TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 362

Sucre, 26 de mayo de 2015

Expediente: 294/2010-A

Demandante: Gobierno Municipal de La Paz

Demandados: Lucia Meneses Castro y otro        

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz legalmente representada por Karla Elizabeth Zurita Plata de fs. 129 a 130 vta., contra el Auto de Vista Nº 272/09 del 20 de noviembre de fs. 127 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior ahora Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso Coactivo Fiscal seguido por el Gobierno Municipal de La Paz, contra Lucia Meneses Castro y Daniel Quevedo Villagómez, el Auto de 24 de agosto de 2010 de fs. 133 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Segundo de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 98/2008 del 21 de noviembre, cursante de fs. 109 a 114, que, falla declarando probada la Excepción de Prescripción opuesta a fs. 91 por Daniel Quevedo Villagómez y, dejó sin efecto la Nota de Cargo Nº 43/05 girada contra Lucia Meneses Castro en forma solidaria con Daniel Quevedo Villagómez, por la suma de Bs 194.- equivalente a $us. 42,41 y, levanta las medidas precautorias dispuestas contra los coactivados.

I.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el Gobierno Municipal de La Paz, mediante Auto de Vista 272/09 del 20 de noviembre de fs. 127 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, confirmó la sentencia apelada, sin costas.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Dicha resolución motivó el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista 272/09 del 20 de noviembre a fs. 127 vta. exponiendo los siguientes agravios:

I.2.1 Vulneración del Art. 324 de la Nueva Constitución Política del Estado.

a) Que, el Auto de Vista Nº 272/09, refiere que no se habría dado cumplimiento a la interrupción de la prescripción, estableciendo  que de acuerdo al art. 40 de la Ley Nº 1178, las acciones judiciales, obligaciones emergentes de responsabilidad civil prescribirán en diez años computable a partir del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. (sic)

b) Por otra parte aseveró que la Constitución Política del Estado, entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, y que se constituye en el pilar del ordenamiento jurídico, considerada como la Ley Suprema; por lo que los preceptos constitucionales tienen eficacia plena en el tiempo lo que implica que deben ser aplicados de forma inmediata, en resguardo de una aplicación ordenada y de la seguridad jurídica; por consiguiente no puede ser sometida a las reglas de la irretroactividad, establecida por la propia Constitución, dicho precepto constitucional tiene eficacia plena en el tiempo, lo que significa que se debe aplicar de forma inmediata, tomando en cuenta la Supremacía de la Constitución desarrolladas en Sentencias Constitucionales, por lo que el órgano jurisdiccional debe garantizar la Supremacía Constitucional.

c) Señaló también, que se debe tomar en cuenta el Principio de Jerarquía que consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos  que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional, de manera que una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra superior.

d) Asimismo asevera que el art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que, “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, por lo que la Sentencia dictada contraviene el precepto Constitucional mencionado.

e) La Constitución Política del Estado con el fundamento de defender  los intereses del Estado, debiendo tomarse en cuenta que, el daño económico afecta a la comunidad  en su conjunto, siendo la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al estado la acción jurídica en su defensa, estableciéndose para ello, un conjunto de disposiciones anticorrupción así los arts. 108.8, 112, 123, 241 y 324 Constitucional, por lo que les resulta imperativo promover por todos los medios posibles la recuperación del patrimonio público.

       II.1. Petitorio

       Concluyo solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia falle revocando el Auto de Vista y deliberando en el fondo declarar improbada la excepción de prescripción y declarar probada la demanda coactiva fiscal. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

       En mérito de estos antecedentes, para resolver este recurso en el fondo, por el principio de congruencia, es preciso responder en el mismo orden los puntos expresados por el recurrente en el acápite I.2 de la presente resolución; por lo que, de la compulsa de antecedentes del proceso, la respuesta del mismo y las normas aplicables, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Vulneración del Art. 324 de la Nueva Constitución Política del Estado

       El Art. 324 de la CPE establece “no prescribirán las deudas por daños económicos  causado al Estado” éste tribunal tiene el siguiente entendimiento:

       De una interpretación sistemática de éste artículo, con el uso de argumentos en sede material y a rúbrica, que busque  coherencia interna de la norma fundamental establecida en la Cuarta Parte.- Estructura y Organización Económica del Estado; Capítulo Tercero; Sección Política Fiscal, en la que se encuentra ubicada el art. 324, con el tema impositivo, su dominio, creación, supresión o modificación y, el daño económico que se debe entender aquel que afecta al patrimonio del Estado, como un daño material, entendemos que ésta relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionarios públicos, que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficien con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990, Ley(SAFCO).

               Por lo expuesto, este Tribunal de casación instituido para preservar la observancia de la Ley, asumiendo nuestro rol controlador de garantías Constitucionales conforme lo establece el arts. 115 y 410 de la CPE, concordante con el art. 15.I de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, desde un punto de vista procesal, en instancia de casación que tiene por objeto fundamental, no tanto analizar las pretensiones de las partes, como comprobar el proceder de los Jueces y Tribunales de instancia; es decir, tiene como finalidad revisar la aplicación de la Ley sustantiva y de la Ley procesal, en aras de consolidar la tutela judicial efectiva, analizará lo obrado por los de instancia, correspondiendo verificar si se aplicaron las normas del momento, bajo las circunstancias correspondientes.

       De la compulsa de antecedentes se pudo evidenciar que la conducta contraventora se produjo en los años 1994 1995, el art. 40 de la Ley Nº 1178, disponía “Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. El plazo de la prescripción se suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en las formas establecidas en el Código Civil.”(CC), por otra parte el art. 1492 CC., establece que la prescripción se extingue: “I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece” (…).

       En el caso de Autos la obligación emerge de la responsabilidad civil, para dichos cargos prescribió por el transcurso del tiempo y la inacción del Gobierno  Municipal de La Paz, debido a que la notificación con la Nota de Cargo Nº 43/05, que es el actuado que interrumpe la prescripción, se realizó recién en 14 de noviembre de 2006, conforme a los argumentos señalados y compulsados por el A quo como por el Tribunal ad quem, en sus resoluciones, en las que se concluyó acertadamente que al no haberse interrumpido el curso de la prescripción; la obligación de la responsabilidad civil de los coactivados prescribió.

       La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, al confirmar la Sentencia Nº 98/2008  del 21 de noviembre, obró correctamente, por todo ello, al no ser evidente la infracción  acusada en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver aplicando los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 1 y 24 de la Ley de Procesamiento Coactivo Fiscal, aprobado por Decreto Ley Nº 14933 del 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990.

POR TANTO: La Sala Social Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 129 a 130 vta. Sin costas en aplicación de los art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y el art. 52 del Decreto Supremo 23215 de 22de julio de 1992.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera