TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 333

Sucre, 18 de mayo de 2015

Expediente: 46/2015-S

Demandante: Zulma Ríos Callisaya

Demandado: Octavio Bladimir Morales Fuentes

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 379 a 387, interpuesto por Octavio Bladimir Morales Fuentes, contra el Auto de Vista Nº 110/2014 de 02 de junio, de fs. 368 a 370 y contra el Auto Complementario Nº 393/2014 de 08 de septiembre, de fs. 376, pronunciados por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social que por pago de beneficios sociales y derechos laborales sigue Zulma Ríos Callisaya, contra el recurrente; la respuesta de fs. 390 a 391; el Auto a fs. 392, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia.

Que, tramitado el proceso social de referencia, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió Sentencia Nº 186/2013 de 16 de septiembre, cursante de fs. 144 a 149, por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 3 a 4, aclarada, ampliada y subsanada de fs. 8 a 9 de obrados, y probada en parte la excepción perentoria de prescripción opuesta por memorial de fs. 15 a 17, ordenando a la parte demandada, cancelar a favor de la actora, por concepto indemnización, aguinaldo, vacación, bono de antigüedad, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia más la multa del 30% prevista en el DS Nº 28699, la suma total de Bs.27.819,49.-(Veintisiete mil ochocientos diecinueve 49/100 bolivianos), monto que en ejecución de fallos, deberá ser actualizado conforme prevé el art. 9 del DS Nº 28699. Conforme al detalle expuesto en dicho fallo.

I. 2. Auto de Vista.

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado (fs. 154 a 160 vta.), así como la adhesión al recurso de apelación por la parte demandante (fs. 166 a 167 vta.), mediante Auto de Vista Nº 110/2014 de 02 de junio de fs. 368 a 370, y Auto Complementario Nº 393/2014 de 08 de septiembre, de fs. 376, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia Nº 186/2013 de 16 de septiembre, de fs. 144 a 149 de obrados.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION

Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 379 a 387, interpuesto por la parte demandada, del que se extrae como fundamentos, lo siguiente:

II.1. En el fondo.

i) Acusó errónea interpretación y aplicación indebida del art. 2 de la Ley de 1944 que regula el pago del aguinaldo de navidad, por cuanto, antes a que se cumpla el plazo para el pago del aguinaldo por duodécimas de la gestión 2012 (20/12/2012), la actora presentó su demanda laboral (14/11/2012) en la cual ya solicitó el pago doble del mencionado derecho, de modo que, obligar al pago doble antes del vencimiento del plazo establecido por norma, significaría aplicar retroactivamente la Ley.

Refirió también que, no corresponde aplicar al caso de autos el art. 2 de la Ley de 1944, cuando dicha sanción está determinado para empleados o trabajadores en servicio, además que su pago debe ser por duodécimas y no aguinaldo completo, como da a entender el fallo recurrido.

ii) Acusó también que, el fallo recurrido violó el art. 46.I.1) de la Constitución Política del Estado (CPE), en cuanto establece que toda persona tiene derecho a un salario equitativo, así como también violó e interpretó erróneamente los arts. 46 y 52 de la Ley General del Trabajo (LGT), en tanto refieren a la jornada de trabajo y la remuneración; ya que se demostró que la actora no puede percibir un bono de antigüedad en el 100% del salario mínimo nacional, conforme fue dispuesto por los de instancia, cuando su jornada laboral fue a medio tiempo y con un salario de Bs.500,00.- mensual, razonando en sentido que, la calificación del bono de antigüedad debe ser acorde al salario y a la jornada laboral.

Refirió también que, existe interpretación errónea del DS Nº 21060, disposiciones abrogatorias y derogatorias del DS Nº 0110 de 1 de mayo de 2009, en vista que, tanto la CPE como una Ley, son jerárquicamente superiores a un Decreto Supremo, ello en cuanto se afirma que el DS Nº 21060 no establecería salvedad alguna para el pago del 50% del salario mínimo para trabajos en jornada a medio tiempo.

iii) Bajo la misma fundamentación expuesta en el punto precedente, acusando también los mismos dispositivos anotados ut supra, a los que agrega el art. 25. c) de la Ley Nº 935, el recurrente sostiene la improcedencia del reconocimiento del subsidio de lactancia en el 100% a la actora, en el entendido que su jornada laboral fue a medio tiempo y por un salario mensual de Bs.500,00.-, cuando su percepción debe ser acorde al salario y a la jornada de trabajo prestado por la trabajadora demandante, en cuya razón corresponde sólo el reconocimiento del 50% del salario percibido por la actora.

iv) Refirió que, no corresponde el pago de la multa del 30% dispuesta por el Tribunal de Alzada, al haber existido retiro voluntario de la actora a su fuente laboral y no existir un plazo para el pago de los beneficios sociales en los 15 días; más cuando la Sentencia reconoció que la actora no está comprendida en una empresa productiva como establece el DS Nº 23474 de 20 de abril de 1993.

v) Anotó que, en correcta aplicación del art. 9.I del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, no corresponde la actualización en el caso concreto, dado que la trabajadora se retiró voluntariamente además que no existió finiquito alguno, conforme exige dicha norma, cuando dicha norma establece que es aplicable la actualización ante el incumplimiento en el pago del finiquito correspondiente a salarios devengados y otros beneficios, exigencia ultima que no sucedió en el caso, por cuanto no existió finiquito alguno.

II.2. En la forma.

Que, la Sentencia no dio cumplimiento a lo dispuesto por los incisos a) y b) del art. 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al no haberse mencionado en dicha resolución, al Auto de apertura del término de prueba  cursante a fs. 41 de obrados y en el que se fijan los puntos de hecho a probar; así también, en la liquidación a la que refiere la misma Sentencia, tampoco se mencionan todos los conceptos a que se refiere el auto extrañado, por lo que, al no haberse dado cumplimiento estricto a lo que dispone el art. 202 del CPT, se incurrió en nulidad.

II.3. Petitorio.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al fondo, se case el Auto de Vista recurrido y se determine declarar improbada la demanda en cuanto a cada uno de los conceptos referidos en casación; En cuanto al recurso de casación en la forma, solicitó anular obrados, hasta el vicio más antiguo, o sea hasta fs. 144 de obrados inclusive, de conformidad al art. 271. 3) del CPC, disponiendo que el Juez de la causa dicte una nueva Sentencia.

CONSIDERANDO II:

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso de casación en ambos efectos, de la revisión de los antecedentes que informan la causa, así como la consideración de las disposiciones legales que hacen a la materia, se tiene:

II.1. Resolviendo el recurso de casación en la forma:

El reclamo se concentra en la probable existencia de vicios de procedimiento, más concretamente, a la carencia de elementos de contenido necesarios en la Sentencia, que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 202 del CPT, conllevaría la nulidad de la resolución de primera instancia; cuestión primera que, corresponde a éste Tribunal de Casación resolver, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen.

Partimos así el análisis señalando que, para efectos de la aplicación del instituto de la nulidad procesal, deben observarse varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley (art. 251 CPC); el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir, "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y; finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante.

En la causa que se examina, si bien resulta evidente que la resolución de primera instancia no especifica de manera expresa y con claridad los puntos materia de la controversia que se encuentran contenidos en el Auto de relación procesal cursante a fs. 41 de obrados, conforme se tiene establecido en el art. 202.a) del CPT, empero, no es menos evidente que la Sentencia realizó una clara exposición de los antecedentes que hacen a la acción intentada y la respuesta íntegra de la parte demandada respecto a los beneficios sociales y  derechos laborales pretendidos por la parte actora, de los cuales se deduce los puntos en controversia y que sirven de base para la actividad probatoria de cada una de las partes del proceso; por lo que, se concluye que dicho fallo del Juez A quo, cumple con la previsiones del art. 202 del Adjetivo Laboral, concordante con los arts. 190 y 192 del CPC, pues contiene decisiones expresas, positivas y precisas, indicando en la parte resolutiva del fallo, de manera clara la decisión adoptada respecto a todos y cada uno de los conceptos que fueron demandados por la trabajadora demandante, de modo que, no amerita disponer la nulidad de obrados, conforme correctamente también lo entendió y fundamento el Auto de Vista recurrido de casación.

De la lectura del recurso de casación en la forma, éste Tribunal no advierte la existencia de razón jurídica suficiente que amerite la nulidad de obrados impetrada, más allá de la simple exigencia del cumplimiento de una mera formalidad, pues como se explicó precedentemente, para disponer la nulidad de obrados, es necesario, además de los restantes principios, la necesidad de que la medida impetrada, tenga relevancia en razón a precautelar algún derecho fundamental de la parte agraviada, es decir, que aún la existencia del vicio, éste debe ser de tal magnitud que vulnera un derecho en concreto, como es el derecho a la defensa, y que sólo disponiendo la nulidad de obrados sería posible su reparación, situación que, evidentemente en el caso de autos no concurre.

Por lo anotado, y no siendo evidente el vicio denunciado por la parte recurrente, éste Tribunal de Casación encuentra infundado el reclamo expuesto por la parte demandada en el recurso de casación en la forma ahora examinado.

II.2. Resolviendo el recurso de casación en el fondo:

i) En cuanto al pago por duodécimas doble del aguinaldo correspondiente a la gestión 2012; cuyo reclamo en principio está fundado en el hecho que, al momento de la presentación de la demanda laboral de la actora (14/11/2012) aún no se había cumplido con el plazo señalado en el art. 2 de la Ley de 1944 (20 de diciembre), criterio bajo el cual, no correspondía se condene al pago doble por tal derecho laboral.

Al respecto, el art. 1 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, en relación al pago del aguinaldo, establece que tal derecho debe ser cancelado por el empleador antes del 25 de diciembre de cada año, y, según prevé el art. 2 de la misma Ley, su incumplimiento en el pago oportuno es penado con el pago del doble del monto que debió cancelarse.

Así, si bien en el caso de examen es evidente que la trabajadora actora interpusiera su demanda de pago de beneficios sociales y derechos laborales, entre los que se encontraba el aguinaldo por la gestión 2012, antes del periodo anotado legalmente (25 de diciembre), empero, la Sentencia de primera instancia, que condenó su pago doble, fue emitida el 16 de septiembre de 2013, fecha hasta la cual la parte empleadora no realizó pago alguno al respecto, cuando tenía la obligación de cumplir con el pago de dicho derecho hasta el 25 de diciembre de 2012, pues si bien la causa se encontraba en trámite, pudo haber realizado el depósito por tal concepto, tanto en cuentas del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, o alternativamente un depósito judicial, para que de esa manera, se pruebe el pago dentro del término de Ley, y consecuentemente se libere de la aplicación del pago doble al que sanciona la misma Ley del Aguinaldo.

Debe quedar establecido que, no tiene mayor relevancia que la actora haya incluido dentro de su demanda el pago doble del aguinaldo, pues ello sólo reflejaba una pretensión, sin embargo, la decisión del Juez para con respecto al derecho en cuestión, fue emitido ocho meses después de haberse vencido el plazo legal; bajo cuyo razonamiento, se encuentra correcta la decisión establecida por los jueces de fondo al respecto, no encontrándose cierta la acusada interpretación y aplicación indebida del art. 2 de la Ley de 1944 que regula el pago del aguinaldo de navidad, como erróneamente sostiene el recurrente.

Por otra parte, en cuanto a la acusación de que no correspondería aplicar al caso de autos el art. 2 de la Ley de 1944, cuando dicha sanción estaría determinado para empleados o trabajadores en servicio, además que su pago debe ser por duodécimas y no aguinaldo completo, como daría a entender el fallo recurrido; cabe expresar que, en cuanto a la primera apreciación, ella resulta errada, por cuanto la normativa que regula el derecho al pago del aguinaldo, de ninguna manera establece que la aplicación de la sanción del pago doble sólo sería aplicable a favor de empleados o trabajadores en servicio, es más, la norma referida establece como obligación de pago del mismo a toda empresa comercial, industrial o cualquier otro negocio; es más, la Ley de 22 de noviembre de 1950, que interpreta la Ley del aguinaldo original, reconoce el derecho al aguinaldo, a empleados y obreros, sin exclusión; de modo que lo resuelto por el fallo recurrido se encuentra correcto y apegado a derecho.

En cuanto a la acusación de que el fallo habría dispuesto un pago completo del aguinaldo y no así por duodécimas como correspondería, cabe referir que la liquidación contenida en la Sentencia de primera instancia refleja el pago por duodécimas, y no así pago completo del mismo como pretensiosamente asume el recurrente, ello se deduce del hecho que, el sueldo promedio indemnizable es de Bs.500,00.-, que dividido entre doce meses hace Bs.41,66.- (por mes), el que multiplicado por 9 (meses), hace la suma de Bs.374,94.-, que multiplicado por dos (pago doble), es el monto de Bs.749,88.-, que responde, con la diferencia en 10 centavos en razón a los decimales, a lo condenado por los jueces de fondo; por lo que, lo resuelto en el fallo recurrido así como la Sentencia de primera instancia, en cuanto al derecho laboral en cuestión, se encuentra correcto, no existiendo razón ni fundamento válido que permita a ésta Tribunal casar el Auto de Vista recurrido, como se pretende por la parte recurrente.

ii) y iii) En relación al reconocimiento del derecho al bono de antigüedad y el subsidio de lactancia; como conceptos otorgados por los jueces de grado y rebatidos por el recurrente, en ambos casos bajo el razonamiento que, la jornada laboral de la actora fue de medio tiempo, conforme quedó establecido en los fallos de instancia, por lo que, acorde con el salario y la jornada laboral, sólo correspondería reconocer el pago de ambos conceptos, en el 50% de lo establecido legalmente.

Cabe señalar que, el bono de antigüedad consiste en una remuneración de carácter adicional al sueldo o salario que se encuentra supeditado al tiempo de servicios prestados por el trabajador al empleador, así el art. 60 el DS Nº 21060, establece la escala única del bono de antigüedad aplicable a todos los sectores laborales, haciéndose efectivo el pago de este concepto a aquellos trabajadores que hubieran cumplido un mínimo de dos años ininterrumpidos de trabajo a favor de un empleador.

Asimismo, el art. 13 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, establece que la base de cálculo del bono de antigüedad es sobre el salario mínimo nacional mensual, y aunque posteriormente, el poder Ejecutivo dispuso la ampliación de la base de cálculo del bono de antigüedad, de un salario mínimo a tres salarios mínimos nacionales para los trabajadores de las Empresas productivas del sector público y privado, conforme al DS Nº 23474 de 20 de abril de 1993, en igual forma como se procedió con las empresas públicas no financieras, conforme los arts. 1 y 2 del DS Nº 26450 de 18 de diciembre de 2001; sin embargo, tal normativa no establece como excepción la casuística traída ante este Tribunal, en sentido que se tenga otra base para el cálculo del bono de antigüedad, pues, como se señaló por el fallo recurrido, la norma es clara cuando refiere que el bono de antigüedad será calculado sobre un salario mínimo nacional, no estableciendo otra base; razón por la cual la decisión asumida por las autoridades que emitieron el fallo ahora recurrido, se encuentra correcta, máxime cuando ésta área social del derecho establece principios en base a los cuales se debe proceder a interpretar la normativa social, siendo uno de ellos y aplicable a la casuística, el principio de “in dubio pro operario”, que guía en sentido que, cuando exista duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador, el mismo que reforzado por el principio protector e intervencionista del Estado, que manda proteger los derechos de los trabajadores, todos contenidos en el art. 48 de la CPE y art. 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, hace correcta la decisión asumida por los jueces de fondo al respecto.

De modo que, frente a la disyuntiva que existe, en relación a que sí el bono de antigüedad debe ser calculado sobre el 50% o sobre el 100% del salario mínimo nacional, corresponde aplicar en el caso de autos, la interpretación más favorable a la trabajadora, es decir, el cálculo del bono de antigüedad sobre la base de un salario mínimo nacional, como establece la norma, como correcta y acertadamente determinaron los de instancia; por lo que, no se advierte que sea cierta la denuncia de violación del art. 46. I. 1) de la CPE, en cuanto se refiere al derecho a un salario equitativo, así como tampoco se encuentra cierta la denuncia de violación e interpretación errónea de los arts. 46 y 52 de la LGT, en tanto refieren a la jornada de trabajo y la remuneración; tampoco se encuentra cierta la acusada interpretación errónea del DS Nº 21060 y las disposiciones abrogatorias y derogatorias del DS Nº 0110 de 1 de mayo de 2009, máxime cuando al respecto no se tiene expresado un razonamiento jurídico que permita siquiera analizar ello.

Debe quedar establecido, en relación al DS Nº 110 de 01 de mayo de 2009, que según el recurrente habría dejado sin efecto toda clase de bonos, que dicha apreciación resulta totalmente errada, puesto que el objeto de dicha norma es regular la estabilidad laboral y su interpretación al respecto, garantizando de tal manera, que cuando se afecta el mencionado derecho, y ante la aceptación del trabajador de tal medida, se garantice también el pago de la indemnización por tiempo de servicios; de modo que, la norma analizada, no refiere en ninguna parte del texto completo, menos en sus disposiciones abrogatorias y derogatorias, que todos los bonos habrían sido dejados sin efecto, como erradamente manifiesta el recurrente; por lo que, la normativa mencionada, por supuesto, no fue aplicada por el Ad quem y en consecuencia menos puede ser cuestionada como mal o erróneamente aplicada, como se afirma en el recurso examinado.

En cuanto al subsidio de lactancia, éste Tribunal tiene el mismo razonamiento expuesto para el bono de antigüedad, por cuanto es claro que el art. 25 del DS Nº 21637 de 25 de junio de 1987, -que modificó el art. 101 del Código de Seguridad Social (CSS), además del art. 227 del Reglamento al Código de Seguridad Social (RCSS)-, señala: “Que a partir de la vigencia del presente Decreto, se reconocerán las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado: a) Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad. b) Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. c) Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. d) Subsidio de SEPELIO, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a un salario mínimo nacional. Las Cajas de Salud serán las encargadas de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones”.

Por su parte, el art. 2 del CSS, dispone: “La aplicación de las normas de seguridad social, se efectuará mediante este Código constituido por el Seguro Social Obligatorio, las Asignaciones Familiares y sus disposiciones especiales que tienen carácter obligatorio para todas las personas e instituciones comprendidas en el campo de aplicación del presente Código”.

En ese mismo entendimiento, el art. 45. III de la  Constitución Política del Estado (CPE), en relación al derecho a la salud y a la seguridad social, dispone: “El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riegos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda y asignaciones familiares y otras previsiones sociales”.  

Finalmente el art. 48. III de la CPE, dispone: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias que tiendan a burlas sus efectos”.

Del contenido de las normas mencionadas se colige que, en protección del derecho del menor, el pago de la lactancia se encuentra establecido sobre un salario mínimo nacional, y no se establece ningún parámetro distinto como es el caso que deba establecerse en el 50% sobre el salario mínimo nacional, cuando la trabajadora o el trabajador preste sus servicios a medio tiempo, como pretende erradamente el recurrente.

Es importante tomar en cuenta el principio de integralidad o suficiencia de las prestaciones o asignaciones familiares, que rige en el ámbito de la seguridad social, que rige también en la doctrina contemporánea, es así que el art. 45. II de la CPE, establece el principio de integralidad, entendida como la garantía que el Estado debe prestar hacia los beneficiarios con las prestaciones familiares suficientemente capaces para resolver los riesgos, las contingencias y las necesidades inherentes a la vida de los beneficiarios; así durante el siglo XX, el principio de la suficiencia o integralidad comprendió los seguros sociales (pensiones, salud, accidentes, enfermedades profesionales, promoción de empleo y asignaciones familiares); la asistencia social para sectores desprotegidos, y los seguros voluntarios ajustables al costo de vida. La suficiencia o integralidad radicaría entonces en que las prestaciones deberían de cubrir los requerimientos básicos para vivir, entendiéndose la asistencia social como una obligación del Estado, siendo que todo ser humano, mucho más tratándose de niños o menores de edad que son fácilmente vulnerables a la vida y a la salud, no deben ser desprotegidos en sus derechos; bajo esos antecedentes, la asignación familiar del subsidio de lactancia, debe ser cancelado y atendido en su integralidad en relación a su seguridad social, vale decir, en el 100% de su derecho reclamado, siendo que el subsidio de lactancia como derecho no debe ni puede ser cubierto en desmedro de la vida, con una prestación a medias o al 50%, como erradamente pretende la parte recurrente.

A mayor abundamiento, podemos decir que el derecho a la seguridad social, debe proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad y para tal efecto, el Estado debe garantizar el acceso a los bienes y servicios mínimamente necesarios para una vida digna; por ello, es una obligación del Estado, asegurar que todas las personas que habitan nuestro territorio estén protegidas contra los riegos que la propia sociedad genera, asegurándoles una prestación digna, completa, universal e integral.

Bajo ese entendimiento, se concluye que el Tribunal de Azada al confirmar la Sentencia de primer grado, determinó correctamente que el subsidio de lactancia a favor de la trabajadora sea reconocido y cancelado en el 100% sobre el salario mínimo nacional, en consecuencia, la resolución recurrida, no vulneró norma legal alguna, menos interpretó erróneamente los arts. 46. I y 52 de la LGT, referidos a los institutos jurídicos del salario y las remuneración que percibe el trabajador; mucho menos violó el art. 25. c) de la Ley 935, norma que además, resulta inexistente en el sistema jurídico boliviano. 

iv) y v) En cuanto a la multa del 30% y la actualización establecido en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; cuya decisión de los jueces de fondo se encuentra cuestionada por la parte recurrente, en sentido que no correspondería la misma por que el trabajador se habría retirado voluntariamente de su fuente laboral, además que la actora no estaría comprendida en una empresa productiva.

Corresponde al respecto anotar que, el art. 9 del DS Nº 28699 de 01 de mayo de 2006, en relación al pago de la multa del 30% y la actualización de los derechos laborales y beneficios sociales, establece: I. “En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. Mientras que el parágrafo II prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento e valor” (sic).

En este contexto, es preciso aclarar que esta norma respecto a las formas de conclusión de la relación obrero patronal sobre las que debería aplicarse la multa del 30%, causó un sin fin de confusiones, principalmente en los empleadores, quienes inicialmente interpretaron que esta prerrogativa correspondía aplicarse únicamente en caso de despido intempestivo -sin causa justificada,  más no cuando ocurría un retiro indirecto, voluntario o conclusión de contrato, apreciación que resultaba indebida, porque el citado art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de conclusión de la relación laboral de las trabajadoras o de los trabajadores; es decir, no hace excepción en caso de un despido indirecto o directo, u otra forma de conclusión de contrato.

Es más, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en uso de su facultades y atribuciones conferidas por ley, emitió la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, estableciendo que la multa del 30 %, también procede en los casos de retiro voluntario, cuyo art. 1º previó: “(RETIRO VOLUNTARIO). I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por  el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de fomento a la Vivienda-UFVs, más la multa del treinta por ciento (30%) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”.

Del análisis efectuado de la normativa antes mencionada, se puede concluir que la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario; es decir, cualquiera haya sido la forma de desvinculación laboral.   

En el caso presente, se evidencia que la finalización de la relación laboral se produjo el 30 de septiembre de 2012, por renuncia voluntaria de la trabajadora, conforme se puede evidenciar por el acta de renuncia de fs. 60, además de la demanda interpuesta por la actora, en la que de igual manera señaló que trabajó hasta el 30 de septiembre de 2012, aspecto que el propio demandado hoy recurrente, también ratificó que la ruptura voluntaria se ha producido en dicha fecha; siendo así, el recurrente, estaba en la obligación de cancelar todos los beneficios y derechos laborales hasta el 15 de octubre de 2012, fecha en la que se materializó la desvinculación laboral, además en plena vigencia de la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009; por lo que, resulta aplicable al caso de Autos dicha normativa; por cuanto, el demandante hoy recurrente, como ya dijimos, tenía la ineludible obligación de cancelar sus beneficios sociales en el término anotado legalmente, y al no haber cumplido con dicha obligación, se hace pasible al pago de la multa del 30% por el retraso en el pago de sus beneficios sociales, a lo que debe agregarse que el pago debe ser con la actualización correspondiente en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, conforme de manera expresa anota la norma en cuestión.

Por lo, se concluye que lo resuelto por el Tribunal de Apelación y el Juez A quo respecto a la multa del 30% y la actualización correspondiente, resulta correcto y en apego a la norma vigente, no existiendo vulneración normativa o errónea interpretación al respecto, como equivocadamente se asume por la parte recurrente; siendo irrelevante afirmar que no corresponderían ambos aspectos, al haberse establecido que la trabajadora no estaba comprendida en una empresa productiva como establecería el DS Nº 23474 de 20 de abril de 1993, cuando tal norma nada tiene que ver con la multa del 30% y la actualización de los beneficios y derechos laborales reclamados, siendo impertinente su cita al respecto; así como también resulta impertinente afirmar que no correspondería la actualización dispuesta por la norma referida, debido a que no se habría elaborado el finiquito.

Bajo esos fundamentos, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma como en el fondo de fs. 379 a 387, encontrándose en contrario, que el Auto de Vista recurrido se ajusta a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna; por lo que, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa Y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Le del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 379 a 387 interpuesto por la parte demandada Octavio Bladimir Morales Fuentes, contra el Auto de Vista Nº 110/2014 de 02 de junio, de fs. 368 a 370 y contra el Auto Complementario Nº 393/2014 de 08 de septiembre, de fs. 376, pronunciados por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en la suma de Bs.500,00.- que mandará pagar el Tribunal a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera