TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 361

Sucre, 26 de mayo de 2015

Expediente: 306/2010-A

Demandante: Gobierno Municipal de La Paz

Demandados: Javier Mendoza Yáñez y otros                                    

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Karla Elizabeth Zurita Plata en representación del Gobierno Municipal de La Paz de fs. 140 a 141 vta., contra el Auto de Vista N° 253/09 de 3 de noviembre de fs. 137 a 138, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz dentro del proceso Coactivo Fiscal seguido por ahora recurrente de casación, contra Javier Mendoza Yáñez, Fernando Julio Cajías de la Vega, Daniel Quevedo Villagómez y Luis Alberto Valle Ureña, sin respuesta de la parte contraria al recurso de casación, el Auto de 24 de agosto de 2010 de fs. 145 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso Coactivo Fiscal, la Juez Segundo de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 43/2008 de 08 de septiembre de fs. 119 a 124, declarando probada la Excepción de Prescripción opuesta  por Daniel Quevedo Villagómez, disponiendo dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 100/04 girada contra Javier Mendoza Yáñez en forma solidaria con Fernando Julio Cajías de la Vega, Daniel Quevedo Villagómez y Luis Alberto Valle Ureña por la suma de Bs. 909.- equivalentes a $us 119,16.- ordenando levantar las medidas precautorias dispuestas contra los coactivados.

I.2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Dimelsa Vivian Gutiérrez León en representación del Gobierno Municipal de La Paz de fs. 125 a126 vta., la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista N° 253/09 de 03 de noviembre de fs. 137 a 138, revocó en parte la Sentencia apelada 43/2008 de 8 de septiembre, dejando firme y subsistente la determinación respecto a la excepción de prescripción opuesta por Daniel Quevedo Villagómez quedando excluido del proceso por otra parte se deja sin efecto el numeral primero y segundo de la parte dispositiva de dicho fallo, por encontrarse probada la demanda interpuesta por el Gobierno Municipal de La Paz contra Javier Mendoza Yañez, Fernando Julio Cajias de la Vega y Luis Alberto Valle Ureña, manteniendo firme y subsistente la Nota de Cargo Nº 100/04 de fs. 87, conminando a cancelar a la entidad coactivante el monto de Bs. 909.- o su equivalente $us.196.16.- para tal efecto ejecutoriado que sea el presente fallo y gire Pliego de Cargo contra los ya nombrados co-demandados.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por Gobierno Municipal de La Paz a través de su representante legal Karla Elizabeth Zurita Plata, cursante de fs. 140 a 141 vta., exponiendo los siguientes agravios:

a) Error en la valoración de la prueba

Señala que, el Tribunal  no ha valorado correctamente la prueba ofrecida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como ser: los Informes de Auditoría y el Dictamen de Responsabilidad Civil CGR-1/D-063/2000.

b) Vulneración del art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE)

Manifiesta asimismo “…que el Auto de Vista Nº 253/09, revocó en parte la Sentencia, excluyendo al coactivado Daniel Quevedo Villagómez, dejando subsistente la determinación respecto a la prescripción que el coactivado ya referido habría invocado” sin embargo de acuerdo a la Constitución Política del Estado señala que las deudas por daños económicos ocasionados, no prescribe y que al ser la norma constitucional, base de la estructura del sistema jurídico y la convivencia social, no está regida por el principio de irretroactividad y sus efectos tienen eficacia plena en el tiempo y deben ser aplicados  en forma inmediata, en resguardo de una aplicación ordenada y de la seguridad jurídica; por consiguiente no puede ser sometida a las reglas de la irretroactividad, establecida por la propia Constitución

Señaló también, que en un Estado constitucional de derecho,  basado en la supremacía constitucional, las decisiones de los órganos públicos deben estar subordinadas a las normas previstas en la Constitución Política del Estado y ninguna autoridad puede sustraerse a su cumplimiento obligatorio, debiendo considerarse el principio de jerarquía de acuerdo al art. 410 de la norma constitucional.

Asimismo asevera que el art. 324 de la CPE dispone que, “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”, por lo que la Sentencia dictada contraviene el precepto constitucional mencionado al declarar probada una excepción de prescripción opuesta de mala fe, dentro de un proceso coactivo fiscal, con el único fin de apartarse  del cumplimiento de una obligación, más aun, considerando que hoy la política fiscal tiene como fundamento la no prescripción de las deudas al Estado para defender los intereses del Estado, debiendo tomarse en cuenta que, el daño económico afecta a la comunidad  en su conjunto, siendo la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado, la acción jurídica en su defensa, estableciéndose para ello, un conjunto de disposiciones anticorrupción como los arts. 108.8, 112, 123, 241 y 324 CPE, por lo que les resulta imperativo promover por todos los medios posibles la recuperación del patrimonio público.

       II.1. Petitorio

       Concluyó su recurso solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el  Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la excepción de prescripción y declarar probada en todas sus partes la demanda coactiva fiscal.


CONSIDERANDO II:

       II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

       En mérito de estos antecedentes, para resolver este recurso en el fondo, por el principio de congruencia, es preciso responder en el mismo orden en que fueron expuesto los agravios en el acápite II de la presente resolución; por lo que, de la compulsa de antecedentes del proceso, la respuesta del mismo y las normas aplicables, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

       a) En cuanto al supuesto error en la valoración de la prueba, el recurrente sin mayor argumentación ni fundamento acusa el referido vicio señalando de manera general “los Informes de Auditoría  y el Dictamen de Responsabilidad”, empero, no señala como debiera cuando se acusa error, si se trata de error de hecho o de derecho y en qué consiste el mismo; dónde concretamente se encuentra el vicio acusado y respecto a qué actos el Tribunal hubiera incurrido en error en la valoración de la referida prueba, señalar además, cómo debiera haber procedido el Juez valorando en ausencia del error, pues no basta acusar de manera genérica que se incurrió en error de hecho, si no se precisa concretamente los aspectos señalados, sin embargo de lo anotado, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de Alzada, no ingresó en el fondo del asunto pues se limitó al análisis de la excepción de prescripción opuesta por Daniel Quevedo Villagómez cuyo efecto fue extendido en favor de los otros coactivados por parte del A quo, error que fue corregido por el Ad quem que revocó parcialmente la Sentencia, dejando vigente la Nota de Cargo  N° 100/04 con relación a Javier Mendoza Yáñez, Fernando Julio Cajías de la Vega y Luis Alberto Valle Ureña.

       b) Con respecto a la vulneración del art. 324 de la CPE, el art. 234 de la CPE establece “no prescribirán las deudas por daños económicos  causado al Estado” éste Tribunal tiene el siguiente entendimiento:

       De una interpretación sistemática de esta norma, el daño económico se debe entender como aquél que afecta al patrimonio del Estado, en términos de daño material, relacionado con la responsabilidad por la función pública; es decir con actos cometidos por funcionario públicos, que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficien con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial, en el marco legal señalado por la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) de 20 de julio de 1990.

       Por lo expuesto, este Tribunal de casación instituido para preservar la observancia de la Ley, asumiendo su rol de controlador de garantías constitucionales conforme establece los arts. 115 y 410 de la CPE, concordante con el art. 15.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), desde un punto de vista procesal, en instancia de casación que tiene por objeto fundamental, no tanto analizar las pretensiones de las partes, como comprobar el proceder de los jueces y tribunales de instancia; es decir, tiene como finalidad revisar la aplicación de la ley sustantiva y de la ley procesal, en aras de consolidar la tutela judicial efectiva, analizará lo obrado por los de instancia, correspondiendo verificar si se aplicaron las normas del momento, bajo las circunstancias correspondientes.


       De la compulsa de antecedentes se pudo evidenciar que la conducta contraventora se produjo en los años 1994-1995 y el art. 40 de la LACG  disponía “Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal. El plazo de la prescripción se suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en las formas establecidas en el Código Civil. ”(…), por otra parte el art. 1492 Código Civil (CC), establece que la prescripción se extingue: “I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece” (…).

       En el caso de autos la obligación emerge de la responsabilidad civil, para dichos cargos prescribió por el transcurso del tiempo y la inacción del Gobierno  Municipal de La Paz, debido a que la notificación con la Nota de Cargo Nº 100/04, que es el actuado que interrumpe la prescripción, se realizó recién en fecha 17 de febrero de 2005, conforme a los argumentos señalados y compulsados tanto por el a quo como por el Tribunal ad quem, quien en la resolución que se impugna, concluyó acertadamente que al no haberse interrumpido el curso de la prescripción, la obligación de la responsabilidad civil prescribió para el coactivado Daniel Quevedo Villagómez que fue quien interpuso la excepción de prescripción, no así para los otros coactivados, en previsión de lo dispuesto por el art. 1498 del CC.

       En consecuencia, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, al revocar en parte la Sentencia Nº 43/2008  de 8 de septiembre obró correctamente, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, por lo que corresponde resolver aplicando el art. 271.2 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 1 y 24 de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal (LPCF), aprobado por Decreto Ley (DL) Nº 14933 del 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la LACG.

       POR TANTO: La Sala Social Contenciosa y Contenciosa Adm., y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Karla Elizabeth Zurita Plata en representación legal de Gobierno Municipal de La Paz, cursante de fs. 140 a 141 vta.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera