TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 509

Sucre, 22 de julio de 2015

Expediente: 212/2011-S

Demandante: Franz Javier Aramayo Beltrán

Demandado: Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 576 a 579, interpuesto por Coty Sonia Krsul Andrade y Juan Carlos De La Vía Pereira, en representación legal del Banco de Crédito de Bolivia S.A., contra el Auto de Vista N° 311/08 de 17 diciembre (fs. 568 a 569), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del proceso social que por reintegro de beneficios sociales y otros derechos laborales sigue Franz Javier Aramayo Beltrán contra la entidad recurrente; la respuesta al recurso de casación, cursante de fs. 591 a 592; el Auto cursante a fs. 596, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1  Antecedentes del proceso

I.1.1  Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso social referido, la Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió Sentencia N° 121/2006 de 21 de noviembre (fs. 535 a 537 vta.), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 12 a 13 vta., aclaración y subsanación de fs. 98 a 100 vta., sin costas y probadas en parte las excepciones perentorias de pago y de prescripción de fs. 47 a 53 de obrados, ordenando a la parte demandada, cancelar a favor del actor, la suma total de Bs.27.687,53.- (Veintisiete mil seiscientos ochenta y siete 53/100 bolivianos); los conceptos de indemnización y desahucio, sujetos a la aplicación del DS Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992, sobre los montos reliquidados en ejecución de Sentencia.

I.1.2  Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la entidad demandada (fs. 542 a 544), mediante Auto de Vista N° 311/08 de 17 de diciembre (fs. 568 a 569), la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, revocó en parte la Sentencia N° 121/2006 de 21 de noviembre (fs. 535 a 537 vta.), modificando la devolución de descuentos por imposición a la renta, manteniendo firmes y subsistentes los demás conceptos y derechos reconocidos por la Juez a quo; fijando como nuevo monto total a pagar la suma de Bs. 25.068,00.- (veinticinco mil sesenta y ocho 00/100 bolivianos).

I.2  Motivos del recurso de casación

Contra la última resolución, la entidad demandada formuló recurso de casación en la forma y en el fondo (fs. 576 a 579), que de lo esencial de su contenido se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

I.2.1 En la forma

Acusó infracción y vulneración de los arts. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), 3.1, 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y 202.a) del Código Procesal del Trabajo (CPT), toda vez que el Tribunal de Alzada rechazó la nulidad de obrados, pese a existir irregularidades en la Sentencia pronunciada por la Juez de primera instancia, respecto a la falta de firma en la nota de tomas de razón de la funcionaria (fs. 538), y que la misma adquiere la particular importancia para conocer de manera adecuada el computo o no de los plazos procesales siendo este extremo refrendado por los arts. 80 y 87 del CPT, y que revisado el proceso se advierte que no fueron cumplidos, situación que origina la nulidad de obrados; y también por el error al otorgar el bono de antigüedad en la Sentencia, al ser calculado sobre la base de tres sueldos mínimos nacionales de acuerdo al Decreto Supremo (DS) N° 21060 de 29 de agosto de 1989, siendo lo correcto DS N° 21060 de fecha 29 de agosto de 1985, por lo que no podía fundarse su fallo en una norma inexistente, omitiendo considerar el Tribunal de Alzada que la Sentencia hizo referencia a disposiciones contrarias en cuanto a su numeración y fecha generando así indefensión en su contra.

I.2.2 En el fondo

       Acusó la aplicación errónea del DS N° 23474 de 20 de abril de 1993, al haber calculado el bono de antigüedad sobre los tres salarios mínimos nacionales, el mismo que sólo es aplicable para los trabajadores de las empresas productivas, destinadas a aquellas que realizan el procesamiento de materias primas a través de fábricas o industrias, no haciendo referencia en ninguna parte a empresas que generen utilidades o excedentes económicos, puesto que ello se relaciona con la procedencia o no al pago de primas, situación que nada tiene que ver con el concepto de empresas productivas vinculado al ámbito de la industria cuya condición no tiene el Banco demandado, por lo que no corresponde una reliquidación por éste concepto.

Alegó la vulneración del art. 19 del DS N° 24103 de 20 de mayo de 1995, regulatorio de la Ley Nº 843 y DS Reglamentario N° 21531 por haberse retenido por Auditoria Interna conceptos que no fueron oportunamente retenidos al demandante, porque en la liquidación que se practicó al demandante se consignaron única y exclusivamente los conceptos que por mandato del artículo mencionado, actuando como agentes de retención ya que tal monto se encuentra relacionado con retenciones que no fueron oportunamente efectuados por pagos realizados al demandante por concepto de sueldos y otros en los que no se hizo retención cuando debía hacerse de acuerdo a la normativa señalada, vulnerándose dicha normativa por el Tribunal de Alzada al disponer la devolución de un monto que le corresponde al fisco, es decir, al Estado.

Por último, acusó también vulneración del art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 33 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT), toda vez que al haberse opuesto excepción perentoria de prescripción de manera general en la contestación a la demanda como en el recurso de apelación, resultaría evidente que también comprendió al concepto de vacaciones injustamente condenado por más de dos años, no obstante que legalmente se encuentra prohibida las acumulación de vacaciones, siendo errada la afirmación en el Auto de Vista recurrido que el pago de vacación no fue apelado porque en su memorial del Banco demandado de fs. 542 a 544 señaló que el reclamo del actor hace referencia a conceptos que datan a más de dos años desde la presentación de su demanda siendo de aplicación el art. 120 de la LGT, por lo que hicieron constar que el demandante pedía en su reclamo el pago de conceptos laborales por más de dos años siendo uno de éstos lógicamente el de vacación.

I.2.3  Petitorio

Concluyen solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo conforme las omisiones denunciadas en la forma, y caso contrario se case el Auto de Vista recurrido, declarando en consecuencia improbada en todas sus partes la demanda y probadas en todas sus partes las excepciones perentorias de pago y prescripción opuestas por su parte.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que, en mérito a los puntos expuestos en casación, de la revisión y compulsa de los antecedentes, corresponde resolver de acuerdo a las siguientes consideraciones:

II.1.1 En cuanto al recurso de casación en la forma

A fin de establecer si corresponde la nulidad acusada por la Institución demandada; la jurisprudencia sentada por este Tribunal, ha establecido que en materia de nulidades procesales o reposición de obrados constituye una medida de ultima ratio y subordinada a la concurrencia de determinados principios procedimentales, por consiguiente para dar cabida a la nulidad se deben observar ciertos principios como el de convalidación, de especificidad y de trascendencia entre otros, de modo que la nulidad resulte útil al proceso reestableciendo derechos procesales que pudieron haberse lesionado, como el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a la defensa que en definitiva garantice la justicia del fallo. En ese marco el error in procedendo debe estar expresamente sancionado por Ley (principio de especificidad) y reclamarse oportunamente, porque de lo contrario, se tendría por convalidado (principio de convalidación) y consiguientemente precluido el derecho.

Así establecidos estos principios en los que se sustenta la nulidad procesal, contrastando con los fundamentos expuestos en el recurso de casación en la forma, de la compulsa de antecedentes se advierte que, si bien es evidente que la nota de Tomas de Razón cursante a fs. 538 de obrados no cuenta con una firma de funcionario que acredite cuándo se registró la Sentencia de fs. 535 a 537 vta., sin embargo, en cuanto al registro de la Sentencia en el libro mencionado, dicha función constituye simplemente una actividad interna de los Juzgados, no siendo evidente que sea dicha nota un parámetro para medir el cumplimiento de los plazos procesales para efectos de la Sentencia, en razón a que, revisando el cuaderno procesal, se observa que la nota de la secretaria del Juzgado en la que señala que pasa a despacho para dictar Sentencia, data del 13 de noviembre de 2006 a hrs. 09:00, conforme se tiene anotado a fs. 534 vta., y la Sentencia de primera instancia es del 21 de noviembre de 2006, es decir, se advierte que dicho fallo fue dictado dentro del plazo de los diez días de ingresado el expediente a despacho, conforme el mandato contenido en el art. 79 del CPT; de modo que, lo manifestado por el actor como un vicio procesal no resulta evidente por lo tanto, no da lugar a la nulidad de obrados.

Por otra parte, en cuanto a la acusación de error en el año del DS N° 21060 ya que la Juez de la causa señaló que dicho DS data de 29 de agosto de “1989”, cuando el año correcto es “1985”, empero, tal error en la Sentencia no representa motivo de nulidad alguna, sino sólo un error de typeo, que no afecta el fondo de lo resuelto al respecto, no ameritando tal cuestión una nulidad de obrados.

Por lo anotado, se llega a la conclusión que no existe infracción que interese al orden público, tampoco se advierten actos procesales que dejen en indefensión a la parte ahora recurrente o que conculquen sus derechos, por lo que no es posible la nulidad de obrados buscada, en aplicación de los principios de legalidad y el de trascendencia, como principios reguladores, entre otros, de las nulidades procesales, por lo que este Tribunal decide mantener subsistente el fallo recurrido en cuanto al cuestionamiento de forma se refiere.

II.1.2 En relación al recurso de casación en el fondo

La institución recurrente acusa la aplicación errónea del DS N° 23474, en cuanto a la base para el cálculo del bono de antigüedad se refiere, decreto que en su criterio no puede ser aplicable al caso, al no ser el Banco una "empresa productiva".

Al respecto, previamente conviene puntualizar que la antigüedad laboral está definida por el autor Luis Zegada Saavedra, citado en el libro “Derecho Laboral”, del autor Ricardo Ramiro Tola Fernández, como el reconocimiento expreso a la lealtad del trabajador con su centro laboral, a través del tiempo cronológico que lo vincula con un determinado puesto de trabajo; a través de la antigüedad el trabajador obtiene un conjunto de derechos y beneficios de acuerdo con la medida cronológica de los servicios prestados a determinado patrono.

El bono de antigüedad es aquel porcentaje de “remuneración adicional que el trabajador percibe de manera proporcional a sus años de servicio en la empresa, como compensación inmediata y directa a la experiencia adquirida y al desgaste absoluto de su energía laboral”.

Ahora bien, es importante aclarar que la escala porcentual determinada por el DS Nº 21060 no fue modificada; la norma referida, fue reglamentada por el DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, cuyo art. 13 dispone: “Para los trabajadores de los sectores Público y Privado la escala del Bono de Antigüedad a que se refiere el Art. 60 del decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985, se aplicará sobre el salario mínimo nacional mensual, no pudiendo el monto resultante, ser inferior al que por ese concepto se percibió por el mes de julio de 1985. Las categorías del magisterio fiscal se pagarán de acuerdo con lo dispuesto por el Código de la educación Boliviana”.

Más adelante, el art. único del DS Nº 23113 de 10 de abril de 1992, amplió la base de cálculo para el pago del bono de antigüedad, en los siguientes términos: “Ampliase la base del cálculo del Bono de Antigüedad, establecido por el Art. 13 del decreto supremo 21137 de 3 de noviembre de 1985 a dos salarios mínimos nacionales para los trabajadores de las empresas productivas del sector público y privado, respetando los acuerdos establecidos en convenios de partes sobre la materia”.

Luego por DS Nº 23474, de 20 de abril de 1993, en su art. único, se dispuso: “Amplíese la base de cálculo del Bono de Antigüedad, establecida por el decreto supremo 23113 de 10 de abril de 1992, a tres salarios mínimos nacionales para los trabajadores de las empresas productivas del sector público y privado, respetando los acuerdos estipulados en convenios de partes sobre esta materia”.

Evidentemente, la entidad demandada no se constituye en una empresa productiva, sino de prestación de servicios de intermediación financiera, de modo que no corresponde, en aplicación correcta de las disposiciones anotadas, calcular el bono de antigüedad a sus trabajadores sobre la base de tres salarios mínimos nacionales, sino sobre un salario mínimo nacional, como acertadamente reclama en casación. 

En virtud a lo señalado, el cálculo y determinación del bono de antigüedad sobre la base de tres salarios mínimos nacionales en entidades de carácter privado, corresponde únicamente al sector productivo, salvo que cuenten con disposición específica que establezca una base distinta; es decir, que una base sobre tres mínimos nacionales debe aplicarse únicamente a las empresas que tienen como actividad la producción de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas. En este caso, al ser el Banco demandado una entidad que se dedica a la prestación de un servicio financiero, no corresponde aplicar el DS Nº 23474, sino lo dispuesto por los arts. 13 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985 y 60 del DS N° 21060 de 29 de agosto de 1985; lo que hace concluir que el reclamo de la entidad demandada resulta evidente, lo que conlleva a que este Tribunal enmiende tal error de aplicación normativa.

Con relación a la infracción art. 19 del DS N° 24103 de 20 de mayo de 1995, se establece que el mismo trata de "la homologación de la Resolución N° 90/94 de 29 de septiembre de 1994 del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que aprueba la solicitud de la Compañía Petrolera de Exploración y Explotación (PETROLEX S.A.)", de modo que, al no constituir dicha norma el fundamento de la decisión del juzgador, no se puede entender que la misma haya sido vulnerada, más aún, cuando la Constitución Política del Estado (CPE) de 1967, dispone en su art. 162.II que "los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias y que tiendan a burlar sus efectos", concordante con el art. 48 de la actual CPE, es decir, la Ley fundamental del ordenamiento jurídico boliviano, aplicable con preferencia a las leyes, establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, en consecuencia, es imprescindible no ignorar que los tribunales, jueces y autoridades deban aplicar con preferencia la Ley suprema del ordenamiento jurídico con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a cualesquiera otro DS, precautelando los derechos de los trabajadores.

En ese sentido, la deducción realizada por la institución demandada a momento de la liquidación de beneficios sociales al actor, infringe lo dispuesto en la CPE, así como el art. 4 de la LGT, normas aplicables con preferencia a Decretos Supremos mencionados, por lo que los Tribunales de instancia determinaron correctamente la devolución por descuento de auditoria interna, no resultando evidente la vulneración normativa acusada al respecto.

Por último, sobre la acusación de vulneración de los arts. 120 LGT y 33 del DR-LGT, porque también comprendía la excepción perentoria de prescripción del Banco demandado al concepto de vacaciones establecido; cabe señalar que, de la revisión de la contestación del demandado (fs. 47 a 53), el Banco recurrente hace mención a la prescripción de la liquidación del finiquito N° 03132 de 05 de diciembre de 1996, el cual comprendió el periodo de 17 de mayo de 1988 hasta el 30 de noviembre de 1999, y que el mismo se encontraba prescrita, para posteriormente señalar que prescribió su bono de antigüedad y el pago de labor extraordinaria, pero en ningún momento señala de manera expresa una prescripción sobre el derecho a la vacación a favor del trabajador, además que, después de notificado con la Sentencia N° 121/2006 de fs. 535 a 537 vta., la parte demandada si no estaba de acuerdo con el monto del derecho a vacación otorgado por la Juez de la causa, debió apelar de manera específica dicho agravio en su recurso de apelación (fs. 542 a 544), porque del análisis procesal efectuado al expediente se evidencia que la parte recurrente no reclamó oportunamente la presente acusación ante los Tribunales inferiores; de este modo, al haberse prescindido de imputar la infracción ahora alegada, se limita la competencia al Tribunal ad quem para resolverla, quien tiene la obligación de pronunciarse sólo respecto a los agravios que le fueron llevados en apelación.

En efecto, resulta improcedente atender en etapa de Casación los conceptos no reclamados en su oportunidad pudiendo haberlo hecho- menos aún fueron expresados como agravios mediante el  recurso de apelación que motivo el Auto de Vista ahora recurrido, conforme a la pertinencia exigida en el art. 236 del CPC. Es así que indefectiblemente devino en la imposibilidad de retrotraer etapas procesales ya extinguidas o consumadas por pérdida de la oportunidad conferida por Ley (principio de preclusión); en tal sentido, resulta inoportuno considerar en esta instancia una supuesta prescripción al derecho adquirido de la vacación del trabajador, conforme lo regulado en los arts. 3.e) y 57 del CPT.

       Por lo analizado en los puntos precedentes, se concluye que es parcialmente evidente la violación de las normas acusadas, por lo que corresponde resolver el recurso formulado en la forma prevista por los arts. 271.4 y 274.II del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista N° 311/08 de 17 diciembre, de fs. 568 a 569, sólo en cuanto se refiere al cálculo del bono de antigüedad, el mismo que deberá ser calculado sobre un salario mínimo nacional, conforme lo fundamentado en el presente fallo, cuya liquidación será efectuada en ejecución de fallos, manteniendo en lo demás, firme y subsistente el fallo recurrido.

Sin responsabilidad de multa por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera