TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 346

Sucre, 18 de mayo de 2015

Expediente: 04/2011-CA

Demandante: Guillermo Torrez López

Demandados: Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital Cobija

Distrito        : Pando

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca                           

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Guillermo Torrez López en representación legal de la Constructora “San Mateo” de fs. 1204 a 1205 vta., contra el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2010 (fs. 1200 a 1201), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso contencioso tributario seguido por Guillermo Torrez López, contra el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Gerencia Distrital Cobija, la respuesta fs. 1211 a 1213, el Auto de fs. 1219 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

I.1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Cobija por excusa, emitió Sentencia Nº 36/2010 del 25 de agosto, cursante de fs. 1179 a 1183 vta., declarando improbada la demanda de fs. 15 a 17.

I.1.2 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Guillermo Torrez López en representación legal de la Constructora “San Mateo” de fs. 1187 a 1188 vta., mediante Auto de Vista del 8 de noviembre de 2010 de fs. 1200 a 1201 emitido por la Sala Penal y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia de Pando, confirmó la Sentencia Nº 36/2010 del 25 de agosto.

I.2. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivos, los siguientes:

I.2.1. El recurrente asevera que, las normas violadas son el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), art. 1 del Código de Procedimiento Civil (CPC)  y el art. 5 del Estatuto del Funcionario Público, cuya violación consiste en que el Auto de Vista estableció textual: “el hecho de que posterior a los 90 días hubiesen firmado (resoluciones determinativas) es totalmente legal, porque aún no fueron designados sus sucesores”, “tampoco es menos cierto que dichas normas no establecen que sí sobrepasan  los 90 días de interinato las resoluciones de los interinos serán nulos de pleno derecho, que no tendrán ninguna eficacia jurídica o algo parecido”; “ Para la procedencia de la pretensión del apelante no existe ninguna norma , como se dijo líneas arriba”. (…)

       I.3 PETITORIO

       Concluyó pidiendo que el Tribunal Supremo de Justicia, disponga la casación del Auto de Vista de 8 de noviembre de 2010, por violación a derechos fundamentales y declare nulas la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por carecer los firmantes de competencia y jurisdicción al cese por mandato de la Ley su interinato.        

CONSIDERANDO II:

       II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

       En mérito de estos antecedentes, por el principio de congruencia, es preciso responder en el mismo orden los puntos expresados por el recurrente; por lo que, de la compulsa de antecedentes del proceso, la respuesta del mismo y las normas aplicables, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

       La Ley del SIN, de 22 de diciembre de 2000, en la Sección II, Presidente Ejecutivo, el art. 13 establece: “El Presidente es la máxima autoridad ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, de reconocida capacidad e idoneidad profesional, es responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y normas legales vigentes. Ejercerá sus funciones a tiempo completo y con dedicación exclusiva, con excepción del ejercicio de la docencia universitaria”. Dentro de sus atribuciones se encuentran las establecidas en el art. 14 inc. “g) Contratar, evaluar, promover y remover al personal del Servicio de Impuestos Nacionales en el marco de las normas legales establecidas al respecto”.

       Por otra parte la Ley Nº 2027 establece en el art. 5 inc., “b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. Asimismo el inc. e) de la norma citada establece que, los Funcionarios interinos: “Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias”.

       Al respecto el anexo al DS Nº 26115 que establece las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal en el art. 21 que, “el servidor público podrá ejercer un puesto con carácter interino cuando se produzca una vacante por renuncia, retiro, jubilación u otras, por un período máximo de 90 días, que se estima tomará el proceso normal de reclutamiento, selección y nombramiento del titular; se podrá ejercer un puesto en forma interina cuando se cubra una vacante de manera temporal y hasta tanto su titular regrese a ocuparlo; el servidor interino continuará en el puesto hasta que se nombre al nuevo titular”.

Por otra parte es rescatable lo establecido en el art. 35 de la Ley Nº 1990, norma que establece que el “(…) El Presidente Ejecutivo y los directores, vencido el plazo de su mandato, o en caso de renuncia, continuarán en sus funciones hasta que sean reemplazados conforme a las previsiones del presente Artículo, salvo casos de incompatibilidad legal”.

Por otra parte la Sentencia Constitucional Nº 0218/2004 del 11 de febrero estableció los siguiente: “El art. 35 LGA, parte in fine, establece implícitamente una prórroga en el desempeño de las funciones del Presidente Ejecutivo y Directores de la Aduana Nacional, al señalar que cuando esas autoridades pese haber concluido el período de sus funciones deben seguir ejerciendo su cargo hasta que sean legalmente designados sus sustitutos. La norma referida tiene su sustento en la intención del legislador de no dejar acefalías en la conducción y funcionamiento de una institución, en el tiempo que transcurre entre el cumplimiento del mandato conferido por la Ley a un Director hasta el momento en que la autoridad competente designe legalmente a su sustituto”.

De la revisión de la normativa y la jurisprudencia precedentemente citada, se llega a la conclusión, tomando en cuenta que el proceso normal de reclutamiento, selección y nombramiento del titular conlleva un tiempo, el reemplazo no se efectúa de manera inmediata, lo que podía provocar acefalías prolongadas con el riesgo de una inmovilización institucional, ante éstas falencias se nombran a las autoridades, gerentes, administradores y otros de manera interina; los nombrados interinos por mandato de la Ley, deben continuar en sus funciones hasta que sean reemplazados; por lo que el entendimiento efectuado por el Tribunal de Alzada al establecer que  “el hecho de que posterior a los 90 días hubiesen firmado (resoluciones determinativas) es totalmente legal, porque aún no fueron designados sus sucesores”, es absolutamente pertinente, consiguientemente los actos administrativos emitidos por los interinos  son válidos y subsistentes, en resguardo de la Seguridad Jurídica e intereses del Estado.

       Respecto del art. 22 de la CPE, citado por el recurrente que establece “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

       Con relación a lo descrito, el Tribunal Supremo considera absolutamente necesario, aclarar al recurrente que los funcionarios firmantes del (SIN), bajo ningún punto de vista usurparon funciones, aspecto plenamente demostrado con las Resolución de Presidencia adjunta fs. 44, a tiempo del apersonamiento de Ramiro German Villarreal Díaz, Gerentes Distrital del SIN, en la que se demuestra el nombramiento, por autoridad que goza de competencia que emana de la Ley, por lo que la apreciación del recurrente resulta ser forzada; resultando que el ad quem, no incurrió en errónea interpretación o mala aplicación de la normativa mencionada por el recurrente, por lo que el agravio señalado es impertinente.

    Consecuentemente la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera concluye al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, debido a que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, por lo que corresponde resolver aplicando los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

POR TANTO:

La Sala Social Contenciosa y Contenciosa Adm; y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1204 a 1205 vta. con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera