TRIBUNA L SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA



Auto Supremo Nº 349

Sucre, 19 de mayo de 2015

Expediente: 045/2015-S

Demandante: David Ademar Rivera Pérez

Demandado: Gloria Ochoa Rocha

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Gloria Ochoa Rocha cursante de fs. 360 a 363, contra el Auto de Vista No 97/14 de 2 de septiembre de fs. 309 a 310, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro de la demanda de pago de beneficios sociales seguida por David Ademar Rivera Pérez contra la recurrente; el Auto interlocutorio No 372/2014 de 12 de diciembre de fs. 367, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Planteada la demanda de pago de beneficios sociales conforme se destaca de fs. 10 a 11, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció Sentencia No 11/2014 de 15 de enero de fs. 265 a 271, declarando probada la demanda, debiendo la demandada Gloria Ochoa Rocha en su condición de propietaria de la Pastelería “Emanuel”, proceder al pago de: indemnización, desahucio, vacación 2012, en la suma de Bs.11.918,25.- monto que será actualizado en ejecución de fallos.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por la demandada a fs. 278 a 280 vta., la respuesta al mismo de fs. 284 a 285 vta.; la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante, Auto de Vista Nº 97/14 de 02 de septiembre de fs. 309 a 310, confirmó la Sentencia, con costas.

I.2 RECURSO DE CASACIÓN

       De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivos del mismo, los siguientes:

I.2.1 En la forma

Invocando el art. 254.1 del Código de Procedimiento Civil (CPC), señala que, se violentó el art. 79 del Código Procesal del Trabajo (CPT) pues las Sentencias deben ser dictadas en el plazo máximo de diez días, y que en el presente caso no ocurrió, ya que en autos pese a que la clausura del periodo probatorio fue el 19 de diciembre de 2013, la Sentencia fue dictada el 15 de enero de 2012; fuera del plazo señalado, y en consecuencia con pérdida de competencia del Juez de grado.

I.2.2 En el fondo

Con base en los “inc. 19 y 3) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil”, la recurrente plantea como temáticas de fondo:

       a) Incumplimiento de lo previsto en el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en referencia a los requisitos de la relación laboral, ya que si bien existió prestación personal por parte del demandante en la pastelería, empero nunca existió subordinación y dependencia, porque el actor no seguía las instrucciones que se le exigía, no cumplió la jornada laboral, puesto que no tenía horario de trabajo, no existía continuidad, en razón de que muchas veces abandonó la pastelería.

       b) Manifiesta que se violentó el art. 167 del Código Procesal del Trabajo (CPT) pues un aspecto no valorado se circunscribió a la aseveración del propio demandante quien confesó que cumplía diariamente la hoja de producción indicada por la dueña, sin horario fijo de salida, demostrándose la no existencia de subordinación, mucho menos jornada laboral, lo que confirma la presencia de una relación de carácter civil,  más cuando, por la prueba literal aparejada de fs. 36 a 205, se manifiesta que se abonaba un pago diario por la producción que realizaba el actor.

       c) Reclama que al momento de interponer la demanda de beneficios sociales, se hizo constar como fecha de ingreso el 3 de abril de 2009, aspecto corroborado por el informe de declinatoria de fs. 1 a 2; y que en Sentencia dictada por el inferior en grado y confirmada por el Tribunal de Alzada, se computa como fecha de ingreso el 3 de febrero de 2009, otorgando dos meses más de beneficios sociales, conculcando el art. 236 y 190 del CPC y el 202 del CPT.

       d) Como último aspecto reclama la infracción de los arts. 169 del CPT, 476 del CPC y 1330 del Código Civil, ya que por las pruebas de fs. 216 a 217 y 208 a 209, se demostró que el demandante estaba acostumbrado a abandonar la pastelería, situación no tomada en cuenta por la Juez de grado, violentando lo dispuesto por el Decreto Ley 2565 de 6 de junio de 1951, más cuando, sobre el particular, las atestaciones de cargo hacen solamente referencias vagas y las de descargo son coincidentes en tiempos, hechos y lugares.

I.2.3 Petitorio

Pide a este Tribunal, se pronuncie Auto Supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto se case el Auto de Vista Nº 97/14 de fs. 309 a 310.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

II.1.1 Casación en la forma

       El recurrente denuncia que la Sentencia fue dictada el 15 de enero de 2012, fuera del plazo previsto de los diez días, perdiendo en consecuencia competencia la Juez de instancia. En ese entendido revisado los antecedentes procesales, la Secretaria del Juzgado de grado por nota al pie de 8 de enero de 2014, ingresó a despacho antecedentes para la correspondiente emisión de la Sentencia, conforme al art. 80 del CPT; y, en cumplimiento del art. 79 del CPT la Sentencia fue emitida el 15 de enero de 2012, es decir, 7 días después de haber ingresado el expediente a despacho, gozando en consecuencia la Juez de la competencia atribuida por Ley.

II.1.2 Casación en el fondo

Para resolver el recurso en el fondo, es preciso condensar los numerales a), y b) del acápite I.2.2 de este Auto Supremo, por cuanto los mismos guardan relación, y de ellos se identificó la problemática planteada referida a la inexistencia de la relación laboral.

En ese entendido partimos que, todo trabajo, constituye una prestación a favor de otro, por lo cual existe siempre la realización de un acto, la prestación de un servicio o bien la ejecución de una obra; en tal marco, el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, anuncia las características esenciales de la relación laboral, a saber: i) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; ii) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y, iii) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Sobre este particular, en similar entendimiento el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que las relaciones laborales en las que concurran esas características, se hallan en el ámbito de aplicación  de la LGT.

i) La subordinación y la dependencia, componen el elemento principal para la identificación de la existencia del contrato de trabajo y consecuente relación laboral; la doctrina en la materia reconoce que este elemento conlleva un poder jurídico de mando del empleador, al que le es correspondiente un deber de obediencia del trabajador, quien presta la labor o el servicio. Éste poder jurídico es inherente a la facultad del empleador en dirigir e imponer reglas en la actividad laboral; así como ejercer el poder disciplinario sobre el trabajador. Esta facultad, obviamente, se circunscribe sola y únicamente a la actividad laboral y gravita en torno a sus efectos propios en el marco del respeto a la dignidad y los derechos del trabajador.

Asimismo y dadas las características del postulado traído por el recurrente, la Sala estima necesario hacer mención a la ajenidad como fuente esclarecedora para esa determinación. En nuestro ámbito jurídico, es la comprensión del art.5 del DR-LGT, al manifestar que “El contrato individual de trabajo es aquél en virtud del cual una o más personas se obligan a prestar sus servicios manuales o intelectuales a otra u otras”, constituye un indicador del elemento de ajenidad en la relación de trabajo. Para mayor amplitud, jurisprudencia de la región, otorga una definición tanto sintética como completa sobre ajenidad, así se dirá que, “existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal -trabajador- se hace parte del sistema de producción, añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual pertenece a otra persona -patrono-, dueña de los factores de producción quien asume los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto -ajenidad-, obligándose a retribuir la prestación recibida -remuneración-, por tanto, ese ajeno organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro” (Sentencia N° 788 de 26 de septiembre de 2013, Sala de Casación Social, Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela).

ii) El trabajo por cuenta ajena, representado en una labor personal ya sea física o intelectual que conlleva la realización de actos materiales, ejecutados por el trabajador con su pleno conocimiento, en beneficio del empleador, ya sea una persona natural o jurídica, indistintamente. Tanto el costo del trabajo, producto, como los resultados son destinados al empleador, que corre con todos los riesgos, y aprovecha de los resultados; recibiendo el trabajador en tal tipo de relación solamente una remuneración por su labor, sin que se vea afectado por el resultado económico de esa operación. Desde esta perspectiva, la doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige tres características esenciales: a) Que el costo del trabajo corra a cargo del empleador; b) Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio de aquél; y, c) Que sobre el mismo recaiga el resultado económico favorable o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo.

iii) Remuneración o salario, como otro elemento de la relación de trabajo, es la contraprestación por el trabajo desarrollado, es decir el pago de un salario. En términos generales “salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar” (C095 - Convenio sobre la protección del salario; 1949, Organización internacional del Trabajo OIT).

Asimismo, como se tiene anticipado supra, por determinación de la Legislación boliviana, el contrato de trabajo puede ser pactado por tiempo indefinido, cierto tiempo o la realización de obra o servicio, conforme señala el art. 12 de la LGT; a su turno el art. 1 del Decreto Ley (DL) Nº 16187, en su segundo párrafo expresa que "...A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario...".

Un último aspecto que se debe considerar en la materia constituye el Principio de primacía de la realidad, constitucionalizado en el país en razón a la trascendental protección que la Constitución Política del Estado (CPE) brinda a las y los trabajadores, considerados como principal fuerza productiva de la sociedad; así el art. 48.II de la Norma Cúspide, señala que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Dadas las especiales características que rigen y dan luces al Derecho Laboral, que no son otra cosa que el propio resultado de las especiales circunstancias que se manifiestan en el universo de las relaciones laborales, el principio de primacía de la realidad, es entendido como, la valoración preferente de las condiciones reales que presentan en los hechos, los cuales se superponen a los contenidos que consten documentalmente. Dicho principio establece que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los principios del Derecho del Trabajo”). En análoga dirección se ha dicho que "...Conforme a [este principio], cuando no hay correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que se pactó o se documentó, hay que dar primacía a los primeros. Prima la verdad de los hechos (no la forma) por sobre la apariencia". (VIALARD VÁSQUEZ, Antonio; citado en el Auto Supremo No 007 de 28 de marzo de 2012).

En el ordenamiento jurídico nacional, el art. 4 del DS No 28699 de 1 de mayo de 2006, señala que por el principio de primacía de la realidad, prevalecerá la veracidad de los hechos a lo determinado por el acuerdo de partes; de ello se comprende que tal principio se constituye en un parámetro sobre el cual el juzgador laboral, estimará la resolución del conflicto que le fue puesto en conocimiento, a la necesaria identificación previa de la existencia de un contrato de trabajo bajo un análisis que sobreponga lo acontecido en los hechos sobre el contenido de los documentos.

       Sobre este tópico, revisados los antecedentes que informan al proceso, el Tribunal de Alzada confirmó que no cursa ningún contrato de trabajo suscrito entre la recurrente y el demandante, pero que en la labor desempeñada resaltan los elementos que configuran la relación laboral; que evidencian que el actor desempeñó las labores de maestro pastelero, en la Pastelería “Emanuel”, bajo instrucción de la propietaria (demandada), con un salario mensual de Bs.2.800.-, relación laboral que estuvo enmarcada dentro de los alcances del art. 2 de la LGT y DS Nº 28699, demostrado por las literales a fs. 9 (certificado de trabajo), 209, 217, 24 (acta de conciliación), en ese entendido la conclusión arribada por el de Alzada es afirmativa, al existir las condiciones de toda relación laboral: dependencia y subordinación hacia la propietaria, trabajo por cuenta ajena, puesto que elaborada las masas para la Pastelería, a cambio de un salario que era de Bs.2.800.-; contexto que contradice  lo alegado por la parte recurrente sobre esta temática en específico.

       Con respecto al motivo descrito en el punto c) del acápite I.22 de esta Resolución, se reclama que al momento de interponer la demanda de beneficios sociales, se hizo constar como fecha de ingreso el 3 de abril de 2009; y que en la Sentencia dictada por el inferior en grado y confirmada por el Tribunal de Alzada computan como fecha de ingreso el 3 de febrero de 2009. Al respecto la conclusión arribada por los de instancia se asienta en el certificado de trabajo otorgado por la empleadora cursante a fs. 9, que señala como fecha de inicio de los trabajos de pastelería el 3 de febrero de 2009, que no desmiente lo que la misma propietaria afirmó, en consecuencia las resoluciones emitidas no contradicen lo dispuesto en los arts. 236 y 190 del CPC y el 202 del CPT.

       Por último lo contenido en el numeral d), donde se reclama que por las pruebas de fs. 216 a 217 y 208 a 209, se demostró que el demandante estaba acostumbrado a abandonar la pastelería y no cumplir con la producción, situación no tomada en cuenta por la Juez, infringiendo los arts. 169 del CPT, 476 del CPC y 1330 del CC.

En tal sentido cabe enfatizar que el Tribunal de Alzada manifestó:

si bien mediante carta  presentada ante el Ministerio de Trabajo (fs. 7) se hace conocer que en fecha 15 de julio de 2011 el actor habría abandonado su trabajo, no es menos evidente que tal conducta fue como emergencia de una llamada de atención, más aún si de acuerdo Acta de Confesión Provocada  de fs. 237 diferida al actor se establece retorno a su fuente de trabajo…” (sic)

Corresponde circunscribir que el Juez en materia laboral, forma libremente su convencimiento, en base a las pruebas producidas, a las circunstancias relevantes del pleito, a la conducta procesal observada por las partes, a la lógica jurídica y a las máximas de la experiencia; en tal entendido la Juez de la causa fundamentó su decisión, en base al material probatorio ofrecido y su sana crítica, puesto que la recurrente no brindó los elementos necesarios que demuestren que el trabajador  hacía constantes abandonos de su fuente laboral y que incumplía con la producción encomendada, aspecto confirmado por el Tribunal de Alzada, y que no ocasionan vulneración del art. 169 del CPT.

Por lo expuesto, en mérito a los antecedentes y fundamentos referidos, al no haber incurrido el Tribunal de Alzada en ninguna de las infracciones acusadas por la recurrente, corresponde resolver el recurso de casación en el fondo y en la forma   según lo previsto por los arts. 271.2) y 273 ambos del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gloria Ochoa Rocha cursante de fs. 360 a 363, con costas a ser tazada y ordenada su pago por el Juez de instancia.

       Se regula el honorario profesional del abogado del demandante en la suma de Bs. 500.-(Quinientos 00/100 bolivianos).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera