TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 522

Sucre, 31 de julio de 2015

Expediente: 206/2011-S

Demandante:Nadia Roxana Morales Landa

Demandado:Instituto Técnico en Salud Santa Rita S.R.L.

Distrito        :La Paz

Magistrado Relator:Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 343 a 348, interpuesto por Nadia Roxana Morales Landa, contra el Auto de Vista N° 014/2011 de 15 de febrero de fs. 334 a 335 pronunciado por la Sala Social Administrativa Segundade la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por la recurrente, contra el Instituto Técnico en Salud Santa Rita S.R.L., la respuesta al recurso de fs. 368 a 371 y vta.,el Auto que concedió el recurso de fs. 373,los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1.Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Tramitado el proceso laboral, la Jueza Segundo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió Sentencia Nº 089/2010 de 11 de septiembre de fs. 277 a 281, declarando improbada la demanda de fs. 16 a 17 vta., e improbada la excepción perentoria de prescripción, considerando la inexistencia de las características que hacen a una relación laboral insertas en el (DS) Nº 23570 de 26 de julio de 1993, pues “la actora no cumplía una jornada efectiva de trabajo diaria, por lo que sus funciones no tenían relación de dependencia ni subordinación, entonces no se llega a establecer relación laboral entre las partes sino más bien una relación de carácter civil referida al contrato de mandato plasmado en el Poder Notarial Nº 698/2004” (sic).

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación deducida por Nadia Roxana Morales Landa, la Sala Social Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista N° 014/2011 de 15 de febrero de fs. 334 a 335, confirmó la Sentencia, realizando las siguientes conclusiones: “a) no hubo relación de dependencia, porque la mandatario, no realiza un trabajo sino una delegación por cuenta del titular; b) no existe subordinación, ya que la actora se encontraba sujeto a los términos y alcances del mandato (contrato imperfecto civil); c) No hubo prestación de trabajo por cuenta ajena, pues la función que desempeñaba la efectuaba como si el propio mandante lo haría; y, d) no hubo percepción de salario, sino un pago de honorarios por la representación legal conforme a los recibos de fs. 26 29 de obrados. En función a lo descrito resulta inaplicable la disposición única de la Ley 22 de 26 de octubre de 1949” (sic).

I.2.Motivos del recurso de casación

La resolución de segunda instancia motivó que Nadia Roxana Morales Landa, por memorial de fs. 343 a 348,en el cual alega que fue contratada como representante legal de la entidad demandada, el 3 de mayo de 2004 por María del Rosario Revollo Paz, conviniendo un sueldo mensual de Bs.1.000.-. Esos pagos no se hubieran hecho efectivos, por cuestiones  atribuibles al empleador; sin embargo, dice la demandante continuó acudiendo a su fuente laboral. Ante reclamos de la demandante por aquella situación y no siendo respondidos efectivamente presentó su renuncia irrevocable el 26 de agosto de 2005, de tal cuenta la falta de pago de sueldos constituye un retiro forzoso.Señala además que el 2006, la empleadora propuso un plan de pagos de sueldos devengados, empero al no concretizarse, motivó la interposición de la demanda laboral de autos.Con tales antecedentes plantea como motivos de su recurso:

Manifiesta que el Tribunal de Apelación “ha olvidado” (sic), y vulnerado el art. 4 a) del DS Nº 28699, que ordena que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir la más favorable al trabajador; así como, el principio de la condición más beneficiosa; el de primacía de la realidad,al desconocerse la relevancia de la carta enviada por el Instituto Técnico de Salud “Santa Rita S.R.L.” a la actora en la que le hace una oferta de plan de pagos de sus sueldos devengados.

Añade que se violó el principio de discriminación, pues se hizo una diferenciadel trabajo realizado por profesionales con y sin horario violando la Ley N° 22 de 26 de octubre de 1949, en su artículo único.

Sostiene que no se consideraron las pruebas, como el contrato de trabajo de 3 de mayo de 2004 entre el Instituto Técnico de Salud “Santa Rita S.R.L.”, y su persona; la carta de 29 de agosto de 2005, en la que la parte demandada envía a su persona respuesta a su renuncia de la representación legal y apoderada de la sociedad con la firma y rubrica de la empleadora; la carta de 28 de octubre de 2005 en la que se dirige a los socios de la Empresa, cumpliendo la solicitudpor la parte patronal donde al mismo tiempo solicita el pago de sueldos devengados y aguinaldo de dos gestiones por duodécimas; el Informe N° 01 /2005 de 28 de octubre, sobre actividades realizadas dirigida a los socios de la Empresa; carta de fecha 5 de enero de 2006 dirigida a su persona en la que la Empresa le propone plan de pagos de los sueldos devengados; el detalle de sueldos cancelados que demuestran que su sueldo era de Bs.1.000.-; comprobantes de egreso en el que se encuentra su firma dando conformidad por pago de sueldos.

Refiere que su persona ofrece por inversión de la prueba el certificado de Registro de Comercio de Bolivia de FUNDEMPRESA, formulario de solicitud de dosificaciones facturas a impuestos internos balance anual de la gestión 2004, pruebas que no fueron presentadas por el empleador, quedando firmes y contundentes como pruebas favorables para el trabajador conforme al art. 181 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Acusa la violación del art. 6 de la Ley General del Trabajo (LGT) que establece que el contrato de trabajo puede realizarse verbalmente o por escrito, así comola violación del DS Nº 23570 de fecha 26 de julio de 1993, ampliación del ámbito de aplicación de la Ley y deportistas profesionales.

Denuncia la violación e interpretación errónea del art. 36 del Reglamento de la Ley General del Trabajo (DR-LGT) en relación al art. 46 párrafo segundo, aduciendo que de la jornada de trabajo, “se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección vigilancia o confianza o que trabajen discontinuamente o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo”.

Reclama la transgresión del art. 69 concordante con los arts. 70del CPT y 4 de la LGT, refiriendo que en los juicios sociales para el trabajador el desistimiento y la transacción no causan estado, tampoco procede la perención de instancia en virtud de la irrenunciabilidad de los derechos sociales del trabajador, y que los derechos que esta Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables siendo nula cualquier convención en contrario.

I.2.1. Petitorio

Finaliza su recurso, pidiendo la emisión de Auto Supremo casando el Auto de Vista y su Auto complementario impugnados y deliberando en el fondo se le conceda el reconocimiento del pago de sus sueldos devengados y derechos colaterales y se calcule de acuerdo a derecho, declarando probada en su integridad la demanda.

I.2.2. Contestación

Eloy Rodríguez Troncoso representante legal del Instituto Técnico en Salud Santa Rita S.R.L., en la contestación al recurso de casación manifiesta que el mismo no respeta la técnica jurídica procesal que exige la Ley para su procedencia ya que es una mescla desordenada de ideas, siendo impreciso el recurso, resultando improcedente por lo que el Tribunal Supremo de Justicia tendrá que declararlo improcedente con costas; o en su caso decláralo infundado porque no cumple con el requisito del art. 253.3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), puesto que no expresa en que consiste la supuesta valoración parcial de las pruebas, cual el error de hecho o de derecho en la ponderación de las pruebas, no expresa en qué consiste la violación la falsa o errónea interpretación de las leyes invocadas o su aplicación indebida como exige el art. 253.1 del CPC. 

CONSIDERANDO II:

II.1.Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1.Consideraciones previas

II.1.1.1.Dada la naturaleza y características propias del derecho del trabajo, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores se encuentran protegidos mediante el reconocimiento de principios debidamente resguardados constitucionalmente; es así, que conforme a lo prescrito por el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que: “…Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador…”.

En materia laboral rige el principio de la primacía de la realidad en cuya virtud, para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores se debe tomar en cuenta, lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente o de manera aparente; en cumplimiento a lo prescrito por el art. 4.I.d) del DS Nº 28699. Este principio ordena el prevalencia de la realidad de los hechos sobre la realidad de las formas contractuales; de tal forma, si bien el empleador y trabajador pueden acordar determinada acción, y sin embargo en la realidad se configura otra distinta, es esta última la que tiene efectos jurídicos, es decir, en definitiva, son los hechos los que determinan la naturaleza de la relación y no así su denominación.

II.1.1.2. Una de las principales reformas a la administración de justicia, se produjo a través del reconocimiento y mandato constitucional de prevalecer a la verdad material sobre la verdad formal; así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable, la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad material, a la realidad de los acontecimientos suscitados, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

II.1.1.3.Corresponde referir, que por la implicancia de los derechos tutelados en materia social, y conforme a la naturaleza propia de los mismos, los cuales asisten a toda trabajadora o trabajador en el marco de los principios rectores que deben observarse ante una evidente desproporción y desigualdad frente a su empleador; es que la normativa laboral a ser aplicada desde la CPE, conforme lo establece en su art. 48.II, importa que el juzgador en relación a la valoración de la prueba, no sujete su decisión a aquella tasada; es así que circunscribiendo su decisión en la valoración del elenco probatorio en su conjunto, tomando en cuenta que conforme prescribe el art. 3.j) del CPT que determina la libre apreciación de la prueba, le corresponde valorar las pruebas con un amplio margen de libertad de acuerdo a la sana lógica; y en relación con el art. 158 del mismo cuerpo legal, no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios que informan la sana crítica de las mismas y atendiendo a las circunstancias relevantes del proceso y a la conducta procesal observada por las partes; apreciando además de ello los indicios de forma conjunta, destacando su gravedad, concordancia y convergencia, tal cual dispone el art. 200 del CPT.

II.1.2. Análisis del caso en concreto

La recurrente en casación denuncia violación de los arts. 69 concordante con los arts. 70 del CPT y 4 de la LGT, art. 6 también de la LGT, el art. 36 del DR-LGT, la Ley 22 de 26 de octubre de 1949, el art. 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; y, los principios de primacía de la realidad, no discriminación ein dubio pro operario, en torno a no haberse reconocido la existencia de una relación laboral entre las partes. Mérito de ello, revisado el recurso de casación en el fondo, precisar que la controversia principal reside en dilucidar si entre actora y la entidad demandada, existió o no una relación de dependencia laboral sometida a la LGT.

II.1.2.1.Según las conclusiones realizadas por las instancias precedentes, y que la Sala -a fines de contextualización- sintetiza, se observa que la actora no contaba con un horario de trabajo, no contaba con oficina, y su concurrencia en el Instituto Técnico en Salud Santa Rita S.R.L. conclusiones extraída en la valoración de las testaciones de PeggyCanedo Clavijo, Obdulia Elizabeth Pacheco de Loma, Milton Gonzales Sejas y Jaime PorcoChire. Otra conclusión arribada por los de instancia, estriba en las funciones que la actora desempeñaba, pues a partir de lo dicho por los testigosAleyda Martina Camacho Zúñiga e Isabel Ayoroa Espinoza, la audiencia de inspección judicial, documentación de FUNDEMPRESA de 20 de mayo de 2004,se concluyó que Nadia Roxana Morales Landa, ejercía la representante legal de la entidad demandada. Todo ello en opinión de la Sala, hace entrever que no existió la relación de dependencia y subordinación, ni percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas; es decir no existido las características propias de la relación laboral, conforme los arts. 1.a) del DS N° 23570 y 2.a) del DS N° 28699.

La parte recurrente pretende en esta instancia casacional la valoración de la prueba, sin tomar en cuenta que la uniforme jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los jueces y tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, a no ser que se demostrare la infracción del art. 253.3 del CPC, extraordinariamente podrá procederse a una revaloración de la prueba, en la medida que el recurrente acuse y demuestre que se hubiera producido error de hecho o de derecho por los tribunales inferiores, aspecto que en el recurso en análisis no ocurrió.

II.1.2.2.En la especie, la actora señala también que no se consideró “su demanda principal de pago de sueldos devengados” (sic); sin tener presente, que las actuaciones de esta judicatura y la eventual tutela de derechos, emerge dela existencia de una relación laboral, con los rasgos que le son característicos, no pudiendo pronunciarse sobre otro tipo de cuestiones no vinculadas a ese particular.

Por los fundamentos expuestos, correspondiendo resolver el recurso conforme a la previsión de los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Roxana Morales Landa. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera