TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 331

Sucre, 18 de mayo de 2015

Expediente: 051/2015-S

Demandante: Mirta Amalia Justiniano Grillo

Demandado: Servicio Departamental de Caminos Tarija

Distrito        : Tarija

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 195 a 200, interpuesto por Julio Ramiro Saniz Balderrama en representación de Servicio Departamental de Caminos Tarija (SEDECA), contra el Auto de Vista Nº 03/2015 de 7 de enero (fs. 188 a 191 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales y derechos laborales, sigue Mirta Amalia Justiniano Grillo contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 202 y vta. que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1 Sentencia

Que, tramitado el proceso de referencia, el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Tarija, emitió la Sentencia de 1 de agosto de 2011 (fs. 152 a 156), declarando probada en parte la demanda de fs. 18 a 21, aclarada a fs. 24, sin costas. Disponiendo que el SEDECA Tarija, a través de su representante legal, cancele a la actora por concepto de beneficios sociales y derechos laborales, la suma de Bs. 14.191,66.- (catorce mil ciento noventa y uno 66/100 bolivianos) de acuerdo a la liquidación efectuada en la parte resolutiva.

I.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por el representante de SEDECA Tarija, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista Nº 03/2015 de 7 de enero, cursante de fs. 188 a 191 vta., confirmó parcialmente la Sentencia apelada, sin costas, disponiendo que del monto establecido en primera instancia, de Bs.14.191.66.-, se reduzca el monto de Bs.2.583,33.-, que corresponden al pago a cuenta de beneficios sociales efectuado por la entidad demanda a favor de la actora, estableciendo como nuevo monto total a pagar, la suma de Bs.11.608,39.-, más la multa del 30% dispuesto por el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra la resolución de segundo grado, Julio Ramiro Saniz Balderrama en representación del SEDECA Tarija, por memorial de fs. 195 a 200 vta., formula recurso de casación en el fondo y en la forma, en virtud a los siguientes argumentos:

II.1 Recurso de casación en el fondo

Denuncia, que el Auto de Vista y la Sentencia de primer grado incurren en error de hecho en la apreciación de la prueba, al no haber valorado correctamente la documentación presentada en calidad de prueba por el SEDECA, referida al contrato de trabajo a través del cual se demuestra que la relación laboral con la actora se inició el 14 de diciembre de 2009 y no el 7 de septiembre de 2009 como erróneamente refieren los de instancia; por otro lado, señala que la ruptura de la relación laboral se debió al incumplimiento del contrato de trabajo por parte de la demandante a raíz de la inasistencia injustificada al proyecto donde trabajaba, tal como evidencian los informes evacuados por los encargados del proyecto; agrega además, que existe prueba documental donde consta que la demandante no pudo ser encontrada al faltar a su fuente laboral por más de 14 días, de ahí que, el memorándum de agradecimiento de servicios recién se le entrego el 15 de junio de 2010, lo que demostraría  que la quincena de junio no cumplió funciones al no existir registro de su asistencia.

Indica que, el Auto de Vista no aplicó la normativa laboral vigente en relación a las causales de despido justificado, tomando en cuenta, que de acuerdo a la establecido en la cláusula sexta del contrato de trabajo, el faltar a su fuente de trabajo se considera incumplimiento parcial del convenio o contrato que se enmarca en las causales establecidas en el art. 16.d) y e) de la LGT y  art. 9.d) y e) del  Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), de ahí que, no corresponde condenar a SEDECA con el pago de indemnización y desahucio, por estar justificado su despido.

II.2 Recurso de casación en la forma

Denuncia lesión a la garantía constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa, al considerar la existencia de notoria contradicción entre las determinaciones de los vocales firmantes del Auto de Vista recurrido, en relación al inc. 1 del Considerando y la parte resolutiva que dispone pagar la suma de Bs. 9.000.- por desahucio.

II.3 Petitorio

Concluyó solicitando se case el Auto de Vista recurrido, y en su mérito se declare improbada en todas sus partes la demanda principal.

CONSIDERANDO II:

II.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que a mérito de estos antecedentes, revisado el contenido del recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde resolverlo partiendo de las siguientes consideraciones:

II.1.1 En cuanto al recurso de casación en la forma

La entidad recurrente denuncia  lesión a la garantía constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa, al considerar la existencia de notoria contradicción entre las determinaciones de los Vocales firmantes del Auto de Vista recurrido, en relación al inc. 1 del Considerando y la parte resolutiva. En ese entendido, para efectos de verificar si la denuncia resulta evidente, corresponde establecer que la congruencia en el proceso según el profesor Manuel Serra, se considera como “la falta de adecuación entre la pretensión de las partes y la parte dispositiva de la resolución judicial”. Sin embargo, también se identifica la incongruencia interna en la estructura de la resolución cuando existe contradicción entre la parte considerativa y la parte dispositiva, teniendo como efecto la nulidad procesal. En el marco de lo referido, de la revisión del contenido del Auto de Vista, especialmente del inc. 1) del Considerando IV, se establece que los Vocales suscriptores del mismo efectuando una transcripción del memorándum de agradecimiento de servicios a la trabajadora, concluyen que no existe incumplimiento parcial del contrato para un despido intempestivo, al cual lo consideran injustificado, tomando en cuenta que por los días de inasistencia de la trabajadora a su fuente de trabajo ocurridas el 06, 10 y 11 de mayo de 2010, se efectuó el descuento de tres días del haber mensual de la trabajadora, concluyendo que el despido por estas faltas, significaría una doble sanción y afectaría el derecho a la defensa de la trabajadora al no habérsele instaurado un proceso interno previo, de ahí que, encuentran justificado el pago del desahucio a la trabajadora, consideraciones que son plasmadas en la parte dispositiva con el detalle del monto a pagarse por este concepto. Por lo manifestado, queda demostrada la inexistencia de la supuesta contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva del auto de vista recurrido.

II.1.2 En cuanto al recurso de casación en el fondo

Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, se colige que reclamo central está referido a determinar si el Tribunal de apelación al confirmar parcialmente la sentencia que declara probada en parte la demanda, incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba, así como errónea aplicación de los incs. d) y e) del art. 16 de la LGT, incs. d) y e) del art. 9 del DR-LGT, y la cláusula sexta del contrato, al concluir que trataría de un despido injustificado de la trabajadora y por consiguiente le corresponde el pago de sus beneficios sociales.   

Identificada la controversia, corresponde el análisis  y consideración del recurso, partiendo de los  siguientes criterios constitucionales y legales:

El art. 48.I.II de la CPE, establecen que “las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”.

Por su parte el art. 49.III de la CPE, dispone: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes.”

El art. 158 del CPT establece: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes (…)”.

Bajo el contexto legal señalado ut supra, en el caso de autos, revisado el fallo recurrido, se advierte que éste confirmó parcialmente la Sentencia recurrida, manteniendo todos los conceptos referidos al pago de beneficios sociales a la actora y reduciendo del monto final el pago a cuenta de beneficios sociales efectuado por la entidad recurrente a favor de la demandante. En consecuencia, corresponde verificar si el Tribunal ad quem al tomar esta decisión ha incurrido en error de hecho en la valoración de las pruebas o error de aplicación de los incs. d) y e) del art. 16 de la LGT, incs. d) y e) del art. 9 del DR-LGT, así como la cláusula sexta del contrato de trabajo.

Al respecto, si bien la institución recurrente, en base a la documental cursante a fs. 40 a 42 consistente en un contrato de realización de obra, afirma que la relación laboral con la actora se habría iniciado el 14 de diciembre de 2009, y concluido el 28 de mayo de 2009 a través del memorándum de agradecimiento de servicios (fs. 7 y 83), en virtud a que la trabajadora ha incumplido los deberes establecidos en la cláusula quinta del indicado contrato de obra, dando lugar a la desvinculación laboral establecida en la cláusula sexta del indicado contrato y las sanciones establecidas en los  incs. d) y e) del art. 16 de la LGT, y  del art. 9 del DR LGT; sin embargo, de la revisión de antecedentes, especialmente de las documentales de cargo  cursantes a fs. 8 a 12 consistente en papeletas de pago, la documental de descargo de fs. 90 a 91, se tiene que la relación laboral se ha iniciado el 7 de septiembre del 2009, tomando en cuenta para dicho efecto la papeleta de pago del indicado mes, de cuyo contenido se establece 24 días trabajados por parte de la actora.

En relación a la ruptura de la relación laboral, si bien existe un memorándum de agradecimiento de servicios (fs. 7 y 83) fechado el 28 de mayo de 2010, empero, conforme se tiene en el cargo de recepción de dicha documentación, así como lo afirmado en la demanda y el contenido de la contestación, la entrega de dicho memorándum a los efectos jurídicos legales correspondientes, se efectuó el 15 de junio de 2010, lo que equivale a decir en aplicación del principio protector de la "primacía de la realidad" por el que prevalece la veracidad de los hechos, que la actora recién conoció la decisión patronal de desvinculación laboral en la indicada fecha, lo que demuestra que la actora trabajo en el SEDECA Tarija hasta la indicada fecha, totalizando un tiempo de 9 meses y 8 días de trabajo.

En cuanto a la causal de retiro, la institución demandada pretende justificar el despido intempestivo bajo el argumento de que la demandante hubiere infringido la cláusula quinta y sexta del contrato de obra, lo que daría lugar a la sanción establecida en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR-LGT, sin embargo, de la revisión  de antecedentes especialmente de la prueba documental de descargo  cursante de 40 a 91, y en especial de la papeleta de pago del mes de mayo de 2010, cursante a fs. 84, se evidencia que a la actora tan solo faltó a su fuente de trabajo los días 6, 10 y 11 de mayo/2010, de ahí que,  la entidad recurrente como sanción a dichas faltas, le descontó tres días de su haber mensual, empero, estos datos por si solos no pueden justificar el despido de la trabajadora, en todo caso, si le entidad recurrente consideraba que los actora habría faltado a su fuente laboral más allá del tiempo permitido por ley o hubiere incumplido los términos señalados en la cláusula quinta y sexta del contrato de obra, debió haberla sometido a un proceso interno administrativo y/o disciplinario conforme los reglamentos internos de la propia entidad, a través del cual se podría haber comprobado y demostrado cualquiera de las causales legales de despido establecidas en los arts. 16 de la LGT, y 9 del DR-LGT, aspecto que no ocurrió en el caso de autos.

De ahí que, no existe argumento legalmente valido, para que la parte recurrente justifique el despido de la actora por inasistencia a su fuente laboral  y consiguientemente, basados en estos parámetros, al haber existido retiro injustificado e intempestivo, conforme establece el art. 13 de la LGT, corresponde reconocer el pago de los derechos reclamados a favor de la demandante, conforme acertadamente determinaron los de instancia en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba conforme determinan los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), puesto que los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores están protegidos por la Constitución Política del Estado, y resultan  nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, tal como dispone el art. 4 de la LGT.

Por lo expuesto, no siendo evidentes las acusaciones alegadas por la institución recurrente en el recurso de casación, debe darse aplicación a lo establecido por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos, por disposición de la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el fondo interpuesto por Julio Ramiro Saniz Balderrama en representación del SEDECA Tarija.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera