TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 388

Sucre, 03 de junio de 2015

Expediente: 106/2015-A

Demandante: Julio Gualberto Mamani Calle

Demandado: Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 113 a 115, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, a la sazón Director General Ejecutivo a. i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); contra el Auto de Vista Nº 193/2014 SSA-II de 8 de diciembre corriente de fs. 108 a 110, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de compensación de cotizaciones, instaurado por Julio Gualberto Mamani Calle, contra el SENASIR; el responde de fs. 122 a 124 el Auto 042/2015 de 23 de febrero a fs. 127, que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

I. Antecedentes del proceso

I.1. Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas

Dentro del trámite de compensación de cotizaciones seguido por Julio Gualberto Mamani Calle, mediante Auto Nº 0000450 de 6 de febrero de 2014, la Comisión de Calificación de Rentas, resolvió desestimar la solicitud de compensación de cotizaciones por procedimiento manual del asegurado Julio Gualberto Mamani Calle.

I.2. Resolución de la Comisión de Reclamación

Ante esta determinación el asegurado Julio Gualberto Mamani Calle, interpuso recurso de reclamación (fs. 55 y vta.), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 433/14 de 20 de junio  (fs. 61 a 63),  confirmó el Auto Nº 0000450 de 6 de febrero a fs. 30, emitida

por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.

I.3. Auto de Vista

En grado de apelación interpuesto por Julio Gualberto Mamani Calle (fs. 100 y vta.), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Resolución Nº 433/14 de 20 de junio, cursante de 61 a 63 de obrados,  disponiendo que el SENASIR proceda a efectuar una nueva certificación de compensación de cotizaciones a favor del interesado.

I.-4. Motivos del recurso de casación en el fondo por el SENASIR

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en el fondo (fs. 113 a 155) interpuesto por Juan Mercado Claros, representante legal del SENASIR La Paz, que en relación a los puntos controvertidos expreso lo siguiente:

Después de efectuar una relación extensa de los antecedentes del trámite administrativo, señalo que, Auto de Vista no consideró íntegramente los mismos, manifestando que el SENARIR, basó su actuado dentro de los parámetros: técnico, legales y administrativos, enmarcados en el principio de  especialidad que rige el sistema de seguridad social.

Así el Auto de Vista interpretó erróneamente el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, toda vez que dicha disposición legal sujeta y condiciona su aplicabilidad y certificación extraordinaria a la inexistencia de planillas en los archivos del SENASIR que en el caso particular a través del Informe Nº 3047 de 24 de septiembre de 2013 e Informe Nº 383 de 28 de enero de 2014, emitidos por el Área de Certificación de CC, cursante a  fs. 14 a 28,se establece la existencia de planillas de la Empresa “CRILLON TOURS” S.A. correspondiente a los periodos 01/07/75 a 28/02/81 y 01/08/84 a 25/02/91, pretendidos ser reconocidos, planillas en las que Julio Gualberto Mamani Calle no figura, registrando por el contrario a la persona que responde al nombre de Julio Calle Calle, sin número de matrícula, ni cédula de identidad, señala además que no cursa ningún antecedente por rectificación de apellido paterno en la vía judicial y/o Resolución Administrativa (RA)  que indique que se procedió a la modificación del apellido paterno, reiterando que la aplicación de normativa extraordinaria con documentación supletoria sólo procede ante la inexistencia de planillas, además cabe considerar que los antecedentes no conllevan sustento documental acreditable sobre la identidad del interesado, puesto que en antecedentes  sólo refiere que cuando empezó a trabajar no contaba con documentos personales porque existía error en la base de datos del Registro Civil en cuanto al lugar de nacimiento, no refiriendo en ningún momento la existencia de su segundo nombre (Gualberto) y apellido paterno (Mamani), por lo que no corresponde su certificación; aspecto igualmente normado por la RA 213/11 de 26 de octubre el mismo que establece: “ No cabe aplicarse certificación extraordinaria si el verificador evidencia que el asegurado no figura en planillas.”

Además, el Tribunal de apelación de manera equívoca valora documentación de las gestiones 2013 y 2014, que sería inválida en aplicación del art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 para cumplir con el objetivo de dicha normativa;  documentos que no cumplen con el presupuesto legal, siendo que el Decreto Supremo habría sido publicado el 31 de mayo de 2004.

Asimismo considera que si bien es cierto que el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, establece la modalidad de certificación extraordinaria a través de documentos supletorios bajo presunción juris tantum, no es menos evidente que la señalada disposición legal regula única y exclusivamente trámites del SENASIR y no

así trámites de compensación de cotizaciones, a dicho efecto el art. 18 del DS Nº 27543 señala: “para fines de certificación de aportes, para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades en los arts. 13, 16 y 17 del Decreto Supremo”, lo cual en el planteamiento del recurso corrobora la no aplicación del art. 14 en trámites de compensación de cotizaciones.  

I.5. Petitorio

       Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, deliberando en el fondo, case el Auto de Vista Nº 193/2014-SSA-II de 08 de diciembre y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 433/14 de 20 de junio emitido por el SENASIR. 

I.6. Motivos del recurso de casación en el fondo de Julio Gualberto Mamani Calle

Manifiesta: “que en la parte resolutiva del Auto de Vista Nº 193/2014 se dispone REVOCAR LA RESOLUCIÓN Nº 433/14  de 20 junio de 2014 ordenando a la Comisión Calificadora de Rentas del SENASIR realice una nueva certificación de de Compensación de Cotizaciones, teniendo que el SENASIR no quería considerar la relación laboral entre “CRILLON TOURS” y mi persona, entre los periodos 07/75 a 02/81 y reingreso 08/84 a 01/91 y que en ese tiempo tenía un problema al no contar con documentos personales, porque existía un error en la base de datos del REGISTRO CIVIL, referido al lugar de nacimiento, ya que estaba registrado como nacido en LAJA, empero nació en La Paz en calle  LAJA …puede realizar la corrección en el SERECI y  SEGIP  asimismo en los certificados de trabajo que obtuve de “CRILLON TOURS” Y en especial el último donde se pedía por parte del SENASIR que con solo la aclaración que realizaría dicha Empresa en señalar que si el Sr. JULIO CALLE CALLE Y JULIO GUALBERTO MAMANI CALLE son la misma persona, el mismo que obtuve la correspondiente aclaración el cual señala que evidentemente ambos nombres y apellidos eran de la misma persona y se obtuvo planillas legalizadas de los periodos 1990 a 1991 y que no obstante de lo anterior no se le quiere hacer valer..,

otro  aspecto no menos importante es que el recurrente ha adjuntado su papeleta de

pago  original correspondiente al sueldo del mes de diciembre de 1990 como tenedor

de  la misma y fotocopias de otra del mes de enero de 1991, también cursan planillas

legalizadas donde consta el nombre de JULIO CALLE y JULIO GUALBERTO MAMANI

CALLE  son la misma persona, en síntesis se ha demostrado fehacientemente que los

aportes realizados por CRILLONS TOURS a nombre de Julio Calle y/o Gualberto Julio

Mamani Calle se realizaron a la Caja Nacional de Salud (CNS)., pero sin embargo el 

SENASIR no los considero correctamente” (sic).         

       I.5. PETITORIO

       El demandante pide previa valoración de las pruebas presentadas superabundantemente y en el fondo solicita se declare infundado dicho recurso.

CONSIDERANDO II:

II.1. Recurso de casación en el fondo del SENASIR

Que así planteado el recurso de casación en el fondo, se ingresa al análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, se tiene lo siguiente:

El representante de la institución recurrente, cuestionó el fallo del Tribunal de segunda instancia, por haber revocado la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 433/14 de 20 de junio, disponiendo que el SENASIR proceda a efectuar una nueva certificación de compensación de cotizaciones a favor del interesado. Ante esta resolución el SENASIR recurre manifestando en lo sustancial que no identificó que Julio Gualberto Mamani Calle haya prestado efectivamente servicios a la Empresa “CRILLON TOURS”, porque no figura su nombre en planillas, ni archivo, sino el de otra persona y tampoco consta antecedente de modificación de apellido; en ese entendido, la problemática central traída a casación por la institución recurrente, radica en determinar, si el Tribunal de Alzada, obró correcta y adecuadamente sin vulnerar la normativa legal acusada por la institución recurrente.

II.1.1 Consideraciones previas respecto al derecho a la jubilación y seguro social a largo plazo

El art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que, todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, la que debe prestarse bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; finalizando  que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; esta misma norma Constitucional en su parágrafo IV obliga al Estado garantizar el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. La jubilación a la que se hace referencia, está íntimamente ligada al derecho a percibir una remuneración, que debe ser calculada según los años de servicios y el salario percibido, permitiendo que las y los bolivianos puedan gozar de una renta que permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad. Esta obligación estatal se encuentra reafirmada por el art. 67.II de la CPE, que impone al Estado la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación.

Los principios antes descritos componen no sólo la base en la que se asienta la Seguridad Social en Bolivia, sino también constituyen la guía para su efectivización, en la lógica que ella obedece al cumplimiento de un cometido último que el Estado, como tal, persigue. Esa posición hace que, los principios que ordenan y orientan al Sistema de Seguridad Social no deban ser tenidos de manera aislada, otorgándoseles una aplicación esporádica, o bien ser limitados a su enunciación retórica, sino más bien, deben ser empleados de modo preferente por parte de la administración del Estado, dada su función de hacer posible que “los regímenes de seguridad de los medios de vida [puedan aliviar] el estado de necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las entradas perdidas a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener trabajo remunerado o a causa de la muerte del jefe de familia” (Organización Internacional del Trabajo, R067 - Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida).

Estando establecido el panorama normativo sobre el derecho a la jubilación reconocido constitucionalmente, es menester hacer alusión a los arts. 7.k) y 158 de la CPE de 1967 y sus posteriores reformas, que ya reconocían aquel derecho, que en el devenir del tiempo no sólo mantuvo su impronta característica, si no más aun, su entendimiento y protección tuvo un crecimiento progresivo, percibido ahora, como ya se desarrolló en el art. 45 de la CPE.

De esta forma una comprensión en contrario, es decir disposiciones de cualesquier naturaleza que tiendan a restringir, impedir o bien retrotraer condiciones ya superadas, para el acceso y posterior ejercicio pleno de un derecho, sin duda no sólo constituirá una afrenta a mandatos constitucionales, sino conllevaría una afectación eventualmente irreparable a la ciudadanía, dadas las lógicas y especiales condiciones que el derecho a la jubilación posee. 

Es así que, la norma  flexibiliza el trámite para la calificación de la renta de vejez, al aceptar  ante la inexistencia de planillas, otros documentos que demuestren la certificación de aportes; así lo dispone el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), establece que para la calificación y reconocimiento de renta de vejez, cuando no existieren planillas en los archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación del trabajador, de baja y reingreso del asegurado, complementados por los certificados de trabajo, record de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.  

Asimismo, el art 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 en sus capítulos II y III prevé el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto y los trámites relacionados con el seguro social obligatorio de largo plazo, abarcando a la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, aspecto que la institución recurrente no tuvo en cuenta al momento de efectuar la presente acusación, no siendo en consecuencia evidente que la aplicación de documentación supletoria prevista en el art. 14 del DS Nº 27543 de  31 de mayo de 2004, este establecida sólo para tramites de rentas en curso de pago   y adquisición; sino, también corresponde su consideración en los trámites de compensación de cotizaciones. En este contexto, el citado Decreto Supremo en su art. 14, señala. “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…” concordante con su art. 18 que

dice “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo”.. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar:”…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al SENASIR, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; infiriendo de dicha norma, en resguardo de su subsistencia del trabajador y de familia.

En Autos el tribunal de apelación identifico que el beneficiario respaldo su trámite con la siguiente documentación: certificado de trabajo de 29 de abril de 2013 a fs. 5, expedido por la Gerente de la Empresa CRILLON TOURS S.A.; Margot Morgan Aramayo, que señala: “..Que el Señor  Julio Calle Calle con C.I. 394209 LP trabajo en la Empresa desde el 1 de julio de 1975 hasta el 28 de febrero de 1981..”    y otro certificado de trabajo de fs. 4 expedido por la misma Empresa, que señala..”  Que el señor Julio Calle Calle con C.I. 394209 LP trabajo en la Empresa desde el 1 de agosto de 1984 hasta el 31 de enero de 1991…” que hacen constar la misma cedula de identidad que le corresponde al beneficiario, siendo el Nº 394209 LP y que cursa a fs. 8 y 32. Así también se adjunto liquidación de beneficios sociales, suscritos por ante el  Ministerio de Trabajo, que refieren el tiempo de trabajo del trabajador de 1 de julio de 1975 al 28 de febrero de 1981, y de fecha 01 de agosto de 1984 al 25 de febrero de 1991, documentos que refieren a los mismos datos de los certificados de trabajo. Otro documento presentado fue la papeleta de pago original (fs. 3) correspondiente al sueldo de diciembre de 1990, reiterando a fs. 76 y la fotocopia de otra papeleta del mes de enero de 1991 a fs. 77. También cursa planilla legalizada a fs. 12, donde consta el nombre de Julio Calle, refiriendo como fecha de ingreso 84/08/01 sin que conste el número de carnet de asegurado. Como respaldo de todo lo anterior el Tribunal de Alzada identificó que a fs. 17 y 18 cursa certificados de trabajo expedido por CRILLONS TOURS, que a través de su Sub-Gerente Financiero, Javier Aparicio Calero, de fechas 30 y 29 de octubre de 2013, que refieren que el señor Julio Gualberto Mamani Calle con C.I. 394209 LP, trabajo en la Empresa desde el 1 de julio de 1975 hasta el 28 de febrero de 1981, y desde el 1 de agosto de 1984 hasta el 25 de febrero de 1991, datos que coinciden con los anteriores certificados expedidos por la misma Empresa (fs. 4 y 5). A mayor prueba se adjuntó el certificado de fs. 19, donde nuevamente la misma Empresa, volvió a certificar, en fecha 01 de noviembre de 2013, en sentido de que: “ Julio Gualberto Mamani Calle con C.I. 394209 LP fue registrado en planillas como Julio Calle Calle a razón de que el mismo no contaba con documentación de identificación personal, sin embargo se trata de la misma persona..”  expedido por el Sub-Gerente financiero de CRILLON TOURS S.A. Javier Aparicio Calero, datos que son ratificados por el otro certificado de fs. 46, de 05 de marzo de 2014. Que al tratarse de la misma persona, por las aclaraciones efectuadas por la misma Empresa empleadora del recurrente, que hacen énfasis en la inexistencia de documentos de identificación del mismo en esa época, y que los aportes efectuados deben ser objetivamente considerados a favor de Julio Calle Mamani; debido  a que tampoco acreditó legalmente que Julio Calle Calle sea otra persona, y que los aportes le correspondan al mismo; ya que tampoco de las literales adjuntadas a fs. 45, 48 a 51 expedidos por el SEGIP y SIRECE, hacen referencia a este extremo; no se acreditó que sea otro trabajador de la Empresa CRILLON TOURS y que los certificados expedidos por está, aclaran este aspecto, cursando como se tiene señalado por las literales del expediente, que no fueron consideradas por el SENASIR, así como en el informe Técnico Nº 268/14 de 09 de junio cursante de fs. 59 a 60 de obrados.

       Si bien cursa planillas correspondiente a la entidad aseguradora, donde presumiblemente  no se encuentra registrado  el nombre correcto del reclamente, así como los aportes efectuados, sin embargo estos aspectos fueron debidamente  aclarados por la misma Empresa donde prestó sus servicios el asegurado y que adquieren relevancia, tomando en cuenta lo establecido en el DS Nº 27543 en su art. 14, toda vez que en el expediente cursa certificados de trabajo, planillas correspondientes a la entidad aseguradora, boleta de pago original y otra en fotocopia, finiquitos originales, certificados que acreditan el tiempo efectivo prestado por el interesado a favor de CRILLON TOURS y sus generales de Ley correctas como son sus nombres y apellidos. Antecedentes que no han sido debidamente considerados por la autoridad administrativa  a tiempo de resolver.

       En ese orden de ideas, se puede advertir que el titular de la renta, presentó documentación como medios de pruebas, con los que acredito haber prestado los servicios de la Empresa CRILLON TOURS, documental auténticos y públicos, expedidos por la autoridad competente que tienen todo el valor probatorio que le asigna el art. 1289 del Código Civil (CC); en ese sentido, y en primer término, bajo el principio de equidad previsto por el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), el SENASIR, estaba en la obligación de revisarlos, tomando en cuenta la normativa legal vigente y bajo el principio de jerarquía normativa previsto en el art. 410.II de la CPE,  que a título de precautelar los dineros del Tesoro General de la Nación que en realidad, son dineros de los propios trabajadores y/o asegurados, no se puede menoscabar los derechos consagrados en los arts. 45 y 67 de la CPE.                                             

Llegándose a constatar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la CR del SENASIR, no efectuaron una conviviente valoración de la documentación presentada por la solicitante; pues, lo correcto hubiesen aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, vulnerando lo establecido  en el art. 48. IV de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.   

Además el recurrente de manera equivoca interpreta lo dispuesto en el art. 14, al considerar que sería inválido considerar las certificaciones de fecha 2013 y 2014.

Y que haciendo una interpretación teleológica de la norma podemos establecer que el Tribunal de Alzada aplicó adecuadamente el art. 14 del DS Nº 27543, puesto que las certificaciones de la gestión 2013 y 2014, acreditan hechos ocurridos con anterioridad a la promulgación del citado Decreto, al mismo tiempo que cursa en el expediente documentación de gestiones pasadas a la promulgación del citado decreto, mismas que generaron convicción suficiente en el Tribunal de Alzada; además de lo observado  en el art. 180. I de la CPE, en relación con el art. 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), respecto a la verdad material, principio procesal constitucional mediante el cual debe prevalecer la forma de cómo ocurrieron los hechos y circunstancias, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los acontecimientos, que en el caso de Autos y conforme a los datos del proceso; no siendo evidente en consecuencia  que el Auto de Vista, haya vulnerado o violado ninguna normativa acusada por la institución recurrente; concluyéndose que, no es justo que no se tome en cuenta las pruebas ofrecidas ante el SENASIR que demuestran los periodos en los cuales cotizó efectivamente; no pudiendo ir en contra de la normativa legal vigente, que a titulo de resguardar los intereses económicos del Estado Plurinacional de Bolivia (que en realidad se trata de dineros de los asegurados), procedan injustamente al no calificar de manera correcta las rentas de asegurado que por Ley le corresponde, desconociendo lo establecido por el DS Nº 27543.             

En ese entendido este Tribunal advierte con frecuencia que los funcionarios  del SENASIR, desconocen el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado de proteger y defender el capital humano otorgando las prestaciones que establece la Ley, derechos que no pueden confiscarse ni privarse en detrimento de los asegurados, porque se tratan de contribuciones que emergen de los salarios de los propios asegurados, siendo estos derechos irrenunciables conforme previenen los arts. 45, 48 y 67 de la CPE vigente.   

       Por ello es preciso determinar que los aportes que realizan los trabajadores durante su etapa laboral, esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, puesto que cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al sistema de seguridad social, no siendo correcto que ahora se les pretenda desmejorar las rentas de los beneficiarios.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el Tribunal ad quem, fundamentó y baso su fallo en función conforme la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria en los que deben prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, establecidos en los arts. 180.I de la CPE, y 30.11 de la LOJ; además, de lo prescrito en el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 y los principios constitucionales dispuestos en los arts. 35.I y 45.II y IV, de la CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgredió ni vulneró ninguna norma legal como cuestionó la entidad recurrente; por el contrario, se ajustó a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso por lo que corresponde resolver  conforme establecen los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC) aplicables por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

II.2.Recurso de casación en el fondo de Julio Gualberto Mamani Calle    

El art. 180.II de la CPE, reconoce el derecho de impugnación, estableciendo que las resoluciones judiciales pronunciadas en la jurisdicción ordinaria son recurribles. Respecto  a la procedencia del recurso de casación el art. 258.2) del CPC, impone al recurrente”…citar en términos claros concretos y precisos…LA Ley o Leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso…”, Carga procesal que debe ser cumplida con la finalidad de aperturar la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, pues su inobservancia es sancionada con la declaración de improcedencia del recurso conforme previene el art. 272.2 del CPC.

Sobre la naturaleza y los requisitos que deben ser cumplidos para bla procedencia del recurso de casación, el Auto Supremo 304de 22 de agosto de 2012, precisó que dicho recurso se: “equipara una nueva demanda de puro derecho, misma que debe contener los requisitos enumeradas en el art. 258 del CPC, debiendo el recurrente fundamentar por separado de manera precisa y concreta, las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambas. Así también, por cuanto define la doctrina y jurisprudencia, el recurso de casación en el fondo, debe fundarse en errores in judicando en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, demostrando la violación le Leyes sustantivas en la decisión de la causa, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el art. 253 del CPC, mientras que el recurso de casación en la forma, se funda en errores in procedendo, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto en el art. 254 de la citada norma…”  

Asimismo la Sentencia Constitucional Plurinacional 1916/2012 de 12 de octubre, estableció que: “la casación es un recurso extraordinario, porque su interposición no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidas por la Ley; no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación, sino que se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos esenciales especialmente determinados por Ley.

Se encuentra prevista por los arts. 250 y ss. del CPC, donde dispone que se la concederá para invalidar una Sentencia  o Auto definitivo en aquellos casos señalados expresamente en la norma; pudiendo ser en el fondo  y en la forma; ambas que pueden ser interpuestas al mismo tiempo”.   

Finalmente corresponde hacer referencia lo dispuesto por los arts. 253 y 254 del CPC, prevén las causas de procedencia del recurso de casación en el fondo y en la forma, o ambos, teniendo cada una de estas sus propias características y efectos, por lo que el recurrente en la interposición del recurso está obligado a precisar si el recurso interpuesto es una u otra forma o en ambos. El art. 253 del objetivo citado, establece tras motivos de procedencia: cuando las resoluciones del inferior contuvieren violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, cuando contuviere disposiciones contrarias, y  cuando en la apreciación  de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o derecho; por su parte el art. 254 del ritual, prevé siete motivos de procedencia, que se funda esencialmente en errores en el procedimiento en los que se hubiere incurrido; del detalle de las normas que proceden, se advierte que cada recurso tiene sus propias características que hacen a uno y a otro recurso, diferencias que tienen incidencia en la forma de Resolución, pues en el recurso de casación en el fondo lo que se pretende es que el Tribuanal supremo de Justicia resuelva el fondo del conflicto, y en la  forma se procurará que se anule obrados. 

En la especie, del análisis del memorial del recurso de casación traído ante éste máximo Tribula, se advierte que el recurrente en su argumentación omitió cumplir con los requisitos de procedencia exigidos por el art. 258.2) del CPC; pues sólo se circunscribió a realizar una relación de los antecedentes del proceso, y no identificó ningún error o violación en los que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista. Trata más de una respuesta al recurso de casación  interpuesto por el SENASIR, solicitando que se lo declare infundado; actitud que muestra un desconocimiento de las características de este recurso extrapordinario, que al constituirse en una nueva demanda de puro derecho, exige que en su interposición se cumpla con los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, fundamentando de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, no pudiendo conformarse con la simple cita de normas legales o la relación de hechos, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista.             

Por lo expuesto, corresponde resolver conforme lo advertido por los arts. 271.1) y 272.2) del CPC aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42. I .1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 113 a 115, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a. i. del SENASIR e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 119 a 120, interpuesto por Julio Gualberto Mamani Calle.

Sin costas en observancia de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera