TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 371

Sucre, 02 de junio de 2015

Expediente: 34/2011-A

Demandante: Gobierno Municipal de La Paz

Demandados: German Augusto Castro  Soliz y Otros.

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz de fs. 130 a 132, contra el Auto de Vista de 154/09 del 12 de junio de fs. 126 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior ahora Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Gobierno Municipal de La Paz, contra German Augusto Castro Soliz, Luis Alberto Valle Ureña y Daniel Quevedo Villagómez, el Auto de 22 de octubre de 2010 de fs. 134 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Segundo de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 29/2008 del 8 de agosto, cursante de fs. 109 a 114 declarando probada la Excepción de Prescripción y, dejó sin efecto la Nota de Cargo Nº 19/05 girada contra German Augusto Castro Soliz en forma solidaria con Luis Alberto Valle Ureña y Daniel Quevedo Villagómez,  por la suma de Bs 1.079,50.- equivalente a $us. 233,27 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 27/100 DOLARES AMERICANOS) y, levanta las medidas precautorias dispuestas contra los coactivados.

I.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el Gobierno Municipal de La Paz, mediante Auto de Vista 154/2009 del 12 de junio, a fs. 126 y vta., emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, confirmó la Sentencia apelada, sin costas.

II. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN 

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista 154/2009 del 12 de junio, de  fs. 126 vta., exponiendo los siguientes agravios:

I.2.1. Error en la valoración de la prueba

El recurrente manifiesta que el Tribunal no ha valorado correctamente la prueba, como los informes de auditoría y los complementarios aprobados por la Contraloría, perjudicando los intereses del Estado.

I.2.2. Vulneración del Art. 324 de la Nueva Constitución Política del Estado.

Que, el Auto de Vista Nº 154/2009 refiere el art. 1503 del Código Civil, señalando que no se habría dado cumplimiento a la interrupción de la prescripción, estableciendo que de acuerdo al art. 40 de la Ley 1178, las acciones judiciales, obligaciones emergentes de responsabilidad civil prescribirán en diez años computable a partir del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal.

Por otra parte aseveró que la Constitución Política del Estado, entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, y que se constituye en el pilar del ordenamiento jurídico, considerada como la Ley Suprema; por lo que los preceptos constitucionales tienen eficacia plena en el tiempo lo que implica que deben ser aplicados de inmediata, en resguardo de una aplicación ordenada y de la seguridad jurídica; por consiguiente no puede ser sometida a las reglas de la irretroactividad, establecida por la propia Constitución, dicho precepto constitucional tiene eficacia plena en el tiempo, lo que significa que se debe aplicar de forma inmediata, en resguardo  de una aplicación ordenada y de la seguridad jurídica.

Señaló también, que la Constitución  no puede estar sometida  a las reglas de la irretroactividad establecidas por la propia Constitución para las leyes y toda norma jurídica infra constitucional, por lo que la Constitución, al ser la base que estructura el sistema jurídico y la convivencia social, no está regido por el principio de irretroactividad; por otro lado asevera que se debe tomar en cuenta el Principio de Jerarquía que consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional, de manera que una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra superior.

Asimismo asevera que el art. 324 de la CPE dispone que, “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, por lo que la Sentencia dictada contraviene  el precepto constitucional mencionado.

La Constitución Política del Estado con el fundamento de defender  los intereses del Estado, debiendo tomarse en cuenta que, el daño económico afecta a la comunidad  en su conjunto, siendo la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al estado la acción jurídica en su defensa, estableciéndose para ello, un conjunto de disposiciones anticorrupción así los arts. 108.8, 112, 123, 241 y 324 constitucional, por lo que les resulta imperativo promover por todos los medios posibles la recuperación del patrimonio público.

       II.1. Petitorio

       Concluyo solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declarar improbada la excepción de prescripción y declarar probada la demanda coactiva fiscal. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

       En mérito de estos antecedentes, para resolver este recurso en el fondo, es preciso responder en el mismo orden los puntos expresados por el recurrente; por lo que, de la compulsa de antecedentes del proceso, la respuesta del mismo y las normas aplicables, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

       1.- En cuanto al supuesto error en la valoración de la prueba, el recurrente sin mayor argumentación ni fundamento acusa el referido vicio señalando de manera general “los Informes de Auditoría y el Dictamen de Responsabilidad”, empero, no señala como debiera cuando se acusa error, si se trata de error de hecho o de derecho y en qué consiste el mismo; dónde concretamente se encuentra el vicio acusado y respecto a qué actos el Tribunal hubiera incurrido en error en la valoración de la referida prueba, señalar además, cómo debiera haber procedido el juez valorando en ausencia del error, pues no basta acusar de manera genérica que se incurrió en error de hecho, si no se precisa concretamente los aspectos señalados, sin embargo de lo anotado, de la revisión del auto de vista impugnado, se advierte que el Tribunal de Alzada, no ingresó en el fondo del asunto pues se limitó al análisis de la excepción de prescripción opuesta por German Augusto Castro Soliz. Por otra parte  el tribunal de alzada en su resolución (ahora recurrida en casación), en el considerando primero efectivamente hace referencia a los agravios denunciados en el recurso de apelación; consiguientemente lo aseverado por la parte recurrente no es evidente.

       2.- En cuanto a la prescripción, se debe considerar que el Art. 234 de la Constitución Política del Estado establece: “no prescribirán las deudas por daños económicos  causado al Estado”.

       Al respecto, de una interpretación sistemática del citado artículo, con el uso de argumentos en sede material y a rúbrica, que busque coherencia interna de la norma fundamental establecida en la Cuarta Parte, Estructura y Organización Económica del Estado; Capítulo Tercero; Sección Política Fiscal, en la que se encuentra ubicado el art. 324, con el tema impositivo, su dominio, creación, supresión o modificación y, el daño económico que se debe entender aquel que afecta al patrimonio del Estado, como un daño material, entendemos que está relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionario públicos, que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficien con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990.

       De la compulsa de antecedentes se pudo evidenciar que la conducta contraventora se produjo en los años 1994 1995, el art. 40 de la Ley Nº 1178, disponía “Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. El plazo de la prescripción se suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en las formas establecidas en el Código Civil.”(…), por otra parte el art. 1492 CC., establece que la prescripción se extingue: “I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece” (…).

       En el caso de autos la obligación emerge de la responsabilidad civil, para dichos cargos prescribió por el transcurso del tiempo y la inacción del Gobierno  Municipal de La Paz, debido a que la notificación con la Nota de Cargo Nº 19/05, que es el actuado que interrumpe la prescripción, se realizó recién en 01 de noviembre de 2006, conforme a los argumentos señalados y compulsados por el A quo como por el Tribunal ad quem, en sus resoluciones, en las que se concluyó acertadamente que al no haberse interrumpido el curso de la prescripción; la obligación de la responsabilidad Civil de los coactivados prescribió.

       La Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, al confirmar la Sentencia Nº 29/2008  del 8 de agosto, obró correctamente, por todo ello, al no ser evidentes la infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver aplicando los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 1 y 24 de la Ley de Procesamiento Coactivo Fiscal, aprobado por Decreto Ley Nº 14933 del 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990.

       POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 130 a 132.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera