TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo N° 445

Sucre, 29 de junio de 2015

Expediente: 81/2015-S

Demandante: Luis Antonio Benavides Aguilera y otro

Demandado: Honorable Alcaldía Municipal de Riberalta

Distrito        : Beni

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 176 a 177 vta., interpuesto por Luis Antonio Benavides Aguilera y Crisanto Chávez Molina, contra el Auto de Vista N° 31/2011 de 25 de abril (fs.168 a 170), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia del Beni; dentro del proceso social por Pago de Beneficios Sociales y derechos laborales, que siguen los recurrentes contra la Honorable Alcaldía Municipal de Riberalta y el Presidente del Directorio del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riberalta (SEMAPAR); sin respuesta al mencionado recurso; el Auto Nº 26/15 de 27 de febrero, cursante a fs. 181, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

       CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del proceso

I.1 Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de Riberalta-Beni, emitió la Sentencia N° 33/10 de 17 de noviembre (fs. 152 a 154), por la que falló declarando improbada la demanda, con costas.

I.2 Auto de Vista

Dicha resolución fue recurrida en apelación por los demandantes (fs. 157 a 159), mereciendo el Auto de Vista Nº 31/2011 de 25 de abril (fs. 168 a 170), por el cual, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Beni, resolvió confirmar la Sentencia apelada, con costas, tal como lo determina el art. 237.1 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

II. Recurso de casación - motivos

El mencionado Auto de Vista originó que los demandantes formulen el recurso de casación cursante a fs. 176 a 177 vta., que en lo esencial de su contenido señaló:

Que, el Juez a quo, al dictar Sentencia no dio cumplimiento a los arts. 3.1 y 3 del CPC, y 56 del Código Procesal del Trabajo (CPT), puesto que el demandado ofreció prueba fuera del término previsto por el art. 379 del CPC, concordante con el art. 149 y siguientes del CPT, por lo que se debió rechazar dicha prueba (memorial fs. 44), toda vez que se interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, para que se corrija dicho error y se rechace la mencionada prueba ofrecida extemporáneamente.

Acusó también que el Tribunal ad quem en el Auto de Vista, no consideró lo previsto en los arts. 9.2 y 5, 13, 14, 15.V, 24, 109, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que la carga de la prueba corresponde al demandado empleador como disponen los arts. 66 y 150 del CPT; así como tampoco se valoró que el demandado reconoció la relación laboral al momento de contestar a la demanda, como señala el art. 137 del CPT, y que al existir dicha relación debió cumplirse con el art. 59 del CPT, puesto que se demostró con boletas de pago y declaraciones de testigos, la prestación de servicios o el trabajo desempeñado; y que nada tiene que ver los memorándums de designación, cesación y el contrato de trabajo, porque fueron firmados por el Alcalde Municipal y Representante Legal de la empresa demandada, así también que los arts. 33 y 43 del Estatuto de SEMAPAR son para reglamentar el funcionamiento de la empresa y no pueden estar por encima de los Códigos y Leyes del Estado.

Mencionó los arts. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de la LGT, y que el a quo no tenía facultades para considerar y validar las declaraciones de los testigos de descargo, por encontrarse fuera del fondo de la causa y así como extemporáneamente; así como tampoco la información ofrecida por la entonces Corte Electoral sobre la candidatura de alguno de los demandados a un cargo electivo sin antes renunciar.

Finalmente señaló que el Tribunal ad quem, lo único que hizo es repetir lo expuesto por el a quo, sin observar y aplicar correctamente la ley, ya que se comprobó la existencia de la relación laboral, por lo que debió revocar o anular la ilegal Sentencia por los errores procedimentales demostrados, y de acuerdo al art. 3.1 y 3 del CPC, pero contrariamente confirmó dicha Sentencia en flagrante violación a los principios y garantías constitucionales antes citadas.

II.1 Petitorio  

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, case la Sentencia y el Auto de Vista, por haber infringido las leyes acusadas en el presente recurso, sea con costas y disponiendo que la entidad demandada cancele dentro de término de ley los beneficios sociales correspondientes.

       CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

       Que, así expuesto el recurso de casación, de la revisión de los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

       Que, la Constitución Política del Estado (CPE), establece:

Art. 46.

I: “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

Art. 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.

II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y de estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.

III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”;

En tal sentido, se establece como una de las características esenciales de los beneficios sociales y derechos laborales, la irrenunciabilidad de los mismos, que junto a la imprescriptibilidad e inembargabilidad, tienen el propósito, entre otros, de evitar el menosprecio o burla del pago de tales derechos por la parte empleadora; las disposiciones anotadas son concordantes con lo expuesto también en el art. 4 LGT.

       El derecho procesal laboral, al ser una rama social del derecho, instituye entre otros, al principio de la “primacía de la realidad”, instituido para identificar si una determinada actividad se enmarca dentro de las normas de la legislación laboral, observando aspectos inherentes a la prestación de trabajo y dando prioridad a la naturaleza objetiva de la realidad, prescindiendo de todo concepto subjetivo, sobre la base de los hechos y no de la apreciación que reflejan algunas estipulaciones o documentos; dicho principio también guarda coherencia con el principio de la “verdad material”, que en el escenario constitucional y normativo de este tiempo, permiten guiar la labor de las autoridades jurisdiccionales, y que no significa otra cosa que, la fundamentación de sus resoluciones debe obedecer sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, claro está, en estricto cumplimiento de las garantías procesales. 

       En el escenario normativo social, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, también se destaca el principio de igualdad entre partes, que permitan un razonable equilibrio, notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 4 de la LGT, 3.g y 59 del CPT, y en los arts. 46 y 48.III de la norma fundamental; junto a tal principio, se tiene el de la inversión de la prueba, establecido en los arts. 3.h, 66 y 150 del CPT, por el cual se invierte la carga de la prueba en materia  laboral, y en la que el empleador está en la obligación de aportar todas las pruebas necesarias, para desvirtuar los hechos afirmados por la parte trabajadora demandante o por el contrario, demostrar sus propias afirmaciones.

       En cuanto a la valoración probatoria, el juzgador tiene el deber de realizar una valoración conjunta de las pruebas presentadas y producidas en el proceso, tomando en cuenta que no se encuentra sujeto a tarifa legal, por lo que, formará libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, esto conforme el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j del mismo cuerpo legal; así también, no deja de ser relevante, la aplicación de las presunciones que rigen la materia, toda vez que, los arts. 180, 181 y 182 del CPT, se aplican ante la falta de prueba suficiente que desvirtúe las afirmaciones hechas por la parte trabajadora demandante.

       Dentro este contexto, en el caso concreto se advierte, conforme a las papeletas de pago de fs. 2 a 4, Memorándums N° 175/07 y N° 036/2010, de fs. 5 y 6 respectivamente, concordante con las declaraciones testificales de cargo de fs. 49 y 56, así como las testificales de descargo de fs. 61 a 62, que Luis Antonio Benavides Aguilera, prestó servicios a SEMAPAR en el cargo de Jefe de Personal, bajo las características de subordinación y dependencia, desde el 01 de septiembre de 2007, hasta el 20 de mayo de 2010, existiendo en consecuencia un tiempo de prestación de servicios por 2 años, 8 meses y 20 días, con un salario de Bs. 5,928.08.

Por otro lado, conforme las papeletas de pago de sueldo cursantes de fs. 8 a 10, el contrato de trabajo a plazo fijo que cursa a fs. 11, y el Memorándum N° 042/2010 de fs. 12, se advierte que Crisanto Chávez Molina, también prestó servicios a SEMAPAR en el cargo de relacionador público y asesor general de la misma empresa, desde el 1 de agosto de 2009, hasta el 27 de mayo de 2010, por un periodo de 9 meses y 27 días, con un salario de Bs. 3,927.00.

Consiguientemente, ambas personas prestaron sus servicios a la empresa demandada, no obstante la irregular contratación a la que refirió el fallo recurrido en concordancia con el Juez A quo, al señalar que se trataría de una contratación atípica, siendo la empresa de servicios demandada, como persona jurídica de derecho público, la que remuneró a los demandantes por los servicios prestados, en el entendido que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra de una persona física hacia otra, sea natural o jurídica; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben; esta conclusión se encuentra fundada inclusive en la propia literal presentada por la empresa demandada y cursante de fs. 38 a 43, por la cual, las autoridades de directorio de la entidad demandada, disponen la reincorporación de los trabajadores demandantes al puesto que venían ocupando, es decir, aceptando indiscutiblemente la existencia de una relación laboral de los mismos con la empresa.

       En ese sentido, la prueba de descargo presentada por la parte demandada, estuvo avocada a establecer la existencia de posibles irregularidades en la contratación y destitución de los demandantes en la empresa demandada, por ello es que se presentó las literales de fs. 16 a 26, por las que buscó demostrar las funciones que corresponden al Gerente General de la empresa y al Presidente del Directorio de la empresa SEMAPAR, por otra parte, también se presentó las literales de fs. 38 a 43, consistente en Resolución Administrativa emitida por el Presidente de Directorio de SEMAPAR y otros directores de la empresa, por la que se dispone la reincorporación de los demandantes a la empresa en el plazo de 24 horas; sin embargo éstas no demostraron, en absoluto, la inexistencia de la relación laboral, que como quedó anotado en el párrafo precedente, se encuentra plenamente demostrado.

       Bajo tales antecedentes procesales, éste Tribunal de Casación no encuentra fundamento jurídico y menos razonable que permita sostener la argumentación expuesta por el fallo recurrido para resolver por la confirmación de la Sentencia, consecuentemente la improcedencia del pago de los beneficios sociales y derechos laborales demandados por los actores, basados simplemente en la idea de una posible irregularidad o ilegalidad en la designación y destitución de ambos demandantes; pues, es claro que el presidente de Directorio de la empresa carece de atribuciones de carácter ejecutivo como son propias de la Gerencia General de la empresa, sin embargo, pese a tales irregularidades, las personas que ahora reclaman el pago de sus derechos y beneficios sociales, prestaron un efectivo y real servicio a la entidad demandada, independientemente de la forma en que éstos hayan sido designados y destituidos, pues aquella situación no puede afectar los derechos de los demandantes ahora recurrentes, que con justicia reclaman el pago de tales conceptos sociales, pues las irregularidades a las que refieren los de instancia sólo tienen efecto en cuanto a posibles responsabilidades funcionarias de las autoridades que actuaron al margen de la norma interna de su entidad, así como a situaciones de carácter electoral, como es el caso del Sr. Luis Antonio Benavidez Aguilera que posiblemente no hubiere cumplido con la renuncia a su cargo dentro del plazo que señala la Ley Electoral, empero, ello no puede afectar derechos sociales, al tener éstos el carácter de irrenunciables, imprescriptibles e inembargables.

       En tal sentido, corresponde reconocer y disponer la cancelación de los siguientes conceptos a favor de los demandantes, aclarando por lo demás que, la empresa demandada no cumplió con la carga de la prueba en cuanto a desvirtuar las afirmaciones de la parte demandante, en cuanto se refiere a los distintos conceptos que están siendo reclamados en el presente proceso, conforme a las previsiones de los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT.

       En cuanto a la indemnización por tiempo de servicios, cuyo reconocimiento corresponde por el empleador a favor del trabajador una vez terminada la relación laboral, con la sola condición de haber prestado servicios por más de tres meses continuos, en la suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de trabajo continuo, o en duodécimas si el periodo trabajado no alcanza el año, conforme al art. 13 de la LGT y Decreto Supremo (DS) N° 0110 de 1 de mayo de 2009.

En ese sentido, se advierte que tanto el Juez de primera instancia, como el Tribunal ad quem, no aplicaron correctamente dicha normativa, puesto que al haberse demostrado la existencia de una relación laboral de los demandantes con la entidad demandada en la cual prestaron sus servicios por un periodo superior al anotado en el DS Nº 110, corresponde su reconocimiento por el tiempo de prestación de servicios determinado precedentemente a favor de cada uno de los actores, es decir, a favor de Luis Antonio Benavidez Aguilera, por el tiempo de 2 años, 8 meses y 20 días computables desde el 01 de septiembre de 2007 hasta el 20 de mayo de 2010, con un salario indemnizable de Bs. 5,928.08, conforme a las papeletas de fs. 2 a 4; así también corresponde reconocer la indemnización por tiempo de servicios a favor de Crisanto Chávez Molina, por el tiempo de 9 meses y 27 días computables desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 27 de mayo de 2010, con un salario indemnizable de Bs. 3.927,00.-, conforme a las papeletas de fs. 8 a 10, 

Es preciso aclarar que, en el caso de Crisanto Chávez Molina, si bien su relación laboral fue inicialmente con contrato a plazo fijo, empero existió la tácita reconducción del mismo, al haberse demostrado con las papeletas de pago y con el memorándum de cesación de funciones, que continuó trabajando de forma ininterrumpida al terminar su contrato, aspecto que la empresa demandada no desvirtuó, siendo aplicable de tal manera la disposición contenida en el art. 21 de la LGT, que señala: “En los contratos a plazo fijo se entenderá existir reconducción si el trabajador continua sirviendo vencido el término del convenio.”.

Por otra parte, en cuanto al beneficio de desahucio regulado en el art. 12 de la LGT, que constituye una sanción que se impone al empleador por el incumplimiento del preaviso de retiro al trabajador, cuya finalidad es cubrir el tiempo considerado como prudencial para que el trabajador busque una nueva fuente laboral; regulado también por el DS N° 110, que en su art. 2, establece: "Corresponde el pago del desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral".

Al respecto, se tiene a fs. 6 y 12, los memorándums de cesación de funciones de ambos demandantes, empero, los mismos fueron revocados totalmente mediante Resolución Administrativa N° 01/2010 de 9 de junio de 2010 (fs. 38 a 40), que dispuso la reincorporación de los demandantes dentro las 24 horas posteriores a su legal notificación, habiéndose procedido así a su notificación administrativa con presencia de testigos de actuación, conforme se tiene evidenciado a fs. 41 y 42, sin embargo, dicha prueba que fue ofrecida dentro del periodo probatorio, no mereció objeción alguna por la parte demandante, de modo que se presume legitima y reflejaría la verdad de lo acontecido en el caso (fs. 38 a 42), por cuanto se rehusaron a firmar la notificación con dicha resolución, de lo que se deduce que al haberse negado a continuar trabajando, no puede comprenderse que el retiro hubiere sido intempestivo, sino que obedeció a una decisión voluntaria de ambos trabajadores, de dar por concluida su relación laboral con la parte empleadora, por lo que, no corresponde el pago del beneficio de desahucio a los demandantes.

En cuanto al derecho a la compensación económica de la vacación como concepto también demandado por los trabajadores, debe precisarse que al ser un derecho al que tiene todo trabajador, de un descanso remunerado con el 100% de su salario mensual establecido, por el hecho de haber trabajado por un determinado tiempo, corresponde recordar lo dispuesto por el art. 44 de la LGT, que establece que todo trabajador que haya cumplido un año de trabajo, tiene derecho a una vacación de 15 días hábiles, norma sustantiva que está en concordancia con el art. 33 del Reglamento de la Ley General del Trabajo (RLGT), el cual prevé que la vacación no será compensable en dinero, salvo el caso de terminación del contrato de trabajo.

El DS Nº 12958 de 24 de diciembre de 1974, establece el derecho de recibir el pago de vacación por duodécimas del último periodo, cuando el trabajador, luego del primer año no cumple un nuevo año de servicios; esta norma jurídica, nos da a entender que el trabajador que haya cumplido un año de trabajo y esté trabajando un nuevo año y en ese nuevo año sea retirado intempestivamente o de forma voluntaria, tiene derecho a la vacación por duodécimas del último periodo; sin que esto signifique que por no haber utilizado la vacación del año anterior de trabajo ya cumplido, no tenga derecho a la vacación, consiguientemente, la empresa demandada no desvirtuó en mérito al principio de inversión de la prueba, que a los demandantes no les corresponda la compensación económica de la vacación, por lo que corresponde su reconocimiento en dinero por el tiempo de 2 años, 8 meses y 20 días a Luis Antonio Benavides Aguilera, esto conforme lo dispuesto por el art. 44 de la LGT y 33 del DR-LGT, así como el DS Nº 12958; no es el mismo caso el de Crisanto Chávez Molina, debido a que el periodo de trabajo de éste último fue de 9 meses y 27 días, es decir, menor a un año de servicios, por lo que no corresponde su compensación económica a éste último, en aplicación correcta del art. 44 de la LGT.

Referente al aguinaldo, se tiene que este derecho lo adquieren las trabajadoras y los trabajadores por prestar sus servicios por cuenta ajena, derecho que fue instituido por Ley de 18 de diciembre de 1944 "Ley de Aguinaldo de Navidad", como una gratificación a empleados y obreros, a pagarse hasta antes del 25 de diciembre de cada año, y que actualmente mediante DS N° 28448 de 22 de noviembre de 2005 dicho pago debe efectuarse hasta el día 20 de diciembre de cada gestión, así como también de acuerdo al DS N° 2317 de 29 de diciembre de 1950, el tiempo mínimo de servicios para ser acreedor a este derecho será de tres meses para empleados y un mes para obreros; de lo que se deduce que los demandantes, al haber demostrado el vínculo laboral con la empresa demandada y los servicios prestados a las misma (prueba de cargo cursante de fs. 2 a 12), y no haberse desvirtuado que se les reconoció tal derecho adquirido, tienen derecho al reconocimiento del aguinaldo de navidad por la gestión 2010 a calcularse por duodécimas, en correcta aplicación de la Ley de 18 de diciembre de 1944.

En cuanto al incremento salarial de la gestión 2010, que es reclamado por los actores, debe considerarse que es el DS Nº 498 de 1 de mayo de 2010 el que establece el incremento salarial del 5% a la remuneración básica, con retroactividad al 1 de enero de 2010, empero, su alcance sólo es para sectores específicamente determinados en él, como son el sector salud, magisterio fiscal, policía nacional y fuerzas armadas, disponiéndose inclusive para el sector privado sobre la base del mismo porcentaje a ser convenido entre los sectores patronal y laboral, empero, no se tiene dispuesto un incremento salarial obligatorio para los demás sectores públicos, como es el caso de la empresa demandada.

Por lo anotado y considerando que no existe base legal que conceda el incremento salarial para el resto del sector público, entre las cuales se encuentra la empresa de servicios demandada, no corresponde reconocer este concepto a los demandantes.

Por otra parte, en cuanto al salario devengado de mayo de 2010, que es reclamado también por los actores, corresponde establecer que, conforme lo dispuesto por el art. 52 de la LGT, que establece: “Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo. No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos de trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio del Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por el sexo o nacionalidad”; entonces, se advierte que, al no existir prueba de descargo que demuestre fehacientemente que los demandantes cobraron su sueldo por los días trabajados en el mes de mayo de 2010, corresponde el reconocimiento de los mismo a favor de los demandantes, en correcta aplicación a lo dispuesto por el art. 52 de la Ley sustantiva laboral.

Finalmente, con relación a la multa del 30% que se encuentra prevista en el art. 9. I del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, que imperativamente establece la obligación que tienen los empleadores de cancelar en el plazo impostergable de quince días calendario los beneficios sociales, sueldos devengados y todos los derechos que le correspondan al trabajador que hubiese sido despedido, ante cuyo incumplimiento, según prevé el parágrafo II del señalado artículo, el empleador debe pagar una multa del 30% sobre el monto total a cancelarse; por lo que en el caso, al evidenciarse que la empresa demandada no canceló los beneficios sociales y derechos laborales reclamados dentro del término anotado normativamente, corresponde la aplicación de tal disposición.

Por lo anotado precedentemente, se concluye que los de instancia valoraron erróneamente la prueba aportada al proceso (boletas de pago, memorándums de designación y cesación, contrato de trabajo y declaraciones testificales), al evidenciarse que entre la empresa demandada y los actores existió una relación laboral efectiva, con la prestación de servicios de los últimos a favor de la empresa demandada y que los argumentos expuestos en los fallos de fondo no constituyen razones válidas que permitan denegar los conceptos sociales reclamados por ambos trabajadores.

       Finalmente, referente al reclamo que el a quo al, dictar sentencia, no dio cumplimiento a los arts. 3.1 y 3 del CPC, y 56 del CPT, porque la empresa demandada habría ofrecido prueba en forma posterior al memorial de contestación de la demanda, por lo tanto, fuera del término previsto por el art. 379 del CPC; se tiene que, este aspecto no fue reclamado en la etapa de apelación, por lo que, este Tribunal no puede ingresar a resolver tal reclamo, en aplicación al instituto jurídico de la preclusión procesal establecido en los art. 3. e) y 57 del CPT, máxime cuando tal reclamo no tiene el razonamiento jurídico lógico que permita a este Tribunal un análisis de fondo sobre el mismo.

Por consiguiente, se concluye que al ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación cursante de fs. 176 a 177 vta., conforme los fundamentos antes expuestos, corresponde dar aplicación a las disposiciones legales contenidas en los arts. 271. 4) y 274 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184. 1 de la CPE y el art. 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), CASA el Auto de Vista Nº 31/2011 de 25 de abril, cursante de fs. 168 a 169 vta., y deliberando en el fondo resuelve declarar PROBADA EN PARTE la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales incoada por Luis Antonio Benavidez Aguilera y Crisanto Chávez molina contra la empresa Semapar, ordenando a la empresa mencionada, cancelar a los actores los conceptos y montos señalados en la liquidación expuesta a continuación:


  1. Luis Antonio Benavidez Aguilera

Tiempo de prestación de Servicios:        2 años, 8 meses y 20 días

Sueldo promedio indemnizable:                Bs.5.928,05.-

Conceptos

Monto a pagar en Bolivianos

1. Indemnización por tiempo de trabajo

16.137,46.-

2. Aguinaldo (Duodécimas gestión 2010)

2.305,35.-

3. Vacaciones

8.068,07.-

4. Salario devengado ( mayo de 2010)

3.952,03.-

Menos el anticipo declarado s/liquidación de beneficios sociales (fs. 1)

3.000,00.-

Total parcial

27.462,91.-

Multa del 30% (s/DS Nº 28699 de 01/05/2006) A calcularse en ejecución de fallos y previa actualización en base a la variación de las UFVs, hasta el día anterior en que se realice el pago del finiquito correspondiente.

  1. Crisanto Chávez Molina

Tiempo de prestación de Servicios:        9 meses y 27 días

Sueldo promedio indemnizable:                Bs.3.927,00.-

Conceptos

Monto a pagar en Bolivianos

1. Indemnización por tiempo de trabajo

3.239,77.-

2. Aguinaldo (Duodécimas gestión 2010)

1.603,52.-

3. Salario devengado ( mayo de 2010)

3.534,30.-

Menos el anticipo declarado s/liquidación de beneficios sociales (fs. 7)

1.500,00.-

Total parcial

6.877,59.-

Multa del 30% (s/DS Nº 28699 de 01/05/2006) A calcularse en ejecución de fallos y previa actualización en base a la variación de las UFVs, hasta el día anterior en que se realice el pago del finiquito correspondiente.


       No siendo excusable el yerro cometido, se impone la multa de Bs.500,00.- a cada uno de los vocales que suscribieron el Auto de Vista recurrido.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera