TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA


Auto Supremo Nº 393

Sucre, 03 de junio de 2015

Expediente: 102/2011-S

Demandante: Isela Cristina Aparicio Ríos

Demandado: Asociación de Productores de Leche de Chuquisaca

Distrito        : Chuquisaca

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 175 a 177 vta., interpuesto por Luciano Caro Peralta en representación legal de ADEPLECH, contra el Auto de Vista Nº 24/2011 de 12 de enero, de fs. 165 a 169 y Auto Nº 59/2011 de 3 de febrero, de fs. 172, pronunciados por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social que sigue Isela Cristina Aparicio Ríos contra la Asociación de Productores de Leche de Chuquisaca (ADEPLECH); la respuesta al recurso, de fs. 180 a 183; el Auto de fs. 184, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

  1. Antecedentes del proceso

I.1 Auto Interlocutorio

Que, tramitado el proceso por pago de beneficios sociales y sueldos devengados, el Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Sucre, emitió Sentencia Nº 106/2010 de 1 de diciembre (fs. 135 a 138) declarando probada en parte la demanda de pago de derechos y beneficios sociales de fs. 15 a 20 de obrados, sin costas, ordenando a la parte demandada, a través de su representante legal, cancele a favor de la actora dentro de tercero día de ejecutoriada la resolución, la suma de Bs.15.186,00.- (quince mil ciento ochenta y seis 00/100 bolivianos) por concepto de desahucio, salario devengado, indemnización y aguinaldo, menos lo ya cancelado, más la multa del 30% prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, bajo conminatoria de apremio corporal.

I.2 Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación por ambas partes del proceso (fs. 140 a 145 vta., y 150 a 152, respectivamente), mediante Auto de Vista Nº 24/2011 de 12 de enero de fs. 165 a 169, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, revocó en parte la Sentencia Nº 106/10 de 1 de diciembre, sin costas, disponiendo que la parte demandada, a través de su representante legal, cancele a favor de la actora dentro de tercero día de ejecutoriada la resolución la suma de Bs.40.918,00.- (cuarenta mil novecientos dieciocho 00/100 bolivianos) por concepto de desahucio, salario devengado, indemnización y aguinaldo, disposición que fue complementada mediante Auto Nº 59/2011 de 3 de febrero, de fs. 172, determinando que una vez ejecutoriado el Auto de Vista, debe incrementarse la multa del 30% prevista por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

II.MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de

fs. 175 a 177 vta., interpuesto por Luciano Caro Peralta, quien acusó:

II. 1 En la forma

Que, se reclamó oportunamente que la Sentencia carecía de fundamentación y motivación, empero dicho reclamo no fue resuelto por el Tribunal Ad quem y conforme el art. 190 del Código de Procedimiento Civil (CPC), constituiría en causal de nulidad, como también señaló que, a tiempo de responder a la demanda se estableció el domicilio procesal sito en calle Inca Garcilazo de la Vega Nº 174, exigiendo el Juez se designe otro domicilio dentro de las 10 cuadras, empero al no haberse señalado otro momentáneo por el Juzgador, se mantuvo el mismo; empero con la resolución de 19 de agosto de 2010 de fs. 112 se le notificó mediante cedula misma que presentaría varias falencias, motivo por el cual el proceso seria nulo hasta el vicio más antiguo, de igual manera sucedería con la notificación de fs. 122 y 128, donde se le dio por notificado con el señalamiento de audiencia de confesión judicial, sin que en el acta conste el domicilio en el que se le practico dicha notificación, vulnerándosele el derecho a la defensa y a la igualdad procesal, dándosele ilegítimamente por confeso, causando perjuicio a la entidad demandada.

Manifestó también que, mediante memorial de recurso de apelación se señaló el domicilio procesal de Calle Inca Garcilazo de la Vega Nº 174, aspecto admitido por el Juez a quo, sin embargo se le notifico tanto con el Auto de Vista como con el Auto Complementario mediante Cedula fijada en Secretaria de Cámara, siendo nula la misma al ser vulneradora del derecho a la defensa y seguridad jurídica.

II. 2 En el fondo

Manifestó que, el si bien el Tribunal de Alzada llego a la convicción de que existiría relación laboral, empero recalcó que el control de asistencia no es solamente propio de los trabajadores en situación de dependencia directa obrero patronal, sino que sería controlable también la asistencia de consultores en línea, contratos que se suscriben conforme los arts. 732 y siguientes del Código Civil (CC), y en el presente caso la demandante se encontraba cumpliendo un trabajo de una consultoría en línea, generando un resultado y no un producto, en dicho entendido, la falta de producto y la firma de planilla de asistencia no puede ser suficiente para determinar una relación laboral, por lo que existiría una errónea interpretación de la Ley e indebida apreciación de la prueba.

Que en cuanto al salario indemnizable, a fs. 65 cursa una fotocopia de un cuadro de objetivos específicos, que no se referirían a un organigrama, por lo que la conclusión arribada por el Tribunal ad quem, al determinar el salario indemnizable en base a dicho parámetro, resultaría ser excesivo, no existiendo en obrados prueba alguna que conlleve a determinar el nivel salarial de la demandante, existiendo prueba que determinaría el honorario mensual de Bs. 3.817,80.- por 20 días de trabajo, no correspondiendo tampoco la multa prevista en el DS Nº 28699 en razón de que la demandante fue contratada en calidad de consultora en línea, en espera de un resultado y no como personal de planta.

II.1 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia anule obrados hasta el vicio más antiguo, o case el Auto de Vista Nº 24/2011 de 12 de enero y su Auto Complementario Nº 59/2011 de 3 de febrero, y sea con la condonación en costas.

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, a mérito de estos antecedentes, considerando minuciosamente el recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

II.1 Resolviendo el recurso de casación en la forma.

En cuanto a la pretendida nulidad del Auto de Vista recurrido, porque el Tribunal Ad quem no se habría pronunciado respecto del agravio señalado en el recurso de apelación, en cuanto a que la Sentencia carecería de fundamentación y motivación; es preciso aclarar previamente que para que la nulidad impetrada opere en el caso de autos, deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, acorde al tenor de la exigencia inserta en el art. 251, concordante con el art. 254 del CPC y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por Ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.

Ahora bien, se advierte que el vicio denunciado no resulta evidente, toda vez que se observa que en el memorial de apelación de fs. 142 a 145 se estableció como agravio la omisión en la valoración de la prueba documental, al no considerar la Resolución Administrativa (RA) Nº 650/07 en concordancia con la Resolución Ministerial (RM) Nº 283/62, aspecto este que desencadenaría en una falta de fundamentación y motivación, cuestión que sin embargo, fue considerado por el Tribunal de Alzada, conforme se desprende del segundo considerando punto d), que precisó que el Juez A quo respecto a la RM Nº 283/62 estableció de forma correcta de que no se trataba de un contrato a plazo fijo sino a plazo indefinido producto del contrato verbal.

Si bien se advierte que el Auto de Vista recurrido no contiene una ampulosa argumentación, empero resolvió todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, resueltos por el inferior y que fueron objeto de la apelación y fundamentación, por lo que no resulta evidente lo acusado respecto a la falta de pronunciamiento al respecto, concluyéndose por ello que, no es evidente el vicio procesal denunciado, encontrando que el proceso se desarrolló sin vicios de nulidad, en el marco del debido proceso y que los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados, por cuanto al momento de la dictación, tanto de la Sentencia de primera instancia como del Auto de Vista, se otorgaron a las mismas, la tutela judicial efectiva, cumpliéndose con los requisitos previstos en el art. 190 del CPC y con la pertinencia prevista en el art. 236 del citado Código Adjetivo Civil, siendo necesario en el caso que se analiza conservar el acto (Auto de Vista recurrido en casación).

Amerita referir que, el Tribunal Supremo de Justicia, en su amplia jurisprudencia ha determinado que la nulidad procesal no sólo constituye una decisión de última ratio, sino que además procede por las razones expresamente señaladas en la Ley (principio de especificidad) o cuando se ha evidenciado una flagrante vulneración de determinados derechos que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia, a la defensa y otros, amén de que conforme al principio de trascendencia, el vicio procesal haya tenido incidencia en perjuicio de la parte reclamante, de tal modo que sin la existencia de ese vicio, los resultados del fallo habrían sido distintos, exigencia que en el caso de análisis no se vislumbra.

En cuanto a la pretendida nulidad de las notificaciones con la resolución de 19 de agosto de 2010 de fs. 112, como también con las notificaciones de fs. 122 y 128, la pretensión de la parte no se justifica, toda vez que, aún la probable existencia de los vicios denunciados, los mismos fueron convalidados, puesto que si consideraba evidentes los vicios procesales en cuanto a las notificaciones, debió haber incidentado oportunamente la nulidad de los actos procesales cuestionados, es más, pudo haberlo hecho inclusive en apelación, acusado como un agravió, lo que ciertamente no ocurrió, puesto que los probables vicios ahora reclamados, no fueron oportunamente impugnados, existiendo por ello un consentimiento tácito respecto a los ahora reclamados, imputándose a su pasividad como un acto consentido, entendimiento asumido en la uniforme línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional (SSCC 796/2010-R de 2 de agosto, 0825/2010-R de 25 de agosto) que refiere: “El consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considero contrario a su derechos y garantías …”, concluyéndose por lo tanto, que todo acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente, es decir, no se puede solicitar la nulidad, cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no es reclamado oportunamente en el recurso de apelación o incidentado de manera oportuna, imposibilitando en consecuencia al Tribunal de Alzada referirse al respecto, siendo aplicable al respecto el principio de la preclusión procesal reglado en los arts. 3. E) y 57 del CPT.

Por otra parte, respecto de la solicitud de nulidad debido a que se le notificó, tanto con el Auto de Vista como con el Auto Complementario, mediante cédula fijada en Secretaria de Cámara, se advierte que el ahora recurrente tuvo conocimiento oportuno de dichas resoluciones, otorgándole además la oportunidad procesal de presentar su recurso de casación, más aún si consideramos, conforme en reiteradas ocasiones estableció la jurisprudencia constitucional, entre ellas la SSCC Nº 1845/2004 de 30 de noviembre, que toda notificación por defectuosa que sea en su forma, empero que cumpla con su finalidad de hacer conocer la comunicación en cuestión, es considerada válida, advirtiéndose en el presente caso, que el recurrente presentó dentro del término legal su recurso de casación, es decir el actuado judicial de la notificación cumplió su finalidad, de modo que posibilitó que el recurrente tenga pleno conocimiento de ambos fallos emitidos por el Tribunal de Alzada.

Por lo señalado, se concluye que la nulidad de obrados pretendida por la parte recurrente en este apartado de su recurso, no se encuentra fundada, conforme lo señalado ut supra.

II. 2 Resolviendo el recurso de casación en el fondo.

Debemos señalar que, el primer reclamo está referido a la relación laboral, cuya existencia fue determinada en el fallo recurrido, decisión que el recurrente considera errada, en el entendido que no habría existido relación laboral de dependencia, sino una relación de carácter civil en calidad de consultoría de línea por resultados, aspecto que estaría demostrado mediante la prueba de fs. 47 y 48 de obrados, que considera fue erróneamente valorada.

Al respecto, se visualiza que el Juez determinó declarar probada en parte la demanda de fs. 15 a 20, estableciendo que la relación suscitada entre la actora y la entidad demandada fue de carácter laboral, ya que se dieron los presupuestos procesales de la misma como ser la relación de dependencia y subordinación, la continuidad en la prestación de servicio y un salario real que era cancelado de forma mensual, conclusión que fue confirmada por el Tribunal de Alzada.

Del análisis de los antecedentes cabe indicar, que tal apreciación resulta correcta, porque en el caso se colige que la prestación de servicios se materializó bajo una relación obrero patronal, al haber concurrido las características esenciales de una relación laboral previstas en el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y ratificados en la actualidad por el art. 2 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, ello es así, porque de antecedentes se evidencia que el demandante prestó sus servicios bajo dependencia y subordinación de la parte demandada, al recibir directrices para elaborar su trabajo, prestando sus servicios por cuenta ajena, es decir, como Responsable de la Unidad de Planificación y Proyectos, cargo que se encuentra incorporado como parte de la estructura organizativa de la entidad demandada, cancelándosele una remuneración mensual en contraprestación al trabajo realizado y cumpliendo el horario de trabajo que se le impuso.

Debe precisarse que, evidentemente los contratos de consultoría no dan lugar a la posibilidad de beneficios sociales por la inexistencia de una relación obrero patronal, y sobre todo, porque bajo una relación de consultoría es posible prestar el servicio con el auxilio de terceros, empero, una de las características que hacen la diferencia con una relación laboral, es la referida a la autonomía y libertad en el servicio, que permite al que presta el servicio de consultoría, no sólo autonomía técnica y administrativa, sino la posibilidad de realizar trabajos simultáneos para varias personas o empresas, lo que excluye el "horario determinado", a diferencia de la relación laboral, que se caracteriza por la exclusividad en el trabajo prestado; así, en el caso de examen, y conforme señalaron los de instancia, la demandante firmaba diariamente planillas de asistencia, lo que lleva a concluir que la actora estaba sujeto al cumplimiento de horarios que la Empresa le imponía, imposibilitándola de tal manera que ella pueda prestar sus servicios a otra empresa o persona; imposición de horario que no tenía otra finalidad sino la de controlar a la actora en el trabajo diario a realizar, bajo las características, entonces, de subordinación y dependencia, a los cuales se agregan los demás elementos, como la prestación de servicios por cuenta ajena, es decir a favor de la entidad demandada, y finalmente, la remuneración, que para el caso fue establecida de manera mensual, así sea previa presentación de informes.

No tiene asidero legal el fundamento sostenido por la entidad recurrente, en sentido que la actora cumplía sus laborales en calidad de consultora de línea, pues adviértase que dicha modalidad de contratación de personal, sólo se encuentra prevista para las contrataciones estatales y no así para el ámbito privado. 

Es preciso aclarar que, el art. 6 de la Ley General del Trabajo (LGT) autoriza que los contratos puedan celebrarse por escrito o verbalmente y que su existencia puede acreditarse por todos los medios legales de prueba. Por su parte, el art. 12 del mismo sustantivo laboral, señala, que el contrato puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio, condicionando la rescisión del primero de los nombrados a la entrega del pre aviso con 90 días de anticipación.

Por su parte, el art. 1 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, reglamentando el art. 12 de la LGT, refiriendo que: “El Contrato de Trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita, por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual.” y agrega que: “A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario.”. Asimismo, la RM Nº 283/62 de 23 de julio,  establece que: “El contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso, el contrato deberá ser forzosa e imprescindiblemente escrito y su duración no excederá de un año…”.

En el caso de autos, el recurrente alega haber pactado un contrato por consultoría en línea sujeto a un resultado, empero adjunta un documento sin la firma de ambas partes contratantes, de modo que no se demuestra con certeza la calidad de consultor que alega la entidad demandada, razón por la que, los de instancia, de manera acertada establecieron que se trata de una relación laboral de carácter indefinida, dado que el contrato fue verbal, ello en el entendido de que el contrato indefinido es la regla y los de plazo son la excepción.

Por lo señalado y considerando también el principio protector de la “primacía de la realidad” por el que prevalece la veracidad de los hechos a lo que se pactó o documentó, se establece que en el caso en particular existió una relación laboral obrero patronal, con el consecuente reconocimiento de los beneficios sociales y derechos laborales liquidados, aspectos que los jueces de instancia establecieron válidamente en el marco de la aplicación de los arts. 3.j) y 158 del CPT, en lo concerniente al libre análisis de las pruebas ofrecidas por las partes, además, cabe indicar que el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), establece el “principio de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

De lo anterior queda claro que, no se desvirtuó por la entidad demandada la acusada relación laboral, es más, de carácter indefinido al tratarse simplemente de una contratación verbal, por lo que, corresponde en consecuencia a la parte demandada cancelar los beneficios sociales establecidos en el Auto de Vista recurrido como en el Auto Complementario, siendo el reclamo infundado.

Por otra parte, respecto al salario indemnizable fijado por el Tribunal de Apelación, corresponde señalar que, al ser obligación de la parte empleadora desvirtuar los hechos afirmados por la parte actora, aportando así los elementos probatorios necesarios y conducentes a demostrar sus afirmaciones en defensa, conforme a la inversión de la prueba que rige materia social, de acuerdo a los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, se advierte que en el caso, no se presentó prueba alguna que tienda a demostrar con precisión el sueldo real percibido por la actora para que, de esa manera, se pueda establecer un sueldo promedio distinto al fijado, de modo que, al no haberse cumplido a cabalidad la carga de la prueba, lo determinado por el Tribunal de Alzada resulta correcto, no siendo suficiente acudir a silogismos o la aparente lógica para pretender la modificación del fallo de instancia, sin considerar, que era su obligación desvirtuar lo aseverado por la actora en su demanda, que en el caso concreto, se vincula al sueldo promedio indemnizable, lo que ciertamente no sucedió.

Si bien es evidente que, la trabajadora afirma en su demanda que, el 5 de marzo de 2010 se le canceló los salarios por 20 días trabajados correspondientes al mes de enero, empero no deja de ser cierto también que, antes a ello, afirma, que ni siquiera se la canceló el salario acordado, por lo cual, la lógica a la que acude la parte recurrente, tampoco resulta evidente y menos suficiente para que éste Tribunal pueda modificar el falo de instancia a través de la casación. En consecuencia, se concluye que las pruebas aportadas por las partes al proceso, fueron compulsadas de forma conjunta por las autoridades suscribientes del fallo recurrido, no siendo evidente la acusada valoración errónea de la prueba anotada.

Corresponde señalar, que la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la Ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron en la tramitación de la presente causa, al evidenciarse que el Tribunal Ad quem valoró correctamente las pruebas aportadas por las partes conforme a la facultad conferida por los arts. 3. j), 158 y 200 del CPT, en virtud a la cual no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, lo que consta haber ocurrido.

En el caso, si bien se acusa que el Tribunal Ad quem “no debió establecer dicho concepto en base a un cuadro de objetivos específicos, que no se referirían a un organigrama”, empero tal causal invocada no se apega a lo dispuesto por el art. 253.3) del CPC, es decir no se precisa si en el caso el Tribunal hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho en la valoración de las pruebas aludidas, de modo que permita a este Tribunal realizar el control jurisdiccional al respecto.

Finalmente  en  cuanto  a  la   multa  del 30%,  prevista  en el DS Nº 28699 de

1 de mayo de 2006, amerita establecer que ella es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días calendario establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales que se reconozcan a favor de una trabajadora o un trabajador, por lo que, al evidenciarse que a la actora le correspondían los conceptos concedidos en el Auto de Vista, mismos que no le fueron cancelados oportunamente por la entidad empleadora, corresponde mantener dicho concepto.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 175 a 177 vta., al carecer de sustento legal, ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver el recurso en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 175 a 177 vta., interpuesto por Luciano Caro Peralta en representación legal de ADEPLECH, contra el Auto de Vista Nº 24/2011 de 12 de enero, de fs. 165 a 169 y Auto Nº 59/2011 de 3 de febrero, de fs. 172, pronunciados por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca. Con costas.

Se regula honorario profesional del Abogado de la demandante, en la suma de Bs.500.- (quinientos 00/100 bolivianos) que mandará pagar el Juez A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera