TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 343 

Sucre, 18 de mayo de 2015

Expediente: 72/2011-S

Demandante: Faizar Fernández Vargas

Demandada: EMPRESA  ESTANCIA ESPÍRITU

Distrito        : Beni

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 128 a 131, interpuesto por Peter Bauer Kyllman, en su calidad de propietario de la Empresa Estancia Espíritu, contra el Auto de Vista Nº 65 de 20 de noviembre de 2010 (fs. 123 a 125 vta.) pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, dentro del proceso social que por pago de beneficios sociales sigue Faizar Fernández Vargas contra la Empresa recurrente a través de su propietario; la respuesta de fs. 133 y vta.; el Auto Interlocutorio de fs. 136, que concedió el recurso; Los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

          I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso social, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Trinidad - Beni, emitió Sentencia Nº 12/2010 de 27 de mayo, cursante de fs. 105 a 109, por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 3 y vta., y la complementación de fs. 7 y vta., también declaró probada en parte la excepción de pago de fs. 56 a 57 y vta., e improbada la excepción de prescripción de fs. 56 a 57 y vta., con costas, ordenando que la Empresa Estancia Espíritu, representada legalmente por su propietario el señor Peter Bauer Kyllman, pague en favor de Faizar Fernández Vargas, el reintegro de sus derechos laborales, el monto total de Bs.9.879,00.- (Nueve mil ochocientos setenta y nueve 00/100 bolivianos), por el concepto de bono de antigüedad (34%).

I. 2. Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Javier Chávez Velasco, en representación legal de Peter Bauer Kyllman, propietario de la Empresa “Estancia Espíritu” (fs. 113 y vta.), mediante Auto de Vista Nº 65/2010 de 20 de noviembre (fs. 123 a 125 vta.) la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, confirmó la Sentencia apelada, con costas; disponiendo que el propietario de la estancia ganadera “Espíritu”, Peter Bauer Killman, cancele al demandante Faizar Fernández Vargas, la suma total de Bs.21.206,64.- (Veintiún mil doscientos seis 64/100 bolivianos), por los conceptos de indemnización por 19 años, 7 meses y 16 días, aguinaldo doble 24 meses, vacación de dos gestiones, bono de antigüedad 34%; monto resultante que fue deducido o menos los anticipos de aguinaldo y menos los pagos anticipados, conforme la liquidación efectuada en el Auto de Vista recurrido.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA Y EN EL FONDO.

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 128 a 131, interpuesto por Peter Bauer Kyllman, propietario de la Empresa “Estancia Espíritu”, en contra del Auto de Vista Nº 65 de 20 de noviembre de 2010 (fs. 123 a 125 vta.), que en lo fundamental de su contenido, señaló lo siguiente:

II.1. Recurso de casación en el fondo:

Manifestó que, el bono de antigüedad habría prescrito, toda vez que el plazo para su reclamo debe ser computado desde el momento del nacimiento del derecho laboral, en estricta aplicación del art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) y el art. 163 de su Decreto Reglamentario (DR-LGT), ya que el empleado por su negligencia jamás reclamó o solicitó dicho pago y que dicha inacción generaría la extinción de la acción por el término de dos años a partir de la fecha en que nació su derecho, por lo que, el Tribunal de Alzada efectuó una mala aplicación del art. 120 de la LGT y del art. 163 del DR-LGT y que en caso de autos, el actor sólo tendría lugar a efectuar su reclamo sobre los dos últimos años de trabajo.

Por otra parte, refirió que el Auto de Vista recurrido efectuó una nueva liquidación de los beneficios sociales demandados, sin revisar cuidadosamente el expediente, puesto que, como se desprende de los documentos acompañados, la indemnización por tiempo de servicios se encuentra cancelada al igual que el aguinaldo, por lo que, erróneamente se habla de pagos anticipados, cuando los mismos constituyen pagos definitivos, sobre los cuales inclusive la parte actora no observó o reclamó.

II.2. Recurso de casación en la forma:

Expresó que, la resolución recurrida no guarda las formas esenciales del debido proceso, habiéndose violado normas constitucionales como los arts. 9. 4) y 50, ya que en la resolución recurrida no se hace referencia a los puntos resueltos por el inferior, y que por su incongruencia y falta de apegado a la Ley fueron objeto de apelación.

Anotó que, la uniforme jurisprudencia establece que el tribunal de apelación está obligado a pronunciarse sobre los puntos apelados, conforme al art. 236 del CPC, y la Corte Superior al no haber ingresado a resolver la apelación interpuesta desconocería su propia jurisdicción con infracción a la disposición citada.

Que, se ha violado el derecho de petición, conforme se estableció en la SC Nº 123/2001-R, toda vez que, el Auto de Vista recurrido, extrañamente, consigna una nueva liquidación, sin embargo confirmó la Sentencia venida en apelación; por lo tanto, está confirmado en parte o revocando en parte?; cuando el art. 237. 1) del CPC, en relación a las formas de resolución establece “Confirmatorio total con costas en ambas instancias”.

I. 4.        Petitorio

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad a los arts. 271. 4) y 274 del CPC, case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare probada la excepción de prescripción, disponiéndose se prosiga la causa conforme a derecho.

CONSIDERANDO II:

II. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así planteado el recurso de casación en ambos efectos, de la revisión de los antecedentes que informan al proceso y la consideración de las normas aplicables a la materia, se tiene que, si bien el art. 250. II del CPC, establece que, los recursos de casación en el fondo y en la forma pueden ser interpuestos al mismo tiempo, no es menos cierto que cada uno de ellos tiene su propia particularidad, naturaleza jurídica y requisitos, conforme los arts. 253 y 254 del CPC; por ello, en ambos casos, el Tribunal de Casación resuelve de distinta manera, por cuanto en el fondo se constriñe al análisis de los posibles errores in iudicando y en la forma a los errores in procedendo, en el último caso que atañen a la nulidad del proceso, de modo que una vez evidenciada la infracción procesal debe disponerse la nulidad de obrados, no siendo necesario que el Tribunal de Casación entre a resolver el recurso de casación en el fondo; por lo que, este tribunal, primero se pronunciará sobre el recurso de casación en la forma o nulidad pretendida.

II.1. Resolviendo en primer término el recurso de casación en la forma.

Se advierte que la denuncia está centrada en que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre los puntos apelados conforme lo establecido en el art. 236 del CPC, puesto que, a pesar de haber confirmado la Sentencia llevada en apelación,  elaboró una nueva liquidación, ordenando al demandado y apelante a pagar una suma mayor a la establecida en Sentencia, sin siquiera haberse interpuesto recurso por la parte actora, lo que no se acomoda a las formas de resolver establecidas en el art. 237.1) del CPC, por lo que, se violó las normas constitucionales contenidas en los arts. 9. 4) y 50, normas que son de cumplimiento obligatorio conforme a los arts. 90 y 236 del CPC; por lo que corresponde establecer si lo acusado es evidente o no, conforme los siguientes razonamientos:

Revisados los antecedentes del proceso, se observa ciertamente que el Tribunal de Alzada no sólo se limitó a resolver el agravio llevado en apelación por la parte recurrente, conforme al memorial de fs. 113 y vta., sino que, además se pronunció sobre cuestiones no recurridas por la parte apelante y menos recurridas por la parte actora, por cuanto ésta última no interpuso recurso alguno, empeorando de tal manera la situación jurídica del apelante.

Si bien el Tribunal de Apelación se constituye en un Juez ex novo, que puede valorar la prueba, además de cumplir con las atribuciones y competencia dispuesta por el art. 233 del CPC, sin embargo de ello, no es menos cierto que tal atribución debe estar limitada a efectos de no incurrir en excesos, sino limitarse en concreto a los agravios llevados en apelación, conforme el art. 236 del Adjetivo Civil, pues, caso contrario, se incurre en aquello que técnicamente se denomina, fallo ultra petita, que no es otra cosa que extralimitarse en sus atribuciones y pretender resolver cuestiones no reclamadas, de modo que evidentemente aquello constituye un vicio procesal, por cuanto genera una situación de inequidad entre las partes, toda vez que se estima que quien mejor conoce su propia situación jurídica y procesal debe ser la parte misma, y por tanto el juez, al conceder más de lo que ésta pide, puede incurrir en una situación de injusticia contra la parte que es desfavorecida por la resolución, aspecto que, evidentemente cae en la arbitrariedad, conforme al art. 254.4) del CPC.

En el caso de examen, el fallo recurrido, a más de resolver el agravio referido a la situación de la excepción de prescripción en cuanto al bono de antigüedad, que fue recurrido de apelación por la parte demandada, así como el mismo hecho que se confirmó la Sentencia, de oficio también ordenó el pago de la indemnización, aguinaldo doble, vacaciones de dos gestiones, además de considerar las deducciones por pagos realizados; sin considerar que aquellos conceptos no fueron llevados ni recurridos en apelación por el demandado, ordenando el pago de una nueva suma mayor a la dispuesta en Sentencia; consiguientemente dicha resolución empeoró la situación jurídica del apelante, incurriendo de tal manera en la causal de nulidad establecida en el art. 254.4) del CPC, vulnerando de esa manera lo dispuesto en los arts. 190 y 192 del CPC, normas procesales que al ser de orden público, son de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el art. 90 del Adjetivo Civil citado.  

Es necesario establecer que una resolución ultra petita, según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual del Dr. Guillermo Cabanellas, es: "La resolución judicial que falla sobre una cuestión no planteada. La inadvertencia o mala fe del juzgador puede tener sus consecuencias para las partes que acepten ese fallo, pues se convierte en título y se ejecuta en lo pertinente, de quedar firme. Ahora bien, en otro supuesto, admite fácil impugnación. Permite incluso el recurso de casación por infracción de ley fundado en la incongruencia".

En ese sentido también, la uniforme jurisprudencia de la entonces Corte Suprema de  Justicia, como ahora del Tribunal Supremo de Justicia, establecieron:"Que el Tribunal de Apelación tiene limitada su competencia por el artículo 254. 4) del CPC, al considerar y resolver otros aspectos distintos a los puntos impugnados, acomoda su actuar fuera de lo pedido por el recurrente, actuación ultra petita, aspecto que constituye violación de las formas esenciales del proceso, porque desnaturaliza el recurso y contraviene la competencia del Tribunal, lo que viabiliza la procedencia del recurso de casación en la forma, y en consecuencia la nulidad de obrados”.

De lo anotado precedentemente, se debe concluir que, son evidentes las denuncias formuladas por el recurrente en la casación en la forma, en el entendido que el fallo recurrido de casación, no guardó la pertinencia reglada en el art. 236 del Adjetivo Civil, dado que, se excedió en su atribuciones al resolver aspectos no apelados, incurriendo así en un fallo ultra petita, de modo que, al otorgar más de lo pedido, en virtud del principio tantum devolutum quantum apellatum (sólo se defiere al tribunal superior aquello que se apela), corresponde a éste Tribunal fallar disponiendo la nulidad de obrados como remedio procesal idóneo al efecto, para que el mismo Tribunal de Apelación resuelva los agravios llevados en apelación por la parte demandada, conforme a la pertinencia prevista en el art. 236 del CPC.

Bajo estos parámetros, se concluye que resultan ciertas las infracciones de los arts. 236  y 90 del CPC, corresponde resolver el recurso formulado, conforme la previsión de los arts. 271. 3) y 275 del mismo cuerpo legal citado, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

Se deja establecido que, al encontrar evidentes las infracciones al procedimiento y en cuya consecuencia existe necesidad de disponer la nulidad de obrados, no se ingresa a resolver los demás reclamos expresados en el recurso de casación en el fondo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184. I de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 122 vta., inclusive, disponiendo que el Tribunal ad quem, sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, tomando en cuenta los fundamentos de la presente resolución, dando cumplimiento a las previsiones legales contenidas en los arts. 190, 192. 2) y 3) y 236 del CPC.

No siendo excusable el error cometido, se impone la multa de Bs.200,00.- a cada uno de los vocales que suscribieron el fallo recurrido.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de AASS anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera