TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 360

Sucre, 26 de mayo de 2015

Expediente: 288/2010-A

Demandante: Caja Bancaria Estatal de Salud

Demandado: Banco del Estado a cargo de Servicio Nacional del  Patrimonio del Estado

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de nulidad interpuesto por Hans Mejía Vera, Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) a fs. 328 y vta., contra el Auto de Vista Nº 298/09 del 15 de diciembre a fs. 320 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso Coactivo Social seguido por Caja Bancaria Estatal de Salud contra el ahora recurrente de casación, la respuesta al recurso de casación de fs. 334 a 336 vta., el Auto Nº 231/2010 de 14 de mayo a fs. 337, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Que, tramitado el proceso coactivo social, el Juez  Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 22/2004 del 1 de marzo, cursante a fs. 261 a 263; declarando improbadas las excepciones, manteniendo firme y subsistente la Nota de Cargo a fs. 2, debiendo la entidad coactivada efectuar el pago de Bs. 96.909,26 a favor de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

I.2. Auto de Vista

En conocimiento del precitado fallo la parte demandada interpuso recurso de apelación, resuelto mediante Auto de Vista Nº 298/09 del 15 de diciembre, que confirmó la Sentencia Nº 22/2014 de 1 de marzo de fs. 261 a 263.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Dicha resolución motivó el recurso de nulidad, del que se extrae como motivos, los siguientes:

Señala el recurrente que, el Decreto Ley (DL) Nº 10173 de 28 de marzo de 1972 en su art. 32 establece el Procedimiento Coactivo Social, el mismo que hace referencia a que solo las entidades gestoras de la seguridad social, pueden cobrar sumas líquidas y exigibles; en el presente caso, la institución coactivante no tiene jurisdicción ni competencia para imponer una Nota de Cargo.

Por otra parte alega que, el Auto de Vista vulnera el Dictamen Fiscal, por no haber valorado los vicios observados por el Fiscal de Distrito.


       II.1. Petitorio

       El recurrente señala textualmente: “El Auto de Vista cursante a fs. 320 carece lesiona y vulnera el Dictamen Fiscal de fs. 295, toda vez que el mismo ha valorado objetivamente los vicios con los que fueron desarrollados los actuados del presente proceso; motivo por el que el Estado no puede ser objeto de un proceso que carece de Legitimidad.

       Consiguientemente el SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO en uso legítimo de sus derechos PLANTEA EL PRESENTE RECURSO DE NULIDAD, dentro de término legal y oportuno conforme al Art. 258 del Código de Procedimiento Civil” (textual).        

CONSIDERANDO II:

       II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

       El DL Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, en su capítulo IV, art. 32, que modifica el art. 223 del Código de Seguridad Social (CSS), en concordancia con el art. 609 y siguientes del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS), establece el procedimiento para el juicio coactivo social ante el Juez del Trabajo, con las siguientes previsiones: “Artículo 32 La Caja, en base a la Nota de Cargo que gira, iniciará la acción coactiva ante el Juez del Trabajo, por las cotizaciones, subsidios, recargos, multas, impuestos, tasas y otros recursos, siempre que ellos no fueran cubiertas en el término de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente. Igualmente por las deudas, amortizaciones, descuentos y créditos concedidos tanto sobre el capital, intereses y multas, como por la demora en el pago de lo adeudado o por infracción de las disposiciones legales o estatutarias vigentes sobre seguridad social. En estas acciones coactivas, se observará el siguiente procedimiento:

       El Juez del Trabajo dictará auto de solvendo dentro de las 48 horas de presentada la demanda, ordenando el pago, librando al mismo tiempo mandamiento de embargo sobre los bienes del deudor, la retención de fondos de los ejecutados en los Bancos o entidades de crédito, con apercibimiento de apremio y costos.

       La notificación personal con el auto de solvendo se hará, dentro de las 24 horas de haberse dictado, al empresario, Gerente Administrador o personero que esté a cargo de la Empresa. Si buscado por dos veces no fuera posible la citación o cualquiera de los personeros indicados, con la sola representación del diligenciero, se ordenará la notificación mediante cedulón.

       Contra el auto de solvendo, el ejecutado podrá, dentro del término de 3 días, oponer las excepciones dilatorias o reclamos que pudieran favorecerle.

       Para la resolución de las excepciones o reclamos que se plantearan, se abrirá el término de diez días perentorios y todos cargo, dentro del cual los interesados presentarán sus justificativos y el Juez dictará de oficio auto motivado en el plazo máximo de tres días, declarando probada o improbada la reclamación o modificando el monto de la Nota de Cargo.

       Ingresando en el análisis del recurso traído a casación, se advierte que se trata de un proceso coactivo social tramitado en virtud del procedimiento dispuesto en el art. 32 del DL Nº 10173,  bajo ese marco normativo, se tiene que el Juez  Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 22/2004 del 1 de marzo, cursante de fs. 261 a 263; declarando improbadas las excepciones, manteniendo firme y subsistente la Nota de Cargo a fs. 2, resolución contra la cual, el SENAPE, interpuso recurso de apelación por memorial de fs. 275 a 276, el mismo que fue concedido en efecto suspensivo, en conocimiento de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, hoy Tribunal Departamental de Justicia, emitió el Auto de Vista N° 298/09 de 15 de diciembre, que corre en obrados a fs. 320 y vta., confirmando la Resolución Nº 22/2004 de 1 de marzo, dictado por el juez de primera instancia; resolución contra la cual, mediante el director ejecutivo SENAPE, planteó recurso de nulidad alegando que, “El Decreto Ley 10173 en su art. 32 que, establece el Procedimiento Coactivo Social, el mismo que hace referencia a que solo las entidades gestoras de la seguridad social, pueden cobrar sumas líquidas y exigibles; en el presente caso la institución coactivante no tiene Jurisdicción ni Competencia para imponer una Nota de Cargo. Por otra parte el Auto de Vista vulnera el Dictamen Fiscal, por no haber valorado los vicios observados por el Fiscal de Distrito”, cursante a fs. 328 y vta.

       Al respecto, se evidencia que al emitir la Sentencia Nº 22/2004, el A quo, cumplió el procedimiento establecido por el DL Nº 10173; asimismo el Auto de Vista 298/2009, realizó un análisis minucioso y exhaustivo a la Sentencia citada precedentemente, estableciendo en el segundo considerando la diferencia conceptual de jurisdicción y competencia que fueron excepcionadas por el coactivado, estableciendo que según, el art. 152 de la norma orgánica que concuerda con el art. 43.b) del Código Procesal del Trabajo (CPT), es el Juez laboral el que conoce éstas causas; fundamentó que la Caja Bancaria de Salud es parte del Sistema de Seguridad Social, consideró que en aplicación del art. 609 del Decreto Reglamentario del Código de Seguridad Social (DR-CSS), concordante con el art. 32 del DL 10173, tiene la facultad para girar Nota de Cargo con fuerza coactiva para accionar los órganos judiciales contra los que adeudan cotizaciones, aportes, subsidios, recargos, multas y, otros; que el coactivado efectuó descuentos para cobertura del Seguro de Enfermedad, Maternidad y Riesgo Profesional, habiendo la entidad coactivada reconocido este extremo de fs. 7 a 8, por lo que no es evidente la falta de competencia, el coactivado no demostró el pago documentado que alegó, tampoco demostró que los pagos se constituyan en prueba para la falta de liquidez y exigibilidad de la Nota de Cargo.

       Finalmente el Tribunal de Alzada refiere que la Sentencia Constitucional (SC) 1175/2006 de 22 de noviembre estableció que la nulidad debe estar expresamente prevista por Ley y si en la tramitación del proceso se hubiere lesionado derechos y garantías constitucionales, de manera que la nulidad sea absolutamente necesaria.

       En materia de nulidades procesales, la nulidad por la nulidad misma no tiene más efecto que la innecesaria obstrucción de la pronta solución de las controversias, de ahí que la norma adjetiva civil limita las nulidades, sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afectan al orden público, sin embargo, siempre como una decisión de última ratio.

       En este entendido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que en materia de nulidades procesales, se deben observar ciertos principios, como el principio de especificidad, trascendencia y convalidación, de tal modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva en el caso del demandante o el derecho a la defensa en el caso del demandado o, para evitar la intromisión de determinada causa de terceros ajenos a la litis y, en definitiva, garantizar la justicia del fallo.

       En ese marco, el error in procedendo debe estar expresamente sancionado por ley (principio de especificidad) y reclamarse oportunamente, porque de lo contrario, se tendría por convalidado (principio de convalidación) y consiguientemente, precluído el derecho.

       El hecho que el Dictamen Fiscal haya sugerido se anulen obrados, para su intervención en el proceso, y éste por el principio de economía procesal no haya sido tomado en cuenta no vició de nulidad el caso de autos, debido a que no lesionó derechos fundamentales de ninguna de la partes.

       Por lo expuesto, se establece que el Auto de Vista recurrido contiene una argumentación y fundamentación expresa que resolvió todos los puntos, en términos claros, positivos y precisos, resueltos por el inferior y que fueron objeto de la apelación, advirtiéndose con meridiana claridad que los intereses de las partes han sido debidamente sustanciados, por cuanto, al momento de la dictación tanto de la Sentencia 22/2004 de 1 de marzo que cursa de fs. 261 a 263, como la Resolución de alzada a fs. 320 y vta., se otorgaron a las mismas, la tutela judicial efectiva; por lo que se concluye que el razonamiento vertido en el Auto de Vista Nº 298/2009  del 15 de diciembre, es correcto y la decisión asumida  pertinente.

       Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde a este Tribunal, emitir fallo observando la disposición contenida en el art. 271.2 del CPC.

       POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de nulidad interpuesto por Hans Mejía Vera Director Ejecutivo del SENAPE a fs. 328 y vta.

       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera