TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y  CONTENCIOSAADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 534

Sucre, 03de agosto de 2015

Expediente:162/2015-A

Demandante:Prefectura del Departamento de Oruro

Demandado:Asociación de firmas consultoras

Distrito:Oruro

Magistrado Relator:Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS:Los recursos de casación interpuestos por Christian Gross D. en representación de la Asociación Accidental de Firmas Consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda.de fs. 2287 a 2288vta., y Luis Carlos de ChazalBottani en representación de la Empresa Constructora Apolo Ltda. (Apolo); respectivamente, contra el Auto de Vista N° 113/2014 de fecha 10 de diciembrecursante de fs. 2276 2285 vta.,dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la entonces Prefectura del Departamento de Oruro, en contra de la Asociación Accidental de Firmas Consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda. y Empresa Constructora Apolo Ltda. (Apolo), el Auto de fs. 2346 que concedió los recursos, la respuesta de fs. 2344 a 2345 vta., los antecedentes del proceso; y:  

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso

I.1.1Sentencia

Que tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributariodel distrito judicial deOruro, emitióSentencia N° 021/2010 de 1 de octubre (fs.2113 a 2126 vta.), declarando probada la demanda coactiva fiscal, girando pliego de cargo en contra de la Asociación Accidental de Firmas Consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda. y la Empresa Constructora Apolo Ltda., por la suma de $us. 20.555.- y pliego de cargo contra la Asociación Accidental de Firmas Consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda. y la Empresa Constructora Apolo Ltda., por la suma de $us. 73.724.-, manteniendo las medidas precautorias adoptadas en contra de los coactivados

I.1.2 Auto de Vista

Apelada la Sentencia, la Sala Social y Administrativa del Tribual Departamental de Justicia de Oruro, pronunció el Auto de Vista Nº 113/2014 de fecha 10 de diciembre cursante de fs. 2276 a 2285 vta., confirmando la Sentencia apelada.

I.2 Motivos de los recursos de casación

Contra dicha resolución los coactivadosAsociación Accidental de Firmas Consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda. a través de su representante Christian Gross D. y Empresa Constructora Apolo Ltda. (Apolo), representada por Luis Carlos de ChazalBottani, respectivamente, plantearon recurso de casación de fs. 2287 a 2288 vta., con los argumentos que se resumen a continuación.

I.2.1Recurso de casación planteado por asociación accidental de firmas consultoras CES-CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH

De la revisión del recurso de casación en el fondo, se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

a) Señala inobservancia procesal de falta de personería y domicilio, señalando  que a fs. 1960 a 1961, se interpone excepción de falta de personería en el demandado, debido a que a instancias del proyecto, habían sido nombrados como representantes del proyecto, como asociación de firmas consultoras los Srs. Rainer Wolf y JurgenBickert, en sujeción al derecho vigente en la República de Bolivia, asimismo se señala como domicilio expreso en Nor-Sud-Strabe a Postfach 511208 3320 Salzgitter 51 República de Alemania, contrato suscrito en la ciudad de Frankfurt am main de la república de Alemania, aclarando que CrhistianGross es representante legal de CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y no así de la asociación de firmas consultoras, antecedentes que no han merecido un oportuno análisis de parte del juzgador de primera instancia, asumiendo que el art. 29 del Código Civil (CC) señala la irrenunciabilidad del domicilio especial, caso contrario que objeto tendría haber señalado domicilio en el contrato suscrito.

b) Imposibilidad de formular descargos en audiencia de inspección judicial, en la tramitación de la causa, mientras se definía la personería de la asociación de firmas consultoras, no fue notificada con las previsiones del art. 370 del Código de Procedimiento Civil (CPC) impidiéndonos acreditar documentación de descargo al endeble informe evacuado por los técnicos de la contraloría, la audiencia de inspección judicial se llevó adelante sin la participación de la Empresa por no estar debidamente notificada con la demanda y al no estar apersonada en el proceso, se llevó a cabo la audiencia de inspección judicial y con la presencia de la Empresa contratista, confirmando la ausencia en esta causa del debido proceso y violando derechos legítimos a la defensa.

c) Refiere vicios procesales que dan lugar a la nulidad de obrados por imperio del art. 90 del CPC, la inobservancia del art. 29 del CC (Irrenunciabilidad del domicilio especial) a los arts. 56, 237 y 370 del CPC, generando vicios de nulidad, produciendo errores de procedimiento, omisiones y errores procesales que vician de nulidad los obrados hasta la citación con la demanda, en consecuencia cualquier acción en contra de la asociación de firmas consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda. debió estar plenamente identificada en su domicilio especialmente señalado para ello; hechos irregularesque denotan unmarcado error procesal cometido por el juzgador de primera instancia y confirmados en segunda instancia.

I.2.1.2 Petitorio

Concluyó solicitando que se case el auto de vista apelado declarando improbada la demanda y restituya la vigencia de las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, disponiendo en consecuencia la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, que es el de citación con la demanda la asociación de firmas consultoras, que efectuaron la supervisión de las obras.

I.2.2 Recurso de casación planteado por mpresa constructora APOLO LTDA.

De la revisión del recurso de casación en el fondo, se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

1.-) Refiere Violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley,art. 253 .1 del CPC, toda vez que ni el Juez a quo y menos el ad quem han cumplido lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 Ley del Sistema deAdministración, Fiscalización y control Gubernamental (Ley SAFCO), concordante con los arts. 180.I, de la CPE pues la jurisdicción coactiva fiscal es improrrogable e indelegable, lo que significa que está al margen de una mera ratificación de los actos administrativos.

2.-) Error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas conforme el art. 253 .3) del CPC, en el Auto de Vista Nº 113/2014 de 10 de diciembre, referido al principio de verdad material, arts. 91, 373, 374, y 376 todos del CPC, en alusión a que ni la Sentencia ni el Auto de Vista han procedido a valorar la prueba presentada en fase administrativa y ratificada en fase jurisdiccional consistente en fotografías contenidas en medio magnético del desarrollo de la obra, basándose en el informe de auditoría que no constituye norma ni verdad jurídica inamovible y es deber de la autoridad jurisdiccional a tiempo de resolver la demanda, analizar y valorar las pretensiones de las partes, así como los fundamentos, pruebas y descargos presentados, así como tampoco se tuvo un análisis técnico o pericial de la obra realizada que en su momento hubiera sido una de las pruebas más pertinentes y efectivas para esclarecer el caso, tampoco se hizo un análisis del contrato y de sus especificaciones técnicas generales y especiales.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1 Recurso de casación en el fondo de Asociación Accidental de Firmas Consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda.

Resulta imperioso advertir en razón al contenido del recurso que se analiza, que el instituto jurídico de la casación, conforme lo preceptúa el Título V, Capítulo VI del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, es una acción extraordinaria que se asimila a una demanda de puro derecho, a través de la cual se impugna una resolución judicial por los casos expresamente señalados por el art. 250 de la ya mencionada norma adjetiva, en este caso el auto de vista, por infracciones en el fondo y la forma previstos en los arts. 253 y 254 del adjetivo civil; correspondiendo que en las diversas causales infraccionales en las que el recurrente funda su recurso, cumpla con la carga legal procesal prevista en el art. 258. 2) del ritual civil, que señala: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, (…), la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en elfondo, en la forma, o ambos. (…)…” [sic], es decir, evidenciando las infracciones y los errores de hecho o de derecho en los cuales pudieron incurrir las autoridades de grado o tribunales de instancia a tiempo de resolver las pretensiones deducidas en el proceso.

El recurso traído a casación omite en aportar la acusación de las infracciones de fondo o de forma en las cuales habría incurrido el auto de vista, efectuando una narración de los hechos y las acciones llevadas adelante durante de la sustanciación del proceso, sin especificar ni detallar que articulado expreso de la Ley habría sido violada, señalando erradamente la constitución de error de hecho y derecho sin especificar en qué consistiría desde su óptica esos errores y en qué consistiría la violación o la interpretación errónea; sin observar la exigencia de cumplimiento de las condiciones de admisibilidad del recurso que informa la provisión normativa establecida en el art. 258. 2) del ya señalado CPC, ahondando más su desconocimiento de este instituto jurídico al insertar en su petición su solicitud decasar el Auto de Vista disponiéndose la nulidad de actuados hasta el vicio más antiguo, sin haber accionado en su recurso alguna causal de casación en el fondo y menos en la forma que derive en nulidad, ante lo cual se hace imperativo remarcar que el recurso de casación en la forma, se debe fundar en errores del procedimiento, que lesionen el debido proceso con arreglo al art. 254 del CPC, mientras que el recurso de casación en el fondo se fundara en los errores de derecho referidos a la infracción de normas sustantivas violadas, erróneamente interpretadas o aplicadas indebidamente por los tribunales de instancia; o cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, conforme lo señala expresamente el art. 253 del ritual civil. Por ello al margen de exponer los motivos en que se fundare el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

En los argumentos señalados por el recurrente en clara confusión de la naturaleza jurídica del recurso de casación, pretende que este Tribunal Supremo de Justicia, analice, considere y emita pronunciamiento sobre la supuesta inobservancia de falta de personería, domicilio especial y nulidad de notificación, excepción que fue ampliamente debatida y resueltaen instancia por el Juez de grado en resolución de excepción de impersoneríae incidente de nulidad de notificación mediante Resolución de fecha 2 de abril de 2009 cursante a fs. 1960 a 1961, decisión que fue consentida y aceptada en los hechos por el recurrente quien no apeló la resolución de excepción la cual quedo ejecutoriada mediante Auto de fecha 29 de abril de 2009 de fs. 1963, motivo por el cual la supuesta inobservancia de falta de personería, domicilio especial y nulidad de notificación no fue parte de fundamentación de la Sentencia de grado, evidenciando quela pretensión de revisión en casación de un acto jurisdiccional ejecutoriado en instancia carece de sustento; sobre la supuesta violación al debido proceso por no haber sido debidamente notificado con la demanda y como consecuencia no haber podido participar en la audiencia de inspección judicial, tal afirmación carece de sustento toda vez que a fs. 1936 cursa diligencia de notificación con orden instruida al representante legal de la Asociación Accidental de Firmas Consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda. sr. Christian Gross D., conforme poder notarial cursante de fs. 2039 a 2040 vta., en relación al acuerdo de Compromiso de Asociación Accidental de fs. 1875,  en la cual la EmpresaCES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH asume la dirección técnico administrativa de la asociación accidental, evidenciándose que la demanda fue notificada a esa Empresaquien en su contestación no impugno la mencionada audiencia consintiendo y convalidando con su silencio la inspección judicial y precluyendo de esta manera la instancia en la cual pudo efectuar observación alguna a mencionado acto; observándose además que esta audiencia de inspección judicial no tuvo incidencia alguna en la formulación de convicción del juzgador en Sentencia; evidenciándose en consecuencia que su recurso se traduce en una repetición de los argumentos formulados y resueltos ampliamente en el proceso, existiendo ejecutoria de actos reclamados y preclusión de instancia de otros.

Este contexto muestra que el recurrente no ha llegado a vislumbrar los reales alcances del recurso extraordinario el cual no se constituye en una tercera instancia de revisión del proceso como ha sido inferido en su exposición por el recurrente; debiendo precisarse que la función de la casación no es precisamente analizar las pretensiones de las partes, sino el decomprobar el proceder de las autoridades judiciales de instancia en la aplicación de la Ley sustantiva o de la Ley procesal, en la resolución de la causa; para lo cual es precisamente el recurrente quien debe cumplir con la carga procesal del ya nombrado art. 258.2), que se subsume ensu deber de identificar aquellas infracciones o errores de hecho y derecho, en las que se hubiese incurrido en la resolución; en este caso el auto de vista emitido por el Tribunal de Alzada,evidenciándose en el caso de autos, el incumplimiento del recurrente, con la carga procesal exigida por Ley para la resolución de la causa.

Por todo ello resulta imperativo para este Tribunal aclarar que ante la formalidad y seriedad que reviste la interposición del Recurso Extraordinario de Casación; instituto jurídico extraordinario, instituido para la defensa de las partes en contención, el cual no puede ser interpretado por el recurrentecomo un relato de los hechos acontecidos en el proceso, comentados de acuerdo asu libre albedrio, más al contrario está compelido por la provisión normativa señalada,a proporcionar atención a una fundamentación debida en el sustento de su recurso, omisión evidenciada en la especie, que hace inviable su tratamiento.

Asimismo, se debe tener presente que conforme al art. 258.3) del CPC, “En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvos los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252”, siendo aplicable para el caso, el art. 272 con relación al art. 262.2) ambos del CPC.

En el contexto señalado, al no haber cumplido el recurrente con la especificación de su acusación y tampoco cumplir con la carga procesal prevista en el art. 258.2) del CPC., por desconocimiento de una adecuada técnica jurídica que debe imperativamente observarse en la formulación de esta acción extraordinaria, y al no poder suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurrió el recurrente, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, siendo compelido a obrar conforme los arts. 271.1) y 272.2) del CPC, por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 1 y 24 de la Ley de Procesamiento Coactivo Fiscal, aprobado por Decreto Ley (DL) Nº 14933 del 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley SAFCO del 20 de julio de 1990.

II.1.2 Recurso de Casación en el fondo Empresa Constructora APOLO Ltda.

1.-) Sobre la acusación de violación, interpretación errónea, aplicación indebida del art. 47 de la ley 1178, concordante con el art. 180 .I, de la CPE, infracción en la cual habría incurrido el Tribunal ad quem, al ser la jurisdicción coactiva fiscal improrrogable e indelegable, lo que significaría que esta jurisdicción estaría al margen de una mera ratificación de los actos administrativos.

Debe comprenderse que al acusar en recurso traído a casación las infracciones de violación, interpretación errónea, aplicación indebida de la Ley, se está optando tres causales disímiles de infracción a la Ley,en las cuales a criterio del recurrente habría incurrido el Tribunal de Alzada;correspondiendo que en las diversas causales infraccionales en las que el recurrente ha fundado su recurso, cumpla con la carga legal procesal prevista en el art. 258.2) del ritual civil, que señala: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, (…), la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. (…)…” [sic], es decir, evidenciadas las infracciones y los errores de hecho o de derecho en los cuales pudo incurrir el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver sus pretensiones deducidas en el proceso cumplir con esta carga procesal; en la especie se advierte en razón al contenido del recurso que se analiza, que el mismo omite en especificar y detallar en qué consistiría desde su óptica la violación o la interpretación errónea o la aplicación indebida del art. 47 de la Ley 1178, concordante con el art. 180.I, de la CPE; sin observar la exigencia de cumplimiento de las condiciones de admisibilidad del recurso que informa la provisión normativa descrita ut supra, limitándose a transcribir el contenido del art. 47 de la Ley 1178 y señalar a especie de comentario que: “….la jurisdicción coactiva fiscal es improrrogable e indelegable, lo que significa que su ejercicio está al margen de una mera labor de ratificación de los actos administrativos; por el contrario, más bien lo que se garantiza es la doble instancia dentro del control jurisdiccional obligatorio para evitar excesos que impidan el restringirse a un modelo básicamente administrativista y mecánicamente finalista…”[sic],opinión que se encuentra en la línea jurisprudencial de este Tribunal, pero que de ninguna manera constituye fundamento valedero alguno que permita accionar la casación en base a las causales acusadas; peor aún, si a estas causales el recurrente le añade y confunde con otra causal como lo es error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas (art 253.3); pues al margen de exponer los motivos en que se fundare el recurso de casación en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce y por sobretodo especificar en qué consiste la violación, falsedad o error acorde a la exigencia procesal prevista por la provisión normativa contenida en el art. 258.2) del ritual civil ya descrito, ante lo cual no evidenciada la fundamentación debida respecto a las infracciones acusadas por desconocimiento de una adecuada técnica jurídica que debe imperativamente observarse en la formulación de esta acción extraordinaria, y al no poder suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurrió el recurrente, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia para poder pronunciarse sobre esta parte del recurso intentado.

2.-) La acusación de error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas en las que habría incurrido el Auto de Vista 113/2014, en alusión a que el Auto de Vista no ha procedido a valorar la prueba presentada en fase administrativa y ratificada en fase jurisdiccional consistente en fotografías del desarrollo de la obra, contenidas en medio magnético, tampoco se hizo un análisis del contrato y de sus especificaciones técnicas generales y especiales; así como, tampoco se tuvo un análisis técnico o pericial de la obra realizada la que hubiera sido una de las pruebas más pertinentes y efectivas para esclarecer el caso.

Así planteada la acusación corresponde señalar que la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal Decreto Ley Nº 14933 de 29 de septiembre de 1977, elevado a rango de Ley por el art. 52 de la Ley Nº 1178 Ley SAFCO en su art. 3 establece: "Constituyen instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal: 2 .- Los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles." [sic], por otra parte el artículo 16 de la misma ley prescribe: "Presentados los descargos o justificativos, el juez coactivo, previa apreciación de los mismos, dictará Resolución manteniendo el cargo original, dejándolo sin efecto o reduciéndolo.", asimismo laConstitución Política del Estado (CPE) en su art. 213 .I, establece: “…La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal…” [sic].

Bajo el contexto normativo señalado se evidencia que mediante Dictamen de Responsabilidad Civil CGR/DRC 078/2006, emitido por el Contralor General de la República en fecha 29 de diciembre de 2006, se determinó la responsabilidad civil por incumplimiento de contrato consistente en I. Incumplimiento a los volúmenes de rellenos ejecutados en las zanjas de sistemas de alcantarillado, con valores de compactación menores a lo especificado. II. Capas sub-base y base sobre el relleno en zanjas, no conformados como parte de la estructura de los pavimentos flexibles y rígido repuesto.Evidenciándose que el Dictamen de Responsabilidad Civil emitido por el Contralor General de la República, los informes de auditoría y pruebasrespaldatorias,contienen los requisitos y las características exigidas, en los cuales se estableció la existencia de indicios de responsabilidad civil diferenciada, en contra de Christian Gross D. representante de la Asociación Accidental de Firmas Consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda., Luis Carlos de ChazalBottani como representante de Empresa Constructora Apolo Ltda. (Apolo) y contra el servidor público Wilfredo GuilermoIporreTorrico, en  aplicación del art. 77. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal.

Ante los argumentos vertidos por el recurrente en su defensa, es menester precisar que el Dictamen de Responsabilidad Civil CGR/DRC 078/2006, emitido por el Contralor General de la República y los Informes de Auditoría Interna,dada su naturaleza de opiniones técnicas especializadas pueden ser ratificados o modificados e incluso dejados sin efecto en virtud de los descargos presentados en fase jurisdiccional por los coactivados, toda vez que el carácter de esta prueba pre constituida inserta una opinión técnica, que se encuentra sometida al control jurisdiccional y que admite prueba en contrario, de conformidad a lo establecido por el art. 16 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal Decreto Ley Nº 14933 (LPCF), art. 43.a) de la Ley Nº 1178 y 51 del Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, correspondiendo al coactivado desvirtuar y enervar los cargos establecidos en el Dictamen e informes de auditoría de conformidad, dentro del proceso jurisdiccional accionado, conforme a lo prescrito por el art. 375 del CPC, por remisión del art. 1 de la LPCF, correspondiendo a la autoridad jurisdiccional, en mérito al control del acto administrativo que ejerce, valorar las pruebas aportadas por las partes.

Ante la acusación de error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, resulta preciso aclarar que la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas en sentencia, hecho que se evidencia cuando se considera que no hay prueba suficiente para probar un hecho determinado, prescindiendo de pruebas fehacientes presentadas en el proceso o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los Juzgadores de Instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba le hubieran asignado un valor distinto.

En la especie, se evidencia que mediante memorial de contestación de demanda recepcionado en juzgado en fecha 19 de marzo de 2008 de fs. 1836 a 1844, el recurrente ratificó en otrosíde su memorial la prueba presentada en fase administrativa;consistentes en un CD con fotografías del desarrollo de la obra y los documentos que forman parte del contrato, ofreciéndola en calidad de prueba, dicha prueba fue aceptada por el Juez de grado mediante Auto de fecha 19 de marzo de 2008, fs. 1845; prueba ratificada y reproducida en fase jurisdiccional mereció el siguiente fundamento por parte del Tribunal de Alzada en análisis de la argumentación de la Sentencia de grado (fs. 2113 a 2126 vta).“Se deja constancia que la empresa coactivada a momento de su apersonamiento se limita a ratificar los descargos presentados en fase administrativa, y que ya fueron valorados en la instancia pertinente, razón por la que al no haberse presentado otros descargos en esta instancia jurisdiccional, la evaluación técnica de los descargos contenida en los informes aludidos mantienen plena vigencia… (…)… definiendo el juez , que la empresa coactivada Constructora APOLO LTDA. no ha logrado desvirtuar en la fase administrativa conforme se tiene de la evaluación técnica contenida en el informe OD/44/A6-EO/EO16MO3 cursante a fs. 82-83” [sic], más adelante a fs. 2285 vta. el Tribunal de Alzada concluye ”...se advierte que el Juez valoró no solo los documentos de la obra (contrato, especificaciones y dictamen fiscal) como lo expresa en su numeral 2.1.2. lo que se puede colegir que las argumentaciones del recurrente no fueron comprobadas para desvirtuar el cargo sobre el rellenado y compactación de las capas y subcapas que mencionó  el contrato,  si bien alude a un cumplimiento general y que hasta el momento de la demanda no se advierte fallas en la obra no existe plena convicción de ese cumplimiento, como se dijo simplemente se ha reiterado los argumentos sin la constancia necesaria que necesito tanto la vía administrativa como la judicial para desestimar algún cargo.” (el subrayado es añadido).

El razonamiento del Tribunal de Alzada se funda en el entendido que las pruebas consistentes en fotografías de los trabajos realizados por la Empresa Apolo fueron valoradas y contrastadas con la audiencia de inspección judicial “in visu”por el Juez de grado en Sentencia, conforme lo refiere el punto 1.3.1 prueba de descargo “Un CD que contiene fotografías de la obra en cuestión” fs. 2119, sin embargo estas fotografías no formaron suficiente convicción en el juez de la causa, toda vez que el juzgador tomo contacto con la obra mediante inspección judicial directa; más aún, esa inspección y las pruebas aportadas por el coactivadotampoco pudieron formar convicción en el tribunal de alzada; pues conforme lo refiere el auto de vista recurrido que expresamenteseñala  “… lo que se puede colegir que las argumentaciones del recurrente no fueron comprobadas para desvirtuar el cargo sobre el rellenado y compactación de las capas y subcapas que mencionó  el contrato, ….., como se dijo simplemente se ha reiterado los argumentos sin la constancia necesaria que necesito tanto la vía administrativa como la judicial para desestimar algún cargo.”, explicación clara y concluyente en la cual el tribunal de revisión explica el motivo de su decisión,argumentando que ante el carácter especializado de los cargos y la dificultad de no haberse podido verificar los extremos expuestos por el coactivado como parte de su defensa, y toda vez que los cargos versaban sobre incumplimiento a los volúmenes de rellenos ejecutados en las zanjas de sistemas de alcantarillado, con valores de compactación menores a lo especificado y ausencia de capas sub-base y base sobre el relleno en zanjas, no conformados, las cuales fueron difícilmente constatables con una inspección judicial y peor aún con un muestrario fotográfico como lo alega el recurrente; toda vez que se requería efectuar levantamientos especiales de la capaasfáltica a efecto de determinar la veracidad de los extremos expuestos por el coactivado quien una vez respondida la demanda propone y ratifica como pruebas los documentos que forman parte del contrato y un CD con fotos de las calles donde se realizó las obras, evidenciándose un descuido de su defensa ante la exigencia procesal propia requerida por los cargos impuestos, que precisaban de otra prueba que debió haber sido aportandopor medios que hacen exclusiva responsabilidad del coactivado y su defensa técnica, a efecto de corroborar su afirmaciones y desvirtuar o enervar los cargos impuestos.

Es en ese cometido, que el recurrente contaba a su disponibilidad con la garantía procesal de poder hacer uso de todos los medios legales de prueba señalados en el art. 373 del CPC; evidenciándose que pese a ello no lo hizo, patentizándose el descuido y omisión con el que actuó, omisión que no puede ser suplida de oficio por el juez de grado como tampoco por el tribunal de apelación, quienes se encuentran impedidos de actuar en contra o en apoyo de una de las causas, conforme la exigencia del principio de imparcialidad estatuido en el art. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) Ley N° 025; así como tampoco esta omisión podrá ser suplida por el principio de verdad material, toda vez que no se cuenta inserto dentro del proceso elemento objetivo pertinente probatorio con característica suficiente de prueba idónea y pertinente capaz de enervar o desvirtuar los cargos insertos en el dictamen de responsabilidad y los informes complementarios, de conformidad con el art. 376 del CPC, hecho que importaba en su accionar precisamente al coactivadoquien obró con negligencia e impericia en la aportación y producción  de las pruebas conducentes a su defensa.

En ese contexto, en el caso objeto de análisis, se visualiza que la parte recurrente no ha desvirtuado con prueba pertinenteel incumplimiento de contrato, sin percibir que la obligación de desvirtuar los términos de la demanda era de su incumbencia y no así del demandante ni del juzgador de instancia, razonamiento que permite concluir en sentido que no ser evidente la vulneración de ninguna norma sustantiva ni adjetiva, como tampoco se evidencia error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, aspectos que en la especie no concurrieron en la tramitación de la presente causa, al evidenciarse que el Tribunal ad quem valoró correctamente las pruebas aportadas por las partes conforme a la facultad conferida por el art. 397 del ritual civil, en virtud a cuya norma forma su convencimiento; claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito, lo que consta haber ocurrido.

Por lo expuesto, se advierte que no existe violación de las normas legales invocadas en los recursos, habiéndose por el contrario, ajustado las resoluciones emitidas tanto por el a quo como por el Tribunal ad quem, a la normativa legal aplicable al caso, por lo que corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 1 del Procedimiento Coactivo Fiscal Decreto Ley Nº 14933 de 29 de septiembre de 1977, elevado a rango de Ley por el art. 52 de la Ley Nº 1178 Ley SAFCO.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Christian Gross D. en representación de la Asociación Accidental de Firmas Consultoras CES-ConsultingEngineersSalzgitter GMBH y Consultores Galindo Ltda. de fs. 2287 a 2288 vta., y declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Carlos de ChazalBottani en representación de la Empresa Constructora Apolo Ltda. de fs. 2331 a 2339 vta.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera