó íntegramente la Sentencia 051/2014 de 13 de enero, de fs. 82 a 88. 

I.2 Motivos del Recurso de Casación.

Contra dicha resolución, la entidad demandada formuló recurso de nulidad, en base a los siguientes argumentos:

a) Manifestó que el Auto de Vista recurrido sería totalmente injusto, atentatorio, arbitrario e ilegal a los intereses del demandado, por haber confirmado el pago de los beneficios sociales en la suma de Bs.17.138,9.- a favor del actor, por supuesto retiro voluntario, conculcando flagrantemente los arts. 16. d) de la LGT, 9 de su D.R., 7 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949; siendo que la Ley de 23 de noviembre de 1944, habría derogado el inc. d) de los arts. 16 de la LGT y 9 de su D.R.; estableciéndose que la Ley de 19 de abril de 1949, (vigente) dispone más de 6 días injustificados como causal de pérdida de los beneficios sociales de desahucio e indemnización; por lo que, el Tribunal de Alzada al no haber considerado en absoluto la prueba documental de descargo que ofreció al contestar la demanda, ratificada en el periodo de prueba, específicamente el memorándum Nº 19/2014 de 17 de abril, el oficio de denuncia de abandono de funciones del demandante y memorial de denuncia de abandono ofrecido por el demandante ante la Jefatura Departamental del Trabajo; por otra parte, no tomó en cuenta la confesión provocada del demandante en la que, reconoció el abandono de funciones; lo que demostraría que no hubo retiro voluntario que se encuentre en los alcances del DS Nº 110 de 01 de mayo de 2009; razones que, según el recurrente el Tribunal de Alzada,  transgredió flagrantemente los arts. 16. d) de la LGT, 9 de su D.R., 7 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949.

b) Por otra parte señaló que, conforme a la prueba documental de descargo, como el formulario de afiliación a la Caja Nacional de Salud regional Oruro y la planilla del sueldo del mes de noviembre de 2009, documentos que según el art. 159 del CPT, demuestra la fecha real y correcta de ingreso, siendo el 01 de noviembre de 2009 y el abandono de funciones el 10 de abril de 2014.

   I.2.1 Petitorio.

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, la anulación total de la Sentencia Nº 051/2014 de 24 de julio y por consiguiente del Auto de Vista AV-SSA-06/2015, sin lugar al pago de beneficios sociales de desahucio ni indemnización y otros.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos del fallo

Que, así formulado el recurso de nulidad, se ingresa a resolver el mismo, bajo los razonamientos siguientes:

Que, el recurrente acusa la vulneración del inciso d) del art. 16 de la LGT y 9 del DR-LGT, relacionada a la “inasistencia injustificada por más de tres días” como causal de pérdida de los beneficios sociales del trabajador; señalando al respecto el recurrente, que no sería evidente que tal dispositivo como sanción para la pérdida de los beneficios sociales fuera derogado como fundamentó el Tribunal de apelación, y que al contrario, se encontraría vigente en razón del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949; en consecuencia, corresponde sobre éste primer punto, anotar.

Que, no resulta correcta la interpretación normativa efectuada por el recurrente a la normativa anotada “ut supra”, puesto que, el texto del art. 2 de la Ley de 23 de noviembre de 1994, es claro cuando refiere: “Deróganse los incisos d) y f) del Art. 16 del Código de Trabajo, referentes a desahucio e indemnizaciones por inasistencia injustificada de más de tres días y por retiro voluntario del trabajador, respectivamente.” (sic); de modo que no se tiene expresión alguna referida a que tal derogación solo sería en cuanto al lapso de inasistencia que se estableció con tres días de inconcurrencia; resultando equivocada dicha interpretación.

Es correcto dejar establecido que, desde la vigencia de la Ley de 23 de noviembre de 1994, las causales legales de despido contempladas originalmente en los incisos de los artículos anotados, comprendidos en la LGT y el DR-LGT, ya no tuvieron vigencia, de modo que, así un trabajador hubiere incurrido en abandono de funciones o retiro voluntario, no perdía sus beneficios sociales; si bien de manera posterior, transcurrido más de cuatro años de tal derogatoria, a través del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949 que en su art. 7, se estableció que “Interrumpirán la continuidad de los servicios la inasistencia o el abandono injustificado del trabajo cuando excedan de seis días hábiles seguidos, o en los casos determinados por el artículo 6 la restitución al trabajo después de vencidos seis días hábiles”; ello obedece simplemente a la necesidad de regular la indemnización por el tiempo de servicios en caso de retiro voluntario del trabajador, más no a efectos de aplicar nuevamente la pérdida de los beneficios sociales por dicha causal; por lo tanto, en la actualidad, la inasistencia o el abandono injustificado del trabajo cuando excedan de seis días hábiles seguidos, sólo produce un efecto disolutorio de la relación laboral existente entre el trabajador y el empleador, pero de ninguna manera como causa para la pérdida de los beneficios sociales.

A efectos de motivar dicha conclusión, recordemos que aun la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, en relación a la aplicación del art. 16 de la LGT, y art. 9 del DR-LGT, establece que, no habrá lugar al pago del desahucio y de la indemnización cuando se incurra en la causales de dichos artículos, excepto a la renuncia voluntaria y a la inasistencia injustificada del trabajador por más de seis días hábiles a su fuente laboral, por estar estas causales derogadas expresamente por la Ley de 23 de noviembre de 1944; de modo que no quepa duda que tal dispositivo se encuentra fuera del escenario normativo positivo vigente, siendo errónea la interpretación normativa hecha por la parte recurrente al respecto.

Bajo tal razonamiento, tampoco resulta relevante para efectos del reconocimiento de los conceptos otorgados por los de instancia, la discusión de, si la causa extintiva de la relación laboral haya sido atribuible al trabajador, sea bajo la figura de un abandono de funciones o retiro voluntario del mismo, por cuanto así se trate del primero, y como quedó anotado en el párrafo que precede, su efecto jurídico simplemente es extintivo de la relación laboral y no conlleva en absoluto la pérdida de los beneficios sociales del actor, como es constituye la tesis del recurrente en su recurso de casación.

Por ello, no corresponde modificar o dejar sin efecto la decisión asumida por los de instancia en cuanto a éste punto se refiere, dado que no se encuentra evidente la vulneración normativa acusada al art. 16.d) de la LGT y su DR; máxime si el recurso no distingue beneficios sociales y derechos laborales, que en conjunto son los demandados por el actor y concedidos parcialmente por los de instancia, y cualquier causal vigente de las comprendidas en el art. 16 de la LGT, sólo es aplicable a los primeros y no así a los derechos laborales.

Por otra parte, se reclama que por la prueba documental aparejada de su parte, se demostraría que la fecha real de ingreso del actor sería el 1 de noviembre de 2009 y que el abandono de sus funciones se dio desde el 10 de abril de 2014, que por ello el Tribunal Supremo, debe anular la Sentencia y el Auto de Vista.

Lo expuesto al final, resulta inentendible para este Tribunal de cierre, por cuanto lo expresado se asemeja a un alegato en conclusiones, empero no se dice nada respecto a los motivos que hacen al recurso de casación y contemplados en concreto en el art. 253 y 254 del CPC; es decir, no se tiene expresado un razonamiento jurídico lógico que permita a este Tribunal entender con claridad cuál la pretensión de la parte reclamante, pues si bien se expresa un hecho como tal, como es la fecha de ingreso del trabajador a la entidad demandada, no se razona cual la relevancia jurídica de tal hecho, en qué decisión del juzgador afecta tal hecho, de modo que incida en concreto en algún sustantivo aplicado al caso, pero además, tampoco se acusa errónea valoración de la prueba, con especificación de la misma, señalando el tipo de error valorativo previsto en el art. 253.3) del CPC, o la violación de la Ley, errónea interpretación de ella o indebida aplicación al caso concreto; de modo que, con tal omisión, impide a éste Tribunal un análisis más a fondo de lo señalado.

Bajo esos parámetros se concluye que, no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de nulidad cursante de fs. 114 a 115, pues los mismos carecen de sustento legal, por lo que corresponde resolver el recurso en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de nulidad de fs. 114 a 115, interpuesto por Jaime Raúl Peredo López, en representación legal de Marco Antonio Dávalos Reynaga, representante legal de la empresa SOCYMET S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 06/2015 de 13 de enero (fs. 110 a 112), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas.

Se regula honorario profesional del abogado del demandante, en la suma de Bs.500.- (Quinientos 00/100 bolivianos) que mandará pagar el Juez “a quo”.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera