TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 413

Sucre, 15 de junio de 2015

Expediente: 136/2011-S

Demandante: Arminda Rojas Barrionuevo de Lazo y otra

Demandado: Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A.

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad interpuesto por Grover Villanueva Tapia en representación legal del Lloyd Aéreo Boliviano S.A. (LAB S.A.) de fs. 77 y vta., contra el Auto de Vista Nº 247/2010 de 6 de diciembre, de fs. 72 a 75, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social que siguen Arminda Rojas Barrionuevo de Lazo y Mabel Emma Laredo Terán contra la Empresa LAB S.A.; el Auto a fs. 80, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que tramitado el proceso por pago de beneficios sociales y derechos laborales, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social del distrito Judicial de Cochabamba, emitió la Sentencia de 15 de octubre de 2008 (fs. 42 a 45 vta.), por la que declaró probada la demanda de fs. 16 a 19, con las modificaciones contenidas en dicha Resolución e improbadas las excepciones perentorias de pago y prescripción de fs. 32 y vta., ordenando al LAB S.A., a través de su representante legal, para que dentro de tercero día de ejecutoriada la Resolución y bajo alternativa de Ley, cancele a favor de: Arminda Rojas Barrionuevo de Lazo, por los conceptos de: indemnización, desahucio, vacaciones, salarios devengados,  y aguinaldos, la suma de Bs.360.812,72.-; para Mabel Emma Laredo Terán, por los conceptos de: indemnización, desahucio, vacaciones, salarios devengados y aguinaldo, la suma de Bs.369.043,08.-, más la correspondiente actualización y multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el representante de la Empresa demandada (fs. 48 a 49), mediante Auto de Vista Nº 247/2010 de 6 de diciembre, de fs. 72 a 75, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada, con la modificación que debe excluirse de la liquidación efectuada a favor de las actoras Arminda Rojas Barrionuevo de Lazo y Mabel Emma Laredo Terán, los salarios devengados de enero a junio de 2006 y de noviembre de 2006 a marzo de 2007, manteniéndose únicamente para la primera el pago correspondiente de abril de 2007 al 14 de febrero de 2008 y para la segunda de abril 2007 a marzo de 2008. Asimismo, debe excluirse las duodécimas de aguinaldo de los meses de enero a marzo de 2007, manteniéndose las que corresponden de abril a diciembre de 2007; también, debe descontarse las sumas de Bs.75.096,08.- y Bs.156.006,67.- respectivamente, que se establecieron por concepto de indemnización en el proceso de la Federación, todo por las razones contenidas en los puntos 7 y 8 del fallo.

II. MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

La mencionada resolución motivó que la entidad demandada, a través de su representante legal, interponga recurso de casación y/o nulidad, que en lo sustancial de su contenido, expresó:

Que, el Tribunal de Alzada infringió lo establecido por el art. 253.1) y 3) del Código de Procedimiento Civil (CPC) al realizar una aplicación indebida e interpretación errónea de la Ley, toda vez que al consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de retiro indirecto incurrieron en la causal de casación en el fondo, ya que dicha figura se encuentra establecida en el Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937, la misma que refiere únicamente a la rebaja de sueldo, por lo que no estaría legislada la figura de retiro indirecto por falta oportuna de sueldos, bajo el pretexto de que existiría jurisprudencia al respecto, señalando al efecto el art. 228 de la antigua Constitución Política del Estado (CPEabrg).

Que, lo propio ocurriría con referencia a la actualización y multa prevista en el DS Nº 28699, por lo que, en estricta aplicación de los principios de justicia y equidad, correspondería dejar sin efecto la aplicación de dicha sanción, toda vez que el actor no acompañó prueba que advierta que el Ministerio de Trabajo hubiese aprobado el Reglamento específico que respalden los procedimientos establecidos, conforme prevé el art. 13 del mencionado Decreto Supremo.

Refirió también que correspondería la nulidad, toda vez que el fallo objeto del recurso fue pronunciado alterando el orden cronológico de la resolución y sin ceñirse estrictamente a su fecha de ingreso, vulnerando el orden establecido para resoluciones, infringiendo normas de orden público como el art. 267 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y fuera del plazo establecido por Ley.

II. 1 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case o en su defecto anule el Auto de Vista objeto del recurso, sea con costas.

CONSIDERANDO II:

  1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, a mérito de tales antecedentes y la consideración de las normas que regulan la materia en relación a los aspectos cuestionados, se ingresa a resolver el recurso formulado, priorizando los alegatos de forma por sus efectos anulatorios, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Que, se pretende la nulidad del fallo recurrido bajo el fundamento que se habría alterado el orden cronológico para la Resolución del proceso, con lo cual se habrían infringido normas de orden público, citando al efecto el art. 267 del CPC; sin embargo, si bien dicha norma establece ciertamente la distribución mediante sorteo, ciñéndose estrictamente a su fecha de ingreso, lo que según el recurrente no habría ocurrido, empero no se advierte elemento o prueba alguna que permita concluir que en la causa se habría incumplido la mencionada normativa, por lo cual, no es posible establecer que lo acusado sea evidente, por cuanto no basta afirmar un hecho como tal, sino y fundamentalmente, demostrarlo en tanto que es de su propio interés en razón al derecho que invoca, conforme la previsión del art. 375.I del CPC.

Por otra parte, en cuanto a la denuncia de que el Auto de Vista habría sido emitido fuera del plazo establecido por Ley, tal aseveración tampoco resulta evidente, en razón que, revisado el cuaderno procesal se observa que el sorteo del expediente fue realizado en fecha 29 de noviembre de 2010, conforme se tiene anotado a fs. 57 vta., y el Auto de Vista fue emitido el 6 de diciembre del mismo año, es decir, se advierte que dicho fallo fue dictado dentro del plazo de los diez días de sorteado el expediente, conforme el mandato contenido en el art. 209 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

En mérito a lo anotado, y advirtiendo que los puntos recurridos en cuanto a la casación en la forma no constituyen razones suficientes que hagan viable la nulidad de obrados pretendida, éste Tribunal encuentra infundado el recurso en la forma.

Que, en lo relacionado al recurso de casación en el fondo, cuya observación radica en, que la falta de pago oportuno de salarios no constituye causal de retiro indirecto, sino sólo la rebaja de sueldos, conforme se entendería del art. 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937; cabe puntualizar que, la doctrina así como la jurisprudencia de éste Tribunal, establecen que en caso de rebaja de sueldos, por la alteración de las condiciones de la relación laboral, se interpreta también como un despido indirecto, conclusión que tiene su sustento en la previsión del art. 52 y art. 53 de la Ley General del Trabajo (LGT), en sentido que el sueldo o salario es otorgado por el empleador a favor del trabajador como retribución por el trabajo desplegado por el trabajador, mismo que constituye el sustento tanto de él como el de su familia, por lo que no puede demorar su pago fuera de los plazos establecidos por Ley (15 días), precisamente por su finalidad de subsistencia.

Por lo señalado, no se observa vulneración normativa alguna al haberse reconocido el concepto de desahucio por el despido indirecto en que se concluyó por el Tribunal de Alzada como consecuencia del no pago oportuno de salarios a las actoras, máxime cuando la norma que se cita como vulnerada, se trata de una de carácter procesal que tiene como objeto el hacer procedente el recurso de casación en el fondo, cuando el fallo del cual se recurre incurre en alguna de tales causales (art. 253. 1) y 3) del CPC), por lo que no constituye una norma en sí que sea susceptible de vulneración, como erróneamente sostiene el recurrente.

De otra parte, en relación al pago de la multa dispuesto por DS N° 28699, es preciso señalar que su aplicación no se encuentra subordinada a la aprobación de algún reglamento específico que regule su procedimiento, pues independientemente que tal disposición establezca lo anotado, la norma en sí, desde su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, es de cumplimiento obligatorio, de modo que, lo condenado por el Tribunal de Alzada al respecto, simplemente responde a la correcta aplicación del Decreto Supremo mencionado, cuyo propósito es propugnar la protección de las garantías y derechos de las que gozan los trabajadores ante la eventualidad de que puedan ser afectados por despidos directos o indirectos, e indudablemente, una de las medidas para garantizar esos derechos es el precautelar un pago pronto y oportuno de los beneficios sociales y derechos laborales, sancionando su incumplimiento, con el 30% de multa del total impago, tal cual lo señala el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación y/o nulidad de fs. 77 y vta., y carecer de sustento legal por no observarse violación de norma legal alguna, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Grover Villanueva Tapia en representación legal de Lloyd Aéreo Boliviano S.A., contra el Auto de Vista Nº 247/2010 de 6 de diciembre, de fs. 72 a 75, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba. Con costas.

No se regula honorario profesional de abogado por no haber respuesta al recurso interpuesto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera