TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 364

Sucre, 01 de junio de 2015

Expediente: 350/2010-A

Demandante: Gobierno Municipal de La Paz

Demandados: José Jorge Romero Pedriel y otros

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Karla Elizabeth Zurita Plata en representación del Gobierno Municipal de La Paz de fs.136 a 138, contra el Auto de Vista Nº 168/2009 de 14 de julio de fs.132 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior ahora Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Gobierno Municipal de La Paz, contra José Jorge Romero Pedriel, Daniel Quevedo Villagómez y Luis Alberto Valle Ureña, el Auto de fs. 140 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 40/2008 del 2 de septiembre, cursante de fs. 116 a 121, declarando probada la excepción de prescripción opuesta a fs. 99 por Daniel Quevedo Villagómez, y deja sin efecto  la Nota de Cargo Nº 43/04 del 1 de octubre, cursante a fs. 85, procediendo al levantamiento de medidas precautorias.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el Gobierno Municipal de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 168/2009 del 14 de julio de fs. 132 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior ahora Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia Nº 40/2008 del 2 de septiembre, declarando probada la excepción de prescripción, opuesta por Daniel Quevedo Villagómez,  dejando sin efecto la Nota de Cargo Nº 43/04 de 1 de octubre.

I.2. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha resolución motivó el recurso de casación, del que se extrae como motivos, los siguientes:

I.2.1. Vulneración del Art. 324 de la Nueva Constitución Política del Estado.

a) El recurrente aseveró que la Constitución Política del Estado, entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, y que se constituye en el pilar del ordenamiento jurídico, considerada como la Ley Suprema; por lo que los preceptos constitucionales tienen eficacia plena en el tiempo lo que implica que deben ser aplicados de inmediato, en resguardo de una aplicación ordenada y de la seguridad jurídica; por lo que no puede ser sometida a reglas de la irretroactividad, establecida por la propia Constitución,  tomando en cuenta la supremacía de la constitución desarrolladas en sentencias constitucionales, por lo que el órgano jurisdiccional debe garantizar la supremacía constitucional.

b) Señaló asimismo, que se debe tomar en cuenta el Principio de Jerarquía que consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos  que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional, de manera que una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra superior.

c) Por otra parte señaló que, de acuerdo al art. 410 de la Constitución Política del Estado, la Constitución es la norma suprema  del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.

d) Asimismo asevera que el art. 324 de la CPE dispone que, “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, por lo que la Sentencia dictada contraviene el precepto constitucional mencionado.

e) La Constitución Política del Estado con el fundamento de defender los intereses del Estado, debiendo tomarse en cuenta que, el daño económico afecta a la comunidad  en su conjunto, siendo la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al estado la acción jurídica en su defensa, estableciéndose para ello, un conjunto de disposiciones anticorrupción así los artículos 108.8, 112, 123, 241 y 324 constitucional, por lo que les resulta imperativo promover por todos los medios posibles la recuperación del patrimonio público.

I.3 PETITORIO

Concluyo solicitando que este Tribunal Supremo de justicia, casar el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare improbada la excepción de prescripción y declare probada la demanda.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En mérito de estos antecedentes, por el principio de congruencia, es preciso responder en el mismo orden los puntos expresados por el recurrente en el acápite I.2 de la presente resolución; por lo que, de la compulsa de antecedentes del proceso, la respuesta del mismo y las normas aplicables, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

II.2.  Vulneración del Art. 324 de la Nueva Constitución Política del Estado

El Art. 234 de la Constitución Política del Estado establece “no prescribirán las deudas por daños económicos  causado al Estado”.

De una interpretación sistemática de éste artículo, con el uso de argumentos en sede material y a rúbrica, que busque coherencia interna de la norma fundamental establecida en la Cuarta Parte, Estructura y Organización Económica del Estado;  Capítulo Tercero; Sección Política Fiscal, en la que se encuentra ubicado el art. 324, con el tema impositivo, su dominio, creación, supresión o modificación y, el daño económico que se debe entender aquel que afecta al patrimonio del Estado, como un daño material, entendemos que ésta relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionario públicos, que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficien con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley 1178 del 20 de julio de 1990, Ley SAFCO.

       De la compulsa de antecedentes se pudo evidenciar que la conducta contraventora se produjo en los años 1994 1995, el art. 40 de la Ley Nº 1178, disponía “Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. El plazo de la prescripción se suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en las formas establecidas en el Código Civil.”(…), por otra parte el art. 1492 CC., establece que la prescripción se extingue: “I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece” (…).

       De la revisión de antecedentes se evidencia que el Tribunal ad quem estableció que en virtud del art. 5 de la LOJ que dispone que la ley especial se aplicará con preferencia a la general; en materia de prescripción por responsabilidad civil  el art. 40 de la Ley SAFCO, establece que las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la presente ley prescriben a los 10 años computables a partir del día del hecho que dio lugar a la acción la misma que se interrumpe por causas y formas previstas en el Código Civil art. 1503 que dispone que la prescripción se interrumpe por la demanda judicial (…). Señaló también que el A.S. 186 de 3 de agosto de 1986, estableció que la prescripción se interrumpe con la citación de la demanda, estableciendo que en el caso sub lite, desde que nació el hecho y la notificación con la demanda transcurrió para Daniel Quevedo Villagómez 12 años 5 meses y 2 días; que el conocimiento de los informes de auditoría y los actos efectuados en sede administrativa, de ninguna manera puede constituirse similar, análogo o equivalente  a una intimación o requerimiento judicial; asimismo los informes de auditoría con fuerza coactiva conforme señala el art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo, también es cierto que son opiniones técnico - jurídicos que pueden ser desvirtuados  y no constituyen normas jurídicas y tampoco tienen calidad de títulos ejecutivos, evidenciando que la entidad coactivante haya efectuado algún acto que revierta la prescripción operada.

De la compulsa de antecedentes se pudo evidenciar que la conducta contraventora se produjo en los años 1994 1995. Así entonces, en el caso de Autos la obligación emerge de la responsabilidad civil; para dichos cargos prescribió por el transcurso del tiempo y la inacción del Gobierno  Municipal de La Paz, debido a que la notificación con la Nota de Cargo Nº 43/04 de 1 de octubre, que es el actuado que interrumpe la prescripción, se realizó recién en fecha 14 de noviembre de 2006, conforme a los argumentos señalados y compulsados por el A quo como por el Tribunal ad quem, en sus resoluciones, en las que se concluyó acertadamente que al no haberse interrumpido el curso de la prescripción; la obligación de la responsabilidad civil de los coactivados prescribió.

Por consiguiente, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, al confirmar la Sentencia Nº 40/2008 del 2 de septiembre, obró correctamente, y al no ser evidentes las infracciones  acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver aplicando los arts. 271.2) 273 del Código de Procedimiento Civil, por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 1 y 24 de la Ley de Procesamiento Coactivo Fiscal, aprobado por Decreto Ley Nº 14933 del 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 136 a 138.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera