TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 370

Sucre, 02 de junio de 2015

Expediente: 129/2015-A

Demandante: Freddy Oscar Ugarte Rivero

Demandado: Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 66 a 67, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado legalmente por Olga Durán Uribe, Sandra Argote Céspedes y Luis Ángel Arias Sánchez, contra el Auto de Vista Nº 340 de 23 de diciembre de 2013 (fs. 58 a 59), y contra el Auto de Vista Nº 72 de 28 de marzo de 2014 (fs. 62), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del trámite de compensación de cotizaciones seguido por Freddy Oscar Ugarte Rivero ante el SENASIR; la respuesta al recurso de casación cursante de fs. 72 a 73; el Auto de fs. 74 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Resolución de la Comisión de Calificación

Que, mediante Auto Nº 0003115 de 04 de abril de 2012 (fs. 16, repetido a fs. 17 y 25), el SENASIR a través de la Comisión de Calificación de Rentas, desestimó la solicitud de compensación de cotizaciones por Procedimiento Manual presentado por el asegurado Ugarte Rivero Freddy Oscar.

I.2 Resolución de la Comisión de Reclamación

Frente a dicha resolución, el asegurado Freddy Oscar Ugarte Rivero, interpuso recurso de reclamación (fs. 22 a 23), concibiendo que la Comisión de Reclamación, a través de la Resolución Nº 00556/12 de 05 de noviembre (fs. 34 a 36, repetida a fs. 37 a 39 y 44 a 46), Confirme el Auto N° 0003115 de fecha 04 de abril de 2012, de fs. 17 de obrados, emitido por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse resuelta conforme disposiciones que rigen la materia.

I.3 Auto de Vista

Dicha resolución fue recurrida en apelación por el trabajador (fs. 53 a 54), mereciendo el Auto de Vista Nº 340 de 23 de diciembre de 2013 (fs. 58 a 59), por el cual, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió revocar totalmente el Auto N° 0003115 de 04 de abril de 2012, emitido por la Comisión de Calificación de Rentas, cursante a fs. 16 y revocar totalmente la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 00556/12 de 05 de noviembre de 2012, y deliberando en el fondo, ordenó al SENASIR, reconocer a Freddy Oscar Ugarte Rivero, el total de sus años trabajados en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), desde el 16/06/1985 al 26/09/1988, para cuyo fin dispuso se emita un nuevo formulario de cálculo de compensaciones, donde se consigne dicha densidad de aportes y un salario cotizable de septiembre de 1988. Sin costas.

A esta resolución el asegurado solicitó enmienda (fs. 61), la cual fue resuelta mediante Auto N° 72 de 28 de marzo de 2014 (fs. 62), donde la misma Sala Social y Administrativa, declaró ha lugar a la enmienda del último párrafo de la parte dispositiva en lo referido al total de años trabajados en YPFB, siendo lo correcto que el total de años trabajados sea desde el 16/06/1982 al 26/09/1988, en el Auto de Vista N° 340, dictado el 23 de diciembre de 2013, quedando subsistente el contenido de la mencionada resolución.    

II. RECURSO DE CASACIÓN - MOTIVOS

Dicha resolución motivó que el SENASIR, por intermedio de sus representantes legales, presente recurso de casación en el fondo, bajo los siguientes fundamentos:

Que, no se consideró que el art. 63 de la Ley N° 1732 de 29 de noviembre de 1996, instituyó el sistema de la compensación de cotizaciones, y que el trámite del actor fue desestimado porque el mismo no dio cumplimiento con lo establecido en la Resolución Administrativa (RA) N° 213.11 art. 3 de fecha 26 de octubre de 2011, y que el presente trámite se inició con posterioridad a la fecha de emisión del Decreto Supremo (DS) N° 822 de 06 de marzo de 2011, siendo por esa situación que no se dio curso a la certificación correspondiente, en vista de que la empresa YPFB se encuentra con nota de cargo N° 018/11, en la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización.

Señaló también que, el Auto de Vista no explica porque razón no aplicó las disposiciones de la Resolución Ministerial (RM) N° 1361 de 04 de diciembre de 1997, arts. 23 y 24 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCP) aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

Acusó que los Autos de Viste, al disponer que se emita un nuevo formulario de cálculo de compensación, violaron los citados artículos y que sería contrario a lo dispuesto por las normas procesales que rigen la materia de Seguridad Social, así como cursa en obrados a fs. 14 el informe N° 1015 del área de Certificación de CC de 13 de marzo de 2012, el cual señaló que no se dio curso a los solicitado porque el actor no dio cumplimiento al DS N° 822, y que el tratamiento especial en materia de Seguridad Social, impide una certificación supletoria o extraordinaria.

Petitorio.

Finalmente solicitó a este Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista N° 340 de 23 de diciembre de 2013 y la Complementación y Enmienda, Auto de Vista N° 72 de 28 de marzo 2011, sea previa formalidades de rigor. 

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

       Así planteado el recurso de casación en el fondo, de la revisión y compulsa de los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se observa que la  problemática se concentra en un solo aspecto; que la entidad recurrente mediante resoluciones de la Comisión de Calificación y Reclamación, estableció que no puede extender la certificación de aportes al actor, por los periodos que reclamo, puesto que la empresa YPFB se encontraría con nota de cargo Nº 081/11, esto de acuerdo al 


art. 80 del DS N° 822, por lo que el actor apelo a dicha decisión del SENASIR, obteniendo que el Tribunal ad quem revoque dichas resoluciones, lo que género que el SENASIR presente recurso de casación, sosteniendo que no puede extender el certificado de cálculo de compensación de cotizaciones  a favor del actor, hasta que YPFB cumpla con el pago de dicha nota de cargo.

       Es  necesario y preciso señalar el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, la que debe prestarse bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; finalizando que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; esta misma norma Constitucional en su parágrafo IV, obliga al Estado a garantizar el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo; la jubilación a la que se hace referencia, está íntimamente ligada al derecho a percibir una remuneración, que debe ser calculada según los años de servicios y el salario percibido, permitiendo que las y  los bolivianos puedan gozar de una renta digna que permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad. Esta obligación estatal se encuentra reafirmada por el art. 67.II de la CPE, que impone al Estado la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación.

Los principios antes descritos componen no sólo la base en la que se asienta la seguridad social en Bolivia, sino también constituyen la guía para su efectivización, en la lógica que ella obedece al cumplimiento de un cometido último que el Estado, como tal, persigue. Esa posición hace que, los principios que ordenan y orientan al sistema de seguridad social no deben ser tenidos de manera aislada, otorgándoseles   una aplicación esporádica, o bien ser limitados a su enunciación retórica, sino más bien, deben ser empleados de modo preferente por parte de la administración del Estado, dada su función de hacer posible que los regímenes de seguridad de los medios de vida [puedan aliviar] el estado de necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las entradas perdidas a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener trabajo remunerado o a causa de la muerte del jefe de familia (Organización Internacional del Trabajo, R067 - Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida).

Debe quedar anotado que, con el devenir del tiempo, el derecho a la jubilación no sólo mantuvo su importante característica, si no más, aún su entendimiento y protección tuvo un crecimiento progresivo, percibido ahora, como ya se desarrolló en el art. 45 de la actual CPE.

Estando establecido el panorama normativo sobre el derecho a la jubilación reconocido constitucionalmente, es menester hacer alusión a los arts. 7.k) y 158 de la CPE de 1967 y sus posteriores reformas, que ya reconocían aquel derecho, que en el devenir del tiempo no solo mantuvo su importante característica, si no es más aun su entendimiento y protección tuvo un crecimiento progresivo, percibió ahora, como ya se desarrolló en el art. 45 de la CPE.

De esta forma una comprensión en contrario, es decir, disposiciones de cualesquier naturaleza que tiendan a restringir, impedir o bien retrotraer condiciones ya superadas, para el acceso y posterior ejercicio pleno de un derecho, sin duda  no sólo constituirían una afrenta a mandatos constitucionales, sino conllevaría una afectación eventualmente irreparable a la ciudadanía, dadas las lógicas y especiales condiciones que el derecho a la jubilación posee.

       Ahora ambién es menester recordar que desde 1955, a través del Código de Seguridad Social (CSS) aprobado mediante Ley de 14 de diciembre de 1956, en Bolivia se instituyó el Seguro Social Obligatorio bajo el sistema de prestaciones definidas, conocido como Sistema de Reparto, con el fin de, entre otros, proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de los medios de subsistencia, así como brindar esa protección a los familiares en casos de contingencias como los riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte (art. 3 del CSS).

En tal sentido, habiendo la seguridad social a largo plazo adquirido un carácter obligatorio por imperio y disposición expresa de la ley, se constituyeron como infracciones de los empleadores: no inscribir, afiliar, constatar el estado de salud, no denunciar accidentes, el retraso en presentación de planillas o el pago mensual de cotizaciones (art. 592 del Reglamento del Código de Seguridad Social). Posteriores modificaciones realizadas al Sistema de Reparto que se llevaron a cabo entre 1972 y 1994 intentaron racionalizar el régimen de largo plazo, modificando aspectos como las cotizaciones, las prestaciones, la afiliación o la vigencia de derechos o finalmente, el marco organizativo institucional del Seguro Social Obligatorio.

En lo que respecta a las infracciones imputables a los trabajadores asegurados el citado reglamento en su art. 594, estableció entre otras el: falsear datos para la obtención fraudulenta de beneficios, negociar con las prestaciones en especie, simular enfermedades o accidentes y provocar intencionalmente un siniestro.

Las posteriores modificaciones normativas acontecidas en lo que respecta al seguro social a largo plazo, se circunscribieron a aspectos como las cotizaciones, prestaciones, afiliación o vigencia de derechos, o bien, el marco organizativo institucional del Seguro Social Obligatorio, empero tuvieron como constante el mantenimiento de la obligatoriedad del empleador de realizar los aportes al seguro social a largo plazo; tal es así que incluso el art. 21 de la Ley No 1732 (dentro del cambio de sistema de pensiones), señala que el empleador tiene la obligación de actuar como agente de retención y de pagar las cotizaciones, primas y comisiones deducidas del total ganado de los afiliados bajo su dependencia laboral.

En este tema es menester hacer referencia al art. 80 del DS N° 822, que establece: “El SENASIR certificará los aportes para trámites por procedimiento manual de los Asegurados de empresas o instituciones que adeudan aportes al Sistema de Reparto, que hubieran sido fiscalizadas y que dichos aportes hubieran sido recuperados tanto por la vía administrativa como judicial”, esta norma  debe ser interpretada y aplicada dentro de los principios protectores previstos por la CPE, en ese sentido el incumplimiento o la declaratoria en mora de las empresas o instituciones con respecto a la transferencia de aportes al SENASIR, no pueden afectar o desconocer los derechos del asegurado, en consecuencia afirmar que no se puede certificar los periodos reclamados por encontrarse la empresa con adeudos de los aportes al sistema de reparto en mérito al art. 80 del DS N° 822, constituye la vulneración de los derechos reconocidos por la Constitución.

       Entonces, en el caso que nos ocupa, se establece que la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR para pronunciar la Resolución Nº 0003115 de 04 de abril de 2012, se basó en el Informe del Área de Certificación CC N° Control 1015 de 13 de marzo de 2012 (fs. 14), que señaló lo siguiente: ”…Y.P.F.B..- PERIODOS 06/1982 a 09/1988, de acuerdo a la R.A. 213.11 Artículo Tercero de fecha 26/10/11, se establece que siendo el presente caso un trámite iniciado con posterioridad a la fecha de emisión del Decreto Supremo N° 822 de 16/03/11, no se da curso a la certificación correspondiente, en vista que la empresa Y.P.F.B. se encuentra con nota de cargo N° 018/2011, en la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización…” (sic.); al ser impugnada dicha Resolución, la Comisión de Reclamación dictó la Resolución Nº 00556/12 de 5 de noviembre, confirmando la resolución de la Comisión de Calificación, señalando que: “…sin embargo como efecto del reclamo realizado por el recurrente, la Comisión de Reclamación, con la facultad revisora que le asiste, emite Informe Técnico N° 330/12 de fecha 21 de septiembre de 2012, de fs. 32 a 33 de obrados, el cual señala que en referencia a la certificación de periodos 06/82 a 09/88 trabajado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recalcando que a la fecha dicha Empresa se encuentra con Nota de Cargo N° 018/2011 periodos Fiscalizados (04/82 a 04/97) a información de la Unidad de Cobros de Adeudos y Fiscalización (foja 31) EN CUMPLIMIENTO del Artículo 80 del Decreto Supremo de fecha 16/03/2011. Por lo señalado NO se dará curso al presente trámite, en referencia a periodos no certificados (05/82 a 09/86), mientras no se recupere el total del Monto Adeudado por concepto de Aportes Devengados al antiguo Sistema de Reparto” (sic).

Ante este escenario el beneficiario interpuso recurso de apelación que fue resuelto  mediante  Auto de Vista  hoy impugnado,  que concluyó: “Que, si bien el Art. 80 del D.S. 822 de 16 de marzo del 2011, determina que el SENASIR certificara los aportes para trámites por procedimiento manual de los asegurados de empresas o instituciones que adeuden aportes al Sistema de Reparto, que hubieran sido fiscalizadas y que dichos aportes hubieran sido recuperados tanto por la vía administrativa como judicial: sin embargo es importante hacer hincapié a los establecido por el Art. 194 del Código de Seguridad Social que expresa “…El Empleador es directamente responsable ante la caja del pago de las cotizaciones patronales y de la cotización del asegurado, que será descontada del salario…”, así mismo el Art. 545 de su reglamento menciona que la Caja tiene la obligación inexcusable de cobrar las cotizaciones por todos los medios que las leyes le otorgan, por lo que, el no pago de aportes por parte de las empresas o la negligencia de los entes gestores en cobrar en su debida oportunidad los aportes a la seguridad social, no pueden ser una causal para perjudicar a los trabajadores” (sic), posición y razonamiento que condice con una adecuada  y correcta apreciación de los datos del proceso y la efectivización de los principios establecidos por el art. 45 de la CPE.

Sobre dicha determinación, Si bien los arts. 196 del CSS y 475 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), instituyen que el trabajador por quien no se hubiese pagado las cotizaciones requeridas, no tendría derecho a las prestaciones correspondientes; es necesario realizar una interpretación contextualizada y armónica de dichas previsiones con la Constitución Política del Estado y art. 194 del CSS, para concluir que al ser el empleador directamente responsable de esos aportes, el trabajador no pierde las prestaciones impagas, sino que éstas, deben ser canceladas íntegramente por el ente gestor, quien tiene la obligación de realizar los cobros correspondientes, recuperando en su integridad los importes adeudados, más los intereses por mora, multas y otros; en ese contexto, no es posible aceptar la aplicación del art. 80 del DS N° 822 tal cual lo entiende el SENASIR, pues en el caso concreto, la recuperación de montos devengados por YPFB que se trasuntan en la Nota de Cargo N° 018/2011, concierne al ente gestor y no así al asegurado.

Respecto a la denuncia de que el Tribunal ad quem no hubiera aplicado la RM N° 1361, y los arts. 23 y 24 del MPRCP; debe destacarse que el Auto de Vista, constató que el SENASIR incumpliendo lo establecido por la norma legal citada, no tomó en cuenta la prueba cursante a fs. 2 a 5 del expediente, documentación por la cual se desprende que Freddy Oscar Ugarte Rivero prestó servicios en YPFB por los periodos observados del 16/06/82 al 26/09/88; fue de este análisis que emergió la decisión de revocar las Resoluciones N° 0003115 y N° 00556/12 emitidas por el SENASIR, y disponer que se emita la certificación del cálculo de Compensación de Cotizaciones de los periodos antes referidos, y como podrá advertirse, no es evidente que el Auto de Vista recurrido no hubiera aplicado la normativa señalada ut supra, por el contrario, se advierte que el Tribunal ad quem emitió su resolución enmarcándose a las disposiciones legales en vigencia y que adecuó su razonamiento a la progresividad de los derechos a la seguridad social y la jubilación.

       Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones normativas denunciadas en el recurso de casación de fs. 66 a 67, toda vez que, el Auto de Vista recurrido se ajusta a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

       POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 66 a 67, interpuesto por Olga Durán Uribe, Sandra Argote Céspedes y Luis Ángel Arias Sánchez, en representación legal del SENASIR. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley SAFCO y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera