TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 368

Sucre, 02 de junio de 2015

Expediente: 116/2015-S

Demandante: David Cosme Espinoza y otra

Demandado: Rectificadora Oruro

Distrito        : Potosí

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 111 a 112 y vta., interpuesto por  Roberto Cruz Cortez, contra el Auto de Vista Nº 17/2015 de 9 de marzo de fs. 105 a 108, emitido por la Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso social seguido por David Cosme Espinoza contra Roberto Cruz Cortez y Martha Chávez Juaniquina representantes de la Rectificadora Oruro; el Auto de 30 de marzo de 2015 a fs. 116 y vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1. Por memorial saliente de fs. 3 a 5 vta., David Cosme Espinoza acude a esta jurisdicción demandando el pago de beneficios sociales contra la Rectificadora Oruro, representada por Roberto Cruz Cortez y Martha Chávez Juaniquina, indicando que prestó servicios desde el 1 de abril de 2001 por 10 años, 11 meses y 19 días, pretendiendo el pago de Bs.51.900,68.- por concepto de indemnización por años de servicio, sueldos devengados, aguinaldo y la multa del 30% sobre el total prevista por el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.1.2. Posteriormente, por Auto de 1 de octubre de 2012 a fs. 6, la Juez de grado admitió la demanda y dispuso la citación personal de los antes nombrados con el fin de que asuman defensa, en aplicación a los arts. 124 y 128 del Código Procesal del Trabajo (CPT); decisión que fue cumplida a través de las diligencias de fs. 7, en el caso de Roberto Cruz Cortez; y, de fs. 7 vta., en el caso de Martha Chávez Juaniquina, ocurriendo que ambos demandados, respondieron la demanda tal cual consta de escritos vistos a 8 y vta., en el caso del primero; y, fs. 18-19, en el caso de la segunda.

I.1.3. Luego, por auto de 5 de diciembre de 2012, la Juez de grado trabó la relación procesal, estableciendo los puntos de hecho a probar, tanto para el caso del actor como para ambos demandados.

I.1.4. Por memorial de fs. 38 Martha Chávez Juaniquina, solicita se homologue el “documento privado de conciliación por el pago de beneficios sociales” (sic) suscrito entre su persona y el demandante por la suma de Bs.25.000.-, a favor de éste, “quedando el otro 50% bajo responsabilidad del otro co-demandado” (sic); y, se desista la acción a favor de Martha Chávez Juaniquina.

I.1.5. Dicha solicitud fue atendida por Auto de 27 de mayo de 2013 (fs. 38 vta.) en el que la Juez de grado, homologó dicho documento amparada en los arts. 314 y 315 del Código Procesal Civil (CPC) y dispuso la prosecución de la demanda solamente con el codemandado Roberto Cruz Cortez.

I.1.6. Por Sentencia Nº 256/2013 de 26 de agosto, cursante de fs. 47 a 49 y vta., La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Potosí, declaró: i) Probada en parte la demanda social por pago de beneficios sociales, estableciendo un pago de Bs.26.242.-, por indemnización por tiempo de servicios, deduciendo de tal suma el 50% “por efecto del acuerdo conciliatorio entre el actor y la demandada” [sic]; ii) Estableciendo el pago de Bs13.121.-, a ser honrados por el  demandado Robert Cruz Cortez dentro del tercer día computable a partir de la ejecutoria de la Sentencia, sin costas; iii) Improbados los conceptos de vacación, aguinaldo y sueldos devengados. 

I.1.7. Interpuesto recurso de apelación por el demandado y el actor de fs. 51 y vta. y 56 a 57 vta., respectivamente; mediante Auto de Vista Nº 17/2015 de 9 de marzo de fs. 105 a 108, la Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, confirmó en parte la Sentencia apelada, con las modificaciones del tiempo de trabajo hasta diciembre de 2011.

II. RECURSO DE CASACIÓN

En conocimiento del mencionado Auto de Vista, Roberto Cruz Cortez mediante escrito visto de fs. 111 a 112 vta., opone recurso de casación, en el que plantea:

a) Inadecuada revisión del recurso de apelación y el cuaderno procesal, porque si bien se encuentra presente la inversión de la prueba, no significa que el demandante quede exento de la obligación de aportar medios probatorios a efectos de demostrar sus pretensiones; continua señalando que el demandante reconoció haber recibido Bs.25.000 de la codemandada, quien en ese entonces era su esposa, y en Sentencia se condenó al recurrente con un monto Bs. 13.121, aspecto a partir del que propone que lo correcto sería que de Bs.26.242, se resten Bs. 25.000, por cuanto ese monto fue el que recibió el actor, por efecto de un acuerdo conciliatorio, quedando un saldo únicamente de Bs.1.242.

b) Refiere que la resolución impugnada en su Considerando III expresa que, la codemandada siempre tuvo la voluntad de conciliar, haciendo referencia además a la ejecutorial de 27 de agosto de 2012 que dispone la cancelación de la partida matrimonial; sin embargo, el Tribunal de Alzada no tomó en cuenta que, en ninguna parte de la provisión ejecutoria se hace referencia a la división de bienes gananciales, en consecuencia la cancelación de Bs.25.000.- al demandante, fue realizada con patrimonio familiar que no se encontraba dividido.

c) Finalmente, el Auto de Vista impugnado establece como fecha de desvinculación laboral a diciembre de 2011; empero, al mismo tiempo reconoce que ninguna de las partes aportó prueba al respecto, asimismo no tiene presente que dicho punto no fue solicitado en apelación por el actor y en todo caso de forma ultra petita se otorgó más de lo pedido.

II.1 Petitorio

Concluyó solicitando que la Corte Suprema de Justicia, case el Auto de Vista impugnado revoque disponiendo el pago de Bs.1.242 o en su caso existiendo  vicios anule hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

II.1.1 Consideraciones previas

II.1.1.1. Si bien, en esencia la nulidad de un acto jurídico constituye una excepción al principio de congruencia entendido sobre la relación de lo pedido con lo resuelto; no es menos evidente que esa figura se presta, en casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando un acto de tal naturaleza sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico, tal situación hace patente lo inmerso en el art. 3.1 del CPC, norma que impone a los jueces y tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad”, lo que incumbe sin duda, no sólo a un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva”, tal cual lo señala el art. 91 de aquella norma adjetiva; a partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales sean de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación. Sobre el particular a decir de Castellanos …se prioriza el orden público y la relación con facultades indelegables que se vinculan con la recta administración de justicia; por tanto, la advertencia de actos irregulares que manifiestan inobservancia de disposiciones de carácter obligatorio, como la constitución de los presupuestos fundamentales para la Litis o el desarrollo efectivo del proceso, autorizarían a declarar de oficio, las nulidades encontradas, siempre que se cause indefensión a las partes, con el fin de eliminar los riesgos de un proceso inválido” (Castellanos trigo, Gonzalo, Código de Procedimiento Civil, Tomo I, pág. 487)

Ahora bien, la doctrina procesal reconoce, ciertas condiciones que hacen viable y justifican la decisión de oficio por parte de los jueces y tribunales, de entre ellas la exigencia de que la causal que origine la nulidad sea manifiesta en el propio acto, es decir, la justificación de la nulidad no debe hallar respaldo en otros actos; y, que el acto anulado deba estar directamente e indisolublemente relacionado a la controversia del proceso; de manera tal que la decisión de nulidad no se halle discrecionalmente dispuesta al arbitrio de la autoridad que juzga.

II.1.1.2. El art. 120 del CPT dispone que: “La demanda se dirigirá contra la parte a quien se reclama o contra su representante. Queda entendido que cuando la demanda se dirija contra la empresa o establecimiento, toda gestión que en el proceso realice el gerente, administrador o el representante del empleador, será válida. No obstante, el empleador o su representante legal podrán, en cualquier momento, apersonarse en el proceso y continuar la gestión”, es decir, los actos por los que una acción laboral puedan proponerse, son flexibles hacia el trabajador, comprendiendo que la materia obedece precisamente al principio protector y entendiendo también que la pretensión sobre un derecho laboral o beneficio social, no necesariamente es exigible a una persona natural en específico, sino a un empleador que puede estar constituido dentro de la diversidad de figuras que prevé el Derecho Comercial; adquiere lógica entonces lo contenido en el art. 111 también del CPT que indica que, “el demandante no está obligado a presentar prueba sobre la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida, ni la que en el juicio se debata como cuestión principal de este punto”

Por otro lado, el art. 72 del CPT, prevé tres situaciones sobre la comunicación procesal con la demanda, así su primer párrafo señala que “La citación será personal con la providencia que admite la demanda y en los casos previstos por el Código de Procedimiento Civil”, denotando que en el supuesto de citación el empleador sea una persona natural. Seguidamente el segundo párrafo de la mencionada norma prevé: Sin embargo, tratándose de personas jurídicas, esta citación se efectuará válida e indistintamente a sus presidentes, gerentes generales, administradores o personeros legales”; comprendiéndose en este segundo caso la existencia de un empleador constituido por una persona jurídica. Por último, el tercer párrafo de esa norma indica que “Asimismo, pondrán ser citados válidamente los agentes regionales o locales de las oficinas donde hubieran sido contratados los demandantes”.

Es claro, que la configuración del sistema procesal de la materia tanto gravita en torno al reconocimiento de derechos emergentes del contrato de trabajo y la relación laboral, como posee como fin aquel reconocimiento; entonces halla coherencia que quienes puedan eventualmente ser demandados no se reduce a la concurrencia en el empleador de uno o varios sujetos, sino se toma a éste como un todo unitario, debido a que el objeto del proceso consiste en el reconocimiento de los derecho del trabajador; siendo responsable de su pago la empresa a través de sus representantes. Sobre el particular la doctrina tiene consenso en afirmar que: Existe solidaridad pasiva genérica en materia laboral cuando el trabajador demanda conjuntamente a dos o más personas el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, y la responsable en el laudo las condena utilizando las conjunciones "y" (copulativa), seguida de la "o" (disyuntiva), porque con ello debe entenderse que uno en específico, todos, o cualquiera de ellos debe responder de la totalidad de las obligaciones; es decir, que el empleo de las citadas conjunciones implica que los condenados pueden responder de manera individual o colectiva del monto determinado, y el cumplimiento de la condena por cualquiera de ellos libera a los otros de la obligación; ya que estimar lo contrario sería tanto como sostener que los codemandados en el juicio deben pagar la condena en lo individual, provocando que el empleado reciba el pago de un número igual de indemnizaciones al de personas que demandó, a saber, un doble o múltiple pago, lo cual sería incorrecto en razón de que, aun cuando sean varios los codemandados, la responsabilidad frente a la relación laboral es única.” (172668. II.T.312 L. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, Pág. 1850.)

II.1.1.2. Por último, el procedimiento laboral se caracteriza por  la Inexistencia del, desistimiento y Transacción, pues estos institutos no causan estado, por la Irrenunciabilidad de  los Derechos del Trabajador, mismos que se encuentran protegidos por el art. 48.II y III de la CPE que manifiestan “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza  productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.”; “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.” Se debe tener presente que, el ámbito laboral y civil son materias que se gobiernan por sus propios principios y de allí surgen las particularidades de la especialidad; de ahí se tiene que, en materia civil y comercial prima la autonomía de  la voluntad; en cuestiones laborales rige la irrenunciabilidad de los derechos; en temas civiles patrimoniales y transacciones comerciales impera la garantía de igualdad ante la ley; en asuntos laborales existe una desigualdad creada por ley que compensa la desigualdad en la relación.

II.1.2  Análisis del caso

En autos, de la revisión de antecedentes venidos en casación se advierte, que en fs. 6 de obrados se admite la demanda en contra de Rectificadora Oruro representado -conforme el texto de la demanda- por Roberto Cruz Cortez y Martha Chávez Juaniquina de Cortez, asimismo por documento transaccional de fs. 36 a 37 el actor reconoce haber recibido Bs. 25.000 de Martha Chávez Joaniquina.

Ahora bien el tribunal de primera instancia mediante auto de 27 de mayo de 2013 de fs. 30 vta. homologa dicho acuerdo excluyendo a la co demandada del proceso; sin embargo, no se consideró que la entidad demandada es La Rectificadora Oruro cuyos representantes Roberto Cruz Cortez y Martha Chávez Joaniquina, adquiriendo la calidad de demandados pasivos solidarios, por tratarse de un proceso laboral y no uno de tipo civil, consecuentemente la homologación efectuada constituye una vulneración a los principios constitucionales de protección al trabajador previstas en el art. 48.II y III de la CPE, por cuanto tal acto daría a suponer la divisibilidad o parcelamiento del total de derechos laborales demandados, no en razón de los ítems o conceptos, sino en relación a la responsabilidad propia del empleador.

Por otro lado, analizados los antecedentes del caso, al efectuarse dicha homologación la Juez de primera instancia, estaría vertiendo implícitamente un criterio anticipado sobre el monto de los beneficios sociales, a cuya cuantía esta precisamente destinado el proceso, pues en la Cláusula Tercera de dicho documento manifiesta que el monto entregado corresponde a un 50% de la suma demandada.

En igual sentido, el trato jurídico conferido por la Juez de grado, que fue refrendado por el Auto de Vista impugnado, transita indistintamente por varios institutos jurídicos ajenos al Derecho Laboral, como lo es el régimen previsto por los arts. 945 y 949 del CC (fs. 38 vta.) que regulan las transacciones en Materia Civil, y que son íntimamente relacionadas al Derecho Privado; desconociendo que por una parte el art. 70 del CPT es imperativo al señalar que la transacción no causa estado, y por otra parte transmitiendo un entendimiento errado de la supletoriedad de normas en el procedimiento laboral, toda vez que ésta no es irrestricta, por cuanto por disposición expresa del art. 252 del CPT, los aspectos no previstos en esa Ley, “se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral” (énfasis propio).        

De lo citado precedentemente corresponde señalar que en materia laboral no es posible efectuar una exclusión de responsabilidad de un empleador codemandado, pues no rigen los principios del Derecho Civil, sino más bien, de protección al trabajador máxime si se demanda a una empresa como empleador.

Por los argumentos expuestos, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 271.3 y 275 del CPC aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el Auto de fs. 38 vta., disponiendo que la Juez de primera instancia reconduzca el proceso bajo los argumentos contenidos en la presente resolución.

Conforme al art. 275 del CPC, no siendo excusable el vicio advertido, se impone multa a los Vocales que suscribieron el Auto de Vista impugnado en Bs.300.- (trescientos 00/100 bolivianos).

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura, remitiéndose una copia de la misma.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera