TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM.; SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO Nº 427

Sucre, 16 de junio de 2015

Expediente: 152/2011-S

Demandante: Carlos Barba Suárez

Demandada: Administración de Aeropuertos y Servicios

Auxiliares a la Navegación Aérea

Distrito        : Beni

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Julio Augusto Florido Camacho, Director Regional a.i de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA-Beni), cursante de fs. 65 a 66, impugnando el Auto de Vista de 17 de enero de 2011 de fs. 60 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Beni; dentro del proceso laboral de pago de multa de 30% seguido por Carlos Barba Suárez contra la entidad recurrente; el Auto de 22 de febrero de 2011 que concedió el recurso de fs. 73; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

A conclusión del proceso laboral, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Beni, pronunció la Sentencia N° 15/2010 de 22 de febrero (fs. 42 a 44), declarando probada la demanda y disponiendo que la AASANA-Beni, pague a favor del demandante Carlos Barba Suárez, la multa del 30% que corresponde del monto total pagado como beneficios sociales, que asciende a Bs.3.138.

I.1.2 Auto de Vista

En conocimiento del precitado fallo, Pedro José Tellería Ferreira, en representación de la AASANA a través del memorial cursante a fs. 49 y vta., interpuso recurso de apelación, que fue resuelto mediante el Auto de Vista impugnado, a través del cual el Tribunal de apelación, confirmó totalmente la Sentencia, ratificando que la entidad demandada pague la multa del 30%, sin costas.

I.2 RECURSO DE CASACIÓN

Contra el señalado Auto de Vista la entidad demandada por medio de escrito que sale de fs. 65 a 66, señala como motivos de su recurso:

1) El Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista, aplicó erróneamente el art. 117.b) del Código Procesal del Trabajo (CPT) concordante con el art. 327.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC) y el DS Nº 28699, por cuanto AASANA no es culpable que el demandante hubiera aperturado su cuenta bancaria a destiempo; dice que, todas las entidades públicas están bajo el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), aprobado mediante Decreto Supremo (DS) Nº 25875 de 18 de agosto de 2000 y que su implementación es obligatoria para todas las entidades del sector público señaladas en el art. 3 de la Ley Nº 1178. Afirma que, las entidades públicas ya no manejan dineros en efectivo, sino mediante el SIGMA efectúan transferencias de fondos a las cuenta del beneficiario. Estos aspectos fueron señalados en el memorial de apelación y la confesión del demandante, quien señaló “que la institución le obligó a abrir para hacerme efectivo el pago” (sic); argumentos que no fueron valorados ni tomados en cuenta por el Juez de primera instancia ni por el Tribunal de Alzada.

2) Señala que, de una revisión minuciosa se establece que, el memorial de demanda no cumple con los requisitos establecidos por el art. 117.b del CPT y art. 327.3 del CPC, por lo que al ser admitida no se cumplió con el art. 121 del CPT; es decir que el demandante no señaló su domicilio particular, vulnerando de esta forma los citados artículos, normas que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme dispone el art. 90 del CPC.

I.2.1 Petitorio

El recurrente pide que este Tribunal Supremo de Justicia, “anulen y casen la Sentencia N° 15/2010…y el Auto de Vista N° 06/2011” (sic).

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1.1 Sobre la aplicación de la multa del 30% prevista por el DS No 28699 de 1 de mayo de 2006

En esencia denuncia el recurrente que el Tribunal de apelación al pronunciar el Auto de Vista objetado, aplicó erróneamente el DS Nº 28699, porque no advirtió que el demandante no abrió oportunamente su cuenta bancaria para que se le realice la transferencia de fondos correspondiente a sus beneficios sociales a través del SIGMA; aspectos que fueron resaltados en el memorial de apelación y la confesión del demandante, que no fueron valorados ni tomados en cuenta.

En principio enfatizar que el art. 48.I.II de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que “las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”        

El art. 158 del CPT, prevé que “el juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes…”. Este dispositivo legal advierte que, la labor de apreciación y valoración de la prueba encomendada al Juez laboral, no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba, por cuanto en materia social el Juez está liberado a formar libremente su convicción, inspirado en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito.

Por su parte el art. 9 del DS Nº 28699 dispone: I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”. Esta norma legal, precisa un plazo perentorio para el pago de beneficios sociales al trabajador que cesa en sus funciones, previendo la imposición de una multa de 30% a favor del trabajador sobre el monto total a cancelarse incluyendo el mantenimiento de valor calculado y actualizado sobre la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda, cuando el pago se efectivice vencido el plazo otorgado.

En autos del análisis de los documentos que cursan en obrados se establece que, la AASANA a través del Memorándum TRYGY A/1037/007 de 16 de julio, prescindió de los servicios del demandante y canceló los beneficios sociales recién el 27 de septiembre de 2007, o sea después de 1 mes y 27 días de haber fenecido el plazo establecido por el art. 9 del DS Nº 28699, aspecto que automáticamente hace pasible a la aplicación de la multa del 30% previsto por la norma legal citada; tal situación fue también advertida por el Tribunal de Alzada, que en el inciso a) del segundo Considerando del Auto de Vista, concluyó que “no consta en obrados que la institución demandada hubiese hecho el pago de los beneficios sociales en el plazo antes señalado, en ese sentido y a criterio de este Tribunal que si corresponde el pago de la multa de 30%...”(sic). 

También, la entidad demandada denuncia que no se valoró la confesión del demandante sobre la inoportuna apertura de la cuenta bancaria para en esta se  deposite sus beneficios sociales a través del SIGMA; denuncia que, carece de fundamento, porque los de instancia sustentaron su decisión en la prueba que cursa en obrados y aplicaron correctamente los principios protectores del trabajador conforme manda el art. 48 de la CPE y valoraron la prueba dentro del parámetro previsto por el art. 158 del CPT, concluyendo que el empleador sin excusa alguna debe cancelar los beneficios sociales al trabajador despedido, dentro de los quince días de la fecha de desvinculación conforme dispone el art. 9 del DS Nº 28699. Por lo expuesto no es evidente que el Tribunal de Alzada hubiera aplicado incorrectamente la norma aludida menos valorado incorrectamente la prueba.

Finalmente poner de manifiesto que, el empleador en cumplimiento de lo que la ley le ordena, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando de tal manera su subsistencia y la de su familia; de tal forma, queda facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando además con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido, como la multa del 30% por parte del trabajador; resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, toda vez que al dar cumplimiento al amparo que la ley otorga al pago oportuno de lo adeudado al trabajador, a la vez también la ley precautela los derechos del empleador, siendo este quien debe hacer uso de ellos.

II.1.2 Sobre la nulidad de obrados

En este motivo enfatiza que, el memorial de demanda no cumple con los requisitos establecidos por el art. 117.b del CPT y art. 327.3 del CPC, por lo que al ser admitida se violentó el art. 121 del CPT, porque el demandante no señaló su domicilio particular.

Al respecto es necesario referirnos a lo advertido por el art. 258.3 del CPC, dispositivo legal que taxativamente prevé que, en el recurso de nulidad no está permitido alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los Tribunales inferiores; norma legal que, en materia social debe ser aplicada observando lo dispuesto por los arts. 3.e) y 57 del CPT, que en mérito al principio de preclusión concluyentemente prevén que, el Juez está impedido de regresar a los momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por Ley para la realización de un acto procesal.

En autos, conforme consta en el contenido del memorial de respuesta a la demanda, la entidad demandada no opuso ninguna excepción u observación a la demanda, razón por la que tanto el Juez con el Tribunal de Alzada no emitieron ningún criterio sobre dicha temática; en esa virtud, conforme a las normas legales citadas precedentemente, el derecho del recurrente de reclamar la presunta vulneración precluyó, no teniendo por ello este Tribunal competencia para ingresar al análisis de dicha denuncia.

Por lo expuesto corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. y Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Julio Augusto Florido Camacho en representación de la AASANA.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera