TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO Nº 474

Sucre, 01 de julio de 2015

Expediente: 80/2015-S

Demandante: Jorge Francisco Alfaro Casazola        

Demandada: Empresa Andean Foods Enterprice

Distrito        : Oruro

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: Los recursos de casación en el fondo y la forma de fs. 1227 a 1228 vta., interpuesto por la Empresa “Andean Foods Enterprice” (ANFE) representada legalmente por Martin Oscar Soria Vallejos; y de fs.1231 a 1233, interpuesto por Jorge Francisco Alfaro Cazasola, ambos contra el Auto de Vista Nº 05/2015 de 13 de enero (fs. 1221 a 1225), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; dentro el proceso laboral por cobro de beneficios sociales seguido por Jorge Francisco Alfaro Casazola, contra la Empresa ANFE; el Auto Nº 013/2015 a fs. 1236 que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del Proceso

I.1 Sentencia

Que tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 032/2014 de 25 de abril, de fs. 1188 a 1194, por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 3 a 4 vta., de obrados, disponiendo  que la institución demandada, a través de su representante legal, cancele al actor la suma total de Bs. 17.453,52.-(diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y tres 52/100 bolivianos), por los concepto de: indemnización, desahucio; con un sueldo promedio indemnizable de Bs.4.400,00.-, por el tiempo de servicios de 11 meses y 18 días. Sin perjuicio de que en ejecución de sentencia se aplique lo dispuesto en el art. 9 del DS Nº 28699.

I.2 Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelaciones de fs. 1199 a 1200, por Martín Oscar Soria Vallejos, en representación legal de la Empresa ANFE y el de fs. 1207 interpuesto por Jorge Francisco Alfaro Casazola; mediante Auto de Vista Nº 05/2015 de 13 de enero (fs. 1221 a 1225) la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, revocó parcialmente la Sentencia 032/2014 de 25 de abril, cursante a fs. 1188 a 1194 de obrados.

I.3 Motivos del recurso de casación en el fondo interpuesto por ANFE

a) En la forma

Que la autoridad no se pronunció sobre las pretensiones deducidas en la apelación, señalando que no se hubiere solicitado el mismo conforme determina el art. 237 del Código de Procedimiento Civil (CPC), siendo en este caso una resolución infra petita, que al exponer los motivos de la apelación las pretensiones están deducidas y la solicitud es clara, se apeló la Sentencia con la firme intención de su revocación, planteando recurso de casación en la forma conforme el art. 254.4) del CPC.

b) En el fondo

La Empresa recurrente, señaló que la prueba adjuntada no fue valorada, no existiendo una correcta apreciación de las mismas, incurriendo en error de derecho, vulnerándose el art. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT); porque claramente se evidenció que se canceló por concepto de honorarios profesionales, mismas por las cuales la autoridad no se pronuncia, que todo pago con fondos de la Empresa siempre se lo realizó mediante cheques, boletas de pago, los cuales siempre llevan el sello y la autorización de la Empresa y que en este caso no ocurrió. Que nunca existió prestación personal del servicio, no hubo horarios de ingreso y salida porque no era trabajador regular de la Empresa, de acuerdo al sistema biométrico.

I.4 Petitorio

Solicita casar el Auto de Vista en cuanto al recurso de casación en el fondo y en la forma solicita la nulidad de la resolución impugnada.

I.5 Motivos del recurso de casación en el fondo interpuesto por Jorge Francisco Alfaro Cazasola

a) Que el Auto de Vista de forma inentendible le niega el pago por concepto de prima anual por la gestión 2012, supuestamente porque no se explicó qué prima y sobre qué producción, ni tampoco se acreditó con prueba documental si la Empresa demandada hubiera obtenido utilidades o sobrepasado su producción más allá de la meta fijada y porque supuestamente la Empresa al no haber presentado los balances pese de haber sido conminada de hacerlo bajo presunción de certidumbre, tildando al demandante de negligente, por no hacerlo. Que al amparo del art. 57 de la Ley General del Trabajo (LGT) complementada por los arts. 48 y sgts. del DS Nº 244 de 23 de agosto de 1943 que taxativamente determinan que el pago de la prima procede por la obtención de utilidades al finalizar el año, que deben ser probadas por el empleador, determinado en los arts. 160 y 161 del CPT y en aplicación del principio de inversión de la prueba. Por lo que el Tribunal ad quem al haber negado este derecho violó flagrantemente lo determinado por el art. 57 de la LGT Y 48 y sgts. del DS Nº 244 de 23 de agosto de 1943.

b) Por otro lado el Tribunal ad quem sin efectuar una mínima fundamentación otorga el derecho a aguinaldo por los 31 días del mes de enero de 2013, haciendo un cálculo sobre el salario mínimo nacional de ese año de Bs. 1200.- violando con ello de forma clara lo determinado por el art. 2 del DS Nº 229 de 21 de diciembre de 1944 que establece que para calcular el aguinaldo  de navidad deberá tomarse en cuenta en caso de empleados el promedio del total de los tres últimos sueldos percibidos por el mismo y no así sobre el salario mínimo nacional.

       c) Asimismo señala, que el Auto de Vista si bien le otorgó el reintegro salarial por los 31 días del mes de enero de 2013, sin una adecuada fundamentación legal le otorgó este derecho en base al salario mínimo nacional de ese año, violando flagrantemente lo determinado en la RM 261/13 de 22 de abril que determina que el incremento salarial para la gestión 2013 para el sector privado se aplicará sobre el salario básico en un 8% como base de negociación mínima y no así sobre el salario mínimo nacional, consecuentemente el reconocimiento y pago por dicho concepto deberá ser reconocido y cancelado a su favor.

I.6 Petitorio

Solicita se sirva declarar, casando parcialmente el Auto de Vista recurrido  en lo relativo a la errónea aplicación de las normas precedentemente señaladas y sea con costas.

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos Jurídicos del fallo

Que así planteados los recursos de casación en el fondo, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

II.1 En relación al recurso de casación en el fondo y forma interpuesto por ANFE

1) En la forma

La Empresa impugna que el Auto de Vista no se pronuncia sobre las pretensiones deducidas en la apelación, por considerar que los motivos del  recurso no fueron claros, planteando recurso de casación en la forma conforme el art. 254.4) del CPC.

Que revisados los antecedentes procesales, interpuesto el recurso de apelación por la Empresa demandada de fs. 1199 a 1200, en la misma se identifica dos principales motivos, referente a la falta de valoración probatoria que son: 1) La inspección de visu, 2) La inexistencia en el registro biométrico de asistencia del demandante; porque era contratado para una consultoría, cancelándose honorarios profesionales. Aspectos que fueron absueltos en el Auto de Vista a fs. 1222 a 1223 vta., señalando con respecto al punto 1, “que, no es evidente que no fue valorado el actuado de la inspección de visu, la jueza de la causa valoró toda la prueba aportado al proceso de modo integral como establece el art. 3 in. J) del Código Procesal del Trabajo y art. 158 del mismo Cuerpo Legal, en el marco de sana crítica y razonamiento llegando a la convicción que ciertamente el demandante en parte tuvo razón de interponer la demanda de beneficios sociales, cuya resolución guarda correspondencia entre lo demandado y lo resuelto, en ese entendido por la A quo no se ha vulnerado ninguna norma adjetiva o sustantiva…”(sic).

Por otro lado con referencia al punto 2 reclamado, el Tribunal ad quem expresó: ”...los testigos en sus atestaciones de cargo de fs. 500 a 501, fs. 503-503 vlta., fs. 505 a 506, fs. 508 a 509 dijeron de modo uniforme que el ahora demandante ingresaba en horas de trabajo y siempre lo vieron todos los días en circunstancias de trabajo en esa consecuencia las atestaciones de los testigos hacen eficacia probatoria y confrontadas con las otras pruebas hicieron creíbles para la juzgadora sobre la verdad de los hechos y actos…”(sic); en virtud a la respuesta otorgada por el Tribunal de alzada, la resolución de Vista impugnada no incurre en la causa de nulidad del art. 254.4 del CPC.

2) En el fondo

El motivo principal del recurso de casación en el fondo es la falta de valoración probatoria de descargo, ofrecida por ANFE, señalando que el Juez incurrió en error de derecho, vulnerándo el art. 3.j) y 158 del CPT.

Sobre el particular la Sala considera que la valoración de la prueba en materia laboral se inscribe en lo que doctrinalmente se denomina el sistema de libre apreciación, dentro de los parámetros de la sana crítica, que a decir de Heberto Amilcar Baños, "…no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (...) se trata de criterios normativos (reglas no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad". Así pues el art. 158 del CPT ordena que "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes...".

La uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia establece que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los Jueces y Tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que el recurso acuse y se pruebe la existencia del error de hecho o de derecho, de acuerdo a la regla establecida en el art. 253.3 del CPC, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

Conviene tener presente que el error de derecho en la apreciación de la prueba, doctrinalmente es entendido como una operación racional fallida nugatoria del valor o la validez que otorga la Ley a determinada prueba o, en contrario, atribuye valor legal a la que carece de ella. También se atribuye a esta categoría la inexacta ponderación jurídica respecto de la procedencia, fuerza y eficacia de un elemento probatorio. (Auto Supremo No 188/2014-S de 26 de junio).

Conforme a la documentación que cursa en el expediente, el Tribunal ad quem confirmo adecuadamente la valoración probatoria realizada por la Juez de Instancia, es así que evidenció que efectivamente existió relación laboral entre el demandante y la Empresa ANFE, hecho admitido en las literales de fs. 212 y 213 donde se establece el sueldo de los meses de febrero y marzo de 2012, los depósitos en efectivo de fs. 7, 225 A, 226 A; además las pruebas cursantes a fs. 214 y 215 de obrados, que demuestran a la conciliación que se arribó ante la Jefatura Departamental del Trabajo, reconociendo en la propuesta de pagar los honorarios en promedio de los tres últimos meses, e indemnización por 11 meses a favor de su trabajador. Conforme a la falta de marcación de ingreso y salida que se señala; por las testificaciones de cargo que se tuvo, de fs. 500 a 501, 503 y vta. 505 a 506, 508 a 509 vertieron de forma idéntica que el demandante ingresaba en horas de trabajo y siempre lo vieron todos los días en circunstancias de trabajo, además de ser el encargado de hacer las entrevistas a los trabajadores que ingresaban a trabajar; en consecuencia en el marco de lo anterior es preciso señalar que toda la prueba ofrecida tanto por los demandantes como por la institución demandada, fueron oportunamente considerados y valorados por la Juez de instancia, conforme a la sana lógica, la experiencia y los elementos hallados en el proceso, conforme a los arts. 48 de la CPE, 158 del CPT y 397 del CPC, situación que es confirmada por el Auto de Vista acertadamente, por lo que no existe la vulneración alegada.

Por lo relacionado, no siendo evidentes las infracciones acusadas por la Empresa demandante, corresponde resolver el recurso en la forma que prevén los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

II.2 En relación al recurso de casación en el fondo interpuesto por Jorge Francisco Alfaro Cazasola

a) El demandante denuncia que el Auto de Vista de forma inentendible le niega el pago por concepto de prima anual por la gestión 2012, supuestamente porque no se explicó que prima y sobre qué producción, ni tampoco se acreditó con prueba documental si la Empresa demandada hubiera obtenido utilidades o sobrepasado su producción más allá de la meta fijada.

A fin de resolver la presente controversia corresponde señalar que, la prima anual es considerada como una remuneración adicional adquirida por los empleados y obreros por un esfuerzo también adicional que se refleja en la obtención también exitosa de utilidades en beneficio de la Empresa para la cual trabajan, pudiendo decirse que este derecho es una forma de participación del trabajador en las utilidades obtenidas, no entendiéndose lo antedicho bajo ningún concepto como una sociedad entre empleados y patronos conforme lo hace entender el art. 4 de la Ley de 11 de junio de 1947, derecho que ha sido constantemente  modificado a través del tiempo mediante las siguientes normas: DL Nº 6 de 27 de noviembre de 1943, art. 3 del DS Nº 229 de 21 de diciembre de 1944, art. 3 de la Ley de 11 de junio de 1947 y al final por el art. 27 del DS Nº 3691 de 3 de abril de 1954 habiendo finalmente quedado el art. 48 de DR-LGT que lo regula que las Empresas que hubieren obtenido utilidades al finalizar el año otorgarán a su empleados y obreros, una prima anual de un mes de sueldo o salario. Serán acreedores al beneficio que establece la ley, los empleados y obreros que hubieren trabajado más de tres meses y un mes calendario, respectivamente, a los que hubiesen prestado sus servicios por un tiempo menor de un año, se les concederá la prima en proporción al tiempo trabajado.

En ese entendido el art. 49 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT) señala: “En ningún caso el monto total de estas primas podrá sobrepasar el 25 % de las utilidades netas; el pago se hará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación legal del respectivo balance, para los efectos de este artículo no se computarán los periodos de enfermedad. Si dicho 25 % no alcanzase a cubrir el monto de las primas, su distribución se hará a prorrata”, que en el articulado pre citado refiere una distribución del 25% de las utilidades que debe efectuarse necesariamente entre todos los trabajadores de acuerdo a los ingresos que percibe cada uno. Por otro lado el art. 50 de la norma citada, establece que para la acreditación de la existencia de utilidades, el documento que sirve como prueba fehaciente es el balance general de ganancias y pérdidas presentado ante el Servicio de Impuestos Nacionales conforme al art. 36 del DS Nº24051, Reglamento del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas; y que la falta de presentación de este documento por disposición del art. 181 del CPT, hará presumir la obtención de utilidades.

Consiguientemente, corresponde al empleador aportar los elementos legales que lo eximan del pago al evidenciarse que en materia laboral la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal, conforme disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador.

En este contexto, en el caso objeto de análisis, se advierte que la parte demandada presentó los estados financieros practicados al 31 de marzo de 2013, consignando a fs. 305 como utilidad neta de la gestión Bs. 76.646,98.-, presentados ante el Servicio de Impuestos Nacionales, advirtiéndose de esta manera que la entidad demandada cumplió con la carga procesal de presentar sus estados financieros, razón por la cual no corresponde presumir la obtención de utilidades, pues si bien materia laboral debe aplicarse el principio protector empero, tampoco debe perderse de vista que la aplicación de dicho principio debe ser racional, debiendo ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio.

En consecuencia la afirmación a la que llegó el Tribunal de Alzada de considerar que la producción obtenida por la Empresa sea mínima, es  errónea, puesto que conforme a última planilla presentada por la Empresa de fs. 1155, erogaba un gasto mensual en sus trabajadores por la suma de Bs- 10.550,00.- suma que no sobrepasa la utilidad neta de esa gestión que era de Bs. 76.646,98.-; por tanto al haber trabajado el demandante en la gestión 2012  desde el 13 de febrero, corresponde el pago de la prima por duodécimas, por la existencia de la utilidades obtenidas por ANFE durante esa gestión.

b) Por otro lado atribuye que el Tribunal ad quem sin efectuar una mínima fundamentación otorga el derecho a aguinaldo por los 31 días del mes de enero de 2013, haciendo un cálculo sobre el salario mínimo nacional de ese año de Bs. 1200.- violando con ello de forma clara lo determinado por el art. 2 del DS Nº 229 de 21 de diciembre de 1944.

Corresponde puntualizar al respecto, que el aguinaldo es un derecho que adquieren las trabajadoras y los trabajadores por prestar sus servicios por cuenta ajena, el mismo que fue instituido por Ley de 18 de diciembre de 1944 "Ley de Aguinaldo de Navidad" como una gratificación a empleados y obreros, hasta antes del 25 de diciembre de cada año, corresponde su pago, que es equivalente a un sueldo o salario. El DS Nº 229 de 21 de diciembre de 1944 establece en su artículo tercero el tiempo mínimo que se tiene  que trabajar para adquirir este derecho, determinando que serán acreedores al beneficio que acuerda la Ley los empleados y obreros que hubiesen trabajado más de tres meses y un mes calendario, respectivamente. A los que hubiesen prestado sus servicios por un tiempo menor a un año, se les concederá el aguinaldo por duodécimas.

Siguiendo este entendimiento, el Tribunal ad quem otorgó efectivamente este derecho, al afirmar que el recurrente efectivamente trabajó 11 meses y 18 días al mes de enero de 2013, en ese sentido al haber cumplido con la normativa señalada, corresponde al trabajador el derecho de cobrar por duodécimas el aguinaldo de la gestión 2013, sobre la base del salario percibido en enero de esa gestión, y no así del salario mínimo nacional como erróneamente fija el Tribunal ad quem.

       c) Como último motivo acusó que el Auto de Vista si bien le otorgó el reintegro salarial por los 31 días del mes de enero de 2013, sin una adecuada fundamentación legal le otorga este derecho en base al salario mínimo nacional de ese año, no tomando en cuenta que para el sector privado se aplicó sobre la base del 8%.

       En ese entendido revisado el DS Nº 1549 de 10 de abril de 2013, en su art. 7, establece “para la gestión 2013 el incremento salarial en el sector privado será convenido entre los sectores patronal y laboral, considerando como base de negociación el ocho por ciento (8%) del incremento establecido en el presente Decreto Supremo, cuya aplicación podrá ser inversamente proporcional”, no estableciendo por tanto que se deba aplicar dicho incremento sobre la base del salario mínimo nacional.

Que conforme a la disposición transitoria primera la aplicación del citado Decreto Supremo tiene aplicación retroactiva al 1 de enero de 2013, concordante con el art. 123 de la CPE, en consecuencia corresponde el cálculo del retroactivo de la gestión 2013, sobre la base de su salario percibido en enero del mismo año.

Que en el marco legal descrito, el Tribunal de Alzada incurrió en errónea aplicación de la previsión contenida en el art. 158 del CPT al revocar parcialmente la Sentencia de primera instancia, y no aplicar adecuadamente la norma relativa al pago de  primas, de aguinaldo e incremento salarial, por lo que corresponde aplicar el art. 274 del CPC, con la facultad permisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1227 a 1228 vta., interpuesto por la Empresa ANFE representada legalmente por Martin Oscar Soria Vallejos, y CASA parcialmente el Auto de Vista recurrido de fs. 1221 a 1225 disponiendo que la entidad demandada, cancele a favor del actor además de lo establecido en el Auto de Vista, los conceptos de: prima, incremento salarial y aguinaldo, conforme a la siguiente liquidación:

Fecha de Ingreso: 13/02/2012

Fecha Retiro:        31/01/2013

Tiempo de Servicios                                            : 11 meses y 18 días

Sueldo promedio indemnizable                           : Bs.  4.400,00.-

DESAHUCIO                                                : Bs. 13.200,00.-

INDEMNIZACIÓN                                        : Bs.   4.253,52.-

AGUINALDO                                                : Bs.      409,20.-

PRIMA (10 m. y 16 d.)                                : Bs.   3.862,21.-

INCREMENTO SALARIAL (enero de 2013)        : Bs.      352,00.-

TOTAL A CANCELAR                                : Bs. 22.076,93.-

Más la multa del 30% que establece el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 en su art. 9.

Sin responsabilidad, por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm.,  Social  y Adm. Primera