TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo N° 435  

Sucre, 17 de junio de 2015

Expediente: 61/2015-S

Demandante: Verónica Albertina Apaza Olivera  

Demandada: Alicia Margarita Avendaño Callisaya

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Verónica Albertina Apaza Olivera (fs. 329 a 331), y por Néstor Gonzalo Tórrez Zuazo en representación legal de Alicia Margarita Avendaño Callisaya (fs. 335 a 341), ambos contra el Auto de Vista Nº 89/2014 de 05 de mayo (fs. 324 a 325 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social que por pago de beneficios sociales y derechos laborales sigue Verónica Albertina Apaza Olivera contra Alicia Margarita Avendaño Callisaya; las respuestas a los mismos (fs. 335 a 341 y 343 a 344, respectivamente); el Auto Nº 523/2014 de 24 de diciembre (fs. 345), que concedió ambos recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso social, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 241/2013 de 07 de noviembre (fs. 300 a 305), declarando probada en parte la demanda de fs. 28 a 29, subsanada a fs. 31 de obrados, ordenando a la demandada Alicia Margarita Avendaño Callisaya, cancelar a la actora por concepto de indemnización, desahucio, vacaciones por gestión 2010 y duodécimas de 2011, aguinaldo por la gestión 2010 y duodécimas de 2011, y la multa del 30% que establece el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo del 2006, la suma de Bs.58.869,03.- (cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y nueve 03/100 bolivianos), monto que, en ejecución de sentencia será actualizado de acuerdo a Ley. Sin costas.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada (fs. 307 a 311), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 89/2014 de 5 de mayo (fs. 324 a 325 vta.), revocando en parte la Sentencia Nº 241/2013 de 07 de noviembre, de fs. 300 a 305 de obrados, ordenando a la demandada, cancelar a favor de la actora la suma de Bs.13.198,80.-, por concepto de indemnización, desahucio, vacación, aguinaldo y la multa del 30% previsto por el DS Nº 28699. Sin costas.

II. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

Dicha resolución motivó los recursos de casación cursantes de fs. 329 a 331, y 335 a 341, interpuestos por ambas partes del proceso, a su turno, que en lo fundamental de sus contenidos, expresaron:

II. 1 Recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 329 a 331).

Que, sin fundamento ni razón alguna, se redujo el tiempo de prestación de servicios de 6 años, 6 meses y 15 días a 6 años, 5 meses y 20 días, cuando la relación laboral empezó el 5 de mayo de 2005 y concluyó el 20 de noviembre de 2011, suprimiendo de tal manera una parte estructural de la sentencia de primera instancia.

Que, el Auto de Vista recurrido resolvió “extra petita” en cuanto al sueldo promedio indemnizable, cuando tal cuestión no fue llevada como agravio por la parte apelante, emitiendo por lo tanto un fallo incongruente, porque en el segundo considerando del mismo, hace mención al certificado de trabajo de fs. 23 de obrados, en el que señalaba como salario la suma de Bs.3.500.- (tres mil quinientos 00/100 bolivianos), y el cual habría sido otorgado a petición de la demandante para acceder a un préstamo bancario, sin embargo, de una revisión del recurso de apelación de fs. 307 a 311 de obrados, en ningún punto expresa lo aseverado en el fallo de segunda instancia, vulnerando con ello el art. 254.3) y 4) del Código de Procedimiento Civil (CPC), al haber otorgado más de lo pedido en el recurso de apelación, refiriendo a aspectos que no fueron motivo de demanda, menos de apelación, actuando fuera de lo previsto en el art. 237 del CPC, cuando debió dar cumplimiento al art. 236 del CPC.

II. 1. 1 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia anule el Auto de Vista N° 89/2014 de 05 de mayo de fs. 324 a 325 vta., y se disponga el pago del monto de Bs.58.869,03.- consignado en la resolución de primera instancia por los conceptos sociales demandados.

II. 2 Recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 335 a 341).

II.2.1. En el fondo.

Acusó que el fallo recurrido, violó, interpretó erróneamente y aplicó en forma indebida los arts. 79 del CPT y 206 y 208 del CPC, puesto que la Juez de primera instancia perdió competencia para emitir sentencia, ya que, si bien en el expediente (fs. 297), cursa la nota de ingresó a despacho en fecha 29 de noviembre de 2013, “ello implica que la Sentencia debía ser emitida máximo hasta el 7 de mayo de 2013” (sic), sin embargo, la sentencia no salió dentro de plazo establecido por Ley, y salió recién el 6 de enero de 2014, ello por el seguimiento realizado al caso.

También acusó que, el Auto de Vista recurrido incurrió en una errónea valoración de la prueba literal aportada y cursante de fs. 38 a 41 y 200 a 202; así como de la prueba testifical de descargo cursante de fs. 133 a 137 y 153; también de la prueba testifical de cargo cursante a fs. 109, 111 y 113; de la inspección ocular cursante de fs. 123 a 124; y finalmente, de la confesión provocada de la demandante cursante a fs. 117, de obrados; elementos probatorios con los cuales se demuestra, que entre la actora y la demandada no existió una relación laboral sino de sociedad, en la que ambas partes se beneficiaban de las ganancias día por medio, puesto que en el periodo demandado la actora ejercía una actividad laboral propia en una tienda que no es dependencia de la demandada; prueba que al no ser valorada adecuadamente, conlleva a una interpretación errónea de los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por cuanto en la valoración probatoria, si bien el Juez no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, empero puede sujetar su decisión a la libre convicción y la sana crítica, criterios no aplicados por los jueces de instancia; pero también, importa vulneración de los arts. 79 del CPT, y 206 y 208 del CPC.

II.2.2. En la forma.

Acusó que, el Tribunal “Ad quem” no se pronunció respecto a la falta de consideración y resolución por el Juez “A quo”, respecto a la objeción formulada en cuanto a la prueba de contrario, pese haberse decretado en fecha 29 de octubre de 2013, que sería considerado en sentencia, lo que no ocurrió; incumpliéndose de esta manera lo previsto en los arts. 3.1) y 191 del CPC.

Reclamó que, el acta referida a la inspección ocular se encontraría viciada de nulidad, debido a que no lleva la firma ni el sello del Juez de primera instancia, ni de la secretaría del juzgado de origen, conforme la previsión de los arts. 102. 5) y 6) y 427 y 428 del CPC, lo que determinaría la nulidad hasta el vicio más antiguo.

II. 2. 3. Petitorio.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista recurrido y fallando en lo principal se declare improbada la demanda laboral y anulando obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, en razón a la existencia de vicios de nulidad en el Auto de Vista, y sea previo el cumplimiento de las formalidades de Ley.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO

Que, así formulados ambos recursos de casación, se ingresa a resolver los mismos, conforme los razonamientos y fundamentos que siguen:

II.1 Resolviendo el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 329 a 331)

Se resuelve en primer término, el reclamo referido a que el Auto de Vista recurrido se constituiría en un fallo “ultra petita”, al haber modificado el sueldo promedio indemnizable, cuando tal cuestión no habría sido llevada como agravio por la parte apelante, con lo que se habría vulnerado el art. 254. 3) y 4) del CPC al haber actuado el Tribunal de Alzada fuera de lo previsto por los arts. 236 y 237 del CPC.

Al respecto, se aclara inicialmente que, no podría sostenerse una acusación de vulneración de los arts. 254.3) y 4) del CPC, puesto que dichas disposiciones del Adjetivo Civil, denunciadas como infringidas por el Tribunal de Apelación, son simplemente dispositivos de carácter procesal que hacen viable el recurso de casación en la forma, por lo que no puede entenderse como vulneradas por el fallo recurrido al no haber sido aplicadas en la resolución de instancia.

Hecha tal aclaración, corresponde analizar el reclamo traido en casación, respecto a que el fallo de segunda instancia se constituiría en un fallo ultra petita, en el entendido que se habría pronunciado sobre aspectos que no fueron llevados como agravios en apelación, como es el caso del promedio indemnizable; sin embargo, de la revisión de los antecedentes del proceso, más concretamente, del recurso de apelación de la parte demandada (fs. 307 a 311), se constata que entre los agravios llevados en apelación, se encuentra el referido al salario promedio indemnizable establecido en Sentencia en base al certificado de trabajo de fs. 23, que ascendía a Bs.3.500,00.- (tres mil quinientos 00/100 bolivianos), argumentando que, resultaba materialmente imposible que pueda percibir un monto tan alto ya que se trataba de un negocio pequeño de venta de chicharrón de pollo, conforme se había evidenciado en la inspección ocular llevada a cabo, verificándose la situación real y directa del negocio.

Por lo señalado, se concluye que no es evidente lo denunciado por la parte demandada, en sentido que el fallo de segunda instancia se constituya en un fallo ultra petita al resolver el sueldo promedio indemnizable, pues no deben confundirse los argumentos que la parte recurrente expresa en el recurso de apelación y los mismos argumentos que sustentan la decisión del juez de primera instancia, con el agravio expresado en apelación, pues sólo éste último constituye la base para el pronunciamiento de la resolución de segunda instancia, conforme a la pertinencia reglada en el art. 236 del CPC.

Por lo tanto, siendo que la demandada llevó como agravio en apelación el sueldo promedio indemnizable, lo resuelto por el Tribunal de Alzada al respecto, bajo los fundamentos que se tienen establecidos en el fallo de segunda instancia, no puede considerarse como un fallo extra petita, sino al contrario, congruente con los puntos recurridos, por cuanto existió pronunciamiento fundamentado, motivado y exhaustivo al respecto, explicando de manera razonada los hechos en que fundó su decisión en base a la apreciación de la prueba, y aplicando el principio de primacía de la realidad, no ameritando en consecuencia la nulidad de obrados al respecto.

Por otra parte, en relación al reclamo sobre el tiempo de servicios prestados por la demandante, que habrían sido reducidos sin fundamento alguno por el fallo recurrido; cabe señalar que, de una revisión del fallo recurrido, se observa ciertamente que el Tribunal de Alzada, sin argumento alguno disminuyó el tiempo de trabajo prestado por la actora, generalizando como fecha de ingreso en mayo de 2005 y no así el 5 de mayo de 2005, conforme se tiene de los datos del proceso y cuya finalización fue el 20 de noviembre de 2011, periodo de prestación de servicios que se encuentra respaldado por la literal de fs. 1 a 2, 6 y 24; de modo que, realizando un correcto computo del tiempo de servicios prestados por la trabajadora, el mismo asciende a 6 años, 6 meses y 15 días, en el entendido que la trabajadora empezó a prestar servicios el 5 de mayo de 2005 hasta el 20 de noviembre de 2011, hecho que no fue desvirtuado por la parte demandada, como era su obligación en aplicación al principio de la inversión de la prueba que rige materia social, consagrado en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT.

Por lo señalado, corresponde corregir el tiempo de prestación de servicios establecido por el fallo de segunda instancia respecto a la trabajadora demandante, por cuanto ciertamente se advierte la inexistencia de razones fundadas que permitan modificar tal hecho, cuando la parte demandada no presentó prueba que demuestre un tiempo de prestación de servicios distinto al establecido por el Juez A quo, encontrando por lo tanto fundado en parte el recurso propuesto en esta parte.

II.2 Resolviendo el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 335 a 341)

II.2.1. Casación en la forma

En cuanto al recurso de casación de la parte demandada, es preciso referir que entre los reclamos traídos en casación, se hace mención a la pérdida de competencia de la Juez de primera instancia al dictar su fallo dentro del apartado de recurso de casación en el “fondo”, de manera equivocada, puesto que corresponde a reclamos que hacen a la “forma”, por tratarse de errores in procedendo, referida a normas procesales, como es el plazo para dictar las resoluciones, por lo que se pasa a resolver ese reclamo en el presente acápite. 

Cabe señalar así, que tal aseveración no resulta evidente, en razón a que, revisando el cuaderno procesal, se observa que de acuerdo a la nota a fs. 297 realizada por la Secretaria del Juzgado, el expediente ingresó a despacho para resolución el 29 de octubre de 2013, y la Sentencia fue dictada el 07 de noviembre de 2013, conforme a fs. 305, es decir, que la resolución fue emitida dentro del término establecido en el art. 79 del CPT, por lo que no se encuentra fundado el reclamo al respecto.

Por otra parte, respecto a la acusación de falta de pronunciamiento sobre el memorial de objeción de prueba presentado por la demandada de fs. 294 a 295, por la Juez A quo y por el Tribunal Ad quem de acuerdo a los arts. 3.1) y 191 del CPC; es preciso recordar que, en materia de nulidades procesales, se deben observar ciertos principios como el de convalidación, de especificidad y de trascendencia, entre otros, de modo que, no es posible para el juzgador disponer la nulidad por la simple nulidad, o por mera aplicancia de la Ley, sino sólo en la medida en que ésta cause perjuicio cierto e irreparable a la parte perjudicada, vulnerando así de manera directa derechos fundamentales, de modo que su reparación sólo sea posible a través de la nulidad pretendida, o, en otros términos, se debe disponer la nulidad cuando ésta resulte útil al proceso, reestableciendo derechos procesales que pudieron haberse lesionado durante su tramitación, como es el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a la defensa.

En el caso de Autos, al no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, el reclamo carece de fundamento, toda vez que de la revisión del expediente se advierte que si bien la Sentencia Nº 241/2013 de 07 de noviembre, no contiene una ampulosa argumentación sobre la objeción de las pruebas de fs. 156 a 182 de obrados, sin embargo, resolvió dicho reclamo de la parte demandada, de manera precisa, ya que en su Cuarto Considerando señaló: “…donde se establece que la firma ilegible cuestionada fue producto de la mano escritora de la señora Alicia Avendaño Callisaya siendo el autor de la firma cuestionada por lo que dicha prueba tiene el valor legal para tomarse en cuenta en el presente proceso laboral conforme establece el Art. 67 del Código Procesal del Trabajo que prevé: En los juicios sociales se resolverán las cuestiones propias de la relación de trabajo y no se admite la excepción de Litis Pendentia , en consecuencia se aclara que las acciones penales, civiles o otras incoadas contra el trabajador, no suspenden ni enervan la instancia laboral…“ (las negrillas son nuestras); advirtiéndose con claridad, que el reclamo de la demandada fue resuelto oportunamente al momento de dictar Sentencia y siendo considerados por la Juez de primera instancia en términos claros, positivos y precisos.

Advirtiéndose por consiguiente que, los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados, por cuanto, al momento de la dictación, tanto de la Sentencia como del Auto de Vista, se cumplieron con las exigencias previstas en los arts. 3.1) y 191 del CPC, y habiéndose resuelto sobre el mencionado memorial de objeción de pruebas de la parte demandada.

Por último, con relación a la falta de firma de la Juez de la causa y de la Secretaria del juzgado en el acta de inspección ocular de fs. 123 a 124, de acuerdo a los arts. 102. 5) y 6) y 427 y 428 del CPC, y la acusación de que los de instancia no cumplieron el art. 3.1) del CPC; cabe señalar que, en base a los principios mencionados ut supra para la procedencia de la nulidad, en el caso de análisis, el hecho denunciado no puede considerarse un vicio procesal que amerite la nulidad de obrados porque el error anotado como vicio por la parte recurrente, no resulta trascendente para el juicio, en la medida que aquello sólo obedece a una formalidad que no fue incidentado oportunamente por la parte ahora reclamante, más aun si se considera que dicha prueba de descargo, no fue relevante para el decisorio; por lo tanto, el acto anulatorio buscado no tiene mayor relevancia, cuando de la lectura del proceso en su integridad se advierte que esta inspección ocular de fs. 123 a 124 de obrados fue parte de las pruebas (de descargo) de la demandada; a lo que se debe agregar que, la parte demandada no reclamó éste aspecto en apelación, siendo aplicable por ello la preclusión procesal reglada en los arts. 3.e) y 57 del CPT.

En mérito a lo anotado, y advirtiendo que los puntos recurridos en cuanto a la casación en la forma no constituyen razones suficientes que hagan viable la nulidad de obrados pretendida, en aplicación de los principios antes referidos, éste Tribunal decide mantener subsistente el fallo recurrido en cuanto al cuestionamiento al procedimiento se refiere.

II.2.2. Casación en el fondo

Cuyo reclamo está relacionado a la valoración probatoria, puesto que se acusa que los de instancia no realizaron un análisis minucioso de las pruebas ofrecidas en el proceso, incurriendo en error de hecho en la valoración de la prueba porque no existió una relación laboral entre las partes sino una relación de sociedad.

Al respecto, de la revisión de la prueba señalada como errónea o incorrectamente valorada, se advierte que ninguna de ellas demuestra con suficiencia y eficacia, lo aseverado por la parte recurrente, es decir que en la relación existente entre las partes haya sido una de sociedad y no así de carácter laboral.

En ese sentido, si bien es evidente que las literales que cursan de fs. 100 a 101, sobre recibos de alquiler de la demandante y de su esposo, así como recibos por concepto de servicios básicos de luz y agua, empero no demuestran la inexistencia de una relación laboral entre la actora y la demandada; del mismo modo, la certificación de fs. 102, tampoco prueba que haya existido una relación de sociedad entre la actora y la demandada, al contrario, la documental solamente refleja que la señora que suscribe dicha certificación alquiló dos ambientes de su casa aproximadamente por seis meses de duración, sin embargo no refleja lo vertido por la demandada en el proceso, es decir, que nunca haya existido una relación laboral entre ambas, como tampoco las literales de fs. 38 a 41, las cuales simplemente acreditan una actividad social según fotografías y la relación de parentesco de cuñadas conforme las tarjetas de felicitación por cumpleaños de una de las partes.

En cuanto a las declaraciones de las testificales de cargo, de fs. 109 a 113 vta., todas declararon con certeza, por conocimiento propio, y concordando en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares, conforme la previsión del art. 169 del CPT, que la actora ha prestado sus servicios a la demandada en la venta de chicharrón de pollo, es más, todos los testigos de cargo, manifestaron que siempre la veían vendiendo a la “caserita”, refiriéndose de esa manera a la demandante, y que incluso llegaron a pensar que ella era la propietaria del negocio de venta de chicharrón de pollo, pero corroboraron que no era la dueña cuando dejaron de verla y le preguntaron a la demandada que sucedió con la señora que atendía y les contestaba incluso de mala manera la demandada, en sentido que la había despedido y que ya no trabajaría ahí; con lo que se demuestra que sí existió una relación laboral entre ambas.

Así, de una revisión minuciosa de las testificales de descargo de fs. 133 a 137 de obrados, no son claras en cuanto al hecho de la supuesta relación de sociedad como lo afirmó la demandada en la tramitación del proceso, pues a más de simples referencias y circunstancias ocasionales relatadas, no declaran de manera clara, que les constara que no haya existido una relación eminentemente de carácter laboral, por lo que no constituye prueba suficiente, que permita denegar el reconocimiento y pago de los beneficios sociales y derechos laborales reclamados por la parte actora, máxime cuando se tienen principios reguladores e interpretativos de carácter protectivo que hacen a éste ámbito del derecho social conforme el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

En cuanto a la confesión provocada de la demandante, cursante a fs. 117, tampoco refleja que haya existido una relación de sociedad entre la demandante y demandada (cuñadas), sino más bien, dicha literal indica que la actora era la que preparaba los chicharrones de pollo, e incluso refleja el horario que atendían el negocio, al igual que la inspección ocular de fs. 123 a 124 que indica el horario de trabajo, como también las dimensiones del local conforme la autorización de la municipalidad, el cual era un ambiente pequeño, pero no refleja que no haya existido una relación de trabajadora-empleadora, más aún cuando en materia laboral la normativa vigente es muy clara al establecer las características esenciales de una relación laboral, en ese sentido, y de la base normativa laboral fundamental para determinar la existencia o no de una relación laboral, se halla dispuesta en los arts. 1 y 2 del DS No 23570 de 26 de julio de 1993; además del art. 2 del DS No 28699 de 1 de mayo de 2006; normativas que dieron luces y parámetros de certeza para establecer la relación laboral entre la trabajadora y la demandada en la venta de chicharrón de pollo.

Por todo lo expuesto, éste Tribunal encuentra que la valoración probatoria desarrollada por los de instancia fue correcta, puesto que se apreciaron las mismas con libertad, conforme a la lógica y los dictados de su conciencia, de modo que la prueba referida en casación, no forma convicción para emitir un fallo casacional como se pretende por la demandada, ahora recurrente, situación que también fue ya advertida por el mismo Tribunal de Alzada, cuando a momento de emitir su fallo, estableció que, si existió una relación laboral entre la demandante y la parte demandada, y que no existía prueba documental fehaciente y pertinente presentada por la parte demandada que desvirtúe la pretensión de la demandante en cuanto a su relación laboral, caso contrario, hubiese revocado totalmente la Sentencia el Tribunal ad quem.

Por lo relacionado, no siendo evidentes las infracciones acusadas por la parte recurrente, corresponde resolver el recurso, en la forma que prevén los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de Autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, en cuanto al recurso de casación interpuesto por Verónica Albertina Apaza Olivera de fs. 329 a 331, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 89/2014 SSA-I de 05 de mayo (fs. 324 a 325 vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en lo que respecta al tiempo de servicios prestados por la trabajadora, siendo lo correcto el tiempo de servicios de 6 años, 6 meses y 15 días, debiendo pagarse los derechos y beneficios liquidados más adelante; y en cuanto al recurso de casación interpuesto por el representante legal de Alicia Margarita Avendaño Callisaya de fs. 335 a 341, se declara INFUNDADO. Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

       LIQUIDACIÓN A PAGAR

Bases

Tiempo de prestación de servicios:                6 años, 6 meses y 15 días

Sueldo Promedio Indemnizable:                Bs.815,40.-

Conceptos

Indemnización por tiempo de servicios

Bs.5.334,07-

Desahucio

Bs.2.443.00.-

Vacación (duodécimas gestión 2011)

Bs.780.00-

Aguinaldo (duodécimas gestión 2011)

Bs.1.560,93.-

SUMATORIA-TOTAL PARCIAL

Bs.10.118,00.-

Más la multa 30% DS N° 28699

Bs.3.035,4.-

TOTAL A CANCELAR

Bs.13.153,40.-

Sin multa por ser excusable el error cometido.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera