TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 488

Sucre, 10 de julio 2015

Expediente: 66/2011-A

Demandante: Gobierno Municipal de La Paz

Demandado: Ángela Quispe Ticona y otro.

Distrito  : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Karla Elizabeth Zurita Plata en representación del Gobierno Municipal de La Paz, de fs. 716 a 718 vta., contra el Auto de Vista N° 129/2010 de 7 de mayo, cursante de fs. 713 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso Coactivo Fiscal seguido por el Gobierno Municipal de La Paz, contra Ángela Quispe Ticona y Daniel Quevedo Villagómez; el Auto que concedió el recurso, de fs. 720; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Que, en la tramitación del proceso coactivo fiscal, el Juez Tercero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronuncio Sentencia N° 90/2009 de 1 de septiembre, de fs. 699 a 702, declarando extinguida la acción judicial y probada la excepción de prescripción; dejó sin efecto la Nota de Cargo 070/2005 de 08 de septiembre, girada contra Ángela Quispe Ticona y Daniel Quevedo Villagómez, y levantó todas las medidas precautorias ordenadas en contra de los coactivados.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la parte coactivante, la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, dictó el Auto de Vista N° 129/2010 de 7 de mayo, que confirmó la Sentencia N° 90/2009, de 1 de septiembre de fs. 699 a 702. Sin costas en aplicación al art. 39 de la Ley Nº 1178.

I.2 Motivos del Recurso de Casación

Dicha resolución, motivó el recurso de casación en el fondo por parte de Karla Elizabeth Zurita Plata en representación del Gobierno Municipal  de La Paz, de fs. 716 a 718 vta., bajo los siguientes argumentos:

1) Vulneración del art. 324 de la Constitución Política del Estado.

Que, el Auto de Vista N° 129/10 de 7 de mayo de 2010, que ha confirmado la sentencia N° 90/2009, contraviene lo establecido por el art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), el que establece, que las deudas por daños económicos ocasionados al Estado no prescriben (art. 324 de la CPE), dicho precepto constitucional tiene eficacia plena en el tiempo, lo que significa que se debe aplicar de forma inmediata, los preceptos constitucionales tienen eficacia plena en el tiempo lo que significa que se debe aplicar de forma inmediata en resguardo de una aplicación ordenada y de la seguridad jurídica. La Constitución Política del Estado al ser del ordenamiento jurídico no puede estar sometida a las reglas de la irretroactividad al contrario dadas las características anotadas y dada la fuerza expansiva de la Constitución, es el ordenamiento jurídico el que deba readecuarse a los nuevos lineamientos establecidos por la Ley Suprema.

La política Fiscal, fue implementada con la nueva CPE, con el fundamento de  defender los intereses del Estado, debiendo tomarse en cuenta que, el daño económico afecta a la comunidad en su conjunto, siendo la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado la acción jurídica en su defensa, estableciéndose para ello, un conjunto de disposiciones anticorrupción entre ellas la imprescriptibilidad art. 112, retroactividad de la Ley Penal anticorrupción art. 123, el control social art. 241, la imprescriptibilidad art. 324 de la CPE, por lo que resulta imperativo promover por todos los medios posibles la recuperación del patrimonio público.

2) Vulneración del art. 39 de la Ley N° 004/2010

El art. 39 de la Ley anticorrupción 004 establece: Se modifican los Arts. 1502, 1552 y 1553 del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto: (Excepciones) La prescripción no corre: 6) En cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado. La disposición derogatoria de la Ley dispone: b) Toda disposición legal contraria a la presente Ley. Tomando todos estos preceptos legales se concluye que el art. 40 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, referida a la prescripción de la responsabilidad administrativa fue derogada es decir, esta disposición no puede aplicarse al presente caso.

I.2.1 Petitorio

El Gobierno Municipal de La Paz, pide que este Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista, por evidente violación de las normas antes citadas y deliberando en el fondo declare improbada la excepción de prescripción y declare probada en todas sus partes la demanda e improbada la excepción de prescripción, con costas.

       CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos del fallo

El recurso traído a casación por el Gobierno Municipal de La Paz, se centra sobre la controversia de violación, interpretación incorrecta e inaplicación de normas constitucionales como el art. 324 y normas infra-constitucionales como el art. 39 de la Ley N° 004, pasando a resolverse en conjunto, atribuyéndonos el orden para hacerlo más didáctico, sin que por ello se tache de incongruente, o falta de respuesta o fundamentación a alguno de los puntos.

En la especie, el art. 324 de la CPE, establece: “no prescribirán las deudas por daños económicos causado al Estado”[sic], a su vez el art. 1502 del CC, modificado por el art. 39 de la Ley N° 004 señala: “La prescripción no corre: 6):En cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado” [sic], por su parte el art. 40 de la Ley 1178 establecía: “Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. El plazo de la prescripción se suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en las formas establecidas en el Código Civil. (…)…” [sic].

Ante el referido diseño normativo, éste Tribunal tiene el siguiente entendimiento: De una interpretación sistemática de éstas normas constitucionales e infra-constitucionales, con necesaria coherencia interna de la norma fundamental establecida en la Cuarta Parte; Capítulo Tercero; Sección Política Fiscal, referida por el recurrente; en la que se encuentra situada el art. 324, en referencia al daño económico; que se debe entender aquel que afecta al patrimonio del Estado, como un daño material, siendo su comprensión por estar necesariamente relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionarios públicos, que causen menoscabo patrimonial al estado o por particulares que se beneficien con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley 1178 (Ley SAFCO).

Nótese que en fecha 20 de agosto de 2012, mediante Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 790/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), declaró inconstitucional el art. 40 de la Ley SAFCO, que fijaba el tiempo de 10 años para la prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la Responsabilidad Civil. Se debe entender que por el principio de irretroactividad de la Ley (art. 123 de la CPE), esta declaración de Inconstitucionalidad, no puede aplicarse retroactivamente al caso en revisión; por cuanto, la derogatoria de dicho Ordenamiento Jurídico, surte sus efectos a partir de la fecha de su publicación (art. 107.3 de la Ley del (TCP), concordante con el art. 78.II. 4 del Código Procesal Constitucional.

Este Tribunal de Casación instituido para preservar la observancia de la Ley, desde un punto de vista procesal, cuyo objeto fundamental, es no precisamente avocarse al análisis de las pretensiones de las partes; acto reservado para los de instancia; sino comprobar el proceder de los jueces y tribunales de grado e instancia; es decir, revisar la aplicación de la ley sustantiva y de la ley procesal, en aras de consolidar la seguridad jurídica y así la tutela judicial efectiva, correspondiendo verificar si se aplicaron las normas vigentes el momento de ocurridos los hechos, bajo las circunstancias legales correspondientes; asumiendo su rol controlador de garantías constitucionales conforme lo establece el art. 115 y 410 de la CPE, concordante con el art. 15.I de la Ley Nº 25 Ley del Órgano Judicial (LOJ).

De la compulsa de antecedentes se pudo evidenciar que la conducta transgresora, conforme lo evidencia el Dictamen de Responsabilidad Civil emitido por la entonces Contraloría General,  se produjo en los años 1994 1995, y el art. 40 de la Ley (SAFCO), aún no derogado establecía que las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la Responsabilidad Civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal.(años 1994 a 1995 en el presente caso), por otra parte el art. 1492 del CC, establece: “ I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (…)”[sic].

En el caso de Autos la obligación emergente de la Responsabilidad Civil, (1994-1995), e prescribió por el transcurso de más de 10 años de inacción del Gobierno Municipal de La Paz, evidenciándose que la interrupción del cómputo de la prescripción conforme lo determinado por el art. 1503 del CC, se efectivizó tardíamente en fecha 5 de febrero de 2009, con la notificación al co-activado con demanda, todo ello en concordancia con los argumentos señalados y compulsados en sus resoluciones por el A quo como por el Tribunal ad quem, en las que se concluyó acertadamente que al no haberse interrumpido el curso de la prescripción; la obligación de la Responsabilidad Civil del co-activado prescribió.

La Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, al confirmar la Sentencia N° 90/2009 1 de septiembre, obró correctamente, por todo ello, al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver aplicando los arts. 271.2 y 273 del CPC, por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 1 y 24 de la Ley de Procesamiento Coactivo Fiscal, aprobado por Decreto Ley (DL) Nº 14933 del 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley SAFCO del 20 de julio de 1990.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 716 a 718 vta., interpuesto por Karla Elizabeth Zurita Plata en representación del Gobierno Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista N° 129/2010 de 7 de mayo, cursante a fs. 713 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm.,  Social  y Adm. Primera