TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 342

Sucre, 18 de mayo de 2015

Expediente: 58/2015-A

Demandante: Fondo Complementario de Seguridad Social de Medico y Ramas Anexas

Demandado: Ramiro Donoso Torres Aranda

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Jaime Jorge Di Meglio Espinoza en representación del Fondo Complementario de Seguridad Social de Médico y Ramas Anexas, de fs. 405 a 410 vta., contra el Auto de Vista Nº 187/2014 del 25 de noviembre de fs. 402 a 403, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso Coactivo Social seguido por Fondo Complementario de Seguridad Social de Médico y Ramas Anexas,  de fs. 24 a 25 vta., el Auto de fs. 391 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Auto

Que, tramitado el proceso Coactivo Social, el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Resolución Nº 357/2013 de 26 de agosto, cursante de fs. 376 a 380, declarando improbada la excepción de Falta de Fuerza Coactiva y Perentoria de pago; probada la excepción perentoria de prescripción de fs. 263 a 267 e improbada la demanda Coactiva Social de fs. 24 a 25 vta., dejando sin efecto la Nota de Cargo Nº 02/2011 de fs. 223.

I.1.2 Auto de Vista

En conocimiento del precitado fallo la parte demandante interpuso recurso de apelación, resuelto mediante Auto de Vista Nº 187/2014 del 25 de noviembre, descrito al exordio, que confirmó la Resolución Nº 357/2013 de 26 de agosto.

I.2 MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Dicho Auto motivó el recurso de casación, del que se extrae como motivos, los siguientes:

I.2.1 Señala el recurrente que se realizó una valoración e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley y que el Auto de Vista esgrime argumentos acerca de la excepción de prescripción sin explicar las razones por las cuales no corresponde aplicar la normativa social, limitándose a hacer mención al Decreto Supremo (DS) Nº 25714 de 23 de marzo de 2000, el mismo que no es aplicable a regímenes de largo plazo, en los que se encuentran los Fondos Complementarios de Seguridad Social.

Refiere que, el art. 7 derogado del DS Nº 18494, establecía la prescripción para este tipo de deudas, no siendo evidente que no exista una norma aplicable al caso de autos; aplicando de manera errónea la prescripción descrita en el Código Civil (CC), el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que los aportes a la Seguridad Social no pagados tiene privilegio y son inembargables e imprescriptibles, asimismo señala el art. 324 de la norma Suprema establece que no prescribirán las deudas por daños económicos al Estado; por lo que no pueden aplicarse supletoriamente al ámbito de Seguridad Social, las normas previstas en el CC. 

Por otra parte el recurrente establece que la prescripción no fue interpuesta por el coactivado, por lo que la prescripción no puede ser aplicada de oficio.

I.3 PETITORIO

El recurrente, afirma que el Auto de Vista lesiona las normas precedentemente descritas  y solicita se case o en su caso se anule el citado Auto de Vista.

CONSIDERANDO II:

       FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

         En mérito de estos antecedentes y de la compulsa de antecedentes del proceso, la respuesta del mismo y las normas aplicables, corresponden las siguientes consideraciones:

         Que, de la revisión de antecedentes, se evidencia que el coactivante al responder las excepciones planteadas por el demandado, establece que Ramiro Donoso Torres Aranda, no ha honrado completamente su deuda, refiriéndose al crédito entre el coactivado y el fondo Complementario Médico y Ramas Anexas por la suma de Bs.5.000.- (cinco mil 00/100 bolivianos), por lo que se giró la Nota de Cargo, el Auto de Solvendo, y como respuesta el demandado presentó las excepciones de Falta de Fuerza Coactiva en la Nota de Cargo, Excepción Perentoria de Pago y Excepción de Prescripción, el Juez a quo, en la Resolución Nº 357/2013 de fs. 376 a 380, declaró improbadas las excepciones de falta de fuerza coactiva, y perentoria de pago, declaró probada la excepción perentoria de prescripción, declarando asimismo improbada la demanda coactiva social, y dejó sin efecto la Nota de Cargo Nº 02/2011 de fs. 223.   

         El ente coactivante presentó apelación fundamentando que la Resolución emitida por el A quo es injusta al señalar que al tratarse de un convenio entre personas privadas, es aplicable la prescripción civil establecida en el CC, sin considerar que el Procedimiento Coactivo Social tiene su propio procedimiento, conforme el Código de Seguridad Social (CSS), el Reglamento al Código de Seguridad Social y el art. 32 del Decreto Ley Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, debiendo acudir al Código Procesal del Trabajo (CPT) y CC de manera excepcional.

         Argumentos que fueron absueltos por el Ad quem, estableciendo que el art. 32 del Decreto Ley 10173, señala el procedimiento coactivo social, que es concordante con el Código de Seguridad Social (CSS) art. 609; que para el caso concreto la obligación proviene de un  Préstamo con Garantía de haberes como se encuentra señalado en la Nota de cargo, la misma que  tiene como base un contrato de préstamo y que, ante la inexistencia de una norma especial aplicable al caso de autos, es aplicable la prescripción normada en el art. 1507 del CC por constituirse una deuda, por lo que confirmó la Resolución emitida por el Juez ad quo.

        Sobre éste particular y en similar caso, el Tribunal de casación tiene dicho lo siguiente: "Si bien los dineros del préstamo otorgado al demandado pertenecían al Fondo Complementario del Seguro Social, la obligación propiamente dicha corresponde al ámbito civil, por tratarse de un préstamo de dinero. Por ende, en cuanto toca a la prescripción, son aplicables las normas del Código Civil y resulta incorrecta la pretensión de aplicar el art. 65 del D.L.13214 referido a la imprescriptibilidad de los aportes a los seguros de largo plazo". (AS Nº 117 de 27 de junio 1997).

         En el caso que nos ocupa, la demanda coactiva se inicia luego de haber transcurrido más de treinta y dos años desde la suscripción de un contrato de préstamo y si bien es cierto que el Decreto Ley (DL) Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, que en su art. 32 establece el procedimiento a seguir en el proceso coactivo social, así como que el DS Nº 11477 de 16 de mayo de 1974, hace referencia a la presentación de planillas, las sanciones por falta de presentación de planillas y las sanciones por falta oportuna en el pago de aportes, no es menos evidente que ninguna de ellas establece el procedimiento a seguir en cuanto a deudas por créditos, bajo contratos de préstamo de dinero con garantía de haberes.

         El art. 7 del DS Nº 18494 de 13 de julio de 1881, citado por el recurrente establecía lo siguiente: “Se deroga el artículo 65 del Decreto Ley No 13214 de 24 de diciembre de 1975 y se establece que los aportes no pagados y/o no cobrados, por periodos superiores a los 15 años, prescriben. El término de la prescripción se interrumpe por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor”. De la norma transcrita se observa que se trata de aportes no pagados, mas no de deudas por créditos otorgados bajo contratos de préstamo con garantía de haberes. 

       Por otra parte el recurrente refiere que el art. 48. IV de la CPE establece que los aportes a la Seguridad Social no pagados tiene privilegio y son inembargables e imprescriptibles, normativa aplicable a partir de la promulgación de la Constitución. Al respecto cabe señalar que la norma citada es taxativa cuando hace referencia a los aportes a la seguridad social no pagados; en el caso de autos se trata de una deuda por un crédito.

         Asimismo el art. 324 de la CPE establece que no prescribirán las deudas por daños económicos al Estado; a partir de la promulgación de la CPE vigente, las deudas con el estado son imprescriptibles, es decir que los actos o hechos acaecidos antes de la promulgación de la CPE, que hubiesen prescrito se mantendrán de esa manera, sin embargo si la prescripción operaba en vigencia plena de la CPE, ésta se constituirá en imprescriptible.

         Es así que, con el objetivo de dar seguridad jurídica, el art. 123 de la Constitución boliviana establece: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”.

        El fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, la sociedad tiene confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebra sus transacciones y cumple sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas; consiguientemente la naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, se prohíbe con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente.   

       Por todo lo anotado precedentemente, se llega a la convicción de que, el Tribunal de Apelación, no incurrió en trasgresión, violación de normas del régimen de Seguridad Social y civil, como se acusó en el recurso de fs. 405 a 410 vta., correspondiendo en consecuencia, aplicar los arts. 271.2 y 273 del CPC, con la facultad permisiva de los arts. 630 y 633 del CSS, de 14 de diciembre de 1956.

         POR TANTO: La Sala Social Contenciosa y Contenciosa Adm., y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs.405 a 410 vta.

         Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera