TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

      SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 350

Sucre, 19 de mayo de 2015

Expediente: 53/2015-S

Demandante: Doriam Wascar Parada Gil

Demandado: Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland Rodríguez

Distrito        : Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma (fs. 158 a 160 vta.), interpuesto por Jesús Reynaldo Flores Luna en su condición de Gerente del Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland Rodríguez, contra el Auto de Vista de 29 de octubre de 2014 (fs. 155 a 156), emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Doriam Wascar Parada Gil contra el Hospital de la Mujer Percy Boland; el Auto de 12 de diciembre de 2014 que concedió el recurso (fs. 166); los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Planteada la demanda de pago de beneficios sociales que cursa de fs. 16 a 17 vta., el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social  de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 06 de 15 de enero de 2014 de fs. 118 a 121 vta., declarando probada la demanda sin costas; debiendo la institución demandada cancelar al actor Bs.132.867,76.-, por concepto de desahucio, indemnización, vacación y sueldo devengado por 11 días del mes de enero de 2013.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada tal cual se lee en el memorial de fs. 124 a 126; mediante el Auto de Vista de 29 de octubre de 2014 (fs. 155 a 156), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, confirmó en todas sus partes la Sentencia apelada.

I.2 MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivos del mismo, lo siguiente:

a) Refiere que, el Tribunal de Alzada no efectuó una valoración minuciosa del proceso y no tomó en cuenta denuncias realizadas oportunamente, tales como, que el actor trabajó en el Hospital Municipal de la Mujer Percy Boland Rodríguez dependiente del Municipio de Santa Cruz y no para el Hospital de la Mujer Percy Boland, vulnerando el art. 127.a) del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Asimismo, refiere que en virtud de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez el Gobierno Autónomo Departamental tiene facultades de definir y reglamentar el sistema de salud, siendo que con dicha atribución se emitió el Decreto Departamental Nº 185 de 21 de diciembre de 2012, por el cual los establecimientos de tercer nivel pasan a dependencia directa de la Secretaría Departamental de Salud (SEDES) en el área  administrativa de la Dirección de Gestión Hospitalaria, asimismo manifiesta que anteriormente el establecimiento de Salud se encontraba bajo la dependencia del Gobierno Autónomo Municipal hasta el 31 de diciembre de 2012 y a partir del 1 de enero de 2013, lo asume el Gobierno Autónomo Departamental. En tal sentido, señala que presentó prueba demostrando la obligación del Gobierno Municipal y no de la parte demandada, tales como Memorando de 15 de agosto de 1994, donde el empleador es el Instituto de Maternidad Dr. Percy Boland Rodríguez y no el Hospital de la Mujer Percy Boland Rodríguez, respuesta a carta de solicitud de liquidación y pagos de beneficios sociales (indicando que debe dirigirse al Gobierno Autónomo Municipal), planillas de sueldos de fs. 24 a 34, por el cual el demandante no figura como funcionario de la institución, Instrumento Público Nº 268/2013 de fs. 70 a 74 vta. mismo que en su punto seis refiere a los pasivos como responsabilidad de la Municipalidad de Santa Cruz, en el mismo sentido se encuentran las literales de fs. 75 y 76 y las testificales de fs. 108 a 110.

b) Denuncia aplicación errónea de los arts. 158 y 198 del Código Procesal del Trabajo (CPT), porque si bien el Juez no se encuentra obligado a la tarifa legal de la prueba, esto no lo excluye de la obligación de valorar el total de las pruebas ofrecidas en su conjunto, prueba que tiene todo el valor que le asigna el art. 374 del Código de Procedimiento Civil ( CPC), asimismo continua indicando que la Sentencia aprecia las prueba de manera muy general y de forma enunciativa sin ingresar al análisis del contenido que demuestran la verdad fáctica de la relación laboral y la remuneración; por su parte el Tribunal de Alzada desoye lo dispuesto por el art. 198 del CPT porque omite un sinfín de indicios que han emergido de la conducta procesal del demandante que fueron expuestos en la contestación.

c) Refiere aplicación errónea del art. 202 del CPT, porque omite fundamentar su Resolución en cuanto a uno de los aspectos principales de la litis referido a la persona obligada a pagar al trabajador y omite pronunciarse sobre aspectos que han sido demostrados por las pruebas producidas.

d) Finalmente, señala que los tribunales de instancia no han valorado las pruebas documentales presentadas cursantes en el expediente que fueron ratificadas por las testificales, asimismo señala que la sana crítica debe estar ligada con la conducta procesal observada por las partes y que la conducta procesal del demandante  establece como empleador al Municipio de Santa Cruz y no a la Gobernación.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando a la Corte Suprema de Justicia, case el Auto de Vista impugnado o en su defecto lo anule hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

II.1.1  Con relación a los puntos a) y c) del acápite I.2 de este Auto Supremo, que obedecen a una misma temática, corresponde su análisis conjunto. En tal sentido, dice el recurrente que por determinación de la Ley Nº 031, se ordenó el traspaso de la administración de los centros de salud de tercer nivel a los Gobiernos Autónomos Departamentales, a cuya consecuencia, el hospital demandado no es el obligado a cancelar los beneficios sociales del actor, sino el Gobierno Autónomo Municipal, además que el demandante trabajó en el Hospital Municipal de la Mujer Percy Boland Rodríguez dependiente del Municipio de Santa Cruz y no para el Instituto de Maternidad Dr. Percy Boland Rodríguez. Asimismo manifiesta que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la persona obligada a efectos de pagar al trabajador.

En el caso presente, se advierte que la parte demandada mediante memorial de fs. 51 a 52 presentó excepción previa de impersonería (utilizando idénticos argumentos expuestos en el recurso de casación), a cuya Resolución y previo trámite se pronunció el Auto de 9 de mayo de 2013 (fs. 62 y vta.) por el cual el Juez de grado declaró improbada la excepción presentada. Con esa determinación se notificó al ahora recurrente el 6 de junio de 2013, conforme consta en el formulario de fs. 63; sin embargo, no se presentó ningún recurso que cuestione ese decisorio dentro del plazo previsto por el art. 205 del CPT, en consecuencia tal decisión ha sido ejecutoriada y no corresponde que esta instancia casatoria ingrese nuevamente a su revisión, pues como se ha manifestado no se puede retrotraer instancias procesales; del mismo modo el Tribunal de Alzada se encontraba imposibilitado de resolver dicha controversia ya que fue tratado y dilucidado en primera instancia, no observándose en consecuencia vulneración a norma alguna.

III.2 Sobre la valoración de prueba y errada aplicación de los arts. 158 y 198 del CPT

En los inc. b) y d) de los motivos del recurso en la presente Resolución el recurrente refiere errónea aplicación de los arts. 158 y 198 del CPT, señalando que si bien el sistema de valoración de la prueba es ordenado por la sana crítica, no significa que se omita una valoración sobre el conjunto del cuerpo probatorio, sin tomar en cuenta los indicios que existen dentro del proceso. Asimismo refiere que los de instancia no valoraron las documentales  cursantes en el dossier.

Sobre el particular, considerar que la valoración de la prueba en materia laboral se inscribe en lo que doctrinalmente se denomina el sistema de apreciación en conciencia, dentro de los parámetros de la sana crítica; a decir del tratadista Heberto Amilcar Baños, "…no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (...) se trata de criterios normativos (reglas no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad" . Por su parte, Ossorio y Florit expresan que "Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos de la misma". Así se colige de la norma que subyace en el art. 158 del CPT: "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes.

La uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia establece que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los Jueces y Tribunales de instancia, siendo incensurable en casación, y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que el recurso acuse y se pruebe la existencia del error de hecho o de derecho, de acuerdo a la regla establecida en el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".

Conviene tener presente que el error de derecho en la apreciación de la prueba, doctrinalmente es entendido como una operación racional fallida nugatoria del valor o la validez que otorga la ley a determinada prueba o, en contrario, atribuye valor legal a la que carece de ella. También se atribuye a esta categoría la inexacta ponderación jurídica respecto de la procedencia, fuerza y eficacia de un elemento probatorio.”(Auto Supremo No 188/2014-S de 26 de junio).

Los arts. 158  del CPT, manifiesta que: "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la Ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento". A su turno el art. 198 del mismo cuerpo adjetivo indica que: “El Juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes”. De la norma glosada se colige que, si la Ley exige al juzgador la apreciación y valoración de pruebas especifica con valor material condicionante para la existencia o validez de un acto jurídico material, no se podrá admitir su prueba por otro medio que no sea el indicado.

En autos, se concluye que el Juez de grado apreció, valoró las pruebas que cursan en el expediente en la Sentencia de acuerdo con la ciencia y la experiencia fundamentando las conclusiones arribadas a partir de tal apreciación, realizando una valoración en conjunto de las pruebas producidas por ambas partes, sin sujetarse al rigorismo de otro tipo de procesos, tal como debe ser en lo laboral, en el que no existe pruebas claves, sino que del conjunto de todas ellas y de las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, el Juzgador llega a establecer la verdad material para poder emitir una resolución apegada a la justicia y equidad.

En el caso sub-lite se puede establecer que en revisión de alzada, estos aspectos fueron correctamente compulsados y analizados por el Tribunal ad quem, mismo que desde una óptica y consideración constitucional demuestra que el fallo emitido se ajusta plenamente a derecho y a la propia constitución; no evidenciándose en consecuencia violación alguna del art. 158 y 198 del CPT, más al contrario se demuestra que el Auto de Vista recurrido se ajusta plenamente a derecho, máxime si el objeto del proceso es reconocer los derechos laborales, mismos que se encuentran protegidos por el art. 48.I.II.II y IV de la CPE, 4 de la LGT.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de la parte demandada al carecer de sustento legal, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenc iosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 158 a 160 y vta.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera