TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 419

Sucre, 16 de junio de 2015

Expediente: 140/2011-S

Demandante: Elfy López de Zambrana

Demandada : Empresa de Ingeniería y Mantenimiento  Electromecánico Campoverde S.R.L.

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 101 a 103 vta., interpuesto por Franklin Palacios Cortez, en representación de la Empresa de Ingeniería y Mantenimiento  Electromecánico Campoverde S.R.L. (IME Campoverde S.R.L.), contra el Auto de Vista Nº 415 de 5 de octubre de 2009 (fs. 93 a 94 vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Elfy López de Zambrana heredera de Julio Edgar Zambrana Molina, contra la empresa recurrente; el Auto 031 de 5 de febrero de 2011 a fs. 106, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

I.1 Antecedentes del proceso.

I.1.1 Sentencia.

Tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia No 11 de 25 de abril de 2009, de fs. 72 a 75, por la que declaró probada la demanda, por existir relación laboral continuada entre Julio Edgar Zambrana Molina y la Empresa IME Campoverde S.R.L. desde el 20 de septiembre de 2005, hasta el 6 de junio de 2007, que hace el término de 1 año, 8 meses y 16 días, con un sueldo mensual de Bs. 4.000.- en el cargo de mecánico instrumentista y encargado de mantenimiento y manejo de equipo pesado, con contrato verbal indefinido y con ruptura del vínculo laboral por preaviso; consiguientemente al ex trabajador le corresponde el pago de indemnización, aguinaldo, vacación, sueldo devengados que hacen un total de Bs. 24.736,54.-, así también corresponde el pago por suministro de materiales y alquiler de maquinaria a la empresa por $us1.334,92.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación de fs. 83 a 84 vta., por Franklin Palacios Cortez, en representación de la Empresa demandada., mediante el Auto de Vista descrito al exordio la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, confirmó la Sentencia No 11 de fs. 72 a 75, con costas.

I.2 RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 101 a 103 vta., interpuesto por Franklin Palacios Cortez, en representación de  la Empresa IME Campoverde S.R.L.; señalando los siguientes argumentos:

I.2.1 En la forma

  1. El Auto de Vista señala que el domicilio de la empresa IME Campoverde S.R.L., se encuentra ubicado en el Km 9 doble vía la guardia, citándose a la empresa demandada el 16 de enero de 2008 mediante cédula, respaldando lo realizado por el Juez de grado; sin embargo, no se tomó en cuenta que en el contrato de fs. 3-5, suscrito el 4 de septiembre de 2007, para los efectos emergentes del mismo, se señaló clara y expresamente un domicilio especial (Av. San Martin, calle 6 Oeste No. 10, zona Equipetrol en la ciudad de Santa Cruz), ante tal situación la parte demandante -en perspectiva del recurso- de forma dolosa realizó la citación con la demanda en aquella primera dirección indicando que ese fuera el nuevo domicilio, esto sin tomar en cuenta el domicilio especial que se fijó en el mencionado contrato. Vulnerando los arts. 29 y 128 del Código de Procedimiento Civil (CPC) no adecuándose a lo dispuesto a los arts. 71 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y 90 del CPC.
  2. Por último acusa que la Sentencia no se encuentra debidamente registrada, toda vez que en la misma el Juez de grado indica “REGISTRESE Y HAGASE SABER”, empero se incumplió lo ordenado, no habiendo sido notificada sin ser registrada, careciendo entonces de publicidad, forjando un vicio procesal y vulnerando el art. 90 del CPC, aspecto con los que el Auto de Vista impugnado habría vulnerado el derecho del recurrente al debido proceso y a la seguridad jurídica. Reclamos que circunscribe a lo dispuesto en los arts. 251 y 254.4 y 7 del CPC. 

I.2.2 En el fondo

Amparado en los arts. 253 num. 1) y 3) del CPC, el recurrente denuncia falta de valoración de las pruebas cursantes de fs. 34 a 37 vta. y de 40 a 58, que en su planteamiento, demuestran los pagos realizados a Julio Zambrana, lo que en ningún momento fue desconocido por la actora, constituyendo un “implícito reconocimiento de su valor y efecto jurídico” (sic).  El Tribunal de alzada al no considerar las pruebas aportadas, interpretó erróneamente los alcances de los arts. 155 y 157 del CPT.

I.2.3 Petitorio

Solicita que el Tribunal de casación, en ejercicio de sus atribuciones, case el Auto de Vista impugnado, y deliberando en el fondo revoque la Sentencia de grado; asimismo, el recurso solicita se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta la citación con la demanda.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Así, planteado el recurso de casación en el fondo y en la forma, la respuesta al mismo, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

II.1.1 Recurso de casación en la forma

Es importante resaltar que el recurso de casación en la forma busca subsanar los errores procedimentales que se hubiesen cometido en el desarrollo del proceso “errores in procedendo”, siendo obligación del recurrente enmarcarlos en uno o en todos los parámetros previstos en el art. 254 del CPC, a fin de que el Tribunal de casación establezca si concurrieron irregularidades en la tramitación de la causa y verificar si los jueces o tribunales de instancia observaron correctamente las normas y plazos que rigen los procesos en cumplimiento de lo previsto en el art. 90.I del CPC, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados conforme prevé el art. 275 del CPC.

En rigor, todo acto de comunicación procesal, bien sean notificaciones, bien otra vía o forma de hacer saber las decisiones del órgano jurisdiccional, posee un elemento tan básico como evidente, que es la simple puesta en conocimiento de las decisiones que una determinada autoridad emane, ello claro, dentro del cumplimiento de ciertas particularidades para hacer efectivo el acto; piénsese en notificaciones efectuadas en tiempo oportuno, para el uso de recursos por ejemplo, o bien de modo completo, donde a más del frio ritualismo de la diligencia de notificación, las partes tengan acceso a los documentos que promovieron una u otra resolución. No debe confundirse de ningún modo el acto de notificación con la finalidad que persigue, tal caso, daría camino a brindar autonomía y encumbrar a una notificación más allá del fin por el que la misma existe; dicho de otro modo, aun cuando ciertas formalidades no hayan sido cumplidas, no significa que necesariamente carece de validez, ya que aun cuando sean visibles imprecisiones en su diligenciamiento, empero paralelamente hayan cumplido con su fin comunicacional y por ende garantizado un efectivo ejercicio del derecho a la defensa, ampliamente pueden ser válidas. Cabe señalar que, tal postura no hace otra cosa que materializar principios procesales (eficacia, eficiencia, celeridad, previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado  [CPE] y 30 de la Ley del Órgano Judicial [LOJ]) que hacen del proceso no un fin teórico en sí mismo, sino un conducto sistemático de aplicación de la Ley sustantiva.

En ese contexto, revisados los antecedentes, corresponde señalar que luego de admitida la demanda, se procedió a su citación el 16 de enero de 2008, mediante cédula en el domicilio de la empresa demandada ubicado en el Km. 9 doble vía la Guardia; citación que es impugnada por el demandante por incidente de nulidad (fs. 63 a 65), resuelto por Auto Interlocutorio de 17 de mayo de 2008 (fs. 68 B) emitido por el Juez de grado rechazando el incidente, en virtud al Informe evacuado por el oficial de Diligencias del juzgado (fs. 18) y los recibos de fs. 40 y 41 de obrados, que ratifican el antes señalado domicilio; esta Resolución fue recurrida en apelación por la empresa demandada (fs. 79 a 80 vta.), reiterada en apelación de Sentencia y finalmente resuelta por el Auto de Vista impugnado, quienes confirman lo determinado por el Juez de instancia en el Auto de 17 de mayo; al evidenciar que el Juez de grado obró conforme a Ley; refiriendo también que no se lo dejó en indefensión; es decir, no ocasionó ninguna vulneración al debido proceso, al haber cumplido dicho diligenciamiento con el fin comunicacional que poseyó la diligencia practicada, defensa, por el cual la empresa interviniente durante el proceso emprendió actuados a partir del pago de la multa impuesta, y tuvo una regular participación procesal, razón que hace que el agravio vertido devenga en infundado.

En referencia a la falta de registro de la Sentencia que acusa el recurrente, la misma conforme a fs. 75, se encuentra registrada en el libro de tomas de razón, situación que en ningún momento vulneró el principio de publicidad preceptuado en el art. 3.5 de la LOJ. Al respecto se debe tener presente que el recurso de casación debe contener y circunscribirse a los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, puesto que no es suficiente la simple cita de normas legales y la relación de hechos, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista, que en autos no aconteció, al citar simplemente los arts. 251 y 254.4) y 7) del CPC, al no advertir violaciones evidentes que haya ocasionado el Auto de Vista, en consecuencia se advierte que son infundadas.

II.2 Recurso de casación en el fondo

En cuanto al recurso de fondo descrito en el apartado I.3.2, puso de presente la falta de valoración probatoria de las pruebas cursantes de fs. 34 a 37 vta. y de 40 a 58, que demuestran los pagos realizados a Julio Zambrana, y que el Tribunal de Alzada no las consideró.

Sin embargo, este punto no fue recurrido en apelación por el demandante, denotando con tal actitud una aceptación tácita de aquella determinación; en tal sentido, el Tribunal de apelación se circunscribió sólo a los agravios llevados ante él, de modo que no tuvo posibilidad de pronunciarse respecto a este punto, conforme la pertinencia reglada en el art. 236 del CPC, lo que evidentemente imposibilita a este Tribunal de casación considerar este reclamo, puesto que no existe control jurisdiccional que realizar al respecto, al no haber pronunciamiento alguno al respecto por el Tribunal de apelación cuyo fallo se recurre de casación, siendo aplicable al respecto la preclusión procesal prevista en los arts. 3.e) y 57 del CPT.

       Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 101 a 103 vta., y carecer de sustento legal; el Auto de Vista recurrido se ajustó a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna; por lo que, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo  y forma de fs. 101 a 103 vta., interpuesto por Franklin Palacios Cortez, en representación de  la empresa de IME Campoverde S.R.L.

Se regula honorario profesional de abogado de la parte demandante, en la suma de Bs.500.- (Quinientos con 00/100 bolivianos) que mandará a pagar el Tribunal de apelación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera