TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 383

Sucre, 03 de junio de 2015

Expediente: 116/2011-S

Demandante: María Cinthia Terán Barrientos y Jhonny Fernando Ramírez Prado

Demandado: Lloyd Aéreo Boliviano S.A.

Distrito        : Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: Los recursos de casación de fs. 86 y vta., interpuesto por el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB S.A.), representado por Grover Villanueva Tapia; y de fs. 90 y vta., opuesto por María Cinthia Terán Barrientos y Jhonny Fernando Ramírez Prado, ambos contra el Auto de Vista Nº 246/2010 de 07 de diciembre de fs. 81 a 84, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de Cochabamba; dentro el proceso laboral por cobro de beneficios sociales seguido por María Cinthia Terán Barrientos y Jhonny Fernando Ramírez Prado, contra el LAB S.A.; el Auto a fs. 93 que concedió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales, el Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 14 de agosto de 2008, cursante de fs. 49 a 52 vta., por la que declaró probada la demanda de fs. 22 a 24 vta.; e, improbadas las excepciones perentorias de pago y prescripción de fs. 38 y vta.; disponiendo que la empresa demandada a través de su representante legal cancele a María Cinthia Terán Barrientos la suma total de Bs.1.240.416,46.- y a Jhonny Fernando Ramírez Prado la suma total de Bs.696.581.05.-, más la multa del 30% a calcularse en ejecución de sentencia, conforme a los datos contenidos en ese Fallo.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación a fs.57 y vta., por Grover Villanueva Tapia, en representación legal de LAB S.A.; mediante Auto de Vista Nº 246/2010 de 07 de diciembre (fs. 81 a 84) la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada, con la modificación de excluir de la liquidación efectuada a María Cinthia Terán Barrientos y Jhonny Fernando Ramírez Prado los salarios devengados de febrero a junio de 2006 y de noviembre de 2006 a marzo de 2007, manteniendo únicamente para la primera el pago correspondiente de abril de 2007 a abril de 2008, y para el segundo de abril de 2007 al 16 de abril de 2008. Asimismo excluyó las duodécimas de aguinaldo de los meses de enero a marzo de 2007, manteniendo las que corresponden de abril a diciembre de 2007. Asimismo descontó las sumas de Bs.719.273,06.- y Bs.208.584,14.- respectivamente, que se establecieron por concepto de indemnización en el proceso de la Federación, así como el monto de Bs.111.798.- que recibió María Cinthia Terán Barrientos por un quinquenio y la suma de Bs.22.641,12.- que percibió Jhonny Fernando Ramírez Prado por 36 días de vacación. Sin costas por las modificaciones.

I.2 RECURSO DE CASACIÓN

I.2.1 Recurso de casación del LAB S.A.

La empresa recurrente, señalando que las decisiones de instancia no realizaron una “compulsa prolija de los antecedentes del proceso ni una interpretación correcta de la ley laboral” (sic), plantea en casación:

  1. Infracción a lo establecido en el art. 253.1 y 3 del Código de Procedimiento Civil (CPC) en sentido que el Tribunal de apelación realizó una aplicación indebida e interpretación errónea de la Ley, al consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de retiro indirecto, pues la causal de retiro indirecto vinculada al pago de salarios se encuentra en el Decreto Supremo (DS) de 9 de marzo de 1937, refiriendo exclusivamente a la rebaja de sueldo, más no a la figura de falta de pago oportuno de sueldos, por lo que no puede aplicarse en el presente caso, no estando legislado dicho supuesto.
  2. Lo propio ocurre con referencia a la actualización y multa prevista en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, dispuesta en la Sentencia, toda vez que los actores no acompañaron prueba que advierta que el Ministerio de Trabajo hubiese aprobado el Reglamento específico que respalde los procedimientos establecidos conforme el art. 13 del citado Decreto, conforme se tiene establecido en procesos similares, por lo que no es aplicable en el presente.
  3. Finalmente acusó la nulidad del fallo recurrido al haber sido pronunciado alterando el orden cronológico de la Resolución y sin ceñirse estrictamente a su fecha de ingreso, con lo que se vulneraría el orden establecido para resoluciones de la Sala Social, infringiendo normas de orden público como el art. 267 del CPC y fuera del plazo legal establecido por ley.

I.2.1.1 Petitorio

Solicita que previa concesión de su recurso el Tribunal de casación, case o anule el Auto de Vista impugnado, con costas.

I.2.2 Recurso de casación interpuesto por María Cinthia Terán Barrientos y Jhonny Fernando Ramírez Prado

Señalan que se infringió lo establecido en el art. 253.1 y 3 del CPC al realizar una aplicación indebida e interpretación errónea de la Ley, toda vez que, el Tribunal de Alzada al consentir que corresponde el pago por 36 días de vacación a favor Jhonny Fernando Ramírez Prado, incurrió en la causal del art. 253.1 del CPC; toda vez que el finiquito de 11 de octubre de 2005, por el monto de Bs.22.641,12.- por concepto de 36 días de vacación al 1 de febrero de 2003, presentado por el representante de la empresa demandada al momento de plantear la apelación, hace referencia que al co-demandante se le pagaron 36 días de vacaciones a los cuales tenía derecho al 1 de febrero de 2003. En consecuencia siendo que se demandó el pago de 124 días de vacación por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, no corresponde lo determinado en el Auto de Vista en sentido de que se debe descontar la suma de Bs.22.641,14.- de la liquidación efectuada a favor de Jhonny Fernando Ramírez Prado

I.2.2.1 Petitorio

Solicita que el Tribunal de casación case, o en su caso anule el Auto de Vista objeto del recurso, con costas.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

Planteados los recursos de casación, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene:

II.1.1 En relación al recurso de casación interpuesto por el LAB S.A.

La empresa recurrente propone tres motivos para examen en esta etapa procesal, a saber: a) Errónea interpretación del DS de 9 de marzo de 1937, en sentido que la falta de pago oportuno de salarios no corresponde a una causal legal de retiro indirecto, al regularse legalmente como despido indirecto sólo la rebaja de sueldos; b) Errónea aplicación de la multa prevista en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por cuanto los demandantes no acompañaron prueba sobre la reglamentación de los procedimientos sobre ese particular; c) Infracción al art. 267 del CPC, en la emisión del Auto de Vista impugnado. 

II.1.1.a En relación a la primera temática, la Sala considera que a partir del orden social contenido en la Constitución Política del Estado (CPE), las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; las normas laborales se interpretan y aplican bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; y, los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y trabajadores no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, finalmente; que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles (en ese sentido el art. 48 Constitucional).

Por otro lado, el art. 46.I.1 de la CPE garantiza el derecho al trabajo digno “con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna” y en su parágrafo III prohíbe, entre otros el trabajo sin justa retribución; por su parte el art. 53 de la Ley General del Trabajo (LGT), expresa que: “Los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrá exceder de 15 días, para obreros y de un mes para empleados y domésticos…”; es decir, la Ley fija un periodo máximo para que el empleador haga efectivo su pago, por cuanto el salario tiene como objeto cubrir gastos de alimentación, salud, vivienda, vestuario y otros, por lo tanto, su pago oportuno está vinculado directamente con el derecho a la vida del trabajador y la de su familia o terceros que de él dependen. El descuido o la negativa del pago oportuno de los sueldos o salarios al trabajador, altera la satisfacción de las necesidades básicas mencionadas, más cuando el no cumplimiento del pago oportuno de los mismos es bastante prolongado, superando razonablemente de un simple retraso en su cumplimiento, lo que puede llevar a que el trabajador se vea forzado, a acogerse a una renuncia a la fuente laboral, sin que en ese hecho exista una expresión manifiesta y consentida de su voluntad, sino que se enfrasca a una decisión precipitada y forzada por las necesidades de búsqueda de una nueva fuente de sustento.

La posición anotada es concordante con la nueva doctrina laboral desarrollada al respecto, postura que ya este Tribunal ha sentado como jurisprudencia, en sentido que la falta de cancelación de los sueldos o salarios del trabajador en el periodo señalado por el art. 53 de la LGT y de la cual deriva la renuncia del trabajador, constituye causal de retiro indirecto (Véanse los Autos Supremos Nos. 26 de 02/03/2012, 35 de 05/03/2012, y 215 de 27/06/2012, entre otros).

En el caso, se advierte que los demandantes acusaron el no pago de sus haberes en el caso de María Cinthia Terán Barrientos desde abril a diciembre de 2007 y de enero a abril de 2008; y el de Jhonny Fernando Ramírez Prado desde abril a diciembre de 2007 y de enero al 16 abril de 2008; es decir con un retraso en el pago de más de 12 meses aproximadamente (fs. 23 y 24), y si bien se estableció como salarios devengados en la presente acción sólo por los periodos de abril a diciembre de 2007, enero a abril de 2008, ello fue en razón a que en el proceso anterior iniciado por la Federación Sindical de Trabajadores del LAB S.A. contra la misma empresa demandada, ya se reconocieron salarios devengados por los demás periodos, quedando por ello plenamente evidenciado que la causal de desvinculación laboral fue por el no pago oportuno de los salarios que se adeudaban a los demandantes.

En tal sentido, habiéndose concluido por el Tribunal de apelación que en el caso de examen la relación laboral fue disuelta por despido indirecto, es decir por no pago de salarios en tiempo legal previsto, conforme al entendimiento y la jurisprudencia anotada, hace correcta la determinación dispuesta para que se pague el desahucio en cumplimiento a la previsión contenida en el art. 12 de la LGT.

II.1.1.b  Con relación a que se hubiese aplicado indebidamente el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, no es evidente, por cuanto si bien este DS, refiere en su art. 11.II que mediante otro DS, se reglamentaría la forma y alcances de la estabilidad laboral, y en el art. 13.I del DS Nº 28699, se determinó que el Ministerio de Trabajo, debería aprobar el Reglamento Específico que respalde los procedimientos establecidos, ninguna de estas normas condiciona la vigencia de dicho DS, que en virtud a las previsiones contenidas en los art. 81 de la CPE, es aplicable al caso presente, porque rige a partir de su publicación, y además, dicho reglamento sólo respaldará los procedimientos establecidos para evitar excesiva burocracia, trámites costosos, largos e innecesarios, conforme refieren los dos parágrafos del art. 13 de la norma citada.

En el marco legal descrito, el Tribunal de Alzada al emitir el Auto de Vista recurrido, no incurrió en violación y errónea aplicación de las normas legales que rigen la materia, ni ha interpretado y aplicado indebidamente la ley, acusadas en el recurso a fs. 86 y vta., correspondiendo, en consecuencia, aplicar el art. 273 del CPC.

II.1.1.c En cuanto a la acusada nulidad del fallo recurrido, cabe precisar que la causal invocada, circunscrita a la posible alteración del orden establecido en el art. 267 del CPC, no constituye causal de posible nulidad de obrados, pues no debe olvidarse que uno de los principios que sustenta la posible nulidad de los actos procesales es el principio de especificidad o legalidad, conforme se encuentra señalado en el art. 251.I del CPC, por lo que al no encontrarse expresamente determinada y fundada en la ley sino sólo bajo la interpretación de la necesidad del cumplimiento de las normas de orden público, no corresponde disponer la nulidad de obrados impetrada.

El recurrente también refiere que el fallo estaría fuera del plazo legal establecido, sin embargo, de la revisión de antecedentes, se tiene que el fallo fue sorteado en fecha 29 de noviembre de 2010 (fs. 66 vta.), y el Auto de Vista recurrido tiene como fecha de emisión el 07 de diciembre de 2010 (fs.81), es decir, que dicha Resolución se encuentra dentro del plazo legal establecido por el art. 209 del CPT, por lo que no se advierte vicio procesal alguno sobre el particular, no siendo evidente lo denunciado por la parte recurrente en esta parte de su recurso.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación a fs. 86 y vta., al carecer de sustento legal y evidenciándose en contrario que, dicho fallo se ajusta a las leyes en vigencia, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los art. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva misiva contenida en el art. 252 del CPT.

II.1.2 Recurso de casación interpuesto por María Cinthia Terán Barrientos y Jhonny Fernando Ramírez Prado

La única problemática traída a casación, refiere que el Tribunal de Alzada dispuso erróneamente el descuento de Bs.22.641,12.- por concepto de vacación al 1 de febrero de 2003, habiéndose demandado el pago de 124 días por las vacaciones de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Revisados los antecedentes procesales que cursan en el expediente, se evidencia que a fs. 24 el demandante Jhonny Fernando Ramírez Prado, demanda el pago de las vacaciones pendientes de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Sobre el particular la Sentencia de grado concluyó el pago de esa pretensión era viable al no haber sido desvirtuada por la empresa demandada, y que en aplicación al art. 160 del CPT se aplicó la presunción de certidumbre sobre las vacaciones del actor  comprendidas en las gestiones antes mencionadas por un total de 124 días, asignándose el valor probatorio de los arts. 151 y 159 del CPT.

El Tribunal de Alzada sobre el particular emitió pronunciamiento en sentido que:

“4) Si bien es evidente que durante el término de prueba la empresa…no presentó los finiquitos que recién acompaña al momento de plantear apelación, lo que interesa al Tribunal a fines de impartir justicia es verificar si efectivamente se cumplió el pago que señalan dichos finiquitos. Al respecto…según el finiquito de 11 de octubre de 2005 suscrito por Jhonny Fernando Ramírez Prado, el gerente general de la empresa, con el visto bueno del Inspector Departamental del Trabajo y la asesora legal de la referida empresa, se tiene que el Dr. Ramírez recibió el monto de Bs. 22.641,1 por concepto de 36 días de vacación al 1° de febrero de 2003. Ahora bien, los mencionados finiquitos merecieron el pronunciamiento de los actores mediante el memorial de 20 de octubre de 2008, argumentando que dichos finiquitos deben ser rechazados al no haber sido presentados durante el término de prueba, y que este hecho es un simple enunciado lírico…sin que se pueda advertir una negativa categórica en cuanto a los conceptos y los montos recibidos” (sic).

En consideración de la Sala tal decisión y postura es correcta, por cuanto el finiquito presentado por la empresa demandada a fs. 55, da cuenta del pago de Bs.22.641,12.-, a favor de Jhonny Fernando Ramírez Prado, por concepto de vacaciones al 1 de febrero de 2003, dato que contrastado con lo inmerso en la literal de fs. 10 y 11, que son el detalle de vacaciones pendientes entre las gestiones 2003 a 2007, en efecto hacen más que estimable que de un total de 124 días de vacaciones pretendidas se procedió al pago de 36 días, debiendo en consecuencia deducirse aquel monto de la liquidación final, tal cual lo razonó el Tribunal de Alzada y la Sala da por bien hecho.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 86 y vta., interpuesto por el LAB S.A., representado por Grover Villanueva Tapia; y de fs. 90 y vta., opuesto por María Cinthia Terán Barrientos y Jhonny Fernando Ramírez Prado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera