TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 324

Sucre, 13 de mayo 2015

Expediente: 344/2010-A

Demandante: Banco Central de Bolivia

Demandado: Juan Antonio Morales Anaya y Otros

Distrito        : La Paz

Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

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VISTOS: Los recursos de casación ambos en la forma y en el fondo de fs. 1556 a 1562 vta., 1584 a 1591, interpuesto por Jorge Arispe Camacho y Julio Guillermo Fabbri Crespo en representación de Juan Antonio Morales Anaya y Rodolfo Sucre Alarcón, por su parte Adolfo Vélez Peñaranda, Freddy Aguirre Marquiegui y Ángel León Quintana; ambos contra el Auto de Vista Nº 258/09 de 9 de diciembre de fs. 1540 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso coactivo fiscal seguido por la Contraloría General de la República (CGR) Banco Central de Bolivia (BCB), contra los recurrentes; la respuesta de fs. 1593 a 1598 vta.; el Auto  de 19 de octubre de 2010 de fs. 1601 que concedió los recursos; los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Que tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Tercero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Corte Superior del Distrito Judicial de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia Nº 095/2007 de 20 de diciembre de fs. 1369 a 1386, por la que declaró improbada la demanda de fs. 235 a 236, interpuesta por la Contraloría General de la República continuada por el Banco Central de Bolivia, disponiendo en consecuencia: Primero dejar sin efecto la Nota de Cargo Nº 16/06 contra Adolfo Vélez Peñaranda, Freddy Aguirre Marquiegui, Jorge Arispe Camacho, Ángel León Quintana, Juan Antonio Morales Anaya, Jaime Valencia Valencia y Rodolfo Sucre Alarcón; Segundo Levantar las medidas precautorias dispuestas en contra de los coactivados, debiendo a este efecto fraccionarse los oficios y testimonios de Ley.

I.1.2        Auto de Vista

Interpuesto recurso de apelación por  los representantes del Banco Central de Bolivia de fs. 1394 a 1397 vta., tramitado en la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 258/09 de 9 de diciembre de fs. 1540 vta., la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior ahora Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Sentencia Nº 095/2007 de 20 de diciembre; Auto Complementario de 26 de enero de 2008 y deliberando en el fondo declaró probada la demanda de 235 a 236 de obrados, manteniéndose firme y subsistente la Nota de Cargo No 16/06 así como las medidas precautorias dispuesta en contra de todos los coactivados.

I.2 MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

I.2.1. Recurso de Casación en la forma y en el fondo, interpuesto por  Jorge Arispe Camacho y Julio Guillermo Fabbri Crespo  fs. 1556 a 1562 vta.

I.2.1.a  Resolución citra petita violatoria del art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC)

Que el Tribunal de segunda instancia al emitir el Auto de Vista recurrido no se pronunció sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente en los Tribunales inferiores  y faltando algunas diligencias o tramites declarados esenciales falta expresamente penada con nulidad por ley. Violando los art. 3), 90, 133, 326 y 237 del Código de Procedimiento Civil; 22 segundo párrafo, 25 y siguientes de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal y 158 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, al emitir una Resolución citra petitum, porque omitió las consideraciones de los memoriales de respuesta al infundado recurso de apelación impetrado por el Banco Central de Bolivia Nº 20/2000, la consideración de funcionarios que ejercieron funciones de riesgo en el manipuleo de dinero.

Manifestaron también la ausencia de diligencias esenciales y la violación del art. 280 del Código de Procedimiento Civil, indicando que la Contraloría General de la República y el Banco Central de Bolivia instauraron varios procesos idénticos para funcionarios y ex funcionarios del Banco Central de Bolivia por el pago de fallas de caja y que algunos cuentan con Autos de Vista, sin embargo estos fallos, han sido emitidos en forma contradictoria e incompatible, como el Auto de Vista Nº 159/2009 de 17 de junio , en el que se anuló la Sentencia.

Señalo la ausencia de diligencias esenciales de antejuicio en violación del art. 158 de la Ley de Bancos y entidades Financieras, indicando que los funcionarios y los ex funcionarios del Banco Central de Bolivia, por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, gozan de privilegio procesal ya que la Ley prevé el antejuicio como garantía del buen funcionamiento de la entidad, normativa que incorpora las modificaciones introducidas por Ley Nº 2297 de 20 de diciembre de 2001 y que es aplicable al caso porque fue promulgada cuando el proceso de auditoria se encontraba en plena ejecución que establece dicha prerrogativa, ya que la Ley estableció dicha garantía a favor de los funcionarios del Banco Central de Bolivia  porque la entidad tiene como único objeto fundamental, cual es el mantener el control del valor de la moneda nacional , y que como entidad autárquica se basta asimismo, con la facultad de autogobernarse, siendo la ley la que define las normas de organización, funciones y autoridades, así como sus atribuciones y competencias.

En ese orden de las cosas las políticas y decisiones que adoptan el directorio y Ejecutivos del Banco en aras del cumplimiento del objeto institucional, deben ser firmes y valederas en el tiempo y por esa razón sobre ellas pesa la presunción legal de validez, agregando que ninguna persona puede tachar de ilegales las decisiones ni observarlas a no ser que con carácter previo ,tramite y consigna la declaración de nulidad de las mismas aduciendo que el Directorio, Ejecutivos y demás funcionarios del aludido Banco, se hubieran excedido en las competencias que la ley les confiere.

En consecuencia, el presente proceso nunca debió avanzar dado que no existe la declaración de nulidad de los actos administrativos relacionados al pago del bono de fallas de caja, violando una garantía procesal de la Ley para funcionarios y ex funcionarios del Banco Central de Bolivia, cual es el antejuicio, por lo que solicita casar en la forma el Auto de Vista y anular el proceso hasta el vicio más antiguo.

I.2.1.b. En el Fondo

Acusó la violación e interpretación errónea del art. 158 de la ley de Bancos, manifestando que en el fallo recurrido se violó el principio de legalidad, ya que nadie puede ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado en aplicación de las leyes vigentes y conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, porque no se consideró la aplicación de este artículo., el cual viene a constituirse en parte integrante del ordenamiento jurídico vigente el cual se debe aplicar al caso presente, en tal sentido y siendo que el referido artículo., se encuentra vigente, se vulneró el art. 180 de la Constitución Política del Estado (vigente),violando principios fundamentales y garantías constitucionales como el principio de legalidad.

Acuso también error manifiesto en la apreciación de la prueba, al no considerar los documentos cursantes en obrados, que prueban que el bono de fallas de caja era un derecho adquirido legal a favor de los trabajadores del Banco Central de Bolivia en el área de tesorería y que el Acta de Directorio Nº 20/2000 de 9 de mayo , por el cual el Directorio del Banco Central de Bolivia en los incisos a), n) y o) del art. 54 de la Ley de Orgánica del Banco, establece la capacidad incensurable que los pagos que realizaban por el bono de fallas de caja desde 1995, eran adecuados en consideración a las circunstancias del ente Emisor en el momento de la toma de decisiones que nos ocupa.

Denunció además la violación del principio de los derechos adquiridos y el art. 58 del Decreto Supremo Nº 21060 mencionado en el segundo considerando del Auto de Vista recurrido, en el que recoge textualmente la argumentación del Banco Central en sentido de que la figura del derecho adquiridos no puede convalidar pagos supuestamente irregulares y que por lo tanto la aplicación del art. 58 de aludido Decreto Supremo es ilegal, siendo notorio que el Tribunal a quem no realizó ninguna argumentación consistente para sustentar que el bono de fallas de caja no es derecho adquirido, limitándose a alegar la inaplicabilidad de la norma citada.

Manifestando finalmente que dicho bono es un derecho adquirido consolidado en 45 años de pago y como tal, no podía ser derogado por el cambio de criterio de un Gerente Administrativo o por simple opinión de la Contraloría General de la República que no tiene facultades para evaluar políticas institucionales al interior del Banco Central de Bolivia.

I.2.1.c.  Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, Case el Auto de Vista recurrido, disponiendo se deje sin efecto la nota de cargo  y subsistente  la justa Sentencia Nº 95/07 y alternativamente, aplicar las facultades del art. 252 del Código de Procedimiento Civil anulando el proceso hasta el vicio más antiguo.

I.2.2. Recurso de Casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Adolfo Vélez Peñaranda, Freddy Aguirre Marquiegui y Ángel León Quintana fs. 1584 a 1591.

Que si bien la Contraloría General de la República mediante informes de auditoría estableció responsabilidad Civil contra los recurrentes como ex funcionarios públicos del Banco Central de Bolivia, por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, por autorizar el pago de bonos de fallas de cajas a personal de la misma entidad que manipula  dinero, identifica cheques y otros valores, consideramos que el Tribunal ad quem, no valoró en el Auto de Vista lo establecido en el art. 34 de la Resolución de Directorio Nº 120/97 de 17 de junio, referida a las asignaciones eventuales, y que si bien esta Resolución  de Directorio Nº 20/92 de 3 de febrero, quedaron sin efecto por la Resolución de Directorio Nº 085/2000 de 21 de noviembre, esta fue después de sus gestiones como empleados del Banco Central de Bolivia y que la misma recién se pronuncia con claridad y sin ambigüedades, quienes son los beneficiarios de este bono de fallas de cajas, señalando en el art. 3 el ámbito de aplicación que fue modificado recién en noviembre de 2000, es decir fuera del periodo auditado por la contraloría general de la República, no pudiendo establecer responsabilidad civil por un hecho que se encontraba legal, vigente aplicable durante sus funciones y pretender aplicar una norma que fue modificada con posterioridad a sus funciones.

Manifestaron también que, ellos no actuaron o dispusieron de manera arbitraria los bonos de fallas de caja, porque su actuar se encuadra dentro de una normativa que son las Resoluciones de Directorio citadas, que no eran contrarias a la justicia o las leyes o por capricho, como lo señala la doctrina, además quienes resolvían el pago  de dicho bono eran los miembros del Directorio del Banco Central de Bolivia y quien certificaba mendicante planilla  del personal acreedor  a este beneficio fue Jorge Arispe Camacho y ellos como funcionarios y ejecutivos sólo cruzaban la información certificada por el Departamento de Tesorería efectuando y procesando el registro contable como centro contable autorizado para dicho fin, conforme al Manual de Procedimientos.

Señalando finalmente que, el proceso de pago de fallas de caja, comienza con el Jefe del Departamento de Tesorería, quien era el que ordenaba bajo lista a quienes correspondía el pago, el Gerente instruía el pago y ellos debían de cumplir esa orden, cumpliendo con el trabajo, pero no determinaban a quienes correspondía o no este pago.

Aspectos que no fueron valorados a momento de emitir el Auto de Vista, contraviniendo el principio de legalidad procesal.

Concluyó solicitando Case el Auto de Vista recurrido, disponiendo se deje sin efecto  la Nota de Cargo Nº 16/06 en contra de lo coactivados y se levante las medidas precautorias dispuestas, o anule obrados hasta el vicio más antiguo.

I.3. Fundamentos Jurídico del Fallo

De la compulsa de antecedentes del proceso, las normas aplicables, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

I.3.1 Recurso de Casación en la forma y en el fondo, interpuesto por  Jorge Arispe Camacho y Julio Guillermo Fabbri Crespo  fs. 1556 a 1562 vta.

En la Forma

Con relación a la denuncia de violación del art. 236 del Código de procedimiento Civil referido a la pertinencia de la resolución que señala: “el Auto de Vista deberá circunscribirse  precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227, excepto lo dispuesto en el acápite final del art. 343”.

Al respecto, según la norma descrita precedentemente, efectivamente el
Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto  de apelación, es decir, debe resolver los agravios expresado en  dicho recurso, exigencia que fue cumplida por el Tribunal de segunda Instancia en el Auto de Vista Nº 258/09 de 9 de diciembre de fs. 1540 vta., no siendo evidente la violación denunciada por la parte recurrente.

Además se debe aclarar que el recurso de apelación fue planteado por el Banco Central de Bolivia como institución coactivante a consecuencia de que en la Sentencia de Primera instancia se declaró improbada la demanda interpuesta por esta entidad estatal, por ese motivo el agravio expresado por los recurrente carece de sustento jurídico, lógico y fáctico en razón de que la repuesta a la apelación no debió ser objeto de ningún pronunciamiento al considerarse la apelación del contrario.

Concerniente a la violación del art. 280 del Código de Procedimiento Civil (CPC) que se refiere a los votos disidente señala “Se hará constar en las resoluciones los votos disidentes de los Ministros, Vocales o conjueces disidentes pero sin hacer mención sustancial de dichos votos. Sin embargo los disidentes podrán pedir que su voto sea transcrito en el libro respectivo, no estando prohibida su publicación”. Tampoco es evidente, porque esta norma no es aplicable al caso que se analiza porque en la resolución de vista objeto del presente recurso, no existió disidencia de ninguno de los Vocales suscribientes al Auto de Vista Nº 258/09 de 9 de diciembre, careciendo este aspecto de sustento legal.

Sobre la violación del art. 158 de la Ley de Bancos y entidades Financieras Nº 1488 de 16 de abril de 1993, al no haberse aplicado el antejuicio que establecería la norma citada precedentemente; aspecto que tampoco es evidente, porque si bien el art. 158 de la referida ley determinaba” El Superintendente es responsable ante el Poder Legislativo. Presentará antes del 30 de junio de cada año, la memoria anual del sistema financiero correspondiente al ejercicio anterior, a los poderes del Estado”., sin embargo, este art. fue modificado por el artículo. 14 de la Ley Nº 2227 de 20 de diciembre de 2001 e incorporado en la Ley de Bancos y Entidades Financieras recién en dicha fecha, no siendo aplicable al caso presente puesto que el daño económico ocasionado al Banco Central de Bolivia se produjo durante la gestión 1999 y el periodo comprendido entre enero y agosto de 2000, es decir cuando dicha norma no se encontraba vigente en nuestro ordenamiento jurídico, no pudiendo aplicarse una Ley de manera retroactiva conforme prevé el art. 33 de la Constitución Política del Estado de 1967, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos.

En el fondo

Acerca de la denuncia de violación del art. 158 de la Ley de Bancos y entidades financieras de 16 de abril de 1993, que también fue denunciada como violada en el recurso de casación en la forma, violando además el principio de legalidad por no haberse aplicado el referido artículo.

Sobre este punto, se debe aclarar que ya fue resuelto en el recurso de casación en la forma, sin embargo es menester recalcar como se dijo líneas arriba, el art. 158 de la referida Ley de Bancos a que se refieren los coactivados, repetimos, fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el art. 14 de la Ley Nº 2297 de 20 de diciembre de 2001 de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera, es decir, que este artículo no existía en el momento de los actos administrativos emitidos por el Banco Central de Bolivia durante los periodos auditados sucedidos en la gestión 1999 y los periodos comprendidos entre enero y agosto de 2000, donde  se generó la responsabilidad civil contra los coactivados tal como se evidencia en los informe de auditoría Nº EX/EN24/SOO-R2 Ampliatorio Nº EXEN24SOO/A4, Complementario Nº EX/EN24/SOO-C4 y el dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR/DRC/013/2005 de 18 de agosto, el aludido art. 158 no se encontraba vigente, no siendo evidente la violación acusada.

Con relación al error manifiesto en la apreciación de la prueba; revisados los antecedentes que informan el cuaderno procesal, se evidencia que el origen del daño económico al Estado, fue el hecho de haber pagado el bono de fallas de caja a servidores públicos que no tenían derecho a percibir este beneficio        .

Al respecto, la resolución de Directorio Nº 020/92 de 3 de febrero, emitida por el Directorio del Banco Central de Bolivia, en el art. 1 señala “autorizar el pago de Bono de Fallas de caja a favor del personal de tesorería encargado de manipular dinero o identificar cheques y otros valores”. Mientras  que su art. 3 dice “El personal de planta y a contrato que percibirá el Bono de Fallas de caja, es el siguiente: Cajeros recibidores y pagadores; recontadores de Bóveda; Identificadores de Cheques; personal encargado del manipuleo de dinero y personal administrativo y operativo que dadas las circunstancias realice las funciones del personal anteriormente señalado, en bóveda del Banco Central de Bolivia”.

“El bono asignado se pagará por los días efectivamente trabajados sin considerar vacaciones, bajas médicas, permisos y otros”

Como se podrá advertir, esta norma delimita categóricamente las personas a quienes se debe pagar este beneficio, sin considerar, los ahora coactivados en su condición de servidores públicos jerárquicos, incumpliendo con esta normativa, permitieron que el bono de fallas de cajas sea pagado al personal administrativo que no está comprendido en la Resolución Nº 020/92 permitiendo que el Banco Central de Bolivia erogue sumas de dinero a favor de funcionarios públicos que no tenían ningún derecho a recibir el bono de fallas de caja, siendo solidariamente responsables conforme lo determina el inciso c) del art. 31 de la Ley Nº 1178 (SAFCO), motivo por el cual se giró la Nota de Cargo Nº 16/06 contra los coactivados por la suma $us. 2.916.- por apropiación y disposición arbitraria de bienes del Estado para Adolfo Vélez Peñaranda, Freddy Aguirre Marquiegui, Jorge Arispe Camacho, Ángel León Quintana, en forma solidaria con Juan Antonio Morales Anaya, Jaime Valencia Valencia y Rodolfo Sucre Alarcón, habiendo el Tribunal de apelación efectuado una correcta valoración de la prueba adjuntada durante el desarrollo del proceso, no siendo evidente la acusación denunciada por la parte recurrente.

Concerniente a la violación del art.58 del Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985 referente a la consolidación de bonos existentes al salario básico con el fin de mejorar los niveles de remuneración actuales, no es aplicable al caso presente porque lo que está en tela de juicio, no es el pago, en este caso, del bono de fallas de caja, sino la incorrecta aplicación de la Resolución de Directorio Nº 20/92, por parte de los coactivados, al autorizar el pago de dicho bono a secretarias y otros servidores, que no estaban comprendidos dentro de las previsiones señaladas en  la aludida resolución, por lo que esta acusación resulta infundada.

Bajo estas premisas se concluye que no existe violación de las normas citadas en el recurso, estableciéndose que lo resuelto por Tribunal de apelación, se ajusta a las normas legales en vigencia por lo que corresponde resolver de acuerdo a los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil aplicable por mandato de los arts. 1 y 24 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

I.3.2. Recurso de Casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Adolfo Vélez Peñaranda, Freddy Aguirre Marquiegui y Ángel León Quintana fs. 1584 a 1591.

De la compulsa de antecedentes del proceso, las normas aplicables, corresponde resolverlo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Manifestando la falta de valoración en el Auto de Vista recurrido del art. 34 de la Resolución de Directorio (RD) Nº 120/97 de 17 de junio, referente a las asignaciones eventuales que dice: “Además el sueldo, el Banco reconocerá en favor de algunos de sus empleados las siguientes asignaciones eventuales, en directa relación a la naturaleza, peligrosidad o riesgo de sus funciones: a) De fallas de caja.- El pago que se efectuara el Banco a favor de aquellos empleados que tienen responsabilidad directa en el manejo de dinero y otros valores. Este bono se pagará exclusivamente en el área de tesorería, norma que tiene concordancia con el art. 3 de la RD Nº 020/92 que señala las personas que tienen derecho a percibir el bono de fallas de caja, tal como se tiene establecido en el caso que se analiza, porque dicho bono, tiene como fundamento para su cancelación la necesidad de cubrir el riesgo del trabajador tenga directa relación con el manipuleo de dinero o material monetario y no así las secretarias y otros servidores  públicos que recibieron dicho bono, siendo los coactivados los responsables civilmente por disponer de manera injusta de bines patrimoniales del Estado, toda vez que durante  la tramitación los coactivados no presentaron documentación fehaciente que desvirtué los cargos en su contra, habiendo quedado demostrado la Responsabilidad Civil en la que incurrieron al haber causado daño económico al Estado establecida en el art. 31 de la Ley Nº 1178 (SAFCO), elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta por el juez de primera instancia, declarando improbada la demanda.

Por lo analizado, se concluye que al no existir vulneración de las normas citadas en ambos recursos, de donde se establece que lo resuelto por el Tribunal de Alzada, se ajusta a las normas legales en vigencia y no se observa violación de ninguna norma legal, corresponde por ello, dar cumplimiento a los art. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, por disposición de los art. 1 y 24, norma permisiva de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confiere el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 1556 a 1562 vta. y 1584 a 1591.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera