TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO Nº 451

Sucre, 01 de julio de 2015

Expediente: 82/2015-S

Demandante: Agustín Aguilera Añez   

Demandado: Manuel Joaquín Olivera Flores 

Distrito        : Pando

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Manuel Joaquín Olivera Flores cursante de fs. 64 a 65 vta., contra el Auto de Vista No 2 de 2 de enero de 2015 de fs. 60 vta., pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; dentro de la demanda de pago de beneficios sociales seguida por Agustín Aguilera Añez contra el recurrente; el Auto de fs. 67 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Finalizado el proceso social, el Juez del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Pando, pronunció Sentencia Nº 190/14 de 19 de noviembre, cursante de fs. 41 a 44, declarando probadas en parte, la demanda y la excepción perentoria de prescripción, ordenando que el demandado Manuel Joaquín Olivera Flores cancele al actor la suma de Bs.32.136.- por concepto de beneficios sociales, referentes a desahucio, indemnización por tiempo de servicios, aguinaldo, vacación y subsidio de frontera por 28 meses, más la multa del 30% prevista por el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.1.2 Auto de Vista

En conocimiento de la Sentencia, el demandado mediante el memorial cursante de fs. 47 a 48, interpuso recurso de apelación, resuelto por la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que pronunció el Auto de Vista hoy impugnado, por el cual se confirmó totalmente la Sentencia confutada, con costas.

I.2. Recurso de Casación

Contra el citado Auto de Vista Manuel Joaquín Olivera Flores, a través de escrito saliente de fs. 64 a 65 vta., previa reseña de antecedentes procesales e invocando el “art. 250 y siguientes del C.P.C.” (sic), opone recurso de casación del cual se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

a) Señala que el Tribunal de apelación decidió confirmar la Sentencia, concluyendo que no se demostró con prueba alguna la calidad de jornalero del demandante; sobre esta conclusión resalta que ofreció prueba testifical y confesión provocada que no fue producida en primera instancia, porque el Juez no cumplió con la obligación de producir la prueba ofrecida, violando su derecho a la defensa y el debido proceso, pues una vez que ofreció la prueba, ésta debió ser producida por el juzgador conforme los arts. 90, 378 y 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC). Añade que en el Auto de Vista no se hizo mención a la inobservancia del juzgador respecto a la admisión de la prueba y señalamiento de audiencia de fs. 37, donde se violó el art. 166 del Código Procesal del Trabajo (CPT), pues en el caso de autos el Juez no quiso “desentrañar”  la verdad de los hechos que se puso a su conocimiento, situación que no fue corregida por los Vocales que podían inclusive realizarlo de oficio.

b) Afirma que, tanto el Auto de Vista como la Sentencia, no hicieron una correcta interpretación del art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT), pues si bien la Constitución Política del Estado, establece que los beneficios sociales son imprescriptibles, pero la citada norma legal sigue vigente, por lo que el pago de los bonos, multas, aguinaldos y otros que no fueron cobrados en el plazo de 2 años prescribieron; aclara que si corresponde se mantenga subsistente el pago de indemnización.

c) Reitera que, se vulneró el debido proceso y se aplicó incorrectamente el art. 390 del CPC, porque el juzgador no produjo la prueba de confesión provocada supuestamente porque no se pudo fijar audiencia, por ello el Tribunal Supremo debe anular obrados hasta fs. 37, porque la no producción de dicha prueba le generó un perjuicio, más aún cuando el juzgador podía aplicar lo dispuesto por los arts. 4, 5 y 378 del CPC.

d) Finalmente solicita que, se considere la confesión espontánea al tenor del art. 404.2 del CPC, cuando el actor manifestó que se retiró voluntariamente, por lo que no se puede aplicar la multa ni el desahucio, al ser evidente la incorrecta valoración de la prueba.

I.2.1 Petitorio

Solicita que previo los trámites de ley, pide se declare “procedente el recurso y se case el auto de vista” (sic), declarando la prescripción de los derechos que pudiera haber tenido el actor.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos Jurídicos del fallo

II.1.1. Sobre la alegación de nuevas causas de nulidad en casación

El recurrente por los motivos a), c) y d) descritos en el acápite I.2 de esta Resolución, cuestiona que: la prueba que ofreció no fue producida en primera instancia porque el Juez no cumplió con la obligación prevista por los arts. 90, 378 y 4 del CPC, y que el Tribunal de alzada no observó el decreto de fs. 37 donde se violó el art. 166 del CPT; la aplicación incorrecta del art. 390 del CPC, porque el juez no produjo la prueba de confesión no obstante la facultad establecida por los arts. 4, 5 y 378 del CPC; y que este Tribunal considere la confesión espontánea que realizó el actor al tenor del art. 404.2 del CPC. 

Sobre estos tres tópicos traídos a casación, es menester referirnos a la advertencia efectuada por el art. 258.3) del CPC, dispositivo legal que taxativamente prevé que, en el recurso de nulidad no está permitido alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores; norma legal que, en materia social debe ser aplicada observando lo dispuesto por los arts. 3.e) y 57 del CPT, que en mérito al principio de preclusión concluyentemente prevén que, el Juez está impedido de regresar a los momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por ley para la realización de un acto procesal.

En autos, de los motivos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por el demandado cursante de fs. 47 a 48, se advierte que las presuntas infracciones hoy denunciadas en las que hubiera incurrido el Juez de grado durante el trámite del proceso y en la Sentencia, no fueron reclamadas al interponer dicho recurso, por lo que el Tribunal de alzada observando lo dispuesto por el art. 236 del CPC resolvió sólo los cuatro temas que se expuso en dicho recurso, como son: a) aplicación errónea del art. 13 de la LGT; b) aplicación errónea del Decreto Supremo (DS) Nº 0110 de 1 de mayo de 2009; c) incorrecta aplicación del art. 120 de la LGT; y d) indebida aplicación del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Ahora bien, el recurrente desconociendo la naturaleza del recurso de casación y lo dispuesto por los arts. 258.3 del CPC y 3.e) y 57 del CPT, pretende que éste Tribunal, revise cuestiones que no fueron observas oportunamente y sobre las que el Tribunal de alzada no emitió ningún criterio; en esa virtud, conforme a las normas legales citadas precedentemente, el derecho de reclamar del recurrente sobre las presuntas vulneraciones precluyó, no teniendo por ello este Tribunal competencia para ingresar al análisis de las citadas temáticas.

II.1.2 Sobre la incorrecta interpretación del art. 120 de la LGT CPT

Por el argumento descrito en el apartado I.2 inciso b) de esta Resolución, se cuestiona la incorrecta interpretación del art. 120 de LGT; pues dice que, si bien la Constitución prevé que los beneficios sociales son imprescriptibles, pero la norma legal citada sigue vigente.

Sobre esta temática, este Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo No 7 de 1 de febrero de 2013, asumió el siguiente entendimiento:

“…conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del art. 48 de la CPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009 ...los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles...; es decir, que por mandato de la Ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual lo señala el parágrafo II de su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, por lo que existiendo contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la LGT, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado; empero, se aclara que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la CPE de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la CPE en cuanto a la irretroactividad de la ley”.

Referente al instituto de la prescripción establecida por el art. 120 de la LGT, el ciado Auto Supremo estableció:

corresponde definir a la prescripción liberatoria como la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inactividad de su titular durante el lapso señalado por ley. Por lo que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al merecedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a una condición meramente natural, quedando claro que son dos los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio voluntario del merecedor durante ese plazo”.

En autos, en fecha 13 de octubre de 2014 el demandado al responder la demanda reconoció que, “el demandante ha sido retirado por mi parte en aproximadamente en mayo de 2009”(sic), con dicho precedente opuso excepción de prescripción señalando que, al haber transcurrió más de cinco años los beneficios del trabajador prescribieron al tenor del art. 120 de la LGT; sobre esta excepción el A Juez de grado en Sentencia precisó que “al haber concluido la relación obrero patronal del actor posterior a la vigencia de nuestra Carta Magna sus derechos se encontraba protegido por la Ley de Leyes”(sic), conclusión que fue confirmada por el Tribunal de alzada; este criterio es compartido por esta Sala, porque los de instancia analizaron y valoraron correctamente los antecedentes del proceso, para aplicar acertadamente el art. 48.IV de la CPE. Es evidente que la desvinculación laboral se suscitó en mayo de 2009, oportunidad en la que los beneficios sociales reclamados por el trabajador estaban protegidos por la imprescriptibilidad prevista por la nueva Constitución Política del Estado; si bien, el art. 120 de la LGT aún está vigente, esta es aplicable sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la nueva Constitución, guardando de tal forma coherencia con el art. 123 de la CPE en cuanto a la irretroactividad de la ley.

Por lo expuesto, al no haber incurrido el Tribunal de Alzada en ninguna de las infracciones acusadas por el recurrente, corresponde resolver el recurso de casación según lo previsto por los arts. 271.2) y 273 ambos del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm.; Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Manual Joaquín Olivera Flores; Con costas.  

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera