TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 434

Sucre, 17 de junio de 2015

Expediente: 42/2011-A

Demandante: Sinchi Wayra S.A.

Demandado: Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes del  Servicio de Impuestos Nacionales

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 241 a 249, interpuesto por Hugo Fuentes Canaviri en representación de la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes (GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); contra el Auto de Vista N° 84/09 de 12 de agosto, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso Contencioso Tributario seguido por la empresa Sinchi Wayra S.A. contra la Gerencia Distrital del GRACO del SIN; la respuesta al recurso de Casación (fs. 200 a 264); los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Auto Interlocutorio

Que, tramitado el proceso Contencioso Tributario, la Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio N° 12/2009 de fecha 2 de marzo de fs. 193 a 194, rechazando la excepción de cosa juzgada opuesta por la Gerencia Distrital del GRACO del SIM de fs. 162 a 165 vta., disponiendo la continuación del proceso hasta Sentencia.

Interpuesto el recurso de apelación por el ente fiscal (fs. 206 a 211), mediante Auto de Vista N° 84/09 de 12 de agosto, la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó en su integridad el Auto Interlocutorio N° 12/2009, ante lo cual la Gerencia Distrital del GRACO del SIM interpone recurso de casación en el fondo y la forma en fecha 6 de octubre fs. 241 a 249.

Mediante auto de fecha 21 de octubre de 2009 fs. 264, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz ejecutoria el Auto de Vista Resolución N° 84/09 de fs. 238 a 239.

En fecha 9 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital del GRACO del SIN, anuncia compulsa la misma que corridos los trámites pertinentes es declarada legal mediante Auto Supremo N° 421/2010 de fecha 6 de septiembre de 2010.

Concluida la misma luego de sorteo correspondiente, corresponde resolver el recurso de  casación en  el  fondo  y  la forma presentado por la Gerencia Distrital del

GRACO del SIN de 6 de octubre de fs. 241 a 249.

I.2 MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra esta resolución, Hugo Fuentes Canaviri en representación de la Gerencia Distrital GRACO del SIN; planteo recurso de casación, en contra del Auto de Vista N° 084/09 con los argumentos que se resumen a continuación.

I.2.1 RECURSO DE CASACIÓN PLANTEADO POR LA ADMINITRACION TIBUTARIA

I.2.1.1 Recurso de Casación en el fondo.

De revisión del recurso de casación en el fondo, se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

  1. Violación y errónea aplicación de los arts. 54, 58 y 59 de la ley 1340.

El Auto de Vista N° 84/09 reconoce expresamente que el adeudo tributario establecido mediante Resolución Administrativa N° 003/99 de 24 de marzo, fue cancelado a excepción de la liquidación de accesorios sobre la multa, omitiendo la consideración del concepto único e integral de adeudo tributario, vulnerando de este modo el último párrafo del art. 58 de la Ley 1340 con la agravante de que el supuesto silencio de la Administración Tributaria, implicaría su aceptación, lo que a su vez constituye violación del parágrafo II del art. 54 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano, que sanciona con responsabilidad funcionaria la negativa por parte de la Administración Tributaria, a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean estos parciales o totales. A esto se suma la inobservancia y violación del art. 59 que al referirse a la actualización, determina que los preceptos citados muestran con meridiana claridad que una vez establecido el adeudo tributario con todos sus compontes, entre los cuales se encuentra la sanción, su pago se sujetará al régimen de  Actualización, determina erróneamente y considera que la sanción debe ser tratada y actualizada por separado, como si esta no se hallase dentro de la Resolución Administrativa N° 003/99, llegando a la lesiva conclusión y determinación de que la excepción de cosa juzgada opuesta por la Administración no corresponde por falta de fundamento legal.

  1. Violación de los arts. 42.2 de la Ley 1340, 66, 108 y 109 de la Ley 2492, que implican violación y limitación a las facultades de la Administración, que dicho sea de paso han sido conferidas por ley, pues adviértase que el numeral 6 del art. 66 de la Ley 2492, hace referencia a la facultad específica de ejecución tributaría, procedimiento dentro el cual el contribuyente paga parcialmente su obligación y deduce nueva demanda para evitar el pago de la diferencia resultante de la actualización a que hace referencia el art. 59 de la ley 1340, esta acción consentida por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Respetable Corte del Distrito Judicial de La Paz, implica la violación del numeral 6 del art. 66 de la ley 2492, pues se está impidiendo de este modo el cumplimiento de una función pública, a este aspecto se suma la violación del art. 108 de la ley 2492, en razón a que se ha desconocido la calidad de título de ejecución tributaría al Auto Supremo N° 825/07 al impedir su cumplimiento y por consiguiente su ejecución. Lo expuesto nos muestra claramente la violación del numeral 6 del art. 66 art. 108 y la errónea aplicación del art. 109 de la Ley 2492.

I.2.1.1 Recurso de Casación en la forma.

De lectura y revisión del recurso en la forma se evidencia los siguientes motivos:

  1. Omisión de los argumentos del recurso de apelación; se tiene que los argumentos de orden técnico y legal expuestos en el recurso de apelación no han sido observados y menos considerados a tiempo de emitir resolución, advirtiéndose de revisión del recurso de apelación que la administración Tributaría en ningún momento afirmo lo expuesto en el Auto de Vista Resolución N°84/09 de 12 de agosto de 2009, lo que demuestra la violación del parágrafo I del art. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y del parágrafo I del art. 115 de la CPE incurriendo en la causal contenida en el art. 254.4 del Código de Procedimiento Civil (CPC) violación de derechos que se prueba a través de la revisión del recurso de apelación interpuesto por la Administración Tributaría.

I.2.1.2 PETITORIO

Concluyó indicando que habiéndose demostrado el agravio sufrido por el contenido del Auto de Vista Resolución N° 84/09 de 12 de agosto cursante de fs. 238 y 239 de obrados, por evidente violación del parágrafo.  I del art. 115 y parágrafo I del art. 119 y 410 de la CPE, art. 5 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), arts. 5, 28 y 59 de la Ley 1340, Núm. 6 del art. 66 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de conformidad con los arts. 214 de la ley 1340, arts. 253.1, 254.4, 257 y 258.2 del CPC interpone recurso de casación en el fondo y en la forma contra el Auto de Vista Resolución N° 84/09 de 12 de agosto, cursante de fs. 238 y 239 de obrados, solicitando una vez concedido el presente recurso, que el Tribunal SupremO de Justicia se pronuncie casando dicha resolución y declare probada la excepción de cosa juzgada opuesta por la Administración tributaria.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, previo a considerar los fundamentos del recurso planteado, este alto tribunal se encuentra en la exigencia ineludible de dar cumplimiento al mandato del art. 17 de la LOJ, a cuyo efecto esta compelido a examinar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer la posible concurrencia de anomalías procesales en la tramitación de los procesos, en cuyo caso impondrá si correspondiere, la sanción debida o determinar cuando el acto advertido lesione la garantía constitucional del debido proceso y haga insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, todo ello bajo previsión del art. 252 del CPC. 

En el caso traído a casación se evidencia que la demanda y su ampliación versa sobre la aplicación de intereses de multa por mora y calificación de multa por conducta del contribuyente -defraudación- practicada por la AT, la cual según el sujeto pasivo se apartaría de lo dispuesto por el art. 150 del CTB y la incorrecta aplicación de los arts. 3, 58, 59, 101.1 y 118 de la Ley N° 1340 y, como en segundo argumento, la nulidad de la notificación de estos por no haberse dado cumplimiento a la forma, expresando su desacuerdo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GGLP-ACC-PIET-E 1379/08 de fecha 29 de septiembre de 2008 y los proveídos DTJCC-GRACO-PROV-040/08 de  21 de octubre de 2008, DTJCC-GRACO-00041/08 de  31 de octubre de 2008, DTJCC-GRACO-00045/08 de 26 de noviembre de 2008, DTJCC-GRACO-00047/08 de 5 de diciembre de 2008 y DTJCC-GRACO-00051/08 de 15 de diciembre de 2008, todos a decir de contribuyentes ilegales, demanda que fue admitida por la Juez de grado mediante auto interlocutorio N° 193/08 de 23 de diciembre de 2008.

En el contexto descrito, se debe convenir que el proceso contencioso tributario es una vía de impugnación directa de los actos administrativos tributarios que se subsumen en las previsiones de los arts. 174 y 182 de la Ley N° 1340, dispositivos legales que se constituyen en la vía para que el contribuyente acceda a la jurisdicción judicial a efecto de cuestionar y mostrar la violación de sus derechos sobre actos y resoluciones de la Administración por los que se determine tributos o se apliquen sanciones y en las que no hubiese conformidad; dicho procedimiento se sustancia con arreglo a lo dispuesto en el art. 214 del ya mencionado compilado tributario, añadiendo que sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán las normas del procedimiento civil.

Por otra parte el Código Tributario Ley N° 2492 en su art. 108, determina los títulos de ejecución tributaría por los que la AT puede dar inicio a una ejecución tributaria; asimismo el art. 517 del CPC, determina que en fase ejecución no son susceptibles de impugnación y no pueden ser suspendidos por ningún recurso ordinario, extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarlo e impedirlo; excepto por aquellas excepciones previstas en el art. 109 de la Ley N° 2492, toda vez de la existencia en el caso de autos de un título de ejecución tributaria con suma líquida y exigible, que no requiere ya de un proceso de determinación de deuda u omisión de tributos y accesorios.

También se puede evidenciar que la demanda traída a estrados no especifica el monto en exceso que supuestamente estaría siendo pretendido cobrar irregularmente por la AT, y cuál sería el monto correcto y cuál sería la suma en exceso a pagar según su percepción y de que forma el sujeto activo habría arribado a ese monto, limitándose a señalar que se le pretende aplicar intereses sobre la mora y la multa de defraudación, hecho que tampoco es aclarado en memorial de respuesta del sujeto activo, evidenciándose obscuridad e imprecisión de la demanda.

Asimismo, los inferiores de grado infieren que los arts. 174 y 182 de la Ley 1340 otorga competencia a la vía judicial para conocer la demanda y recogen la premisa de que todos los actos administrativos emitidos por la AT son impugnables mediante proceso contencioso tributario.

Ante esta posición asumida por los juzgadores de grado se hace preciso aclarar que si bien los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) son meros actos administrativos preparatorios de ejecución de títulos de ejecución tributaria, estos no pueden ser confundidos con actos administrativos que contengan la calidad de determinación de tributos o multas, que sí se constituyan en adeudos definitivos, pues mientras estos últimos determinan e imponen un tributo o multa en forma definitiva, los otros son meros actos de preparación de una ejecución y no deciden sobre el fondo del asunto, habida cuenta que ese acto es, en esencia, un medio instrumental para la ejecución tributaria que depende de otro acto cual es el título que habilita a ésta; sin embargo si bien es cierto que la providencia de inicio de ejecución tributaria y las providencias de ejecución mencionadas son simples y meros actos administrativos de ejecución, no es menos cierto que estos evidentemente puedan llevar una carga de irregularidad y exceso en el monto liquido pagable por parte de la administración, momento en el cual estos meros actos administrativos de inicio de ejecución podrían constituirse en verdaderos nuevos actos que determinen una nueva modalidad de imposición de otra nueva multa y momento en el cual sí podrían ser recurribles en sede judicial, lo cual no se advierte en el caso de autos, a mérito que los impugnados no ingresan en tal definición.

En el caso presente, la A quo al haber admitido y tramitado el presente proceso actuó sin competencia, es decir, al margen de la ley, toda vez que la demanda contenciosa tributaria de impugnación de actos administrativos de mero trámite como lo son PIET, no se encuentran sujetos al marco normativo previsto por la Ley N° 1340; y la Juez de primera instancia al percatarse de esta situación debió observar los arts. 108 y 109 de la Ley N° 2492 y 517 del CPC, normativa omitida por esta autoridad jurisdiccional, pero tampoco advertida por el Tribunal de segunda instancia, situación que debe enmendarse de oficio en virtud del art. 17 de la LOJ, correspondiendo en el caso presente, anular obrados, puesto que según prevé el  art. 122 de la CPE: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les compete, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley” (sic).

En consecuencia, al haberse incumplido normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio conforme prevé el art. 90 del CPC, corresponde fallar conforme disponen los arts. 17 de la LOJ, 252, 271.3 y art. 275 del CPC, aplicables al caso presente por mandato del art. 214 de la Ley N° 1340.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el Auto Interlocutorio de admisión de demanda de fs. 108 a 110 inclusive y dispone el rechazo in limine de la demanda y ampliación de demanda de fs. 101 a 104 vta. y 106 a 107 respectivamente. Se salva los derechos de la parte demandante para que acuda a la vía llamada por ley.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de AASS anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera