TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                              SALA CONTENCIOSA Y CONTENSIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 418

Sucre, 16 de junio de 2015

Expediente: 140/2015-A

Demandante: Honorable Cámara de Diputados

Demandado: Jaime Centellas Gamarra

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 594 a 597, interpuesto por Jaime Centellas Gamarra contra el Auto de Vista Nº 202/2014 de 3 de noviembre (fs. 589 a 590), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro el proceso coactivo fiscal seguido por la Honorable Cámara de Diputados contra Jaime Centellas Gamarra; el Auto de fs. 601 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 60/2011 de 17 de diciembre de fs. 524 a 531, por la que declaró probada la demanda de fs. 229 a 230, sin costas e improbada la excepción de prescripción, en consecuencia dispuso girar pliego de cargo contra el demandado para que dentro de 5 días cancele la suma de Bs.32.682,94.- (treinta y dos mil seiscientos ochenta y dos 94/100 Bolivianos), equivalentes a $us.7.295,30.-, más intereses penales y actualización de la deuda, debiendo actualizarse al momento del pago de acuerdo a los parámetros que el Banco Central de Bolivia aplica al mantenimiento de valor de los activos financieros en moneda nacional. Manteniendo las medidas precautorias dispuestas en la Nota de Cargo.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el coactivado (fs. 535 a 536 vta.), mediante Auto de Vista Nº 202/2014 de 3 de noviembre (fs. 589 a 590), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó totalmente la Sentencia Nº 60/2011 de 17 de diciembre de 2011 de fs. 524 a 531, manteniendo firme y subsistente el Pliego Cargo Nº 060/2010 de fs. 532, sin costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación de fs. 594 a 597, interpuesto por Jaime Centellas Gamarra, quien señaló que no se habría cumplido con el debido proceso, con la presunción de inocencia, al no existir en obrados los Informes Preliminares, el procedimiento de aclaración y el Dictamen del Contralor General de la Republica, exigidos por las Sentencia Constitucional Nº 21/2007 de 10 de mayo de 2007, incumpliendo los arts. 42.b), 43.a) y b), con el Decreto Reglamentario (DR) Nº 23318-A de la Ley Nº 1178 en sus arts. 51, 52 y 53, por lo que ante la inexistencia de los mencionados informes se debió considerase el caso fortuito o fuerza mayor por el estallido de un agarrafa de la imprenta que imprimía los formularios 002, para la entrega de materiales, provocando un grave incendio, razón por la cual su persona con autorización y firma del Jefe Departamental de Oficialía Mayor, el Director General Administrativo, el Despachador y el receptor de Material, entrego vales en sustitución de los formularios, causa por la cual se tuvo que contratar otra imprenta demorando así la impresión de los formularios 002, dichos vales fueron sustituidos por los nuevos formularios que se imprimieron, todo con autorización del personal jerárquico, advirtiéndose en merito a los informes Nº UAC 05/2006 de 3 de mayo de 2006 y Nº UAL 019/2006 que los vales y la documentación enviada por su persona deberían encontrarse en Auditoria Interna y Contabilidad, empero al no hallarse en dicha oficina debe presumirse que los mismos fueron destruidos o entre papelados, siendo responsabilidad de dicha oficina en contar con dichos documentos, pero a cambio existen los formularios que demuestran que los mencionados vales fueron transcritos en calidad de inversión o sustitución, demostrando así su inocencia, por lo que no merece ser acreedor de responsabilidad civil, señalando además que nos e dio lugar a la defensa, puesto que teniendo domicilio exacto en las oficinas de la institución se procedió a una simple publicación de fs. 20, que no fue realizada en un periódico nacional.

II. 3 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista Nº 202/2014 de fs. 589 y 590 de obrados.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que a mérito de estos antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

En cuanto a los reclamos en sentido de que no se habría cumplido con los arts. 42.b), 43.a) y b), con el DR Nº 23318-A de la Ley Nº 1178 en sus arts. 51, 52 y 53; y que la publicación de fs. 20 de obrados no fue realizada en un periódico nacional, cabe señalar que la parte coactivada, al interponer su recurso de apelación (fs. 535 a 536 vta.), no expresó como agravios lo ahora señalado, omisión que no permitió al Tribunal ad quem pronunciarse en cuanto a estos aspectos, puesto que tiene la obligación de hacerlo con la pertinencia prevista en el art. 236 del CPC, es decir, respecto a los agravios que hubiesen sido objeto de apelación, por ello, se colige que ha sido la parte demandada -recurrente- quién por su descuido no reclamó oportunamente el supuesto agravio, lo que ahora tardíamente aduce en el recurso de casación, razón por la cual, se activa la preclusión procesal.

Al respecto, según la doctrina, el proceso es concebido como la secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión, siendo un conjunto de actos jurídicos desarrollados de manera sistemática y ordenada con el fin de llegar a la resolución de un conflicto jurídico.

Ahora bien, efectivamente el proceso se desenvuelve en instancias o etapas, de modo que los actos procesales deben ejecutarse en un determinado orden; ese desenvolvimiento ordenado responde al principio de preclusión, señalando que el proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el juez impedirá el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por Ley para la realización de un acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al Secretario ni otro trámite.

En el marco de lo precedentemente expuesto, es necesario mencionar que la vulneración alegada por la parte recurrente no fue oportunamente impugnada, de donde resulta inadmisible que en la vía del recurso de casación o nulidad, se pretenda regresar a momentos procesales ya extinguidos y consumados, en franca vulneración al referido principio de preclusión.

Por otro lado en cuanto a que debió aplicarse el caso fortuito o fuerza mayor al acontecer un incendio en la imprenta, razón por la cual su persona con autorización y firma del Jefe Departamental de Oficialía Mayor, el Director General Administrativo, el Despachador y el receptor de Material, entrego vales en sustitución de los formularios correspondientes, es necesario señalar previamente que que, la Ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales, regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública y en su Capítulo V establece el régimen de responsabilidad por la función pública aplicable a los servidores públicos quienes responden por los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones.

Recordando que el art. 47 de la Ley 1178, ha creado la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los distintos hechos de los entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determinen responsabilidades civiles definidas en el art. 31 de la indicada ley, concluyéndose en consecuencia, que los actos de la Contraloría General del Estado se encuentran sometidos al control jurisdiccional, concretamente, a la autoridad jurisdiccional en materia coactiva fiscal, quien se constituye en el juez natural y competente.

En el caso presente, se observa que se determinó la existencia de responsabilidad civil del coactivado, por haber entregado en la gestión 1994, materiales sin documentación de respaldo y sin autorización correspondiente, en su calidad de Jefe de Almacenes de la Honorable Cámara de Diputados, por lo que se estableció el indicio de responsabilidad civil, por lo que el Juez a quo concluyó, en función al elenco probatorio, que el coactivado es responsable civilmente.

Ahora bien entrando en la problemática planteada por el recurrente respecto a que existiría la causal de caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que hubiese ocurrido un incendio en la imprenta misma que otorga los formularios correspondientes para la entrega de materiales, por lo que su persona con autorización expresa entrego vales en sustitución de los formularios y una vez que fueron repuestos los mismos se hizo entrega de los vales a la unidad de Archivos, empero la parte coactivada conforme establecieron válidamente los de instancia no desvirtuó los cargos en su contra, conforme correspondía en merito a lo indispuesto en el art. 375 del  Código de Procedimiento Civil (CPC) aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 1 de La Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, debiendo haber presentado los vales correspondientes, como también demostrar con medios de prueba fehacientes lo sucedido en la imprenta, siendo importante precisar que la doctrina ha entendido a la carga de la prueba como un concepto fundamental dentro de la teoría general del Derecho y del proceso, es así que se puede definir a la carga de la prueba como la necesidad de prevenir un perjuicio procesal, y en último término, una Sentencia desfavorable, mediante la realización de un acto procesal. Imponiendo a las partes la obligación de ser diligente para evitar su pérdida. De aquí resulta que carga de la prueba es una facultad cuyo ejercicio es necesario para el logro de un interés.

En este sentido, se puede afirmar que la carga de la prueba es una facultad de actuar libremente en beneficio propio y no existe coacción o sanción, en el supuesto de inobservancia, ni tampoco un derecho de otro a exigir su cumplimiento, cumpliendo dos funciones la carga de la prueba, una de estimular la actividad probatoria de las partes y otra de guiar al juzgador en la decisión de lo desconocido.

Observándose en consecuencia que el coactivado no acreditó con prueba de descargo suficiente lo ahora reclamado en casación, advirtiéndose por los de instancia la existencia de entregas irregulares mediante vales, entregas no autorizadas y registros en demasía, incurriendo en la conducta de apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, establecida en el art. 77.h) de la Ley 1178, como detallaron los informes de Auditoria Interna Preliminar Nº UAI-AE Nº 003/97 C3, Complementaria Nº DAI-AE-04/98 C 3, debidamente aprobados por el Contralor General de la Republica, y los Informes Evaluatorios Nº IL/R134/L7 WA y Nº GPSL2/T266/S04, correspondientes a la Auditoria Especial sobre Movimiento de Materiales y Suministros en Almacenes, durante las gestiones 1994 y 1995.

En este marco, es lógico concluir que no existe vulneración de norma alguna, tampoco existen razones suficientes para determinar aplicar una excepcionalidad cual es los motivos de fuerza mayor, al no haberse acreditado tal situación, siendo preciso además aclarar que la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron en la tramitación de la presente causa, al evidenciarse que el Tribunal ad quem valoró correctamente las pruebas aportadas por las partes, lo que consta haber ocurrido.

Consecuentemente por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 1 de La Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 594 a 597, interpuesto por Jaime Centellas Gamarra. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera