TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 363

Sucre, 01 de junio de 2015

Expediente: 146/2011-S

Demandante: Daniel Noya Canizares

Demandada: Empresa Constructora Ávila Ávila SRL.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 311 a 312 vta., interpuesto por Hilda Landívar Guzmán en representación de la Empresa Constructora Ávila Ávila SRL., contra el Auto de Vista Nº 006/2011 de 25 de enero, cursante de fs. 307 a 308, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, seguido por Daniel Noya Canizares contra la Empresa recurrente; la respuesta de fs. 314 a 317 vta.; el auto que concedió el recurso de fs. 318; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTENCEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso de referencia, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 19/2010 de 9 de marzo (fs. 245 a 255), declarando probada en parte la demanda de fs. 14 a 16, ampliada a fs. 34 a 36, disponiendo que la Empresa Constructora Ávila Ávila a través de representante legal, cancele al actor la suma de Bs.28.876,01.- de acuerdo a la liquidación contenida en la parte resolutiva de la Sentencia.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por la Empresa demandada  (fs. 265 a 268), la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 006/2011 de 25 de enero (fs. 307 a 308), confirmó la Sentencia Nº 19/2010 de 9 de marzo, con las formalidades de ley.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION

Dicha Resolución motivó el recurso de casación de fs. 311 a 312 vta., interpuesto por Hilda Landívar Guzmán en representación de Empresa Constructora Ávila Ávila, en base a los siguientes argumentos:

Sostuvo que, el señor Noya se retiró voluntariamente de su fuente de trabajo, por lo que no procede el pago de desahucio e indemnización a su favor.

Denunció que, los vocales suscriptores del Auto de Vista recurrido, aplicaron erróneamente la Ley de 23 de noviembre de 1944, cuando esta ya no estaba vigente.

Denunció que, el tribunal de apelación no consideró las pruebas de descargo aportadas de su parte, al haber considerado que el demandante presto servicios 4 meses después de su renuncia.

II. 1 Petitorio

Concluyó solicitando, se eleven obrados a la autoridad superior en grado y una vez confrontados los antecedentes, se case la resolución recurrida y sea con las formalidades de ley.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

Con carácter previo a considerar los fundamentos del recurso, el Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento a fin de establecer si los jueces y los tribunales inferiores, observaron las leyes y plazos que norman la tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes, conforme establece el art. 17. I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), cumpliendo así lo señalado por el art. 90. I del Código de Procedimiento Civil (CPC), por tratarse de la aplicación de normas que interesan al orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio.

Bajo el contexto legal señalado precedentemente, por disposición expresa del art. 139.I del Adjetivo Civil, los plazos procesales son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria de la ley, previsión que tiene su fundamento en razón a que el plazo procesal es el período de tiempo establecido para la ejecución válida de un acto ligado al procedimiento y es que dentro del mismo las partes, los órganos jurisdiccionales y terceros deben cumplir sus actividades, su inobservancia dentro los términos establecidos produce la pérdida del derecho a impugnar dichos actos o en su defecto el consentimiento o convalidación de los mismos.

Los plazos responden a razones de seguridad y certeza en el desarrollo del trámite, permitiendo obtener preclusión de las diversas etapas que se van cumpliendo; es decir, permiten el establecimiento y el orden consecutivo en que deben realizarse los actos procesales, de lo contrario las partes carecerían de certidumbre acerca de las exactas oportunidades en que les corresponde hacer valer sus alegaciones y pruebas en que sustentan sus respectivos derechos, con desmedro de la garantía constitucional de la defensa en juicio que ello supone [arts. 119.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE)].

Bajo dichos lineamientos, se concluye que los plazos procesales pueden computarse por días, así como de momento a momento, entendiendo así que para el caso de los plazos procesales que se cuentan por días, el término comienza a correr desde el día hábil siguiente a la notificación y culmina el último momento hábil del día que corresponde; mientras que para los plazos que se cuentan de momento a momento, el cómputo se inicia desde el momento de la notificación y culmina en la hora similar del día en que se cumplen los concedidos como plazo.

Merced a dichas consideraciones técnico jurídicas, es imperativo precisar que conforme lo dispuesto por el art. 210 del Código Procesal del Trabajo (CPT) concordante con el art. 257 del CPC, el recurso de casación debe ser interpuesto dentro del plazo fatal e improrrogable de ocho días a contar desde la notificación con el auto de vista o sentencia; precisando así, con exactitud, el momento procesal desde el cual debe iniciarse el cómputo del plazo dentro del cual se debe interponer el recurso de nulidad o casación, que es desde la notificación a la parte recurrente con el auto de vista que se impugna, infiriéndose en consecuencia, que el plazo para la interposición del recurso de casación, se computa de momento a momento, es decir desde la notificación con la resolución de vista que se impugna y culmina en la hora similar del día en que se cumple. A lo expuesto se debe agregar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 141 del Adjetivo Civil, los plazos transcurren ininterrumpidamente y sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales, pudiendo también declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor que hicieren imposible la realización del acto pendiente.

En este contexto, de la revisión de obrados se evidencia que la Empresa recurrente fue legalmente notificado con el Auto de Vista Nº 006/2011 SSA.II de 25 de enero, el día miércoles 16 de febrero de 2011 a horas 10:10 a.m. conforme en la diligencia de notificación de fs. 309, cumpliéndose el plazo fatal señalado por los arts. 210 del CPT concordante con el 257 del CPC, el día jueves 24 de febrero de 2011 a horas 10:10 a.m., sin embargo, de la revisión de antecedentes, especialmente del cargo de recepción de fs. 312 vta., la Empresa recurrente presentó el recurso de casación el día jueves 24 de febrero de 2011 a horas 16:45, es decir, 6 horas y 35 minutos después del plazo establecido por ley, circunstancia que revela la extemporaneidad de su presentación; hecho que debió merecer la negatoria de concesión del recurso por el Tribunal ad quem, conforme a lo previsto en el art. 262.1 del CPC.

Por lo expuesto, corresponde dar aplicación a los arts. 271.1 y 272.1 del CPC aplicables al caso de autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 311 a 312 vta., interpuesto por Hilda Landívar Guzmán en representación de la Empresa Constructora Ávila Ávila SRL. Con costas.

Se llama severamente la atención al Tribunal de Alzada que concedió el recurso sin haber observado su extemporánea presentación, pese a que tal circunstancia fuera inclusive advertida por la parte contraria, en la contestación al recurso formulado.

Se regula el honorario del profesional abogado de la parte demandante en la suma de Bs.500.- que mandara hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera