TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 387

Sucre, 03 de junio de 2015

Expediente: 128/2011-S

Demandante: Erlan Wilmer Rodríguez Ticona y otra

Demandada: Gabriela Lilian Vilela Porcel

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 246 a 249 y vta., interpuesto por Gabriela Liliana Vilela Porcel, contra el Auto de Vista Nº 186/2010 de 24 de septiembre de fs.240 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales por Erlan Wilmer Rodríguez Ticona y Cinthia Carla Callisaya Vargas contra la recurrente, la respuesta al recurso de fs.252 vta., el Auto que concedió el recurso de fs. 253; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Tramitada la demanda interpuesta, el Juez Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 98/09 de 4 de diciembre (fojas 211 a 213 vta.), declarando PROBADA la demanda, con costas; ordenando al personero legal de la Empresa demandada pague por los conceptos siguientes: indemnización, Aguinaldo, Vacaciones (ult. Gestión), Erlan Rodríguez Ticona Bs. 4.568,01 (cuatro mil quinientos sesenta y ocho con 01/100.-) y Cinthia Callisaya Vargas Bs.5.838,72.-( cinco mil ochocientos treinta y ocho con 72/100.-)

Sanción del 30% montos que en ejecución de Sentencia serán actualizados conforme lo determina el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, de acuerdo al detalle contenido en la parte resolutiva.

Mediante memorial presentado por la demandada solicitó complementación y enmienda de la Sentencia, solicitud rechazada por Auto de 23 de enero de 2010.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación, recurso interpuesto por Gabriela Liliana Vilela Porcel (fs. 221 a 225), la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Auto de Vista Nº 186/2010 de 24 de septiembre (fs. 240 y vta.) que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

La demandada interpuso el recurso de casación en el fondo de fs. 246 a 249 vta., contra el referido Auto de Vista, con los siguientes fundamentos:

1.- El Auto de Vista en cuanto a la valoración de la prueba aplicó indebidamente los arts. 4, 158 y última parte de los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT) respecto a la valoración de la prueba; asimismo aplicó indebidamente los arts. 197, 198, 199 y 200 del CPT, con relación a la  determinación de la causal de retiro de los demandantes y la no presentación de sus pruebas para acreditar la legalidad de sus pretensiones.

Agrega que, el Auto de Vista equivocadamente señaló en el primer párrafo del segundo considerando que el juez valoró objetivamente lo pretendido en la demanda y que la causal de extinción de la relación laboral, prevista por el art. 16 de la LGT aducida por la demandada no podía ser demostrada con la presentación de fotocopias legalizadas de un proceso penal en curso que no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada, menos en la etapa probatoria se demostró la causal de retiro y, en sujeción a lo normado por el art. 67 del cuerpo adjetivo laboral, los procesos penales no tienen injerencia en materia laboral, determinación errada que va contra la uniforme jurisprudencia que a los efectos de determinar la casual de retiro no se requiere para su comprobación la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada sino simplemente se aporte en el proceso los antecedentes suficientes para que puedan evidenciar al menos la existencia de una causal de retiro (AS 015 de 25 de enero de 2005 Sala Social Administrativa Primera), entendimiento que no fue tenido en cuenta.

Añade que, el Tribunal de apelación no valoró correctamente la prueba ofrecida de su parte cursante a fs. 235 que corresponde al acuerdo transaccional de reparación integral del daño suscrito por los demandantes en el que reconocen haber incurrido en los hechos denunciados que motivaron su desvinculación habiendo cancelado la suma de Bs.13.400.-, lo que demuestra que éstos incurrieron en la infracción del inc. g) del art. 16 de la LGT concordante con el art. 9 de su Decreto Reglamentario, por lo que no les corresponde el pago de indemnización ni de desahucio.

Que los de instancia tampoco observaron lo dispuesto por los arts. 197, 198, 199 y 200 del CPT que obliga al juez a valorar los indicios como prueba así como la conducta procesal de las partes, puesto que no advirtieron que los demandantes si bien sostuvieron que fueron despedidos en forma intempestiva por la demandada el 15 de octubre de 2007, sin embargo en sus confesiones provocadas afirmaron no conocerla, por lo tanto nunca los retiró de su fuente de trabajo; asimismo negó que hubiera existido un retiro intempestivo, lo que aconteció es que los actores protagonizaron un hecho delictivo y así lo establece la fundamentación del fiscal cursante a fojas 50 a 52, la acusación de fojas 84 a 87, las declaraciones de fojas 94 a 96 de obrados que afirman que el señor Rodríguez pretendió demostrar sin prueba una realidad distinta a lo que sucedido.

2.-  Acusó la vulneración del inc. d) del art. 16 de la LGT, inc. f) del art. 9 de su Decreto Reglamentario y del DL 2555 de 6 de junio de 1951, al no haberse considerado que los actores después de haber protagonizado el hecho delictivo, acaecido el 20 de septiembre de 2007, continuaron trabajando hasta el 15 de octubre del mismo año, fecha en la que abandonaron su fuente de trabajo por más de seis días continuos, incurriendo en la causal descrita por el inc. d) del art. 16 de la LGT, inc. f) del art. 9 del DR-LGT y el DL 2565 de 6 de junio de 1951,  conscientes de su conducta delictiva como lo estableció el Fiscal de materia en la investigación del proceso penal razón por la que el 8 de septiembre de 2008, imputó a Erlan Wilmer Rodríguez Ticona por la presunta comisión del delito de Hurto y a Cinthia Carla Calisaya Vargas por complicidad en el hurto, habiendo éstos presentado su demanda laboral el 9 de febrero de 2009 y, posteriormente pretendieron conciliar con su persona ante el fiscal ofreciendo su liquidación de beneficios sociales a cambio del monto apropiado indebidamente, extremo que no aceptó ya que los demandados dada su conducta no eran acreedores a derecho social alguno.

Finalmente afirmó que el Auto de Vista no tomó en cuenta que su labor fiscalizadora no puede limitarse a la consideración de las formas procesales, correspondiendo al Tribunal de última instancia considerar que los Tribunales de instancia han vulnerado el debido proceso en su componente de la debida motivación así como la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.

II.1 Petitorio

Por lo expuesto, solicitó al Tribunal Supremo casar el Auto de Vista recurrido, en consecuencia declarar improbada en todas sus partes la demanda de los actores, con imposición de costas.

II.2 Respuesta al recurso de casación

Erlan Wilmer Rodríguez Ticona y Cinthia Carla Calisaya Martha Ruiz Flores, mediante memorial cursante a fs. 252 y vta., respondieron el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, señalando que conforme lo dispone el art. 210 del Código Procesal del Trabajo el recurso de nulidad será interpuesto ante la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social en el término fatal de ocho días computables desde su notificación al recurrente con el Auto de Vista, acompañando depósito judicial por el monto condenatorio y los demás depósitos exigidos por ley, norma que no fue observada por lo que corresponde rechazar el recurso de casación y declarar ejecutoriado el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO II:

  1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
  1. Sobre la aplicación indebida de los arts. 4, 158 y última parte de los arts. 66, 150 197, 198, 199 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

La parte demandada interpone el recurso de casación en el fondo impugnado el Auto de Vista Nº 186/2010 de 24 de septiembre, cursante a fs. 240 y vuelta de obrados, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, acusando: 1) la indebida aplicación de los arts. 4, 158 y última parte de los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT) respecto a la valoración de la prueba por indebida aplicación de los arts. 197, 198, 199 y 200 de la misma norma procesal laboral respecto a la  determinación de la causal de retiro de los demandantes y la no presentación de sus pruebas para acreditar la legalidad de sus pretensiones.

En principio y considerando las normas acusadas como infringidas con relación al hecho controvertido, ha menester precisar sobre la naturaleza del recurso de casación, a decir:

El recurso de casación, conforme a su naturaleza reclama en lo formal, el cumplimiento de determinados requisitos, positivados en el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil referida a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos.

Se debe considerar también que conforme a lo que se tiene doctrinalmente admitido, el procedimiento o las reglas que hacen a la instrumentalidad del proceso no constituyen un fin en sí mismo, incluido lo establecido en el citado art. 258.2) del CPC., y siendo así, resulta recomendable que tal previsión legal sea interpretada en el marco de lo establecido por el art. 274 del mismo adjetivo civil que versa sobre la competencia del tribunal de casación.

En efecto el citado art. 274 en su primer parágrafo, previene:

“El tribunal o juez casará la sentencia o auto recurrido que infringiere la ley o las leyes acusadas en el recurso, y en este caso fallará en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas y condenando en responsabilidad de multa al juez o tribunal infractor, a menos que encontrare excusable el error”.

Así entonces, conforme a la normativa glosada, el tribunal, para casar el auto de vista sobre cuestiones de fondo, debe prima facie verificarse si en el recurso se acusa la infracción de ley alguna y, luego, si en el auto de vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal y, concurridos ambos presupuestos, fallar en el fondo “aplicando” esas “leyes conculcadas”. Ergo, en el marco de la inteligencia de éste dispositivo legal, mal podría este tribunal casar un auto de vista sin que el recurrente haya acusado infracción legal, por cuanto no tendría la posibilidad de aplicar ninguna norma y de hacerlo estaría expidiéndose ultra petita y casando de oficio, lo que resulta ajeno a sus competencias.

Por otro lado se debe tener presente que los derechos laborales, tales como los discutidos en el presente caso, consistentes en el desahucio y la indemnización, se encuentran regulados por la LGT y otras normas conexas que al igual que la LGT denotan naturaleza sustantiva, mas no adjetiva.

En ese marco si el yerro del juzgador radica en la calificación de tales derechos ya sea para estimarlos como vulnerados o no y, en su caso, tutelarlos o no, mal podría tenerse como vulnerado un dispositivo que hace a la instrumentalidad del proceso, por cuanto ellos se limitan a regular el in procedendo mas no el in judicando, tan evidente es lo expuesto que de admitirse una interpretación contraria, el tribunal de casación, en términos de casación en el fondo, no tendría posibilidades de fallar en lo principal del litigio dentro del marco establecido por el citado art. 274 del CPC, por cuanto tendría que aplicar aquella norma procedimental, ajena al derecho subjetivo controvertido.

Sobre éste particular, el Tribunal tiene sentado en su jurisprudencia lo siguiente:

“…los errores en la instrumentalidad del proceso, regulado por el código adjetivo, se debe impugnar vía recurso de casación en la forma o nulidad a efectos de retrotraer el trámite hasta el momento en que pudo haberse incurrido en el error in procedendo.

Por su parte, el recurso de casación en el fondo tiene lugar ante errores in judicando, esto es, en la aplicación del derecho sustantivo al presupuesto fáctico materia de litigio, a cuya emergencia, el tribunal de casación, en su caso, sin el reenvío que motiva la nulidad, deliberará sobre el fondo y decidirá el derecho subjetivo controvertido…”(…)

"En el área de la justicia ordinaria, el mecanismo de impugnación último, respecto de las decisiones jurisdiccionales, se encuentra regulado por el Título V, Capítulos VI-VIII del Código de Procedimiento Civil como recurso de casación, que en el marco de su art. 250-I se concede a los litigantes para invalidar una sentencia o un auto definitivo, cuando en éstos se hubiera infringido una ley, ya sea interpretándola con error o aplicándola indebidamente o cuando para arribar a la conclusión fáctica (juicio de hecho), se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, [artículo 253-1) y 3)] del mismo Código adjetivo civil y el de nulidad (casación en la forma) cuando se hubieren dictado esas resoluciones o tramitado esos procesos violando formas esenciales del proceso, establecidas por ley; casos en los que el Tribunal de Casación examina y juzga tanto las cuestiones "in judicando" como "in procedendo" para casar o anular la resolución o el proceso. En el primer caso, con competencia positiva sin "reenvío" (artículo 274), fallando en lo principal del litigio ("iudicium rescissorium") y, en el segundo, anulando ("iudicium rescindens") y "reenviando" el expediente para que, según el caso, se pronuncie el juez de origen o el siguiente en número." (AS. 344-Social I, de 15/11/05).

Con base en lo expuesto, mal podría éste tribunal casar el auto de vista que se impugna y fallar en el fondo o resolver el fondo del problema jurídico aplicando el acusado art. 4 del CPT, pues se trata de una norma meramente descriptiva de las competencias del Juzgador en materia laboral, sin relación alguna con el desahucio o la indemnización, lo mismo que los arts. 66 y 150 del citado ritual laboral, referidos a la actividad probatoria, por cuanto el problema jurídico a resolver en el fondo se encuentra referido a que si al actor le corresponden o no esos derechos condenados por los de instancia en razón al tiempo de servicios y, fundamentalmente las causales de la desvinculación laboral.

En efecto, en razón a la inteligencia y finalidad de tales normas, se tendría por vulnerado el art. 4 citado, si los de instancia hubiesen perjudicado el proceso ya sea restringiendo el derecho de las partes en su actividad probatoria o por renuncia de su propia competencia, empero, el remedio jurídico no tendría que buscarse por la vía de la casación en el fondo, sino más bien por la vía de la casación en la forma, a fin de reponerse obrados hasta el momento en que se produjo la lesión.

De igual modo con relación a los arts. 66 y 150 del citado ritual laboral, los que se tendrían por vulnerados en tanto los de instancia hubiesen exigido probanzas a los demandantes, librando a la demandada aportar las que crea convenientes.

En cuanto al art. 158 del mismo compilado, se debe tener en cuenta que, en lo fundamental se limita a liberar al juez de la tarifa legal de la prueba, otorgándoles facultades para la ponderación en conciencia, “…inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes…”, limitada únicamente por la condición de solemnidad ad substantiam actus, en razón a la naturaleza de la prueba, en cuyo marco su infracción deberá estimarse en tanto hayan renunciado a tal prerrogativa y preferido condicionar el ingreso de la prueba al plexo probatorio bajo condiciones formales no exigidas en la materia.

Bajo el mismo razonamiento deben considerarse los acusados arts. 197, 198, 199 y 200 de la misma norma procesal laboral.

En definitiva, como se tiene expuesto supra, el remedio jurídico que corresponde ante la eventualidad de haberse vulnerado los citados dispositivos procesales, resulta siendo la nulidad de obrados, mas no la casación, por cuanto, se reitera, para el caso de hacer cabida a la casación, éste Tribunal tendría que aplicar dichas normas para resolver el problema jurídico controvertido: las causas de la desvinculación laboral, lo que resultaría en un despropósito, a mérito que la desvinculación laboral tiene como efecto jurídico sustancial el pago del desahucio y la indemnización, institutos que se encuentran regulados por los arts. 12 y 13 en relación con el art. 16 todos de la LGT, los que en todo caso, de existir algún vicio en la operación racional de los de instancia, tendrían que ser considerados y aplicados para resolver el derecho subjetivo controvertido.

Sin embargo de lo expuesto y aún infiriendo que tales alegatos hayan sido traídos como casación en la forma con la pretensión de nulidad, éste Tribunal no encuentra elementos suficientes para tal propósito a mérito que de la revisión del cuaderno procesal no se advierte que los de instancia hubiesen restringido el derecho de las partes a defenderse con amplitud, a presentar sus pruebas o cualquier otro derecho ligado a los dispositivos legales citados.

  1. Sobre la vulneración del art. 16.d) de la LGT, art. 9.f) de su Decreto Reglamentario y DL 2551 de 6 de junio de 1951.

La recurrente acusa la vulneración del inc. d) del art. 16 de la LGT, inc. f) del art. 9 de su Decreto Reglamentario y del DL Nº 2551 de 6 de junio de 1951, al no haberse considerado que los actores después de haber protagonizado el hecho delictivo, acaecido el 20 de septiembre de 2007, continuaron trabajando hasta el 15 de octubre del mismo año, fecha en la que abandonaron su fuente de trabajo por más de seis días continuos, incurriendo en la causal descrita por el inc. d) del art. 16 de la LGT, inc. f) del art. 9 del DR-LGT y el DL Nº 2565 de 6 de junio de 1951.

Sobre éste ítem se debe aclarar que conforme concluyeron los de instancia, tanto la denuncia penal como la denuncia presentada ante la autoridad administrativa del trabajo no resultan suficientes para establecer las causas de la desvinculación laboral, a mérito que la denuncia penal, aún a pesar de haber concluido con una acusación formal no supone el establecimiento certero de que los demandantes hayan sido autores del acusado hurto, por cuanto en la investigación no se llegó a establecer tal autoría sino a partir de inferencias.

Sobre éste particular conviene precisar que como bien señala la recurrente, para probar las causas de la desvinculación laboral en casos como el presente, no resulta condición sine qua nom la existencia de una sentencia penal, sino elementos suficientes que permitan establecer con precisión tales causales, con arreglo al art. 151 del CPT.

En el caso presente, como se tiene expuesto, los elementos traídos no resultan suficientes para establecer con precisión tales causales y, siendo así, esto es, en el caso de existir duda, corresponde dar aplicación del principio in dubio pro operario, tal y como lo hicieron los de instancia, sin incurrir en las infracciones legales acusadas.

Asimismo, el supuesto abandono cuya probanza se alega en base a la denuncia presentada ante la autoridad administrativa del trabajo, pierde valor fundante cuando se lo considera en relación a lo declarado por la demandante Cinthia Carla Callisaya Vargas (fs. 200 vta.), quien señala que se fue luego de entregar las llaves del negocio donde prestaba sus servicios, a petición del Sr. Marcelo Coronado, aspecto que pone en duda el alegado abandono.

En el marco anterior, la decisión asumida por los de instancia resulta coherente y racional tanto en el establecimiento de los hechos como en la aplicación del derecho, por lo que mal podría censurarse lo resuelto, mucho menos inferirse violación legal alguna.

En consecuencia, los Jueces de instancia, no incurrieron en violación o errónea aplicación de normas laborales, como se acusó en el recurso casación de fs. 246 a 249 y vta., de obrados, correspondiendo, en consecuencia aplicar el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Gabriela Liliana Vilela Porcel contra el Auto de Vista de fs.240 vta. Con costas.

Se regula honorario profesional del abogado de los demandantes, en la suma de Bs.500 (quinientos 00/100 Bolivianos) que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera