TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo No 421

Sucre, 16 de junio de 2015

Expediente: 130/2011-S

Demandante: Rocío Elena Villa Varela

Demandado: Hospital Municipal Boliviano Holandés

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Cristina Gemio de Llanos en representación del Hospital Municipal Boliviano Holandés (fs. 181 a 184) y Rocío Elena Villa Varela (fs. 188 a 194 vta.), contra el Auto de Vista Nº 194/2010 SSA-II de 28 de septiembre (fs. 175 a 176), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social seguido por Rocío Elena Villa Varela contra el Hospital Municipal Boliviano Holandés; el Auto No 422/2010 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

               I.1.1 Sentencia

A conclusión del proceso, la Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 17/2010 de 17 de marzo (fs. 120 a 126), mediante la cual, declaró probada en parte la demanda de fs. 58 a 64 subsanada en fs. 66 a 67; sin costas, disponiendo que el Hospital Municipal Boliviano Holandés, por medio de su representante legal cancele a la demandante la suma de Bs.15.897,75.- por concepto de indemnización, desahucio y vacación; disponiendo también que aquel monto sea objeto de actualización y sobre él se aplique la multa dispuesta por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) No 28699 en ejecución de sentencia.

I.1.2  Auto de Vista

Contra la citada Sentencia, ambas partes mediante memoriales de fs. 136 a 138, en el caso de la entidad demandada; y, de fs. 141 a 147, para el caso de la actora, interpusieron recursos de apelación, mismos que fueron resueltos a través del Auto de Vista impugnado, por el cual la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia en todas sus partes.

I.2 RECURSOS DE CASACIÓN

I.2.1 Recurso de casación interpuesto por Cristina Gemio de Llanos representante del Hospital Municipal Boliviano Holandés.

  1. Refiere que, el Auto de Vista recurrido consideró que la supuesta impersonería debió plantearse en su oportunidad habiendo precluido el derecho para hacerlo, sin embargo, dicha Resolución no aplicó la norma pertinente al caso concreto, pues el art. 13 de la Ley de Participación Popular de 20 de abril de 1994, los establecimiento de salud son transferidos gratuitamente a los municipios y por el art. 20 del DS No 23813, asumen responsabilidad de administración, razón por la que, si bien el Hospital firmo convenios con Organismos no Gubernamentales (cita FIDES y Radiomundi), no es menos cierto que la institución se encontraba bajo la tuición de la Ley No 1178, donde la administración de personal se encuentra bajo el sistema de Administración de Bienes y Servicios, consiguientemente la demandante tiene la calidad de funcionario público.

Asimismo, manifiesta que por imperio de Ley de Municipalidades (LM) de 28 de octubre de 1999 en su art. 11 de disposiciones finales y transitorias, las personas contratadas por las Municipalidades a partir de su promulgación poseerán calidad de servidores públicos municipales, razón que sumada a la fecha de contratación de la actora (2002), sea considerada servidora pública.

Continua manifestado que la actora firmó un contrato bajo el marco normativo de la Ley 1551 de Participación Popular de 20 de abril de 1994, DS No 24447 de 20 de diciembre de 1996, Ley No 2426 de 21 de noviembre de 2002, Ley No 2027 de 27 de octubre de 1999, DS No 08125 de 30 de octubre de 1967, constituyéndose en Servidor Público, además que percibió sus salarios de la Prefectura del Departamento de La Paz a través del SEDES, y en lo referente a la administración de infraestructura el Hospital se encontraba bajo tuición del Gobierno Municipal del El Alto, indicando que en todo caso la actora debió reclamar sus derechos a la ONG contratante, más cuando, el Gerente General del Hospital a momento de la firma del contrato “ignorando la fuente de remuneración…suscribe contratos con cita normativa prevista en la Ley General del Trabajo” (sic).

b) Denuncia que, no existió los elementos de una relación de trabajo entre el Hospital Boliviano Holandés y la actora, porque la misma es una empleada administrativa sin reunir los elementos esenciales de la relación laboral prevista en el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, consistentes relación de dependencia y subordinación del trabajo respecto al empleador,  la prestación del trabajo por cuenta ajena y la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Además que en el caso presente el patrono no es dueño de los medios de producción.

I.2.1.1 Petitorio

La entidad demandada, pide que este Tribunal Supremo case el Auto de Vista impugnado, al ser éste ilegal “toda vez que el hospital Municipal Boliviano Holandés, pese a haber sido administrado por ONGs de manera delegada, siempre tuvo y mantendrá la condición de entidad pública” (sic).

I.2.1 Recurso de casación interpuesto por Rocío Elena Villa Varela

i) Manifiesta que, por la prueba aportada demostró la relación laboral con el demandado pues se firmó tres contratos sucesivos,  asimismo se demostró el monto de salario indemnizable, tiempo de servicios y causal de retiro, sin embargo los de instancia no calificaron los derechos colaterales. Continua señalando que le corresponde el pago por horas extras, pues si bien existe un contrato  por el cual se valida la aplicación del art. 46 de la Ley General del Trabajo (LGT), empero el mismo es nulo, debiendo aplicarse lo dispuesto por el DS Nº 9357 de 20 de agosto de 1970, por el cual los personeros del sector salud deben trabajar únicamente 6 horas diarias.

Con esos argumentos, señala la recurrente que se le adeudan un total de 4.740 horas extras, a razón de 4 horas extraordinarias por día por 15 días mes, durante 79 meses. Continua manifestado que, debido a su trabajo en el puesto de emergencia durante 6 años y 7 meses, le corresponde también el pago de horas por recargo nocturno, conforme lo previene el art. 46, 55 de la LGT, y DS de 24 de abril de 1994; hecho demostrado mediante las declaraciones de fs. 102 a 105 y 117 a 118, consecuentemente los Tribunales de instancia no han observado lo dispuesto por el art. 202.c) del Código Procesal del Trabajo (CPT), referido al reconocimiento de los derecho colaterales que merece el trabajador aun cuando no fuera solicitado en la demanda.

I.2.1.1 Petitorio

Por su parte la demandante, solicita que el Tribunal de casación “declaren probada la demanda social en todas sus partes y revocando la Sentencia N° 17/2010, así como el Auto de Vista N° 194/2010” (sic)

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

II.1.1 Del recurso de Cristina Gemio de Llanos representante del Hospital Municipal Boliviano Holandés.

La entidad demandada refiere que, la relación de trabajo que sostuvo con la demandante se originó en un marco normativo diferente a la de la Ley General del Trabajo, adquiriendo la actora la calidad de servidora pública, cuyos salarios provenían de la Prefectura del Departamento de La Paz, asimismo lo referente a la administración le correspondía al Municipio de El Alto, competencias que no ejerció la entidad demandada. Por otro lado denuncia que no se llegó a configurar los elementos que hacen a una relación laboral.

A efectos de resolver la presente controversia corresponde señalar que, de inicio se entiende el reclamo del recurso sobre una falta de legitimación pasiva de la entidad recurrente para ser demandada, debiendo haberse demandado a la Prefectura de La Paz y/o al Municipio la ciudad de El Alto, así como la falta de competencia de la vía jurisdiccional para conocer el presente proceso; debe recordarse que, conforme disponen los art. 127.a) y 128 del Código Procesal del Trabajo (CPT), resulta admisible la interposición de las excepciones de impersonería e incompetencia, antes de contestar a la demanda, acompañando para ello prueba preconstituida, prerrogativa procedimental que de la revisión de obrados no se advierte fuere ejercida por la entidad ahora recurrente, no siendo pertinente por ante el Tribunal de casación. Máxime si en los memoriales la entidad demandada se limita a presentar únicamente su apersonamiento sin expresar otro reclamo, existiendo una aceptación tácita sobre la competencia de la vía jurisdiccional y legitimidad pasiva del demandado.

Por otro lado es necesario precisar que la relación laboral se encuentra plenamente acreditada mediante los contratos de trabajo de fs. 28 a 33, en razón de haber sido celebrados bajo la protección de la LGT.

Ahora bien, el tiempo de servicios comienza el 20 de julio de 2002 hasta el mes de febrero de 2009 que es cuando se interrumpió la relación laboral, motivo por el cual, aun existiendo transferencia de la administración del hospital a otra entidad, no se puede desconocer que el tiempo trabajado por la demandante merece ser protegido conforme a lo dispuesto por el art. 4 de la LGT quedando incólume el mismo.

Con referencia a la denuncia que inexistencia de elementos que configuren una relación laboral entre la actora  y el demandado, cabe señalar que dicho motivo desde esa perspectiva no fue expuesto en el recurso de apelación, sino más bien se limitó a vincularlo con la falta de competencia del tribunal y legitimidad pasiva de la entidad demandada; por lo que no corresponde sea analizado en esta instancia.

II.2 Sobre el recurso de Rocío Elena Villa Varela

La recurrente, por su parte manifiesta que los tribunales de instancia no han aplicado lo dispuesto por el art. 202.c) del CPT, porque no le otorgan la calificación de horas extras y horas nocturnas sin considerar que se encontraba bajo la regulación del art. 2 del  DS Nº 9357 de 20 de agosto de 1970 que determina un horario de trabajo de 6  horas diarias para el sector salud y correspondía aplicar lo dispuesto por los arts. 46, 55 de la LGT, y Decreto Supremo de 24 de abril de 1994.

A efectos de resolver la presente controversia, corresponde mencionar que, el contrato de trabajo para alcanzar eficacia jurídica, debe ser refrendado por la autoridad del trabajo de acuerdo previene el art. 22 de la LGT, 14  de su decreto reglamentario, bajo esta perspectiva, y de la revisión de antecedentes se advierte que el contrato cursante de fs. 34 a 36  se encuentra debidamente visados por la Dirección General del Trabajo consecuentemente dicho contrato se constituye en ley entre las partes suscribientes,  en tales precedentes en su cláusula SEGUNDA dispone  “La jornada laboral, será determinado por el empleador de acuerdo con las necesidades de naturaleza de trabajo del hospital reguladas por el art. 46 de la Ley General del Trabajo. La Labor extraordinaria será reconocida única y exclusivamente cuando sea realizada a petición expresa por parte del EMPLEADOR mediante memorando o solicitud escrita,  no pudiendo ser considerada como tal bajo ninguna circunstancia aquella labor que la EMPLEADA realice voluntariamente para subsanar sus errores, falta atrasos  u otros conforme a lo dispuesto por el art. 50 de la LGT”, en tal sentido, en el expediente; no cursa constancia que haya existido trabajo extraordinario, lo que llevo a determinar por los tribunales de instancia la inexistencia de trabajo extraordinario y nocturno, pues el desempeño laboral estuvo sujeto a las condiciones del contrato de trabajo, habiendo aplicado adecuadamente la sana crítica porque, nuestra legislación laboral dispone que el juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, y por tanto formará libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informa la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso así como la conducta procesal observada por las partes, tal cual lo establece el art. 158 del CPT en relación con el art. 3.j) del mismo cuerpo legal, en referencia a la sujeción del juzgador a los artículos mencionados, no observándose de tal forma vulneración alguna de la norma al respecto o de la valoración de las pruebas, además que si bien existe rige en materia laboral la inversión de la prueba, sin embargo ello no excluye que el trabajador aporte con elementos que conlleven a ratificar los puntos solicitados conforme previene el art. 150 del CPT.

Finalmente  el art. 2 del DS No 09357 de 20 de agosto de 1970 señala “ Los médicos, dentistas y bioquímico-farmaceúticos que prestan servicios profesionales en organismos del Gobierno Central, Instituciones Públicas Descentralizadas, Empresas Públicas y/o mixtas, estarán sujetos a tres formas de jornada de trabajo: a) Jornada de medio tiempo con tres horas de trabajo; b) Jornada de tiempo completo con seis horas de trabajo; c) Dedicación exclusiva”  (las negrillas son nuestras) ahora bien de la revisión de la Cláusula CUARTA del contrato de fs. 34 a 36 señala que el cargo que desempeñó la demandante fue “Auxiliar de Enfermería en el Servicio  Emergencia”  y no los descritos en la norma pre citada, consecuentemente no corresponde la aplicación de las 6 horas de trabajo al caso concreto.

De lo referido precedentemente se puede advertir que los Tribunales de instancia efectuaron una acertada valoración de la prueba y aplicaron adecuadamente la ley, pues no identificaron la existencia de otros derechos colaterales que emerjan de la relación laboral no siendo evidente la vulneración de las normas denunciadas.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en los recursos de casación de ambas partes por carecer de sustento legal, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Cristina Gemio de Llanos en representación del Hospital Municipal Boliviano Holandés corriente de fs. 181 a 184; y, por Rocío Elena Villa Varela saliente de fs. 188 a 194 vta.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera