TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 392

Sucre, 03 de junio de 2015

Expediente: 22/2011-A

Demandante: Televisión  “ATB”  S.A. Cochabamba

Demandada: Gerencia  de Grandes Contribuyentes del (SIN)

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 121 a 130, interpuesto por Illimani de Comunicaciones y Asociados del Canal del Valle ATB  Televisión S.A., Cochabamba contra el Auto de Vista Nº 134/2010 de 29 de octubre, cursante de fs. 108 a 110 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la empresa recurrente contra la Gerencia  de Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  la respuesta de fs. 133 a 134 vta., el Auto que concedió el recurso de fs. 135; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Resolución

Que, opuesta la excepción dilatoria de falta de personería por partes del  representante legal de la entidad demandada, el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió resolución de 26 de enero de 2009 (fs. 59 a 60 vta.), declarando probada la excepción dilatoria de falta de personería, disponiendo la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda y el archivo de obrados.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por la sociedad recurrente,  (fs. 70 a 73 vta.),  la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 134/2010 de 29 de octubre (fs. 108 a 110 vta.), confirmó la resolución apelada de 26 de enero de 2009.

  II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

  Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 121 a 130, interpuesto por Illimani de Comunicaciones y Asociados del Canal del Valle ATB Televisión S.A., Cochabamba en base a los siguientes argumentos:

  II.1 Recurso de casación en la forma

  Denuncia que, el Auto de Vista recurrido se ha pronunciado más allá de lo pedido por las partes, al haber oficiosamente declarado la insuficiencia del poder, cuando el Juez de la causa declaró ilegal el Poder Nº 172/2007, incurriendo en la causal del inc.4) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

   II.2 Recurso de casación en el fondo

  Denuncia interpretación errónea de los arts. 228 y 237 de la Ley 1340, al desconocer la naturaleza jurídica de la excepción dilatoria de impersonería, la cual no ataca el fondo de la causa y por lo tanto no puede afectar o terminar con el derecho de la parte objetada, sino que esta excepción tiende a subsanar cualquier error formal que pudiera afectar el proceso como podría ser un poder de representación defectuoso o insuficiente, lo contrario significa tergiversar su fin. Asimismo señala que, de seguirse el razonamiento del tribunal de segunda instancia, el efecto de una excepción dilatoria de falta de personería declarada probada, sería la pérdida definitiva del derecho a impugnar los cargos que en materia tributaria se consideran injustos, denegándose el derecho de acceso a la justicia.

Indica que, el Auto de Vista ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba aportada por violación a los arts. 232 a 233 del CPC, porque ninguno de los poderes observados requería subsanación y que todos los documentos que certificaban su validez y legalidad estaban en los antecedentes y fueron de conocimiento del tribunal ad quem antes de que emita el auto de vista recurrido, tomando en cuenta además que dichos documentos, existían antes de la presentación de la demanda y antes de otorgarle el mandato contenido en el poder de representación Nº 0891/2008.

Manifiesta que, con la presentación de las actas y certificaciones notariales, solo se demostró la pre existencia de los mismo y la legal emisión de los poderes de representación, y el hecho de observarlos y objetarlos por el tribunal ad quem significa inobservancia de las obligaciones establecidas en los arts.3 inc.3), art. 4 inc.4) y 233 del CPC., que establecen las facultades potestativas del Juez para abrir un plazo probatorio, por lo que, el rechazo a la prueba presentada, resulta violatoria al art. 115 inc.2) de la CPE.

Señala que, el Auto de Vista contiene disposiciones contradictorias, porque por un lado admite que el poder Nº 172/2007 contempla entre sus facultades la de otorgar poderes especiales de cualquier naturaleza, sin embargo en el punto 5) del Auto de Vista recurrido establece la falta de personería del representante legal de la sociedad demandante por insuficiencia del poder, confundiendo de esta forma  la oportunidad de presentación de prueba con la insuficiencia de poder, incurriendo en la causal señalada en el art. 253 2) del CPC.

Denuncia que el Auto de Vista, ha violado principios constitucionales y generales del derecho, como el derecho recibir tutela del Estado en igualdad de condiciones, el derecho al debido proceso señalado en el art. 115 II de la CPE, y finalmente el principio de presunción de inocencia establecido en los arts.116, 117 y 119 de la CPE.

II. 1 Petitorio

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo case el Auto de Vista Nº 134/2010 de 29 de octubre, y deliberando en el fondo declare improbada la excepción de falta de personería en el acto, disponiendo la prosecución de la causa.

CONSIDERANDO II:

I.FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

I.1 En cuanto al recurso de casación en la forma

La sociedad recurrente denuncia que, el Auto de Vista recurrido se ha pronunciado más allá de lo pedido por las partes, al haber oficiosamente declarado la insuficiencia del poder, cuando el Juez de la causa declaro ilegal el Poder Nº 172/2007, incurriendo en la causal del inc.4) del art. 254 del CPC. Al respecto, de la revisión de antecedentes, especialmente del contenido del Auto de Vista recurrido, así como de los agravios expresados en el recurso de apelación, se evidencia que el Auto de Vista no contiene un pronunciamiento más a allá de lo pedido por la parte apelante, debido a que, gran parte del recurso de apelación está abocado a cuestionar la declaratoria de ilegalidad del poder de representación efectuado por el juez de la causa, bajo el argumento de que el mismo no puede ser considerado ilegal al contener todos los requisitos exigidos por el art. 228 inc.5) de la Ley 1340. En merito a ello, es que el tribunal de apelación se pronunció, estableciendo que al faltar en el poder de representación la documentación que respalde la calidad de presidente y secretario del directorio, no tiene sustento legal el otorgamiento del poder de representación Nº 172/2007 de 12 de julio, y por lo tanto el mismo resulta insuficiente, razonamiento que de ningún modo se puede considerar más allá de lo pedido al guardar estricta relación y pertinencia con lo denunciado en el recurso de apelación. 

I.2 En cuanto al recurso de casación en el fondo

I.2.1 En relación a la denuncia de interpretación errónea de los arts. 228 y 237 de la Ley 1340, por desconocimiento de la naturaleza jurídica de la excepción dilatoria de impersonería, la cual dice no ataca el fondo de la causa y por lo tanto no puede afectar o terminar con el derecho de la parte objetada, sino que tiende a subsanar cualquier error formal que pudiera afectar el proceso como podría ser un poder de representación defectuoso o insuficiente, lo contrario significa tergiversar su fin. Al respecto, la doctrina considera a las excepciones previas o dilatorias como el poder jurídico de oposición que, sin negar el fundamento de la demanda, trata de impedir la iniciación del proceso paralizándolo momentáneamente retardando la contestación. En otras palabras, son las alegaciones que el demandado formula oponiéndose procesalmente a la demanda y utilizando hechos que constituyen obstáculos temporales para que no prospere la acción. Se trata de alegaciones que deben encuadrarse en alguno de los supuestos taxativamente previstos en la Ley procesal. Entre sus características se tiene que, deben alegarse “in limine litis” (antes del proceso); no extinguen el proceso; no recae sobre el derecho material alegado por el actor; eliminan obstáculos del proceso; corrigen ciertos actos. En virtud a lo mencionado, en el caso presente, la entidad demandada por memorial de fs. 51 a 53 vta., planteó excepción de impersonería del demandante por considerar que el poder de representación resultaba insuficiente o ilegal, excepción que mereció la resolución de fs. 59 a 60 vta., mediante la cual el Juez de la causa declara probada la excepción, dispone la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda y ordena el archivo de obrados, decisión que es confirmada por el Auto de Vista recurrido sin modificación alguna, lo que demuestra una errónea interpretación de lo dispuesto en el art. 228. 5) y 237 de la Ley 1340, así como de la finalidad de las excepciones previas o dilatorias por parte de los Jueces de instancia, al no haber considerado que la declaratoria de probada la excepción de impersonería del demandante por insuficiencia del poder de ningún modo puede extinguir el proceso y consecuentemente ordenarse el archivo de obrados, tomando en cuenta que las excepciones dilatorias no tienen por objeto destruir la acción del actor solo retardar la entrada en juicio, en consecuencia, solo correspondía con la declaratoria de probada la excepción de impersonería, evitar un proceso nulo, por falta de capacidad procesal del actor para estar a derecho, y en consecuencia correspondía tan solo otorgar un plazo prudencial para subsanar la falta u observación, lo que no ha ocurrido en el caso presente, lo cual amerita su corrección.

I.2.2 En cuanto a la denuncia en sentido de que el Auto de Vista ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba aportada y violación de los arts. 232 a 233 del CPC, porque ninguno de los poderes observados requería subsanación y que todos los documentos que certificaban su validez y legalidad estaban en los antecedentes los cuales fueron de conocimiento del tribunal ad quem antes de que emita el Auto de Vista recurrido, pero que además dichos documentos existían antes de la presentación de la demanda y antes de otorgarle el mandato contenido en el poder de representación Nº 0891/2008. Así como la denuncia, en sentido de que la  presentación de las actas y certificaciones notariales, demostró la pre existencia de los mismos y la legal emisión de los poderes de representación, y el hecho de observarlos y objetarlos por el tribunal ad quem significa inobservancia de las obligaciones establecidas en los arts. 3 inc.3), art. 4 inc.4) y 233 del CPC., que establecen las facultades potestativas del juez para abrir un plazo probatorio, por lo que, el rechazo a la prueba presentada, resulta violatoria al art. 115 inc.2) de la CPE.

Al respecto, la representación es definida por Roca Sastre y Puig Brutau como aquella institución en cuya virtud una persona, debidamente autorizada o investida de poder, otorga un acto jurídico en nombre y por cuenta de otra, recayendo sobre esta última los efectos normales consiguientes. Para actuar en nombre ajeno y obtener que los efectos del negocio celebrado recaigan en la persona por quien se obra, es indispensable contar con un poder. El poder de representación es el fundamento de la eficacia del negocio representativo: Constituye un requisito legal de la eficacia de este. Nuestra legislación, de acuerdo a lo establecido en el art. 804 del CC, considera el mandato como  el contrato por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandante, debiendo por disposición del art. 58 del CPC, la persona que se presentare en el proceso en nombre o representación de otra, acompañar al primer escrito los documentos que acrediten su personería. En materia tributaria el art. 228.5) de la Ley 1340 señala como requisitos de la demanda, que se acompañe el poder de representación en juicio y los documentos justificativos de la personería del demandante. Asimismo, el art. 237.2) de la misma Ley, contempla como excepción dilatoria admisible la falta de personería en el representante del actor por insuficiencia o ilegalidad del poder. Ahora bien, precisados los conceptos de representación y poder, así como la normativa que exige su presentación, resulta necesario señalar que, en cuanto a la representación de las personas jurídicas privadas, la Sentencia Constitucional (SC)  0763/2011-R de 20 de mayo refiriéndose a la SC 0583/2010-R de 12 de julio, estableció: “…sobre el requisito de forma relacionado con la personería del recurrente, hoy accionante, (…) éste puede actuar por sí o mediante representación a través de poder suficiente, lo que resulta usual tratándose de personas jurídicas o colectivas. Sobre el particular, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades haciendo hincapié en los requisitos que se deben cumplir a los efectos de que el poder notarial que se acompaña al recurso sea considerado suficiente a los efectos de la admisión a trámite de un amparo constitucional promovido por personas jurídicas…”.

En la misma Sentencia Constitucional se hace referencia a la línea establecida en la SC 0022/2003-R de 8 de enero, referida a los requisitos que debe cumplir el poder notarial que se presenta junto a la acción de amparo constitucional, pretendido por personas jurídicas, en la que se afirmó: “...En el caso de las personas jurídicas, como es la sociedad agrícola ganadera (…) el recurrente, que es quien demanda en su representación, debió acreditar su condición de legítimo representante adjuntando el poder correspondiente, en el que debía constar inexcusablemente el acta de constitución de la sociedad, la nómina de socios, su inscripción al Registro de Comercio, su personería jurídica y sus Reglamentos.(…)”. Por su parte, en la SC 1823/2003-R de 5 de diciembre que compulsaba una problemática relacionada con un recurso de amparo presentado a nombre de una Empresa argentina, se señaló: “(…) el Poder Especial presentado por el recurrente y que cursa de fs. 1 a 3, acredita que (…) en su condición de representante legal (…) le faculta a interponer el presente amparo constitucional; sin embargo, en el mismo documento no consta la escritura de constitución de la referida sociedad comercial, sus estatutos, la resolución que le confiere personalidad jurídica, su inscripción al registro correspondiente más aun tratándose de una entidad constituida en el extranjero, en el referido Poder tampoco consta que se encuentra legalmente establecida en Bolivia. Consiguientemente, se determina que el recurrente carece de legitimación activa para interponer el recurso al no haber acreditado debidamente su personería, omisión que determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo de asunto y que debió ser observada por el Tribunal de amparo a tiempo de considerar la presentación del recurso, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 19.II CPE y 97.I LTC'”.

De lo expresado en dichas SSCC, se tiene que, todo poder notariado conferido por personas jurídicas de carácter comercial para tener valor y efectos legales más allá de la demostración de la personalidad jurídica con la inscripción en el  Registro de Comercio de la entidad representada, a los fines del reconocimiento de la capacidad y personería de los representantes éstos en observancia de las disposiciones  contenidas en los arts. 804, 809 y 811-II del CC y 58 del CPC,  deberán adjuntar el poder especial suficiente para dar curso a su demanda, poder en el que deberá estar incluido los documentos originales o una transcripción  in extenso o de las partes principales referidas al  acta de constitución de la sociedad, la acreditación de su personalidad jurídica, la nómina de socios, el acta de designación y posesión del directorio, las facultades expresas otorgadas a sus representantes, los estatutos y reglamentos internos, etc. Estos requisitos formales deben cumplirse imprescindiblemente a tiempo de formular la demanda y no después. Sin embargo la falta de poder de representación puede subsanarse en algunos casos mediante la ratificación de lo actuado por el mandante. Tomando en cuenta que, la creencia de la buena fe en el poder de representación no existe.

Finalmente corresponde establecer que, cuando dichos requisitos de forma hubieren sido incumplidos por el representante legal, el Juez de la causa tiene la obligación de observar a tiempo de su presentación, previo a la admisión de la demanda, otorgando un plazo prudencial  para que subsanen la omisión; de lo contrario, en caso de no subsanarse, deberá denegarse in límine la demanda siendo innecesario continuar con su tramitación. Del mismo modo deberá procederse cuando se declara probada la excepción de impersonería opuesta por la parte demandada.

En el contexto referido, en la especie, las abogadas Jeannine Forgues Ostum y Joyce Clavijo Velarde, mediante memorial de fs. 39 a 47 del legajo de fotocopias legalizadas, a nombre de ATB COCHABAMA TELEVISION S.A., señalando como representante a Luis Carlos Villazon Martínez, deducen demanda contenciosa tributaria acompañando para acreditar su personería el Testimonio N° 253/1997 referido a la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada en sociedad anónima (fs 1 a 23); el acta de la junta general extraordinaria de 29 de enero de 1998, de cuyo contenido se establece la aprobación del orden del día, aprobación del balance especial de transformación y elección del directorio ad-hod recayendo la designación en las personas de: Dr. Alfonso Canelas Presidente, Dr. Luis Ossio Sanjines Vicepresidente y Dieter Garafulic Lehm Secretario; Testimonio de Poder Notarial N° 0891/2008, que otorga el señor Daniel Cruz Alonso en favor del señor Luis Carlos Villazon Martínez, y finalmente el Testimonio de Poder Notarial N° 0017/2009 que otorga Luis Carlos Villazon Martínez en favor de las abogadas mencionadas supra. Del contenido de dicha documentación, especialmente del Poder Notarial N°0891/2008, en el que se hace mención a una transcripción de la parte pertinente del Testimonio de Poder Notarial N° 172/2007 de 12 de julio, no se encuentra el original o la transcripción del acta de designación y posesión de los señores Tito Hoz de Vila Quiroga y María del Carmen Ballivian para acreditar su calidad de directivos como presidente y secretaria de la sociedad demandante, es decir, omitieron insertar este acto administrativo para acreditar la personería de los supuestos directivos. Omisión que, si bien se pretendió subsanar con la presentación en instancia de apelación del acta extrañada, sin embargo esta subsanación posterior ya no podía surtir efecto alguno ante la presentación de la excepción de impersonería planteada por la parte demandada, requisito de forma que se incumplió y que determinó correctamente la declaratoria de probada la excepción planteada por los jueces de instancia, en consecuencia no resulta evidente que el tribunal de apelación hubiere incurrido en errónea valoración de las pruebas de su demanda.

I.2.3 En relación a la denuncia en sentido de que el Auto de Vista contendría disposiciones contradictorias, así como sobre la lesión del derecho recibir tutela del Estado en igualdad de condiciones, el derecho al debido proceso señalado en el art. 115 II de la CPE, y finalmente el principio de presunción de inocencia establecido en los arts.116, 117 y 119 de la CPE se advierte que tales aspectos giran en torno al único punto matera de controversia referido a la nulidad y archivo de obrados en razón a la advertida insuficiencia del mandato notarial dispuesta por el Juez a quo y confirmada en alzada, sobre cuyo ítem ya hemos expedido pronunciamiento en los términos expuestos supra, disponiendo su enmienda, con lo que cualquier otra lesión que se hubiese ocasionado con tales decisiones serán tuteladas corresponde resolver, conforme disponen los arts. 271.4) y 274 del CPC.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA parcialmente el Auto de Vista recurrido solo en relación a la orden de archivo de obrados y, deliberando en el fondo, dispone que el Juez de la causa otorgue un plazo prudencial a la sociedad demandante, para que subsane la observación efectuada en el poder de representación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera