TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 396

Sucre, 03  de junio de 2015

Expediente: 88/2011-S

Demandante: Alejandra Karina Ameller Mendizabal

Demandado: Estudio Jurídico “Peters”

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 188 a 189 vta., interpuesto por Rafael Antonio Chávez Rodríguez, en su calidad de apoderado legal de Germán Reynaldo Peters Arzabe, quien es propietario del Estudio Jurídico “Peters”, contra el Auto de Vista Nº 263/2010 de 07 de diciembre (fs. 181 a 182) pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso social que por pago de beneficios sociales y derechos laborales sigue Alejandra Karina Ameller Mendizabal contra Germán Reynaldo Peters Arzabe, como propietario del Estudio Jurídico “Peters”; la respuesta de fs. 192 a 192 vta.; el Auto Interlocutorio de fs. 193, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I. 1 Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral por concepto de pago de beneficios sociales y derechos laborales, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 53/2010 de 05 de junio, cursante de fs. 152 a 156, por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 2 a 4 vta., ampliada y subsanada a fs. 7 y aclarada a fs. 9 de obrados; ordenando a la parte demandada cancelar a la actora la suma total de Bs.8.103,94.-(Ocho mil ciento tres 94/100 bolivianos), por los conceptos de indemnización, aguinaldo doble gestión 2008 duodécimas, aguinaldo gestión 2009 duodécimas, vacaciones 11 días, incremento salarial gestión 2009, horas extras 1 hora por mes gestión 2009, sueldos devengados mes de octubre y 3 días de noviembre de 2009, más la multa del 30% prevista en el Decreto Supremo  (DS) Nº 28699; por el tiempo de servicios de 1 año, 1 mes y 8 días; con un sueldo promedio indemnizable de Bs.1.400.-. Monto sujeto a actualización conforme a Ley.

I. 2. Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación de fs. 161 a 163, por  Rafael Antonio Chávez Rodríguez, apoderado del demandado Germán Reynaldo Peters Arzabe, propietario de Estudio Jurídico “Peters”; y por otra, el de fs. 169 a 170 vta., interpuesto por Víctor Ameller Calvimonte apoderado de la demandante Alejandra Karina Ameller Mendizabal, mediante Vista Nº 263/2010 de 07 de diciembre (fs. 181 a 182) la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; confirmó en parte la Sentencia Nº 53/2010 de 05 de junio, ordenando se cancele a favor de la actora la suma de Bs.6.991,97.- (Seis mil novecientos noventa y uno 97/100 bolivianos), por los conceptos de indemnización, aguinaldo gestión 2009, vacaciones, incremento salarial, sueldos devengados, más la multa del 30% prevista en el D.S. 28699; por el tiempo de servicios de 1 año, 1 mes y 8 días; con un sueldo promedio indemnizable de Bs.1.400.-

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha resolución motivó el recurso de nulidad de fs. 188 a 189 vta., interpuesto por Rafael Antonio Chávez Rodríguez, apoderado de Germán Reynaldo Peters Arzabe, propietario del Estudio Jurídico “Peters”, cuyos fundamentos son expresados conforme sigue:

Que el Tribunal de Alzada violó el art. 12 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y el Decreto Supremo Nº 6813 de 03 de julio de 1964, debido a que dicha normativa establece que en caso de contrato por tiempo indefinido, sólo podría rescindirse mediante preaviso de retiro cuya duración en caso del patrono sería de noventa días; en el caso de autos, a la trabajadora se le entregó el preaviso el 14 de octubre de 2009, debiendo haber permanecido en su fuente de trabajo hasta el 14 de enero de 2010; sin embargo no cumplió con el término de los 90 días permaneciendo en su fuente de trabajo, habiendo renunciado dentro del plazo del preaviso el 03 de noviembre de 2009 tal como consta a fs. 95, extremo corroborado por la confesión provocada de fs. 136, siendo así, no le corresponde el pago de la indemnización; pero además, también se habría violado, interpretado y aplicado erróneamente el art. 1 del D.S. Nº 110 de 01 de mayo de 2009, siendo que la misma sólo sería aplicable para los retiros intempestivos, situación que no ocurre en el caso; apoyando tal afirmación en la S.C. Nº. 0479 de 10 de mayo de 2006, jurisprudencia que también considera, habría sido violada por el Ad quem, por no haber cumplido conforme prevé el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC).

Que,  el Tribunal de Alzada violó el art. 9 del D.S. Nº. 28699 de 01 de mayo de 2006, al haber determinado el pago de la multa del 30%, ya que por el retiro en el caso de autos, no corresponde dicho pago, puesto que la desvinculación se habría producido por renuncia expresa de la demandante en el plazo vigente del pre aviso, normativa que el Tribunal de Alzada interpretó incorrectamente confundiendo el significado de despido y renuncia.

Finalmente señaló que, no correspondería el incremento salarial del 12% determinado a favor de la trabajadora, siendo que dicho incremento para el sector privado, debió estar acordado entre el empleador y trabajador, conforme lo establecido en el DS Nº 016/2009, reglamentado por la Resolución Ministerial (RM) Nº 115/99, normas que habrían sido violadas e interpretadas erróneamente por el Tribunal de Alzada, quienes habrían actuado arbitrariamente.            

I. 4. Petitorio

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, casar el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo, declarar no ha lugar al pago de la indemnización, menos la multa del 30%, ni el incremento salarial del 12% por no cumplir con el plazo del preaviso por parte de la demandante.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso de nulidad (casación), la respuesta al mismo, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

En cuanto a la indemnización por tiempo de servicios, cuya determinación se encuentra cuestionada por la parte recurrente, bajo el razonamiento que no corresponde su pago debido a que la trabajadora renunció voluntariamente a su fuente de trabajo durante el término de los 90 días de preaviso que le otorgó la parte empleadora, entendiendo que la actora debió cumplir los 90 días por encontrarse con preaviso.

Que, para resolver éste primer reclamo, necesario es partir de lo señalado por el art. 48. I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece: “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”. Asimismo el parágrafo III del mismo artículo, refiere: “Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores y trabajadoras no pueden renunciarse y son nulas las convenciones que tienda a burlar sus efectos”.

Por su parte, el art 12 de la LGT dispone: “El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas: 1) Tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, después de 6 meses y con 30, después de un año; 2) Tratándose de contratos con empleados con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrono después de tres meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos”. Norma última que, fue complementada mediante el DS Nº 6813 de 3 de julio de 1964, que establece en su art. único: “Que a partir de la fecha, el preaviso de retiro para obreros será de 90 días después de tres meses de trabajo ininterrumpido, al igual que para los empleados”.

Por su parte, el DS Nº 0110 de 1 de  mayo de 2009, cuyo objeto es garantizar el pago de la indemnización a favor de los trabajadoras y trabajadores luego de haber cumplido los servicios laborales más allá de los 90 días de trabajo continuo, en su art. 2. II, dispone: “La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo”.

De tal manera que, conforme las normas arriba citadas, queda claro que la indemnización por tiempo de servicios como beneficio social regulado por el art. 13 de la LGT, debe ser cancelado a favor de todo trabajador que, independientemente de si es sujeto de un despido intempestivo o de acogerse a un retiro voluntario, haya cumplido más de noventa días de trabajo continuo.

Bajo ese razonamiento, más allá de que en autos concurra la circunstancia de que la relación laboral ya había sido objeto de limitación en cuanto al tiempo, por cuanto se otorgó por la parte empleadora el preaviso respectivo, advirtiendo con ello a la trabajadora que la relación laboral concluiría al término del mismo (90) días, el hecho de que la servidora hubiere renunciado dentro de dicho periodo, no afecta en absoluto al derecho sobre la indemnización por tiempo de servicios, por cuanto y como se mencionó, el requisito básico para que la trabajadora se haga acreedora al derecho en cuestión, como es el tiempo mínimo requerido por norma, ya había sido cumplido, siendo irrelevante para el derecho discutido, que la ruptura de la relación laboral haya sido por efecto de la renuncia voluntaria; ello independientemente de las causas legales de despido contempladas en la Ley, que para el caso en examen, no se discuten.

Asimismo, es preciso hacer notar que la otorgación del preaviso por la parte empleadora, al constituir una decisión unilateral de ésta para poner término a la relación laboral existente entre ambas partes del derecho laboral, el preaviso obliga a quien otorgó el mismo, en el caso, a la parte empleadora, de modo que ésta no pueda alterar en desmedro del trabajador tal decisión, lo que significa que, no puede acortar el plazo de la conclusión de la relación laboral a un término menor al establecido por Ley (90 días); empero, para la parte trabajadora, de aceptar tal decisión unilateral del empleador, no constituye sino, además del conocimiento del término de conclusión de su relación laboral con su empleador, la posibilidad para que éste pueda buscar otro empleo, que de darse, puede presentar su renuncia a la empresa aún antes de haber vencido el término del preaviso, que reiteramos, obliga a la parte empleadora y no así a la parte trabajadora. En ese sentido es que precisamente se tiene razonado en la SC 0479/2006-R de 19 de mayo, que fue referido por la parte recurrente en el recurso ahora analizado. 

Razonar en sentido contrario, significaría no sólo desconocer la naturaleza y objeto del preaviso laboral, sino y sobre todo, desconocer los principios protectores que regulan la interpretación y aplicación de las normas laborales, pero además desconocer las características esenciales de irrenunciabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los beneficios sociales y derechos laborales, previstos en los arts. 46 y 48 de la CPE.

Por otra parte, en relación al reclamo que hace al pago de la multa del 30% previsto en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, como fue dispuesto por los jueces de fondo, decisión con la que el recurrente no comparte, debido a que considera que, por haber ocurrido la renuncia voluntaria de la actora, no sería viable su reconocimiento.

Corresponde partir el análisis del reclamo, de lo señalado por la misma norma y sus reglamentaciones, así, el art. 9. I del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006, establece: “…En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFVs), desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito...”; por su parte el parágrafo II, dispone: “…En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor…”.

Recordemos que la normativa en mención -respecto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%- causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que dicha prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo sin causa justificada, más no así cuando ocurría un retiro indirecto o voluntario, apreciación que resultaba indebida e incorrecta, toda vez que, el citado art. 9 del DS Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o los trabajadores, disponiendo la multa del monto resultante del finiquito, es decir, que en esencia no hace excepción en caso de un despido indirecto, directo o voluntario, ya que pensar en sentido contrario incidiría en la dilación del pago de manera indefinida de los beneficios sociales y derechos laborales, de quienes no habrían sido sujetos de despido.

Es así que, inclusive el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en uso de su facultades y atribuciones conferidas por Ley, emitió la RM Nº 447 de 8 de julio de 2009, vigente a la fecha de desvinculación laboral en el caso presente, estableciendo que la multa del 30%, también procede en los casos de retiro voluntario, así el art. 1, refiere: “(RETIRO VOLUNTARIO). I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la UFVs, más la multa del treinta por ciento (30%) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”.

Entonces, como se podrá advertir, la propia norma reglamentaria establece inclusive con precisión y claridad suficientes, que de ocurrir un retiro voluntario, el empleador tiene la obligación de pagar los beneficios sociales y derechos laborales que pudieran corresponder al trabajador, dentro del término de 15 días, y que en caso de no cumplirse con tal término, es pasible a la multa del 30% sobre el monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador, toda vez que la norma pretende que aquello que le corresponda por derecho, le sea pagado oportunamente, por cuanto con ello se garantiza la subsistencia del trabajador y su familia.

Bajo ese marco normativo, y siendo que la renuncia de la actora ocurrió el 3 de noviembre de 2009, como se encuentra establecido en la Sentencia de primera instancia y afirmado también por la parte recurrente en el memorial de casación, es decir, en vigencia de las normas anotadas que regulan la multa del 30%, como son el DS Nº 28699 y la RM Nº 447 de 8 de julio de 2009, lo resuelto por el Tribunal de Apelación, así como por el Juez de primera instancia, se encuentra correcto y apegado a derecho, de modo que no se encuentra vulneración normativa al respecto, siendo irrelevante que en el caso se haya producido la renuncia en el periodo del preaviso otorgado por el empleador hacia la trabajadora actora.

Finalmente, en cuanto al incremento salarial correspondiente a la gestión 2009, que fue confirmado su reconocimiento a favor de la actora por del Tribunal de Alzada, decisión que la parte recurrente, señala, no correspondería por tratarse de un sector privado y que además debió ser acordado entre el empleador y trabajador, conforme  establecería el DS Nº 016/2009, reglamentado por la RM Nº 115/99, normas que habrían sido violadas e interpretadas erróneamente por el Tribunal de Alzada, quienes habrían actuado arbitrariamente.

Al respecto, de la revisión de los antecedentes se tiene que, el demandado ahora recurrente no reclamó este concepto en apelación, dado que en el memorial de fs. 161 a 163, no se tiene expresado como agravio este aspecto, pese haber sido resuelto en primera instancia, por lo que, el Tribunal de Alzada no emitió criterio alguno sobre tal punto, quien se pronunció con la pertinencia respectiva reglada en el art. 236 del CPC, de modo que, al no existir contenido sobre el cual éste Tribunal pueda trabajar para establecer si el Tribunal de Apelación infringió la Ley al respecto, se hace inviable su reclamo y tratamiento por éste Tribunal de casación, al haber precluido su derecho a reclamar, conforme la previsión de los arts. 3.e) y 57 del CPT, correspondiendo así dar aplicación a lo dispuesto por el art. 272. 1) relacionado con el art. 262. 2), ambos del Adjetivo Civil.

Es oportuno destacar que, todo proceso es concebido como la secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión, siendo así un conjunto de actos jurídicos desarrollados de manera sistemática y ordenada con el fin de llegar a la resolución de un conflicto jurídico, de modo que, los actos procesales deben ejecutarse en un determinado orden, ese desenvolvimiento ordenado responde precisamente al principio de preclusión procesal, como se señaló anteriormente.

Bajo tales fundamentos, se concluye que no son evidentes las infracciones normativa denunciadas en el recurso de nulidad (casación) de fs. 188 a 189 vta., por cuanto carecen de sustento legal, encontrándose en contrario, que el fallo recurrido se ajusta a las Leyes en vigencia, por lo que, corresponde resolver el recurso formulado, en el marco de las disposiciones normativa previstas en los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de nulidad o casación de fs. 188 a 198 vta., interpuesto por Rafael Antonio Chávez Rodríguez, apoderado de Germán Reynaldo Peters Arzabe, propietario del Estudio Jurídico “Peters”, contra el Auto de Vista No. 263/2010 de 07 de diciembre (fs. 181 a 182) pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado de la demandante, en la suma de Bs.500,00.-, que mandará pagar el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera