TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 334

Sucre, 18  de mayo de 2015

Expediente: 356/2010-A

Demandante: Gustavo Rodolfo Vega Dencker COSIN LTDA.

Demandado: Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 451 a 455, interpuesto por Juan Carlos Peralta Chávez, en representación legal de la Compañía de Servicios Internacionales (COSIN) Ltda., contra el Auto de Vista Nº 090/2010 SSA-I de 17 de agosto (fs. 444 y vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces   Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz,(actual Tribunal Departamental de Justicia) dentro del proceso contencioso tributario seguido por Gustavo Rodolfo Vega Dencker, en su condición de gerente general y apoderado legal de COSIN Ltda., contra la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes (GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) del distrito de La Paz; la respuesta de fs. 458 a 460 vta.; el Auto que concedió el recurso de fs. 462; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del proceso.

I. 1 Sentencia.

Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, emitió Sentencia Nº 17/2008 de 27 de noviembre (fs. 382 a 398), mediante la cual anuló obrados hasta el vicio más antiguo; vale decir, hasta la Vista de Cargo Nº GLP-DF-VC-119/2007 de 16 de noviembre inclusive, cursante de fs. 978 a 981, debiendo la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, del SIN, practicar nueva determinación por conocimiento cierto de la materia imponible o en su caso explique los motivos para proceder a efectuar una determinación sobre base presunta, aplicando la norma material vigente a momento de haberse materializado el hecho generador.

I. 2.        Auto de Vista.

Interpuestos los recursos de apelación de fs. 401 a 421 de obrados, por la GRACO La Paz; y de fs. 425 a 427 vta., por Walter Alejandro Vega Dencker, en representación de COSIN Ltda., mediante Auto de Vista Nº 090/2010 de 17 de agosto, la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, anuló obrados hasta fs. 382, disponiendo que la A quo, dicte nueva Sentencia encuadrando su actuación a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil (CPC).



I. 3. Motivos del recurso de casación.

Dicho fallo, motivó el recurso de casación de fs. 451 a 455, interpuesto por Juan Carlos Peralta Chávez, en representación legal de COSIN Ltda., quien señaló lo siguiente:

Manifestó que, la resolución de segunda instancia sería lesiva a los intereses de la Empresa; por cuanto violó tanto en la forma como el fondo Leyes tributarias y procesales; y que en forma ilegal e injusta procedió a declarar la nulidad de la Sentencia, sin ningún respaldo legal y menos real, limitándose a cuestiones subjetivas en franca violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley; por lo que, al amparo del art. 250 y siguientes del CPC, acusó:

1. Que, el Auto de Vista Nº 090/2010 SSA-I, al determinar la nulidad de obrados hasta la Sentencia, contendría violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, lo que haría procedente el recurso de casación en el fondo; que el argumento equivocado por el Auto de Vista, en sentido de que “el A quo se habría apartado de la última parte del art. 190 del CPC, siendo que dicha norma establecería la absolución o condena o que sería lo mismo declarar probada o improbada la demanda, y no como la Sentencia resolvió la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo”. Por otra parte, el Auto de Vista recurrido, se  amparó, en el principio de congruencia, desarrollado en el A.S. Nº 104 de 27 de abril de 2000; “en sentido de que las resoluciones judiciales tendrían que responder a la demanda, respuesta, reconvención y excepciones opuestas; principio que se encontraría en el art. 190 del CPC, siendo que si el juzgador se apartase de ese marco jurídico, nos encontraríamos frente a Sentencias ultra, extra o citra petita…”; por lo que, la Sentencia al haberse apartado de normas procesales estaría viciada de nulidad”.

Manifestando que, los arts. 190, 192 y 193, no señalan en ninguna parte, que el juzgador no pueda anular obrados, cuando se evidenció vicios procesales, señalando al efecto el párrafo I del art. 90 del CPC; es más, no establece el principio de congruencia, conforme se podría observar de la transcripción efectuada por el recurrente y el Auto de Vista de los arts. 190, 191, 192 y 193 del CPC, normas en las que, no se observa que la forma de resolución emitida por el juez a quo, vaya en contra del ordenamiento jurídico vigente, por el contrario respalda el hecho de que se  realizo una adecuada valoración de los antecedentes del proceso para determinar de oficio la nulidad, frente a la existencia de vicios procesales, aspecto que además se  solicitó en la demanda.

Por ello, la Sentencia, al disponer la nulidad como emergencia de la existencia de un acto administrativo tributario, que nació muerto a la vida del derecho, por cuanto la Administración Tributaria (AT) realizó una aplicación incorrecta de las normas tributarias, al haber realizado el trabajo sobre base presunta, cuando en realidad debió efectuar sobre base cierta y haber aplicado retroactivamente la Ley Nº 2492, negando el ofrecimiento de prueba y la errada notificación con la RD; siendo que, el acto administrativo tiene que satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma, la inexistencia de los elementos esenciales o incumplimiento total o parcial, constituiría vicios del acto administrativo, y que de acuerdo al orden jurídico afecta su perfeccionamiento del acto, impidiendo la ejecución del mismo; por lo que corresponde la nulidad del acto conforme el art. 35 de la Ley del Procedimiento Administrativo; en el caso presente la Sentencia, aplicó retroactivamente la Ley, viciando el proceso de determinación; en ese sentido el Juez puede declarar probada, probada en parte o improbada la demanda y también puede dentro de sus facultades determinar la nulidad de obrados ante la existencia de vicios procesales.

Manifestó finalmente que, el Tribunal Ad quem, al anular la Sentencia no tomó en cuenta las consideraciones efectuadas, sin fundamento ni norma legal que determine esta forma de actuación de los jueces de primera instancia, máxime cuando se ha solicitado la nulidad en la demanda contenciosa tributaria.              

I. 4. Petitorio.

Solicitó casar el Auto de Vista recurrido y fallando en lo principal del litigio confirme la Sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo.

CONSIDERANDO II.

II. Fundamentos jurídicos del fallo.

Que, así formulado el recurso de casación por la parte demandante, de la revisión de los antecedentes del proceso, la normativa aplicable al caso en relación a la controversia traída ante éste alto Tribunal de Justicia ordinaria, se ingresa a resolver conforme sigue:

Bajo ese contexto corresponde referir que el art. 190 del adjetivo civil dispone que: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado”.

De igual forma el art. 192. 3) del mismo cuerpo legal establece que la Sentencia contendrá “decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente”.

Por otra parte, el art. 90 del CPC, en relación al cumplimiento de las normas establece: “I. Las norma procesales son de orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley. II. Las estipulaciones contrarias a este artículo serán nulas “ 

Estas disposiciones normativas, deben ser aplicadas por los jueces de instancia, así como por los Tribunales de Alzada, quienes deben resolver de la misma manera, ajustando su resolución y decidiendo la controversia en función del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la Sentencia y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del mismo cuerpo legal.

En la especie, el Tribunal de Apelación sin entrar a considerar el fondo del asunto, conforme se apeló a fs. 401 a 421, en función del art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), de oficio declaró la nulidad de obrados hasta fs. 382, disponiendo que la A quo, dicte nueva Sentencia encuadrando su actuación a las normas contenidas en el CPC, nulidad de oficio que también está prevista en el art. 17. III de la LOJ, norma en actual vigencia.        

Ahora bien, en el caso concreto y haciendo un análisis minucioso del Auto de Vista recurrido, se advierte que el Tribunal de apelación anuló obrados hasta fs. 382, disponiendo que la A quo, dicte nueva Sentencia encuadrando su actuación a las normas contenidas en el CPC, bajo el fundamento correcto de que las sentencias deben ser absolutorias o condenatorias al demandado; es decir, deben declararse en la misma probada o improbada la demanda; pero de ninguna manera el Juez a quo, debió declarar de hecho la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; vale decir, hasta la Vista de Cargo Nº GLP-DF-VC-119/2007 de 16 de noviembre de 2007 inclusive, disponiendo que la GRACO La Paz, del SIN, practique nueva determinación por conocimiento cierto de la materia imponible o en su caso explique los motivos para proceder a efectuar una determinación sobre base presunta.

Sobre éste particular, conviene precisar que si el juez a quo consideraba que tal decisión resultaba útil, debió asumirla a consecuencia y como efecto jurídico de la parte de decisum o de la parte dispositiva del fallo; es decir, como efecto de la declaratoria de probada la demanda fs. 248 a 281 de obrados; determinación fuera de lugar al margen de todo procedimiento dispuesto en las normas procesales como establecen los arts. 190 y 192. III del CPC; por lo que, el Tribunal de Alzada, al determinar la nulidad de obrados, obró correcta y acertadamente, en apego de las normas procesales vigentes, sin vulnerar norma legal alguna; por el contrario, concluyó que el A quo vulneró normas de orden público como las señaladas y que son de cumplimiento obligatorio, conforme establece el art. 90 del código adjetivo civil.

Bajo ese entendimiento jurídico, corresponde tener presente que en ejercicio de la facultad conferida en el art. 15 de la LOJ, norma abrogada por la Ley 025 de 24 de junio de 2010, que también dispone la nulidad de oficio en el art. 17. I y III de la referida Ley, en sentido de que, los Tribunales tienen la facultad de revisar de oficio, las actuaciones procesales a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y Leyes que regulan su correcta tramitación y conclusión, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de oficio, conforme al art. 237 del CPC.

Por lo relacionado, corresponde resolver el recurso de casación, en la forma prevista por los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma permisiva contenida en el numeral 2 del art. 74 del Código Tributario (CT) Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 451 a 455, interpuesto por Juan Carlos Peralta Chávez, en representación legal de la Compañía de Servicios Internacionales COSIN Ltda.; con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera