TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 472

Sucre, 01de julio de 2015

Expediente: 79/2015-S

Demandante: Porcelana Rojas Ojopi

Demandado: Banco Unión S.A.

Distrito        : Beni

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 165 a 168, interpuesto por Banco Unión S.A., a través de su Gerente Regional Fernando Hugo Bejar Molina, contra el Auto de Vista Nº 130/2014 de 31 de diciembre (fs. 146 a 147), pronunciado por la Sala Social del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales y derechos laborales, seguido por Porcelana Rojas Ojopi contra la entidad recurrente; el Auto que concedió el recurso de fs. 172; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del Proceso

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso de referencia, la Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Riberalta del Departamento del Beni, emitió Sentencia Nº 73/2014 de 10 de octubre (fs. 122 a 130 vta.), declarando probada en parte la demanda, sin costas. Disponiendo que en ejecución de Sentencia, el Banco Unión S.A., a través de su representante legal, cancele a la actora, por concepto de beneficios sociales y previas las deducciones de Ley la suma de Bs.29.929,31.- de acuerdo a la liquidación efectuada en la parte resolutiva.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por el representante legal del Banco Unión S.A., la Sala del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Auto de Vista Nº 130/2014, de 31 de diciembre, cursante de fs. 146 a 147, confirmó totalmente la Sentencia Nº 73/2014 de 10 de octubre, sin costas.

II. Motivos del Recurso de Casación

Contra la resolución de segundo grado, Fernando Hugo Bejar Molina en representación legal del Banco Unión S.A., por memorial de fs. 165 a 168, formula recurso de casación en el fondo, en virtud a los siguientes argumentos:

II.1 En el fondo

Denunció, que el Auto de Vista ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba literal y testifical de descargo, tomando en cuenta que, de fs. 39 a 66 de obrados, cursa informe de auditoría interna a través del cual se establece que la cajera Porcelana Rojas Ojopi, no cumplió la normativa y el reglamento interno del Banco, incurriendo con esta conducta en lo determinado por el art. 16 incs. e), f) y g) de la Ley General del Trabajo (LGT), por lo que, no le correspondía el pago del desahucio y pago de beneficios sociales por tiempo de servicios, no haber considerado este aspecto implica violación del art. 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que establece que son pruebas documentales los informes y fotografías, las cuales demuestran que la demandante ha causado un daño económico al Banco Unión S.A. por $us.15.200.- al haber sido cómplice de retiros ilegales de la cuenta del señor Aurelio Mamani.

Señala que, a través de la confesión provocada de la demandante de fs. 101 y vta., la cual tiene la fe probatoria establecida en el art. 167 del CPT, se evidencia que el señor Oscar Salinas Medina retiró de la caja 4 a cargo de la demandante varios depósitos sin autorización y presencia del titular de la cuenta.

II.2 Petitorio

Concluyó solicitando se case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda con costas.

       CONSIDERANDO II:

I. Fundamentos Jurídicos del fallo

Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, se colige que el reclamo central está referido a determinar si el tribunal de apelación al confirmar la Sentencia que declara probada en parte la demanda, incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba documental y confesional de descargo, así como errónea aplicación de los incs. e), f) y g) del art. 16 de la LGT, al concluir que se trataría de un despido injustificado de la trabajadora y por consiguiente le corresponde el pago de sus beneficios sociales, cuando hubo incumplimiento de la normativa interna del Banco y el reglamento interno por parte de la trabajadora.   

Identificada la controversia, corresponde el análisis y consideración del recurso, partiendo de los siguientes criterios constitucionales y legales:

El art. 48.I.II de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen que “las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”.

Por su parte el art. 49.III de la CPE, dispone: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La Ley determinará las sanciones correspondientes.”

El art. 158 del CPT establece: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes (…)”.

Bajo el contexto legal señalado ut supra, en el caso de Autos, revisado el fallo recurrido, se advierte que éste confirmo totalmente la Sentencia apelada, manteniendo todos los conceptos referidos al pago de beneficios sociales a la actora referidos al desahucio e indemnización por tiempo de servicios. En consecuencia, corresponde verificar si el Tribunal ad quem al tomar esta decisión ha incurrido en error de hecho en la valoración de las pruebas de descargo o error de aplicación de los incs. e), f) y g) del art. 16 de la LGT y consecuentemente violación de los arts. 159 y 167 del CPT.  Al respecto, si bien la institución recurrente en base a la documental cursante a fs. 39 a 66 consistente en un informe de auditoría interna, afirma que hubo incumplimiento de la normativa y del reglamento interno del Banco por parte de la trabajadora, al haber permitido la realización de retiro de efectivo sin la autorización o la presencia del titular de la cuenta, y por esta razón se le entrego el memorándum de destitución inmediata de funciones  en base al inc. g) de la LGT. (fs. 10 y 67), empero, estos datos por si solos no pueden justificar el despido de la trabajadora, por cuanto la auditoria interna en una organización, sirve para ayudar a asegurar que los riesgos claves de negocio están siendo gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente, en base al cumplimiento de las normas contables, que no resulta lo mismo a un proceso interno, instaurado con el propósito de evidenciar presuntas faltas o contravenciones efectuadas por el trabajador, contenidas en el reglamento interno de la Empresa Financiera, a fin de precautelar los derechos, obligaciones y responsabilidades de ambas partes, y otros aspectos del ámbito laboral. En el caso presente,  si la entidad recurrente consideraba que los actora habría incurrido en incumplimiento a la normativa y reglamento interno de la institución, debió haberla sometido a un proceso interno administrativo y/o disciplinario conforme los reglamentos internos de la propia entidad, a través del cual se podría haber comprobado y demostrado cualquiera de las causales legales de despido establecidas en los arts. 16 de la LGT, y 9 del Decreto Reglamentario (DR), aspecto que no ocurrió en el caso de Autos;  de ahí que, no existe argumento legalmente valido, para que la parte recurrente justifique el despido de la actora por supuesto robo o hurto a la institución. Debe destacarse también, que el despido del trabajador en virtud a las causales previstas por los arts. 16 de la LGT y 9 del DR-LGT, corresponden ser probadas previamente en un proceso administrativo interno, permitiéndosele al trabajador a desvirtuar los hechos que se le atribuyen en resguardo de su derecho a la defensa y en virtud a la presunción de inocencia que se encuentran garantizados por los arts. 115.II y 116.I de la CPE, para luego, en caso de comprobarse con el debido sustento legal, la causal establecida por las citadas normas laborales, prescindir del trabajador con justa causa; situación que no ocurrió en Autos y que fue advertido por los de instancia; razonamiento que coincide con la SC No 1893/2013 de 29 de octubre que en el caso concreto estableció que: “En conclusión, cuando se trata de personas sujetas a la LGT y se les atribuye faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones que sean causal de culminación de la relación laboral, previo a su desvinculación deben ser demostradas, situación que no puede diferenciarse sustancialmente en el tratamiento a los trabajadores sean obreros o gerentes, pues si bien, es voluntad de la máxima instancia de la entidad que lo designó, su desvinculación laboral, sin embargo; para proceder a su retiro o remoción, no puede permitirse un acto de arbitrariedad”.

Sobre la denuncia de error de hecho en la prueba documental y confesión provocada de la actora, debe tenerse presente que por mandato de los arts. 3.j) y 158 del CPT, el Juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, tomando en cuenta para ello el conjunto de pruebas que cursan en el proceso. En Autos, se cuestiona al Tribunal  de instancia al  haber incurrido en error de hecho  en la apreciación de la documental cursante de fs. 39 a 66, referente a un informe de auditoría interna, mediante el cual se concluye que la actora hubiere violado la normativa y el reglamento interno, lo que derivó en la decisión de retirar  a la trabajadora bajo el argumento del inc. g) del art. 16 de la LGT. Al respecto, de la revisión de antecedentes se evidencia que tanto el Juez a quo, como el Tribunal ad quem, no desconocen los hechos allí contenidos ni su valor probatorio como prueba documental, sino que, como se dijo anteriormente, este documento no resulta suficiente por si solo para justificar el retiro de la trabajadora, sin que haya existido un proceso interno.

Por otra parte, en cuanto al error de hecho denunciado en relación a la confesión provocada a la actora la cual cursa en el acta de fs. 101, si bien la confesión en materia laboral es expresa y divisible y el hecho admitido en ella no requiere más pruebas, sin embargo, cuando existe contradicción de respuestas sobre la misma temática contenida en el cuestionario, resulta imposible su divisibilidad habida cuenta que en determinadas preguntas que persiguen un mismo propósito, la respuesta es afirmativa y en otras la respuesta es negativa, lo que impide sacar una conclusión al respecto, de ahí que, los Jueces de instancia al momento de tomar la decisión con acertado criterio jurídico observaron lo establecido en el art. 3 inc. g) CPT.

En base a estos parámetros, al haber existido retiro injustificado e intempestivo, conforme establece el art. 13 de la LGT, corresponde reconocer el pago de los derechos reclamados a favor de la demandante conforme y acertadamente determinaron los de instancia en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba conforme determinan los art. 3. j) y 158 del CPT, puesto que los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores están protegidos por la CPE, y resultan  nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, tal como dispone el art. 4 de la LGT.

Por lo expuesto, no siendo evidentes las acusaciones alegadas por la institución recurrente en el recurso de casación en el fondo, debe darse aplicación a lo establecido por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de Autos, por disposición de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Fernando Hugo Bejar Molina en representación legal del Banco Unión S.A., contra el Auto de Vista Nº 130/2014 de 31 de diciembre (fs. 146 a 147), pronunciado por la Sala Social del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm.,  Social  y Adm. Primera