TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 429

Sucre, 16 de junio de 2015


Expediente                        : 136/2015-A

Demandante                : Gobierno Autónomo Departamental del Beni

Demandado                : Osvaldo Rioja Chanato

Distrito                        : Beni

Magistrado Relator        : Dr. Pastor Segundo Mamani Villca


          VISTOS: Los recursos de casación de fs. 521 a 522 interpuesto por Carlos Monasterio Chávez, el de fs. 524 a 526 incoado por Gabriel Ortiz Cardozo y el de fs. 528 a 530 por Rubén Darío Aponte Vélez, contra el Auto de Vista Nº 08/2015 de 04 de febrero, pronunciado por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito del Beni; dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Gobierno Autónomo del Beni contra Osvaldo Rioja Chanato, sin respuesta a los mismos, el Auto N° 45/15 de 16 de abril que concedió los recursos, sin respuesta a los mismos, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

           I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

           I.1. Sentencia

        Tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, emitió la Sentencia N° 12/2014 de 23 de octubre, que corre en obrados de fs. 468 a 479 vta., declarando probada la demanda coactivo fiscal de fs.136 a 137 vta., determinando:

1. Con referencia al cargo y monto de la Nota de Cargo N° 88/2011 de 12 de septiembre en su calidad de deudor al Estado, la responsabilidad civil de los coactivados Osvaldo Rioja Chanato, Ramiro Arteaga Barbery en forma solidaria con Ángel Edmundo Rivero Gutiérrez, por defraudación de fondos públicos, con fundamento  en el art. 77.a de la Ley del Sistema de Control Fiscal (LSCF) y art. 31 de la Ley 1178 (Ley SAFCO), manteniendo contra sus personas el cargo original de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.16.833.-).

2. Con referencia al cargo y monto de la Nota de Cargo N° 89/2011 de 12 de septiembre en su condición de deudor del Estado, la responsabilidad del coactivado Ramiro Arteaga Barbery, por defraudación de fondos públicos, con fundamento en el art. 77.a de la LSCF y art. 31 de la Ley SAFCO, manteniendo el cargo original de TRECE MIL  SETECIENTOS VEINTINUEVE 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us 13.729.-).

3. Con referencia al cargo y monto de la Nota de Cargo N° 90/2011 de 12 de septiembre en su calidad de deudor del Estado, la responsabilidad del coactivado Wilfredo Guzmán Dacosta, por defraudación  de fondos públicos, con fundamento en el art. 77.a de la LSCF y art. 31 de la Ley SAFCO, manteniendo el cargo original de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DOLARES AMERICANOS ($us. 3.378.-).

4. Con referencia al cargo y monto de la Nota de Cargo N° 91/2011 de 12 de septiembre en su calidad de deudores del Estado, la responsabilidad de los coactivados Wilfredo Gzmán Dacosta en forma solidaria con Osvaldo Rojas Chanato, por falta de rendición de cuentas con plazos vencidos de sumas recibidas, en previsión  del art. 77.b de la LSCF y art. 31 de la Ley SAFCO, manteniendo el cargo original de OCHOCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS ($us 870.-).

5. Con referencia al cargo y monto de la Nota de Cargo N° 92/2011 de 12 de septiembre en su calidad de deudores del Estado, la responsabilidad de los coactivados Gerardo Mercado Mendoza en forma solidaria con  Carlos Monasterio Chávez, Raúl León Cardozo y Rubén Darío Aponte Vélez por defraudación  de fondos públicos, en previsión  del art. 77.a de la LSCF y art. 31 de la Ley SAFCO, manteniendo el cargo original de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 89/100 DOLARES AMERICANOS ($us. 6.725,89.-).

6. Con referencia al cargo y monto de la Nota de Cargo N° 93/2011 de 12 de septiembre de 2011 en su calidad de deudores del Estado, la responsabilidad de los coactivados Gerardo Mercado Mendoza en forma solidaria con  Carlos Monasterio Chávez, Raúl León Cardozo y Rubén Darío Aponte Vélez por apropiación y disposición  arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, con fundamento en el art. 77.h de la LSCF y art. 31 de la Ley SAFCO, para los tres primeros y  por defraudación  de fondos públicos con fundamento en el art. 77.a de la LSCF y art. 31 de la Ley SAFCO para el último, manteniendo el cargo original de DIESICIETE MIL CUARENTA Y CINCO 13/100 DOLARES AMERICANOS ($us 17.045,13.-).

7. Con referencia al cargo y monto de la Nota de Cargo N° 94/2011 de 12 de septiembre en su calidad de deudores del Estado, la responsabilidad del coactivado Gerardo Chávez Velasco por falta de rendición de cuentas con plazo vencido de sumas recibidas, en previsión  del art. 77.b de la LSCF y art. 31 de la Ley 1178, manteniendo el cargo original de DIESICIETE MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA Y SEIS 90/100 DOLARES AMERICANOS ($us.17.776,90.-).

8. Con referencia al cargo y monto de la Nota de Cargo N° 95/2011 de 12 de septiembre en su calidad de deudores del Estado, la responsabilidad de los coactivados Gerardo Mercado Mendoza en forma solidaria con  Carlos Monasterio Chávez, Raúl León Cardozo y Rolando Vaca Ibáñez por defraudación  de fondos públicos, con fundamento en el art. 77.a de la LSCF y art. 31 de la Ley SAFCO, manteniendo el cargo original de DIECINUEVE 00/100 DOLARES AMERICANOS ($us. 19.000.-).

9. Con referencia al cargo y monto de la Nota de Cargo N° 96/2011 de 12 de septiembre en su calidad de deudores del Estado, la responsabilidad de los coactivados Gabriel Ortiz Cardozo en forma solidaria con  Carlos Monasterio Chávez, Raúl León Cardozo y Wilfredo Guzmán Dacosta por apropiación y disposición  arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, con fundamento en el art. 77.h de la LSCF y art. 31 de la Ley SAFCO, manteniendo el cargo original de VEINTEMIL 00/100 DOLARES AMERICANOS ($us.20.000.-).

Disponiendo asimismo, la cancelación  de los adeudos al Estado en moneda nacional y su consiguiente actualización en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 y art. 20 de la LPCF al momento de la cancelación. Asimismo, se libre Pliego de Cargo en Sentencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada.

I.2 Auto de Vista

Contra esa resolución interpusieron recurso de apelación: Gabriel Ortiz Cardozo por escrito de fs.483 a 485, Rubén Darío Aponte Vélez  por memorial de fs. 488 a 489 vta. y Carlos Monasterio Chávez por memorial de fs.495 y vta., que tramitados por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial del Beni, fueron resueltos por Auto de Vista N° 08/2015 de 04 de febrero, que confirmó la Sentencia N° 12/2014 de 23 de octubre, sin costas.

II. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN   

Contra el señalado Auto de Vista de fs. 514 a 517, Carlos Monasterio Chávez, Gabriel Cardozo Ortiz y Rubén Darío Aponte Vélez,  interpusieron recurso de casación por memoriales de fs. 521 a 522, 524 a 526 y 528 a 530 respectivamente.

II.1 Recurso de casación de Carlos Monasterio Chávez

Manifiesta el recurrente que el Auto de Vista al confirmar la Sentencia, cae en la misma contradicción, porque aplica  y admite una aplicación errónea del art. 1311 el Código Civil (CC), que se aplicó de manera distinta para favorecer al demandante y otra, para perjudicar a los coactivados, situación de desigualdad, haciendo valer documentos ilegales, tal el caso de las fotocopias simples aportadas por el demandante, restando la misma a los documentos de descargo.

Señala asimismo, que el Auto de Vista no consideró sus descargos, menos el memorial de 21 de mayo, en el que se hizo una verdadera  relación del injusto proceso; además de no haberse considerado y valorado, los Informes del auditor de la Sala Social y Administrativa y J.C.F. respecto a las Notas de Cargo N° 92/2011, 93/2011 y 96/2011 confirmadas contra derecho y contra el criterio del auditor, facilitando a la entidad coactivante para la presentación de documentos, violentando el debido proceso y  otros derechos y garantías constitucionales, así como la igualdad entre partes, en previsión del art. 3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), violándolos arts. 14. I, 115, 120.I, 180.I.II de la CPE.

       Refiere que con relación a la Nota de Cargo N° 95/2011, valen los mismos argumentos, porque a raíz de la impugnación realizada al informe del auditor, se realizó nueva auditoría, que concluyó recomendando se la deje sin efecto y la misma no fue considerada ni en Sentencia ni en el Auto de Vista,  no obstante su impugnación.

Petitorio

Señala que interponiendo recurso de casación en el fondo para que el Tribunal Supremo dicte Auto Supremo casando totalmente el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, deje sin efecto las Notas de Cargo N° 92/2011, 93/2011, 96/2011 y 95/2011, consecuentemente la cesación de las medidas cautelares a que está sometido injustamente.

II.2 Recurso de casación de Gabriel Ortiz Cardozo

Acusa el recurrente, que el Auto de Vista confirmó la Sentencia sólo con la finalidad de beneficiar al coactivante, haciendo valer simples fotocopias incurriendo en error de fondo, con relación a Rubén Darío Aponte Vélez, que presentó descargos en fotocopias simples y se aplicó de distinta manera el art. 1311 del CC; pruebas que impugnó cuando fue citado con la demanda y la Nota de Cargo N° 96/2011 a través del memorial de 25 de noviembre de 2011,porque no admitió nunca en la legalidad de las mismas; criterio erróneo en la aplicación de la Ley sustantiva, confirmado por el Ad quem que cae en la previsión contenida en el art. 253.1.2 del CPC.

Refiere que la Sentencia confirmada por el Auto de Vista, no consideró la opinión del auditor de la Sala Social y Juzgado coactivo, que notificó a la Gobernación para que presente los documentos originales y remitió notas a la Contraloría departamental y general con la misma exigencia sin haberse logrado que aparezcan los documentos originales.

Manifiesta que no se consideró el informe emitido por el auditor de la Sala  que de manera imparcial sugirió se deje sin efecto la Nota  de Cargo N° 96/2011, porque no estaba acreditada documentalmente y el Juez debía fundamentar por qué no consideró el informe que es la opinión de una autoridad  judicial.

Petitorio

Concluyó su recurso, pidiendo que se dicte Auto Supremo, casando totalmente el Auto de Vista recurrido, en conformidad con lo dispuesto por el art. 272 del CPC y deliberando en el fondo, se deje sin efecto la Nota de Cargo N° 96/2011.

II.3 Recurso de casación de Rubén Darío Aponte Velez

Manifiesta que el Auto de Vista al confirmar la Sentencia, incurre en aplicación errónea del art. 1311 del CC, porque se la aplica en distinto sentido cuando se trata de la entidad coactivante y cuando se trata de los coactivados que presentaron descargos que enervan las mismas, (fs. 283 a 325), documentos que fueron auditados, por informe de fs. 412 a 418, que determinó haberse descargado totalmente las notas de cargo giradas en su contra  y que demostró la devolución  de los dineros prestados  por la ex CORDEBENI, en demasía por un error contable de los préstamos a favor de la entonces Prefectura de Beni de la cual era su primera autoridad.

Señala que los descargos auditados se encuentran en fotocopias cuyos originales se encuentran en los archivos de la Gobernación, por lo que solicitó expresamente que la entidad coactivante legalice las mismas, como ordenó el Juez, que no fue cumplida.

Que la Sentencia no efectuó un análisis de dichas circunstancias y determinó que sus descargos no tienen valor legal, aplicando el art. 1311 del CC, no obstante en la misma Sentencia se da valor legal a fotocopias simples presentadas por la Gobernación (caso Gabriel Ortiz Cardozo) que observó oportunamente este aspecto.

Manifiesta que ni el A quo ni el Tribunal de Alzada consideraron las fotocopias legalizadas de fs. 385 a 388, que establecen que devolvió los dineros prestados,  presentados en el plazo de ley (fs. 301 corresponde a fs. 385; 303 corresponde a 387, 305 corresponde a 388).

Que no es custodio ni depositario del archivo de su gestión, por lo que presentó fotocopias de su archivo personal individualizando el lugar en que se encuentran los originales, cumpliendo con  el art. 330 del Código de Procedimiento Civil, que no fueron impugnados por tanto tienen todo el valor legal como entendió el auditor de la Sala Social al emitir su informe que no fue considerado.

Que al favorecer ostensiblemente al demandante, el Tribunal también violentó el art. 3.3 del CPC que determina el deber de  los tribunales de  tomar las medidas necesarias para  asegurar la igualdad de las partes en todas las actuaciones del proceso, cuya inobservancia acarrea la nulidad plena, conforme determina el art 90 del CPC, violándose asimismo sus derechos constitucionales establecidos en los arts. 14.I, 115, 120.I y 180.I.II.

Petitorio

Concluye su recurso solicitando se emita resolución casando totalmente el Auto de Vista recurrido conforme al art. 274 del CPC y deliberando en el fondo, se deje sin efecto las Notas de Cargo N° 92/2011 y 93/2011 de fs. 149 y 150, consecuentemente la cesación de todas las medidas cautelares. Con condenaciones de ley.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

Analizados los recursos y en mérito que los recurrentes invocan los mismos agravios, se procederá a la resolución conjunta de los mismos, resolviendo individualmente aquellos que tengan esta calidad.

Señalado lo anterior, corresponde inicialmente referirnos al punto referido a la incorrecta y desigual aplicación del art. 1311 del CC en que hubiera incurrido el Ad quem, respecto de la prueba presentada por las partes; al respecto, de la revisión de los antecedentes de obrados, se evidencia que efectivamente de inicio, la entidad coactivante, presentó las pruebas de fs. 44 a 136,  en fotocopias simples, empero, ante la observación realizada por el coactivado Gabriel Ortiz Cardoza por memoria de fs. 182, la autoridad coactivante exponiendo su imposibilidad de presentar los originales por encontrarse en archivos de las oficinas de la Contraloría en la ciudad de Sucre, solicitó al Juez de la causa, disponga su remisión a la ciudad de Sucre para su legal notificación, petición que les fue otorgada por decreto de 15 de diciembre de 2011, subsanándose la observación realizada.

Ahora bien, respecto a Carlos Monasterio Chávez y Rubén Darío Aponte Velez sobre este punto, los mismos no impugnaron las referidas pruebas como sale de los memoriales de apersonamiento de fs. 185 y 187, por consiguiente, convalidaron las mismas y cualquier reclamo al respecto en etapas posteriores resulta ineficaz; a lo que se debe añadir que este punto fue resuelto por el Tribunal de Alzada con el debido análisis de la prueba de cargo y de descargo ofrecida por las partes, concluyendo que el A quo valoró la prueba de manera correcta y objetiva, considerando la verdad material de los hechos en previsión del art. 180 de la CPE y la valoración que les otorga la ley, así como acudiendo a su prudente criterio, ingresando en el análisis individual de las pruebas  tanto de cargo como las de descargo, considerando insuficiente el valor probatorio de las últimas para enervar el  Dictamen emitido por la Contraloría de la República, que se sustenta en el art. 43.a) de la Ley 1178 y art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, en previsión de los arts. 25 del DS N° 21364 de 13 de agosto de 1986, art. 27.c) de la Ley SAFCO y art. 77.a.b.h de la LSCF, estableciendo que no existió conculcación alguna al debido proceso.

Advirtiéndose de los antecedentes de obrados, que el juez de la causa concedió igual tratamiento al coactivado Rubén Darío Aponte Vélez, respecto de la prueba ofrecida en fotocopias simples de fs. 283 a 325 cuando solicitó a la autoridad judicial la remisión de las referidas pruebas a la Gobernación del Beni para su legalización, como consta en decreto de fs. 327 vta., constando de fs. 385 a 391 que la autoridad cumplió con lo solicitado a través de su apoderado legal CARMELO LENZ FREDERIKSE, quien remitió al juzgado Certificación de la Jefatura de Memoria institucional del Gobierno Autónomo del Beni que refiere que no existe la documentación de descargo de Rubén Darío Aponte, excepto la correspondiente a los comprobantes de caja N° 000001, 000004 y dos cheques por Bs.10.000.- N° 006052 y Nº 006055 (fs. 285 a 303) cuyas copias legalizadas se aparejaron al informe, remitiéndonos al respecto a las consideraciones manifestadas supra. Por consiguiente no resulta cierta la vulneración del art. 1311 ni del debido proceso por infracción del derecho a la igualdad de las partes.

Con relación a la no consideración del Informe evacuado por el auditor del juzgado, reclamado también por los tres recurrentes que refieren que el juez debió basar su decisión en el mismo, cabe sobre este punto señalar que de la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece con certeza que el Tribunal resolvió este punto de manera expresa y con la debida fundamentación legal, aclarando al recurrente que la fuerza probatoria del dictamen fiscal está sujeta a lo dispuesto por el art. 441 del CPC y que el mismo fue apreciado por el A quo con los fundamentos cursantes en la Sentencia, de cuya conclusión el Ad quem estableció que el juzgador no se encuentra obligado a asumir las sugerencias emitidas por los peritos, cuyas conclusiones en definitiva son eso, sugerencias que el juzgador puede estimar o no, comprobando su eficacia probatoria en relación a los medios probatorios aportados por las partes en el marco de los arts. 397 y 441 del CPC con relación al art. 1333 del CC, criterio compartido por este Tribunal, no encontrado agravio alguno al respecto.

Por los fundamentos expuestos, corresponde a este Tribunal emitir resolución, en previsión de los arts. 271.1 y 2 y 272 del CPC

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 521 a 522, 524 a 526 y el de fs. 528 a 530, incoados por  Carlos Monasterio Chávez, Gabriel Ortiz Cardozo y  Rubén Darío Aponte Velez, respectivamente, todos contra  el Auto de Vista  N° 08/2015 de 04 de febrero de 2015.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.