TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo N° 481

Sucre, 10 de julio de 2015

Expediente: 101/2015-S

Demandante: Armin Rivera Velásquez

Demandado: Franz Cruz Huanca

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo expresado en los memoriales de fs. 107 a 112, 113 a 115, y 116 a 117 vta., interpuestos por Franz Cruz Huanca, contra el Auto de Vista N° 384 de 8 de octubre de 2013 (fs. 104 a 105), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso social por pago de Beneficios Sociales y derechos laborales que sigue Armin Rivero Velásquez contra Franz Cruz Huanca; la respuesta al recurso de fs. 120 a 125; el Auto que concedió el recurso a fs. 126; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Quinto de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia N° 725 de 17 de octubre de 2012 (fs. 56 a 61), por la que declaró improbadas la excepciones perentorias de prescripción y de cosa juzgada opuestas por Franz Cruz Huanca mediante memorial cursante de fs. 17 a 21; así también declaró probada, con costas, la demanda de fs. 2 a 3 vta., disponiendo que el demandado pague a favor de la actora el monto de Bs.71.912,64.-(setenta y un mil novecientos doce 64/100 Bolivianos), por los conceptos de desahucio, sueldos devengados, aguinaldo y horas extras, más la multa del 30%, actualización y reajustes dispuestos por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006, todo conforme el detalle que se tiene asentado en la misma Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista   

Dicha resolución fue recurrida en apelación por el demandado (fs. 78 a 88), mereciendo en consecuencia el Auto de Vista Nº 384 de 8 de octubre de 2013 (fs. 104 a 105), por el cual, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró inadmisible el recurso ordinario de apelación interpuesto por el demandado.

I.2. Motivos del recurso de casación

El mencionado Auto de Vista originó que el demandado, formule los recursos de casación en la forma y en el fondo, cursantes de fs. 107 a 112, 113 a 115, y 116 a 117 vta., los cuales en lo esencial de su contenido, señalaron:

I.2.1. Recurso de casación en la forma

Que, el Auto de Vista es violatorio a normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, puesto que declaró inadmisible la apelación que planteó, con el fundamento que la misma fue presentada fuera del plazo de los 5 días, así como aplicó el art. 220.I del Código de Procedimiento Civil (CPC), computando el plazo de momento a momento, y no como señala el art. 205 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que indica que el plazo corre de día a día.

Mencionó que, dicha interpretación es errónea y prohibida por ley, en aplicación a los arts. 1, 2, 7, 205 y 252 del CPT, indicando que el art. 90 del CPC señala que las normas procesales son de orden público y cumplimiento obligatorio, y que para interpretar artículos se debe analizar el art. 158.I.3 de la CPE, por lo que en relación directa a todo lo acusado, debe aplicarse el art. 122 de la CPE.

Refirió también, que la resolución impugnada violenta los arts. 3.3 y 4, 15.II, 30.12 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), y los arts. 8.II, 117.I, 119.I, 120.I, 178.I, 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el principio de impugnación en los procesos judiciales.

Señaló que, con la fundamentación realizada se cumple la especificidad que requiere el régimen de nulidades, conforme al art. 251.I del CPC; señaló también que existen artículos que prohíben realizar cualquier interpretación de las leyes laborales; que la constitución declara nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen; que el Tribunal ad quem violó el art. 7 del CPT; y que al existir duda sobre el alcance del art. 205 del CPT, el Tribunal de Apelación debió pedir la interpretación del mismo a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Concluyo señalando que, el Auto de Vista impugnado no resolvió la apelación, que los miembros del Tribunal ad quem no dieron cumplimiento al CPT y aplicaron de manera ilegal el CPC, que rechazaron el recurso de apelación usurpando funciones que no les compete, que en el caso de duda debieron aplicar el principio de recurribilidad de las decisiones judiciales, que no se cumplió el debido proceso y no se respetó la seguridad jurídica, la igualdad procesal, y que el Auto Supremo que se mencionó en el Auto de Vista no es vinculante a todos los procesos laborales.

I.2.2. Recurso de casación en el fondo

Indicó que, se violentaron derechos y garantías constitucionales, así como también se incurrió en errónea interpretación y aplicación de la Ley, conforme al art. 253.1 del CPC, puesto que la Sentencia, declaró improbada la excepción de prescripción, con el argumento que la relación laboral con la demandante, habría concluido recién en fecha 20 de octubre de 2010, y que no transcurrió el plazo ley para la prescripción, siendo que cursa prueba documental con la cual se evidencia que la demandante, confesó y declaró que inició su relación laboral en fecha 5 de febrero del 2006 hasta el 30 de julio de 2009, por lo que debió aplicarse el art. 154 del CPT y declarar probada la excepción perentoria de prescripción.

Refirió también que la Sentencia, rechazó la excepción perentoria de cosa juzgada, con el argumento de que el documento conciliatorio entre la actora y su persona, suscrito por intermedio del Ministerio de Trabajo, no tiene validez de acuerdo al art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), pero no se tomó en cuenta que dicho documento únicamente determinó y calificó conforme a ley, lo que le correspondía a la actora, más aún cuando el art. 135 del CPT, exige documentos para declarar probada esta excepción, aspecto que fue cumplido, al adjuntar prueba legalmente obtenida del Ministerio de Trabajo.

Acusó también que, conforme al art. 253.3 del CPC, se habría incurrido en error de derecho y error de hecho, puesto que la prueba documental consistente en la pre liquidación, las declaraciones de los testigos de descargo y la confesión provocada donde la actora reconoció el trámite ante el Ministerio de Trabajo, tiene la fuerza probatoria de los arts. 159, 161.a), 162 y 165 del CPT; pero que el Juez en su Sentencia, obvió dicha prueba, determinando que la relación laboral concluyó el 20 de octubre de 2010, que el sueldo promedio era de Bs.3.000.-, que se adeudan 6 meses de sueldos, 2 años de aguinaldos y horas extras, por lo que se evidencia error de hecho en la apreciación de la prueba, la cual demostraba que la relación laboral de la actora concluyó el 30 de julio de 2009, que su sueldo era Bs.1.467.-, que se debía 7 meses de aguinaldo, un solo mes de sueldo y que no trabajó horas extras.  

I.2.3. Petitorio

Concluyó solicitando a este Tribunal, en el fondo, case el Auto de Vista y la Sentencia dictada, resolviendo y declarando válida la liquidación emitida por el Ministerio del Trabajo y en la forma solicito, anule el Auto de Vista de 08 de octubre de 2013, cursante a fs. 104 y 105 y que disponga que la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, analice la apelación planteada y dicte un nuevo Auto de Vista conforme a ley.

       CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

       Así, planteado el recurso de casación en la forma y en el fondo, este Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación de resolver en primer término el recurso de casación en la forma, puesto que de encontrar evidente la infracción en la forma, haría improcedente un análisis respecto al fondo de la litis, por lo que se resuelve, conforme a los siguientes fundamentos:

       II.1.1. Resolviendo el recurso de casación en la forma

       Se observa que el reclamo se concentra en la interpretación normativa respecto al cómputo de plazos procesales para apelar, de modo que, el análisis estará relacionado a dicho aspecto.

       Es necesario y preciso indicar también que, el art. 17.I de la LOJ, dispone que este Tribunal tiene la facultad de revisar de oficio los antecedentes del proceso, a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan su correcta tramitación y conclusión, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de oficio, conforme establece el art. 252 del CPC, aplicable por mandato del art. 252 del CPT.

Dentro ese marco normativo, el art. 205 del CPT, dispone: “Notificadas las partes con la sentencia, tienen el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación fundamentada, del que se correrá traslado que será contestada dentro de igual término, y de tres días tratándose de autos interlocutorios. Vencidos estos términos, los recursos serán rechazados”; por lo que es importante señalar que, la perentoriedad y la fatalidad de los plazos, tienen la finalidad de moderar posibles arbitrariedades en las que podría incurrir el juzgador, preservando de tal forma el principio de seguridad jurídica, puesto que, existiendo un plazo legal, no pueda el juez a su libre arbitrio ampliarlo o reducirlo, a excepción de determinados casos especiales en los que es la misma ley es la que faculta expresamente tales decisiones.

       En ese sentido, se tiene que el art. 205 del CPT señala 5 días de plazo para recurrir en apelación de la Sentencia, pero no establece desde cuándo debe computarse dicho plazo, aspecto que no se encuentra previsto en el CPT, siendo necesario aplicar de acuerdo al art. 252 del mismo Código, las disposiciones del CPC respecto a los plazos procesales, el cual en su art. 140.I, dispone que los plazos procesales comenzarán a correr desde el día hábil siguiente a la notificación con la resolución judicial respectiva, siendo  complementado dicho artículo, con el art. 142 del mismo cuerpo legal, el cual señala: “Los plazos quedarán vencidos en el último momento hábil del día respectivo”, por lo que se concluye que el plazo para recurrir en apelación, se computa desde el día hábil siguiente a la notificación con la Sentencia, y no así de momento a momento como equivocadamente señaló el Tribunal ad quem en su Auto de Vista impugnado.

       Bajo este contexto, en el caso concreto, se advierte que la notificación al demandado con la Sentencia N° 725 de 17 de octubre de 2012, cursante de fs. 56 a 61, se realizó en fecha 6 de diciembre de 2012, a horas 10:00, según el formulario de notificaciones de fs. 76, y que la presentación de la apelación fue en fecha 11 de diciembre de 2012, a horas 11:56, cumpliendo el plazo de los cinco días establecidos por Ley.

A mayor abundamiento, se puede citar la jurisprudencia de las Sentencias Constitucionales (SSCC) Nos. 0930/2003-R de 03 de julio, 0564/2004-R de 15 de abril y 1508/2005-R de 25 de noviembre, siendo que esta última establece:

“…se establece que los plazos procesales pueden computarse por día, así como de momento a momento, para el caso de los plazos procesales que se cuentan por días, el término comienza a correr desde el día hábil siguiente a la notificación y culmina el último momento hábil del día que corresponde; mientras que para los plazos que se cuentan de momento a momento, el cómputo se inicia desde el momento de la notificación, y culmina en la hora similar del día en que se cumplen los concedidos como plazo…” (sic) (el resaltado es nuestro).

“…Dicho eso, corresponde definir que el término concedido por las normas del art. 205 del CPT es un plazo que se computa desde el día hábil siguiente a la notificación con la sentencia, pues dicha norma no dispone que deba ser calculado de momento a momento, siendo por tanto aplicable la previsión que con carácter general establece el art. 140.I del CPC, de ello se infiere también que concluye el último momento hábil del día en que se cumple dicho plazo…” (sic) (el resaltado es nuestro).

En consecuencia se concluye que el plazo para apelar, se computa a partir del día siguiente hábil en forma ininterrumpida y perentoria, siendo de aplicación, para el caso, lo previsto por el art. 141 del CPC; por lo que corresponde a este Tribunal en aplicación al principio de seguridad jurídica, el cual se encuentra establecido en los arts. 178.I de la CPE y 3.4 de la LOJ, corregir el error del Tribunal de segunda instancia, que no admitió el recurso de apelación cursante de fs. 78 a 88, más aún cuando de acuerdo al art. 180.II de la CPE, se encuentra garantizado el principio de impugnación en los procesos judiciales.

       Finalmente es necesario indicar que, este Tribunal no puede ingresar a resolver los recursos de casación en el fondo, toda vez que el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre las cuestiones de fondo llevadas en apelación.

Por consiguiente, este Tribunal llega a la conclusión que la nulidad reclamada en el recurso de casación en la forma de fs. 107 a 112, conforme los fundamentos antes expuestos, es evidente, correspondiendo por lo tanto dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 17.I de la LOJ, 106 del Nuevo Código Procesal Civil, 271.3 y 275 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el sorteo de fs. 103 inclusive, debiendo el Tribunal ad quem,  previo sorteo y sin espera de turno, emitir nuevo Auto de Vista, resolviendo el fondo de la problemática planteada en el recurso de apelación de fs. 78 a 88, conforme a los fundamentos expresados en la presente resolución.

No siendo excusable el error cometido, se sanciona a los vocales que suscribieron el fallo recurrido, con la suma de Bs.300,00.- a cada uno.

Se regula honorario profesional del abogado de la parte demandante, en la suma de Bs. 500 (quinientos 00/100 bolivianos) que mandará pagar el Juez a quo.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de Autos Supremos Anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm.,  Social  y Adm. Primera