TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 518

Sucre, 22 de julio de 2015

Expediente: 160/2015-A

Demandante: Renato Arce Rojas

Demandado: Servicio Nacional del Sistema del Reparto

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 149 a 151, interpuesto por Olga Duran Uribe, Administrador Regional del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) Sana Cruz, y Brenda Erika Siñani Rojas Abogada Regional de esa misma dependencia, contra el Auto de Vista Nº 44 de 13 de enero de 2015 defs. 141 a 143, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso social sobre rehabilitación de renta básica de vejez, seguido por Renato Arce Rojas, contra el Senasir, el Auto Nº 171 de 12 de mayo de 2015 a fs. 155 y vta.,  que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

       Por Resolución Nº 006187 de 15 de mayo de 2002 (fs. 16), la Comisión de Calificación de Rentas de la entonces Dirección de Pensiones, resolvió otorgar a favor de Renato Arce Rojas (el asegurado) Renta Básica de Vejez equivalente al 32% de su promedio Salarial, en un monto de Bs.400.00.- incluida nivelación, pagadera a partir del mes de enero de 2001.

       I.1.1. Resolución de la Comisión de Calificación

       Más adelante la Comisión de Calificación de Rentas del Senasir, a través de Resolución Nº 0000220 de 14 de enero de 2014 (fs. 92 a 94) resolvió:i] La suspensión definitiva de la Renta Básica de Vejez otorgada a favor del asegurado; ii]La determinación de lo indebidamente cobrado por parte de Revisión de Rentas; y, iii] La recuperación de lo indebidamente cobrado por el asegurado a través de la Unidad de Asesoría Legal.

       Dicha Resolución sostuvo como argumento de sus decisión la inconsistencia en la densidad de cotizaciones en el régimen básico al no figurar el asegurado en planillas en los periodos 07/57 a 09/57; 12/57 a 03/60; 10/61 a 03/67, por los servicios prestados en la Empresa de Manufacturas Bolivianas “MANACO”; no cumpliendo en definitiva con lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución Ministerial (RM) Nº 1361.

       I.1.2. Resolución de la Comisión de Reclamación

       Contra la anterior resolución el asegurado, interpuso recurso de reclamación (fs. 95 y vta.), señalando que se procedió a la suspensión de su renta sin que previamente haya podido asumir defensa y presentado descargos sobre los trabajos realizados en el periodo comprendido del 3 de abril de 1957 al 7 de febrero de 1976;agregando que conforme documental aparejada a ese memorial se demuestra que su persona trabajó en aquel periodo, por un tiempo de 18 años y 10 meses.

       Ese acto motivó que la Comisión de Reclamación del Senasir emita la Resolución 346/14 de 19 de mayo (fs. 111 a 113), que confirmó la Resolución 0000220 de 14 de enero de 2014 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas.

       I.1.3. Auto de Vista

       En noticia de esa decisión, el asegurado interpuso recurso de apelación (fs. 125 a 126), resuelto por el Auto de Vista Nº 44 de 13 de enero de 2015 de fs. 141 a 143, descrito al exordio pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que revocó totalmente la Resolución 0000220 de 14 de enero de 2014 y su homóloga 346/14 de 19 de mayo de 2014, disponiendo que la Resolución 006187 de 15 de mayo de 2002, sea mantenida firme y subsistente; y, finalmente disponer que el Senasir a través de su Comisión Nacional de Prestaciones proceda inmediatamente a rehabilite la Renta Básica de Vejez a favor del asegurado.

               Este Auto de Vista, teniendo presente los arts. 14, 16 y 18 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA),sostuvo que:

cursa a fs. 1, 2, 3, 4, 5 y 137, documentación original y fotocopias legalizadas consistentes en certificado de aportes, partes de afiliación y de baja, certificado de trabajo, finiquito y otros por el cual se evidencia que el apelante Renato Arce Rojas prestó servicios en MANUFACTURA BOLIVIANA S.A. - MANACO desde el 03 abril de 1957 hasta el 07 de febrero de 1976, es decir durante 18 años, 10 meses y 4 días de trabajo…es importante indicar que el jubilado al momento de presentar su expediente de jubilación ha demostrado con pruebas fehacientes haber prestado servicios en la empresa Manaco durante los periodos indicados, por lo que mientras no se compruebe que el finiquito, los certificados de aportes y trabajo y las partes de afiliación y de baja son fraudulentas o fraguadas estas tienen toda fuerza legal”(sic).

               Transcribiendo los arts. 194 del Código de Seguridad Social (CSS) y 194 del Decreto Reglamentario a ese Código (DR-CSS) afirmó también:

“la dejadez o negligencia por parte de la entidades de la seguridad social de corto y largo plazo en el no cobro de aportes oportunamente no puede perjudicar al trabajador en su jubilación o en su derecho a recibir una atención médica”(sic).

I.2.Motivos del recurso de casación

El mencionado Fallo, motivó que el Senasir, interponga recurso de casación en el fondo, en el que previa reseña de antecedentes, alega:

El Tribunal de Alzada incurrió en una aplicación indebida del art. 5.d) del Decreto Supremo (DS) Nº 27066 de 6 de junio de 2003; art. 9 del DS Nº 27991 del 28 de enero de 2005, el numeral 1.8 de la RA Nº 299/13 de 31 de julio de 2013; art. 23 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA); art. 13.a] del DS Nº 25486 de 29 de abril de 1997; por cuanto, bajo “el respaldo inocuo de la verdad material y el derecho a la seguridad social” (sic), deshecha la aplicación de las disposiciones legales antes citadas y que rigen la materia, dejando en indefensión al ente gestor en la forma de aplicación de las disposiciones en materia de seguridad social a largo plazo del sistema de reparto, más cuando los efectos jurídicos del Auto de Vista no son erga omnes.

El anterior reclamo se ve imbuido a la no certificación de los periodos de julio de 1957 a noviembre de 1957; enero de 1958 a febrero de 1960; septiembre de 1961 a marzo de 1967, no fueron certificados en razón de que el asegurado no figura en planillas; y, el periodo de febrero de 1976 al evidenciarse un trabajo efectivo de tan sólo 16 días, siendo dice- un periodo no cotizable. Además, señala que el asegurado efectuó 20 cotizaciones por servicios prestados en la Empresa MANACO por el periodo de julio de 1974 a enero de 1976.

I.2.1. Petitorio

La entidad recurrente solicita que “en reguardo de los intereses económicos del Estado Plurinacional Boliviano” (sic), concedido sea su recurso este Tribunal dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1. Consideraciones previas

II.1.1.1.A través del Código de Seguridad Social (CSS) aprobado mediante Ley de 14 de diciembre de 1956, se instituyó el Seguro Social Obligatorio bajo el sistema de prestaciones definidas, conocido como Sistema de Reparto, con el fin de, entre otros, proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de los medios de subsistencia, así como brindar esa protección a los familiares en casos de  contingencias como los riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte (así el art. 3 del CSS); esta norma por su propia configuración limitaba su acceso solamente a trabajadores con relación de dependencia, pues las cotizaciones se basaban -principal y no excluyentemente- en deducciones sobre aportes con cargo a los salarios de los asegurados. Tal Código se hallaba fundado en los principios de solidaridad, universalidad, unidad de gestión, eficiencia y suficiencia.

En tal sentido, habiendo la seguridad social a largo plazo adquirido un carácter obligatorio por imperio y disposición expresa de la Ley, se constituyeron como infracciones de los empleadores: no inscribir, afiliar, constatar el estado de salud, no denunciar accidentes; el retraso en presentación de planillas o el pago mensual de cotizaciones (así el art. 592 del R-CSS). Posteriores modificaciones realizadas al Sistema de Reparto que se llevaron a cabo entre 1972 y 1994 intentaron racionalizar el régimen de largo plazo, modificando aspectos como las cotizaciones, las prestaciones, la afiliación o la vigencia de derechos o finalmente, el marco organizativo institucional del Seguro Social Obligatorio. En lo que respecta a las infracciones imputables a los trabajadores asegurados el citado Reglamento en su art.  594, entre otras el: falsear datos para la obtención fraudulenta de beneficios, negociar con las prestaciones en especie, simular enfermedades o accidentes y provocar intencionalmente un siniestro.

Posteriores modificaciones normativas acontecidas en lo que respecta al seguro social a largo plazo, se circunscribieron a aspectos como las cotizaciones, prestaciones, afiliación o vigencia de derechos, o bien, el marco organizativo institucional del Seguro Social Obligatorio, empero tuvieron como constante el mantenimiento de la obligatoriedad del empleador de realizar los aportes al seguro social a largo plazo; tal es así que incluso el art. 21 de la Ley 1732 (dentro del cambio de sistema de pensiones), señala que el empleador tiene la obligación de actuar como agente de retención y de pagar las cotizaciones, primas y comisiones deducidas del total ganado de los afiliados bajo su dependencia laboral.

II.1.1.2. El DS Nº 27066, de 6 de junio de 2003, crea el Senasir establecida como una institución pública desconcentrada del entonces Ministerio de Hacienda, y constituida como persona jurídica de derecho público, con estructura propia y competencia de ámbito nacional, de carácter temporal, con autonomía de gestión técnica, legal y administrativa. El art. 5 de esa norma reglamentaria, a más de determinar al Senasir como entidad exclusivamente operativa, le otorga entre otras la facultad de suspender provisional o definitivamente la renta, dentro de la potestad de revisión establecida en disposiciones que rigen para el Sistema de Reparto; más adelante el mismo precepto en su parágrafo II, señala que a los efectos del ejercicio de las atribuciones señaladas en ese artículo, el Senasir, podrá emitir las Resoluciones Administrativas que correspondan.

La parte considerativa del DS Nº 27066, ofrece un panorama en torno a las razones por las que el mismo fue emitido. En suma pretendió, a partir de la creación de una instancia técnico operativa, brindar atención especializada, en el marco del manejo racional del gasto público, generando mecanismos para realizar la planificación y control del costo fiscal de las rentas del Sistema de Reparto; asimismo, reconoció que la ausencia de políticas de gestión dentro de ese sistema generaron disconformidad en el sector activo y pasivo de los trabajadores cotizantes al antiguo sistema de pensiones, ameritando que el Gobierno Central, garantice la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano del país, creando las instancias técnicas necesarias que promuevan la aplicación de los principios de oportunidad (que hace relación a brindar las prestaciones a momento que éstas se requieran), economía (referido a la sostenibilidad en la otorgación de las prestaciones para cubrir las necesidades de los beneficiarios) y eficacia (que persigue el lograr los objetivos de la mejor manera garantizando las diversas prestaciones) dentro del sistema de seguridad social a largo plazo.

Como se desprende del art. 5 del DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003, los efectos del ejercicio de las atribuciones señaladas en ese artículo, el SENASIR podrá emitir las Resoluciones Administrativas que correspondan; ello a más de considerar a ese ente parte de la Administración, hace necesario referir que por el principio de legalidad que rige la actividad administrativa en general, contenido en el art. 4.g) de la LPA, que señala: “Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario”, de igual manera, al principio de sometimiento pleno a la Ley, contenido en el inciso c) del mismo artículo, señala que “La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso”; en ese sentido, toda autoridad que administra justicia, sea que se encuentre en el ámbito administrativo o en el ámbito jurisdiccional, debe estar sometido a la Constitución y a la Ley, basando sus decisiones en la aplicación preferente de la primera; aplicación que es entendida, como una interpretación a partir de los principios, valores y garantías que la Constitución instituye.

Por otro lado el DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, en los casos de registros inconsistentes en la otorgación de prestaciones, dispone que el SENASIR “inicie las investigaciones y tome las acciones legales que correspondan, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros deberá entregarle los reportes de registros que presentan inconsistencias, contenidos en el Informe de la Comisión Técnica Multidisciplinaria” (art. 4); a su turno la aludida norma reglamentaria dispone que “El Senasir cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, iniciando la revisión con el listado de casos registrados en la base de datos que entregará la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, en el marco de lo establecido en el presente DS. A este efecto, el SENASIR deberá aplicar lo dispuesto por el Art. 198 del CSS - Ley de 14 de diciembre de 1957 y, por los Arts. 423 y 477 del DS Nº 05315 de 30 de septiembre de 1959 - Reglamento del Código de Seguridad Social” (art. 9)

Finalmente, el art. 477 al que se hace referencia el anterior párrafo, al tenor manifiesta: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para si otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”. Nótese aquí, que la citada norma habilita la revisión a prestaciones emergentes de erróneo cálculo o falsedad en los datos, disponiendo expresamente que el efecto retroactivo de la eventual revocatoria de la prestación, sólo recae en el segundo de los supuestos, es decir, a las prestaciones dadas en base a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. Es imperioso hacer hincapié que cuando se refiere la existencia de datos fraudulentos en la otorgación de prestaciones, éstas como lo ha dicho ya este Tribunal, deben ser acreditadas en la vía judicial correspondiente, a partir de una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada.

II.1.1.3. El DS Nº 27543 de 31 de mayo 2004, en su parte considerativa señala que el Senasir, es la institución pública designada para procesar y otorgar prestaciones del Sistema de Reparto, y que habiéndose presentado dificultades logísticas (a esa fecha) e información incompleta no logró calificar las prestaciones de la totalidad de los asegurados que presentaron sus solicitudes hasta el 31 de diciembre del 2001, otorgando a tal fin directrices para facilitar la certificación de aportes.

Su art. 1 señala como su objeto por una parte el posibilitar el acceso a un pago de reparto anticipado, así como, facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes; sobre este particular, el art. 14 de la señalada norma reglamentaria, indica que: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del Senasir, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: a) Finiquitos, b) Certificados de trabajo, c) Boletas de pago o planillas de haberes, d) Partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas, e) Record de servicios o calificación de años de servicio, f) Contratos de trabajo, memorándum de designación y despido, g) Liquidación de internación de minerales, para el caso de los cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas”. Esta  norma, velando por el acceso a una jubilación justa otorgamayor facilidad para que los asegurados con aportes en el sistema de reparto puedan acceder al beneficio de las rentas, disponiendo que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en archivos del Senasir, se complementa la verificación de aportes con otros documentos como finiquitos, certificados de trabajo, avisos de afiliación y de baja del trabajador, etc., norma que debe ser aplicada conforme lo previsto por los arts. 13, 15, 16, 17 y 18 del mencionado DS, así como lo señalado por el art. 83 del MPRCPA.

En relación a lo anterior, ya la extinta Corte Suprema de Justicia sentó criterio a través de -entre otros- del Auto Supremo Nº 685 de 15 de diciembre de 2010, sobre el ámbito de aplicación del tratamiento extraordinario dispuesto por el Art. 14 del DS Nº 27543, precisando: "…el Ministerio de Hacienda ejerciendo la tuición que tiene sobre el Senasir, en uso de sus atribuciones, revisando las planillas del Senasir, verificó que muchos asegurados no se encuentran consignados en las mismas, sin embargo, cuentan con documentación que acredita que han prestado servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, por ello, en beneficio de los asegurados del sistema de reparto, emitió la RM Nº 559 de 3 de octubre de 2005, complementando y ampliando los alcances del Art. 14 del DS Nº 27543, sin imponer limitaciones sobre alguna de sus determinaciones…Asimismo, la resolución ministerial aludida y que es posterior a la RS Nº 550 de 28-09-05, en la parte in fine de su único artículo establece de manera concreta que se debe dar cumplimiento a las condiciones y procedimientos contenidos en el DSNº 27543”. Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el Senasir; sin embargo, esta determinación, no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del MPRCPA, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en sus archivos, se complementará supletoriamente la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.

II.2. Problemáticas llegadas a casación

De entrada es importante aclarar que el recurso motivo del presente, impugna el Auto de Vista 44 de 13 de enero de 2015, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, acusando la violación del art. 5.d) del DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003; art. 9 del DS Nº 27991 del 28 de enero de 2005, el numeral 1.8 de la RA Nº 299/13 de 31 de julio de 2013; art. 23 del MPRCPA; art. 13.a] del DS Nº 25486 de 29 de abril de 1997; y el punto 1.1.8 de la RA Nº 299/13 de 31 de julio de 2013.

Asimismo, a fines de la presente Resolución, corresponde enfatizar que el origen de la controversia llegada a esta jurisdicción se asienta en la revisión realizada por el Senasir, sobre la renta en curso de pago otorgada a Renato Rojas Arce a través de la Resolución Nº 006187 de 15 de mayo de 2002 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas de la entonces Dirección de Pensiones.

II.2.1.Previamente resaltar que el asegurado inició su trámite de renta el 4 de diciembre de 2000, presentando al efecto, documentación que acreditaba su fecha de nacimiento al 27 de febrero de 1940 (fs. 7, 8 y 9), y un periodo laboral comprendido entre el 3 de abril de 1957 al 7 de febrero de 1976, en Manufactura Boliviana S.A., Fábrica de Calzados MANACO, a través de la certificación del empleador (fs. 5), finiquito de beneficios sociales (fs. 3) y partes de afiliación de bajas de la Caja Nacional de Salud (CNS) de fs. 2 y 4. Tales aspectos motivaron que la Dirección de Pensiones otorgue renta básica de vejez equivalente al 32% de su promedio salarial por acreditar 193 cotizaciones en el régimen básico y la edad de 57 años. Decisión que fue revocada por la Resolución Nº 0000220 de 14 de enero de 2014 y confirmada por su homóloga 346/14 de 19 de mayo, emitidas por las Comisiones de Calificación de Rentas y Reclamación respectivamente, bajo los argumentos sintetizados en los en los antecedentes de este Auto Supremo.

De ahí en más, la entidad recurrente reclama en casación que el Tribunal de Alzada transgredió normativa que le confiere facultades de revisión y suspensión de rentas en curso de pago (art. 5.d] del DS Nº 27066; art. 9 del DS Nº 27991); sin embargo, cabe destacar que esas facultades, si bien son estatuidas por norma expresa, las mismas deben ser comprendidas y aplicadas dentro de un equilibrio entre los postulados y consideraciones por las que fueron emitidas y los principios constitucionales que rigen la otorgación de rentas de vejez y el derecho a la seguridad social. La revisión de oficio o a denuncia debidamente justificada de las prestaciones emergentes del sistema de reparto, busca asumir proporción entre, concretar un beneficio destinado a un grupo vulnerable (como lo son los rentistas) y paralelamente ejercer control sobre los recursos por los que se financian esos pagos a fin de no producirles merma, por situaciones debidamente acreditadas y respaldadas en la norma que regula la materia; dicho de otro modo dentro de actos en donde el principio de universalidad en el pago de las rentas sea proporcional al de equidad y eficacia.

Ahora bien, activada que fue la revisión de una prestación ya otorgada a través del Informe de fs. 47, emitido el 24 de agosto de 2007 por la Comisión Revisora de Rentas del Senasir, la corroboración de cotizaciones debió tener presente la documental entregada por el asegurado presentada a inicio del trámite (fs. 1 a 9) que en suma demuestran la prestación de servicios, más cuando tales documentos son adecuados a la descripción realizada por el DS Nº 27543, que estima que la consideración alternativa de documentación bajo presunción iuris tantum; es decir, una presunción normada sobre un extremo alegado, cuya desestimación debe ser probada, situación que en autos no sucedió pues en sede administrativa no se brindó tal presunción y mucho menos se probó en contrario, más allá de la afirmación genérica de inexistencia de planillas, que la misma no pruebe el periodo de labores prestado por el Renato Arce Rojas en Manufacturas Bolivianas entre el 3 de abril de 1957 al 7 de febrero de 1976.

Sobre la aplicación del citado DS, este Tribunal a través de  Auto Supremo Nº 312 de 23 de junio de 2010, señaló: “del citado DS Nº 27543, no es difícil advertir que en ningún caso se observa que exista limitación alguna sobre sus determinaciones y, siendo así, corresponde su interpretación desde y conforme a la Constitución, tal y como sugiere el citado DS que en su parte considerativa siguiendo los postulados de la Constitución, señala la obligación que tiene el Estado de defender el capital humano, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia y señala que el Senasir por dificultades logísticas e información incompleta no ha logrado calificar las prestaciones de la totalidad de los asegurados que presentaron sus solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2001, razón por la cual resuelve, entre otros, facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes”.

Asimismo, conforme lo expuesto en el punto II.1.1.1 en esta Resolución, los aportes de los trabajadores al sistema de reparto constituyen aportes regulados por norma y cuya carga en su cumplimiento -para el caso de los trabajadores en situación de dependencia laboral- le es atribuible al empleador, quien posee la obligación de realizar los mismos, tal cual concluyó el propio Auto de Vista impugnado a fs. 142, pues un entendimiento contrario constituiría acarrear esa carga al propio trabajador, tornando el derecho de acceder a una jubilación en un aspecto lejanamente expedito.

Finalmente, la Sala considera oportuno poner de relieve, en este punto, que las circunstancias señaladas en la presente Resolución, no significan la negación del deber que tiene el Senasir de fiscalizar y controlar que las prestaciones otorgadas por el Sistema de Seguridad Social a Largo Plazo en el Sistema de Reparto, cuando hayan sido otorgadas de acuerdo a ley, pero es también claro que tal ejercicio deberá enmarcarse dentro del respeto de lo dispuesto por la CPE tal cual se desarrolló en el apartado II.1.1.2de este Auto Supremo y tal como prevé el art. 10 de la RM Nº 266 de 25 de mayo de 2005, que faculta a la entidad recurrente: “En los casos en que se evidencie la comisión de delitos o fraude procesal el Senasir, deberá iniciar las acciones legales que corresponda y proceder a la recuperación de los cobros indebidos”.

II.2.2.Por otro lado, el recurrente señala el art. 13.a) del DS Nº 24586 de 29 de abril de 1997 y el art. 23 del MPRCPA, como transgredidos, siendo que la última norma señala que: “Las personas que, al 1 de mayo de 1997, hubieran cumplido la edad de cincuenta (50) años, las mujeres o de cincuenta y cinco años (55) años los hombres y el mínimo de ciento ochenta (180) cotizaciones a la entidad gestora del Sistema de Reparto, sujeta a la promulgación de la Ley 1732 a la Legislación del CSS serán considerados rentistas en curso de adquisición, por vejez del Sistema de Reparto”; sin duda esa aplicación conforme se lee del Auto de Vista impugnado es el reflejo de la ponderación previa de los aportes realizados y de condiciones (número de aportes, tiempos y edad) exigidas por aquélla, situación que identificada por el Tribunal de Alzada, en relación a la documental que acreditaba dichas condiciones, decidió por una parte la restitución de la renta básica de vejez revocada y le realización de un nuevo cálculo conforme a los fundamentos contenidos en el Auto de Vista impugnado, no configurándose en tal circunstancia la violación denunciada por la entidad recurrente 

II.2.3.Por todo lo expuesto, este Tribunal concluye los razonamientos y el decisorio contenido en el Auto de Vista Nº 44 de 13 de enero de 2015, no transgreden ni vulneran las disposiciones legales acusadas por la entidad recurrente, al contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, conforme a los fundamentos antes expuestos, por lo que conforme prescribe los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del R-CSS y el art. 15 del MPRCPA.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 149 a 151, interpuesto por Olga Duran Uribe y Brenda Erika Siñani Rojas en representación del Senasir. Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera