TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 335

Sucre, 18 de mayo de 2015

Expediente: 68/2011-S

Demandante: Freddy Soliz Vásquez

Demandado: Empresa Solución Logística Global S.R.L. y otra.

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1017 a 1021, interpuesto por Freddy Soliz Vásquez, contra el Auto de Vista Nº 42/10 de 22 de febrero de fs. 1006 a 1007, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro el proceso social que por pago de beneficios sociales y derechos laborales sigue el recurrente contra la Empresa Solución Logística  Global S.R.L. y Paceña S.R.L. Despachante de Aduanas; la respuesta al recurso de casación, de fs. 1022 a 1023 vta.; el Auto a fs. 1025, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso social, la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió Sentencia N° 124/2008 de 20 de diciembre (fs. 963 a 969), declarando probada en parte la demanda de fs. 8 a 9, subsanada a fs. 11 y 21 de obrados; sin costas, ordenando a las empresas demandadas a través de sus representantes legales, cancelar al actor las sumas de $us.4.200.- y $us.1.400.- respectivamente, por los conceptos de indemnización, desahucio y aguinaldo duodécimas/2006. Todo conforme al detalle cursante en la misma resolución.

I.2 Auto de Vista

Interpuestos los recursos de apelación por los representantes de las empresas demandadas y por el demandante (fs. 972 a 973, fs. 976 a 977 y fs. 984 a 987, respectivamente), mediante Auto de Vista Nº 42/10 de 22 de febrero de fs. 1006 a 1007, la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, revocó la Sentencia N° 124/2008 de 20 de diciembre de fs. 963 a 969, así como su auto complementario de 13 de mayo de 2009 cursante a fs. 980, declarando improbada la demanda de fs. 8 a 9, subsanada a fs. 11 y fs. 21 de obrados, salvando los derechos del actor para la vía legal correspondiente. Sin costas por ser ambas partes apelantes.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en fondo de fs. 1017 a 1021, interpuesto por Freddy Soliz Vásquez, de cuyo contenido se extrae como fundamental para efectos del presente fallo, lo siguiente:

  1. Que, el Auto de Vista recurrido contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de los arts. 2 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 1 del Decreto Supremo (DS) N° 23570 de 26 de julio de 1993, al establecer que no se demostró las características de una relación laboral, y que el demandante, en su condición de asesor contable, no se sujeta a las normas citadas.
  2. Asimismo señaló que, a pesar que su relación laboral estaba basada en el art. único de la Ley N° 22 de 26 de octubre de 1949, y presentó los certificados de trabajo de fs. 1 a 2, planillas de aguinaldos de la gestión 2005 a fs. 14, mayores cuentas y honorarios profesionales de fs. 353 a 356, balances generales de fs. 519 a 533, literales de fs. 635 a 675, los 10 libros estampados sobre comprobantes de egreso (anexos), las confesiones provocadas diferidas a los representantes de las empresas demandadas de fs. 690 “E” y 690 “H”, acta de inspección ocular de fs. 815 a 819, mayores cuentas de fs. 353 a 365, comprobantes de egresos de fs. 366 a 380, pruebas que demostraron la relación laboral del demandante, tiempo de servicios, pago mensual como honorarios comprendido en los arts. 52 de la LGT y 39 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT).
  3. Que, el Auto de Vista no valoró correctamente la prueba, ya que los certificados de fs. 1 a 2 de obrados claramente establecen que Freddy Soliz Vásquez prestó servicios de asesoría contable, en el mismo tiempo y ambas pruebas están firmadas por la encargada de recursos humanos y de administración tanto de la empresa Paceña S.R.L., Agencia Despachante de Aduanas y Solución Logística Global S.R.L., ya que ambas pertenecen a una sola administración, y como se acredita por las literales de fs. 13 a 20, incurriendo en error de hecho y de derecho el Tribunal ad quem.
  4. Que, el Tribunal ad quem realizó una valoración indebida del art. 1 del DS N° 23570 de 26 de julio de 1993 al pretender desvirtuar los parámetros de dicha norma, con el argumento que el demandante era asesor, y que no se es propia de una condición de funcionario o trabajador, cuando fue la misma norma la que establece la relación de dependencia y subordinación del demandante a una sola administración de ambas empresas demandadas, y la percepción de un salario conforme se probó en los 10 libros contables, planillas de fs. 81 a 307 en las que firmaba el actor como responsable dependiente de las empresas como contador y con las literales de fs. 334, 353 al 380, además de acuerdo a los e-mails de la Gerente Susana Villarroel de Paceña S.R.L. y Lidia Burzuri cursantes a fs. 677 y 678, le indicaban que días de vacaciones se encontraba sujeto, por lo que se tiene que el Tribunal ad quem realizó una interpretación errónea de la ley, así como la falta de apreciación de las pruebas.
  5. El Tribunal de Alzada no observó ni aplicó los arts. 57 de la LGT y 48 y sgtes del DR-LGT porque declaro el impago a la prima anual porque el actor no demostró el pago de este concepto en otras gestiones, olvidando que conforme los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT) la carga de la prueba en cuanto al derecho reclamado corresponde al empleador, además que el Tribunal ad quem no valoró la planilla de pago de este beneficio a los trabajadores de dichas empresas de la gestión 2005 cursante a fs. 20 y 855, ni la confesión provocada al representante legal de la empresa Paceña S.R.L. y al representante legal de la empresa Solución Logística Global S.R.L., en las que respondieron a la pregunta N° 10 de los cuestionarios “…si se otorgan primas…”  (sic) cursantes a fs. 690 “E” y 690 “H”, también cursa la planilla de primas de la gestión 2004 a fs. 308 en la que figura la cancelación de dicho beneficio a todos los trabajadores a excepción del demandante, violando lo determinado por Ley 22 de 26 de octubre de 1949 por lo que era viable el pago de primas a favor del actor.
  6. El Tribunal ad quem violó el art. 2 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, ya que se olvidó calificar el pago de aguinaldo en cuanto a su pago oportuno, y dicha norma determina que el incumplimiento de pago dentro del término establecido por el Ministerio de Trabajo, este debería ser doble como sanción por el incumplimiento y como también se constituye en un derecho adquirido, hecho que no consideraron sus autoridades.
  7. Señaló que, tampoco aplicó el art. 33 del DR-LGT el Tribunal de Alzada puesto que quedaron pendiente de ejecución las vacaciones de las gestiones 2005 y 2006 del demandante y conforme las testificales a fs. 934 y 935 el demandante trabajó permanentemente en ambas empresas, por lo que espera que el Tribunal de casación determine el pago de sus vacaciones por la terminación de su contrato de trabajo.
  8. Por último, señaló que en cuanto a sus sueldos devengados por la elaboración de estados financieros a fs. 682, el art. 2 del DS N° 22274 de 01 de agosto de 1989, determina que fuera de los salarios mensuales, todo contador profesional a la elaboración de estados financieros, de acuerdo a la escala de capital de la empresa debe recibir el pago de un monto por la elaboración de estados financieros, y los cuales no consideraron el Tribunal ad quem, como tampoco observó la certificación de fs. 954 a 955 emitida por el Presidente del Colegio de Contadores, en la que determinaba que sí existe una escala de honorarios en los que figura el cobro de la elaboración de balance de apertura y estados financieros, fuera del salario percibido, tampoco observado en el Auto de Vista ahora recurrido.

II. 1 Petitorio

Concluyó solicitando a la entonces Corte Suprema de Justicia, case el Auto de Vista y deliberando en el fondo, declare probada su demanda principal, sea con costas y demás formalidades de ley.

CONSIDERANDO II:

  1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, analizando los fundamentos del recurso de casación en el fondo, con relación a las normas acusadas, se realiza las siguientes consideraciones para resolución:

Que, evidentemente el art. único de la Ley Nº 22 de 26 de octubre de 1949, de la que el recurrente arguye su aplicación errónea, establece que: “Los profesionales sean ellos abogados, médicos, ingenieros, dentistas, farmacéuticos, contadores, matronas, enfermeras, visitadoras o asistentes sociales diplomadas, procuradores y profesores o maestros que trabajen en empresas comerciales, industriales e instituciones bancarias a sueldo mensual, aunque no estén sujetos a horario continuo, gozarán de todos los beneficios acordados por las leyes sociales en favor de los trabajadores". Por su parte, el art. 1 del DS Nº 1906 de 26 de enero de 1950, que Reglamenta la indicada Ley, expresa: "Los profesionales a que se refiere el artículo único de la Ley de 26 de octubre de 1949, sin excepción, serán acreedores a los beneficios generales de desahucio, indemnización por tiempo de servicios, indemnización por accidentes de trabajo, prima anual, aguinaldo y vacaciones, de acuerdo a las leyes sociales vigentes". No obstante ello, para que los profesionales referidos sean acreedores a los beneficios sociales y derechos laborales que la normativa laboral prevé a favor de los trabajadores, será necesario establecer en primer término la existencia o inexistencia de la relación laboral, dado que, de darse la primera situación, no correspondería la aplicación de los conceptos regulados por las normas sustantivas del ámbito social, siendo distinta la situación para el segundo caso.

Así, para determinar la relación laboral, es necesario en primer término remitirnos a lo dispuesto por los arts. 1 y 2 del DS N° 23570 de 26 de julio de 1993 y art. 2 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, como normativas que expresan en forma clara los requisitos que deben concurrir para ello, a saber: a) La dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, b) Prestación de trabajo por cuenta ajena y, c) La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones; características de hecho que, deben concurrir todas juntas para establecer la existencia de la relación laboral.

También resulta evidente que, dada la naturaleza del proceso social, rige en principio, entre otras, la presunción de que acreditada la prestación de servicio o la ejecución de obra, la relación de trabajo se presume, salvo prueba en contrario, conforme se tiene previsto en el art. 182.a) del CPT, de modo que, una vez acreditada la prestación de servicio o la ejecución de la obra, corresponde a la parte demandada demostrar lo contrario a dicha presunción, si aquella fuere su posición de hecho, ello conforme además al principio de la inversión de la prueba que se encuentra comprendido en los art. 3.h), 66 y 150 del Adjetivo Laboral citado.

En este punto, es oportuno referir, cuál fue la prueba que llevó al Tribunal de Alzada, al convencimiento de que en el caso de análisis, no existió una relación laboral, porque no hayan concurrido los tres elementos característicos antes anotados; así, el Tribunal de Apelación, llegó a la convicción de que entre el demandante y las empresas demandadas, cuyas personalidades jurídicas son distintas, no existió relación laboral, al no haber existido exclusividad en la prestación de servicios, dado que por toda la prueba de descargo presentada, se ha establecido que el demandante no figuraba en planillas de pago y formularios de aportes a la AFPs, a más de haberse demostrado que prestaba sus servicios a terceras empresas, efectuando apertura de balances financieros, conforme se corroboró por las literales de fs. 400 a 417 de obrados, por lo que la prestación de servicios a las empresas demandas ha sido en calidad de Asesor Contable y cuya remuneración percibida era en la calidad de honorarios profesionales.

Bajo esos antecedentes, si bien la parte recurrente afirma que se habría efectuado una errónea valoración probatoria de las literales de fs. 1 a 2, 13 a 20, 353 a 356, 519 a 533, 635 a 675, los libros estampados sobre comprobantes de egreso (anexos), fs. 690 “E”, 690 “H”, 815 a 819, 353 a 365, 366 a 380, 81 a 307, 334, 353 a 380 y 677 a 678 de obrados, ya que a través de ellas se demostraría la relación laboral; empero, de una revisión minuciosa de las literales mencionadas, éstas demuestran sólo una prestación de servicio del demandante a favor de las empresas demandadas en calidad de Asesor Contable, así como la contraprestación que a cambio percibía el demandante, bajo la denominación de “honorarios profesionales”, sin embargo, éstas no demuestran la característica de dependencia y subordinación del demandante respecto a las Empresas Solución Logística  Global S.R.L. y Paceña S.R.L. Despachante de Aduanas, durante el tiempo de prestación de servicios señalados en su demanda, al contrario, y como se señaló en el párrafo precedente, se estableció que el demandante realizaba también trabajos para terceras empresas, efectuando apertura de balances financieros, conforme se corroboró por las literales de fs. 400 a 417 de obrados, prueba de la que nada se dijo en el recurso compulsado.

Las literales de fs. 400 a 417 son decisivas a momento de asumir la decisión por los jueces de fondo, por cuanto a través de ellas se demostró que el demandante, mientras prestaba servicios profesionales a las empresas demandadas, paralelamente también lo hacía a terceras empresas o terceros ajenos a las empresas demandadas, como ser: “INLAND S.R.L.”, “JUAN CARLOS AYOROA R”, “TORREZ ORTIZ GUZMAN TORRICO”, “CESAR ROMAY MICHEL”, “Empres Constructora TAWA”, y “CASTEL”, realizando la apertura de balances financieros, en fechas en las que supuestamente prestaba servicios en favor de las empresas demandadas, desvirtuándose de esta manera la existencia de subordinación y dependencia con las empresas demandadas, como presupuesto fundamental de una relación laboral.

Lo señalado hace concluir a éste Tribunal de Casación que, la conclusión fáctica a la que arribó el Tribunal de Alzada, fue correcta, pues es evidente que la prestación de servicios efectuada por el demandante a las empresas demandadas no constituyó sino uno de carácter profesional externo como asesor contable, en la cual no tenía relación de subordinación y dependencia, y que la remuneración percibida respondía más a la calidad de honorarios profesionales regulados por los aranceles propios del colegio profesional respectivo, y no así a una disposición de las empresas demandadas; en tal sentido, al no haber existido las características propias de la relación laboral, conforme los arts. 1.a) y 2.a) de los DDSS Nos. 23570 y 28699, se concluye que el Tribunal ad quem valoró correctamente las pruebas aportadas por las partes, conforme a la facultad conferida por los art. 3.j), 158 y 200 del CPT, en virtud a la cual no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto, puede formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, llegando acertadamente a concluir que no existió una efectiva relación laboral sujeto a las previsiones establecidas por la Leyes en materia laboral.

Cabe dejar establecido que, al haberse determinado la inexistencia de la denunciada valoración errónea de la prueba en el fallo recurrido, y por consiguiente bien establecido la inexistencia de una relación laboral entre el actor y las empresas demandadas, como condición previa para establecer la pertinencia o no de los demás conceptos reclamados como derechos laborales y beneficios sociales, éste Tribunal considera innecesario ingresar a analizar los demás reclamos específicos anotados en los puntos 4 al 7 del recurso.

Bajo esos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 1017 a 1021, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las Leyes en vigencia, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 1017 a 1021, interpuesto por Freddy Soliz Vásquez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera