TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM.  Y SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 373

Sucre, 02 de junio 2015

 Expediente: 32/2011-A

Demandante: Gobierno Municipal de La Paz

Demandada: Delma Pilar Terrazas Troche y otros                      

Distrito: La Paz

Magistrado Relator : Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 140 a 142, interpuesto por Karla Elizabeth Zurita Plata en representación legal del Gobierno Municipal de La Paz contra el Auto de Vista Nº 150/2009  de 8 de junio, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de  La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Gobierno Municipal de la ciudad de  La Paz, contra Delma Pilar Terrazas Troche, Fernando Julio Cajías de la Vega, Daniel Quevedo Villagomez y Luis Alberto Valle Ureña, el Auto Interlocutorio de fs. 144 que concedió el recurso, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1. Sentencia

Que, en la tramitación del proceso, el Juez en Materia Administrativa Coactiva Fiscal y Tributario, del Tribunal Departamental de La Paz pronuncia Sentencia 32/2008 de 15 de agosto de fs. 120 a 125, declarando probada la excepción de prescripción, dejando sin efecto la Nota de Cargo Nº 33/04 que corre a fs. 85, levantar las medidas precautorias dispuestas contra los recurrentes.        

I.1.2. Auto de Vista

Contra la determinación de primera instancia, se recurre en apelación, el cual una vez tramitado en la Sala Social y Administrativa Coactiva Fiscal y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resuelve confirmar totalmente la Sentencia apelada, sin  costas en aplicación al art. 39 de la Ley 1178.

       Contra esa determinación interpone recurso de casación, acto que se pasa a desarrollar:

 I.1.2. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Acusa que el juez a quo, a tiempo de emitir la Sentencia, no procedió a una correcta valoración de la prueba documental ofrecida por el demandante, en los que se expone detalladamente los hechos ocurridos que hubieran generado responsabilidad civil, afectando los intereses económicos del Estado.

Manifiesta que la Constitución Política del Estado (CPE) actual constituida en el pilar fundamental del ordenamiento jurídico estableciendo directrices para la elaboración e interpretación y aplicación de Leyes; donde no podría estar sometida a reglas de irretroactividad establecidas en la propia constitución al ser la base que estructura el sistema jurídico y la convivencia social y para toda norma jurídica infra constitucional, por lo que todos los órganos  públicos debieran estar subordinados a las normas previstas y que ninguna autoridad puede sustraerse del exacto cumplimiento de la constitución.

También expone el principio de Supremacía de la Constitución siendo Ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, y de aplicación preferencial por tribunales jueces y autoridades con preferencia a Leyes o cualquier otra resolución, donde el órgano jurisdiccional debiera garantizar la supremacía constitucional, a este respecto se debe considerar el principio de jerarquía que consiste en la estructura jurídica del Estado basándose en criterios de niveles jerárquicos que se establecen en función de órganos emisores de manera que una norma situada en un rango inferior no pudiera oponerse a otra de superior rango.

Argumenta  que, el art. 410 que la CPE tiene primacía frente a cualquier disposición normativa de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente,  que en su art. 324 dispone “no prescribirán las deudas por daños económicos al Estado”.

Denuncia que, al haberse declarado probada la excepción de prescripción  dentro del proceso coactivo fiscal contraviene de manera flagrante el precepto constitucional referido a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, siendo que en el presente caso fue el Gobierno Municipal de La Paz tomándose en cuenta que la política fiscal tiene como fundamento defender los intereses del Estado frente a posibles acciones que tiendan a dilatar los procesos con el objeto de burlar la buena fe del Estado que solo busca satisfacer necesidades de la sociedad en conjunto y que el daño que se ocasiona al Estado afecta a la comunidad en su conjunto.

Concluye que, la nueva CPE, establecería un conjunto de disposiciones anticorrupción entre las cuales se refiere a la imprescriptibilidad (art. 112), retroactividad de la Ley penal anticorrupción (art. 123) el control social (art. 241) y la obligación que tiene todo ciudadano de denunciar y combatir todo hecho de corrupción y de apropiación arbitraria de bienes (art. 108.8) siendo que estos no prescriben con el tiempo Art. 324; por lo que, el recurrente manifiesta que al declararse probada la excepción de prescripción, contravendría preceptos constitucionales específicamente el art. 324 en concordantes con el art. 112 y 123 del mismo cuerpo legal.

  I.3. Petitorio

Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, dicte Auto Supremo  CASANDO y resolviendo en el fondo declare  improbada la excepción de prescripción y probada la demanda Coactiva Fiscal.        

I.1.3.        FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

De la compulsa de antecedentes del proceso, las normas aplicables, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El art. 40 de la Ley N° 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales SAFCO de 20 de julio de 1990, dispone: "Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. El plazo de la prescripción se suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en la forma establecida en el Código Civil (CC). Para la iniciación de acciones por hechos o actos ocurridos antes de la vigencia de la presente ley, este término de prescripción se computará a partir de la fecha de dicha vigencia." (las negrillas son añadidas), y el art. 1492 del CC referido al efecto extintivo de la prescripción expresa: “…Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece.”. Conforme a tales normas la prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, prescribe en el término de diez años, computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal, definiendo asimismo los casos de suspensión o interrupción de dicha prescripción, a las formas establecidas en el CC.

Así entonces, si la responsabilidad civil atribuida a los coactivados, como se indicó en el resultado de la Auditoria Especial de Ingresos y Egresos, practicada en el Concejo Municipal de La Paz por la Contraloría General de la República (CGR) corresponden a las gestiones de 1994 y 1995 y, si a partir de esta fecha se inicia el cómputo del término de la prescripción, atendiendo que, la citación y el emplazamiento con la demanda se efectuó el 1 de noviembre de 2006, no es difícil establecer que en el caso operó la prescripción, por lo que al declarar así, los Tribunales de instancia obraron en el marco de la corrección.

Sobre el particular, se debe tomar en cuenta que la prescripción consiste en la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inacción de su titular durante el lapso de señalado por Ley (10 años). La prescripción no afecta al derecho en sí, sino priva al acreedor de la acción, con lo cual la obligación de la acción queda relegada o invalidada.

La prescripción de la acción, que afecta a toda clase de derechos, es definida por Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, como: "caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio." Y por la prescripción liberatoria o extintiva que al no ejercer el derecho, por “el silencio o inacción del acreedor durante el tiempo designado por la Ley, deja al deudor libre de toda obligación…

Los dos elementos exigidos por Ley para configurar la prescripción son: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio -se entiende voluntario- del acreedor durante ese plazo. La prescripción reviste orden público, porque las partes no pueden introducir alteraciones al régimen creado por la Ley; de este modo las partes no podrán establecer otras causas de suspensión, interrupción, modificar los efectos jurídicos reconocidos por la Ley, aplicar o reducir el plazo de prescripción, variar el curso del plazo o renunciar anticipadamente a la prescripción.

Por otro lado se debe tener en cuenta que la jurisprudencia expresada a través de la Sala  Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el Auto Supremo N° 496 de 29 de noviembre de 2012, indica: “El fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Las personas tienen confianza en la Ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una Ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que una Ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente.”

En virtud a lo manifestado, se puede advertir que la aplicación del artículo 324 de la CPE no corresponde a los actos jurisdiccionales anteriores a la promulgación y vigencia de la Constitución (7 de febrero de 2009), es decir el nuevo texto constitucional, no estaba vigente al momento del acaecimiento del hecho generador que se juzga; asimismo la Nota de Cargo N° 33/2004 de 10 de septiembre  fue emitido en razón del resultado de la auditoria respecto a las gestiones 1994 y 1995 percepción indebida de sueldos, salarios y honorarios, dietas y otras remuneraciones, por cuanto se notificó al coactivado recién el año 2006, lo que resulta que son fechas anteriores a la vigencia de nuestra norma fundamental.

Que, en este marco legal, se concluye que los Tribunales de instancia efectuaron una correcta interpretación de la norma aplicable  en el tiempo, toda vez que en ese entonces estaba vigente a momento del hecho y encontrándose dentro el marco constitucional, de la CPE de 1967, bajo esa interpretación se establece que no son evidentes en las violaciones acusadas en el recurso, corresponde resolver conforme prevé el art. 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), con la facultad remisiva de los art. 1 y 24 del Procedimiento Coactivo Fiscal (PCF).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 140 a 142, interpuesto por el recurrente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera