TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Auto Supremo Nº 320

Sucre, 13 de mayo de 2015

Expediente: 28/2011-S

Demandante: Gisela Lorena Pinto Saravia

Demandado: Fondo de Vivienda Social en Liquidación

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Hernán Vega Oporto en representación de la Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social y Gisela Lorena Pinto Saravia, contra el Auto de Vista Nº 204/2010 de 5 de octubre, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por reincorporación, pago de sueldos devengados y asignaciones familiares seguido por Gisela Lorena Pinto Saravia contra el Fondo de Vivienda Social en Liquidación “FONVIS” en Liquidación, el Auto de fs. 439 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Sentencia

Planteada la demanda de beneficios sociales a fs. 36 y vta., la Jueza de Partido Tercero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 5/2007 de 19 de enero de fs. 345 a 347, declarando probada en parte la demanda debiendo el demandado pagar a la actora la suma de Bs. 7.740.- por concepto de  subsidios prenatal, natalidad y lactancia, aclarando que la actora pueda reclamar los derechos que crea le corresponde en la vía legal pertinente.

I.2.1 Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado y demandante de fs. 375 a 377 vta. y de fs. 399 a 403 respectivamente; fueron resueltos mediante el Auto de Vista descrito al exordio, por el que la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz, revocó en parte la Sentencia Nº 5/2007 de 19 de enero, “deliberando en el fondo establece la no existencia de la relación laboral” (sic) y manteniendo el pago de los subsidios de prenatal, natalidad y lactancia.

I.2 RECURSO DE CASACIÓN

En conocimiento de la precitada Resolución, tanto la parte demandada por memorial de fs. 428 a 429 vta., como la parte demandante a través de escrito saliente de fs. 432 a 434, opusieron recurso de casación, conforme al siguiente detalle:

I.2.1 Recurso de casación interpuesto por Hernán Vega Oporto por la Unidad de titulación del FONVIS en liquidación

Indica que el mismo Auto de Vista arriba a la conclusión que la actora no mantuvo relación laboral con el FONVIS en Liquidación, porque se encontraba bajo un contrato de consultoría bajo las reglas descritas por los arts. 519 y 732 del Código Civil (CC); es decir, hubo una relación de orden civil, donde la remuneración se encontraba financiada por la Partida Nº 25200 (referida a consultoría). Por otro lado señala que las normas de Seguridad Social tienen que ser cumplidas por todas las personas, en tal sentido a la actora no se le efectuó descuento alguno para la Caja de Salud, y al no tener relación laboral no le corresponde al pago de asignaciones familiares de subsidio prenatal, natalidad y lactancia, porque fuera contrario al art. 6 del Código de Seguridad Social (CSS).

I.2.1.1 Petitorio

La entidad demandada, pide que este Tribunal Supremo case en parte el Auto de Vista recurrido, disponiendo el rechazo de los subsidios de prenatal, natalidad y lactancia.

I.2.2 Recurso de casación interpuesto por Gisela Lorena Pinto Saravia

Reclama que el Auto de Vista recurrido incurrió en las previsiones establecidas por el art. 253.1) y 2) del Código de Procedimiento Civil (CPC), al no tener en cuenta la comunicación al empleador sobre su estado de embarazo a las 17 semanas, el 14 de diciembre de 2001 (fs. 34) a efectos de ser protegida por la Ley Nº 975 de mayo de 1988, incluso -dice- posteriormente en 2006 el empleador trató de desvirtuar dicha comunicación (fs. 323) con un certificado expedido por una persona que no trabajó durante la permanencia de la demandante en la institución.

Asimismo, refiere que demostró la existencia de contratos sucesivos efectuados desde el 2000, hasta el 31 de diciembre de 2001 en tareas propias y permanentes de la entidad, como responsable de generación de cartera existiendo un ultimó contrato desde enero hasta el 31 de marzo de 2002,  presentando aportes efectuados (fs. 20) y el certificado de nacimiento de su hija (fs. 91), con lo que -en su planteamiento- queda demostrado la relación de dependencia con la entidad demandada por ende su relación laboral, debiendo en todo caso reconocerle también sueldos devengados, desahucio, indemnización por un año y nueve meses, y que al no haberlo hecho vulneran el DS Nº 16187 de febrero de 1979 así como la Ley Nº 975, pues no podía reconocérsele algo accesorio más no lo principal, haciendo alusión a la otorgación de subsidios sin reconocimiento de la relación laboral.

Denuncia transgresión del art. 44.I de la Ley Nº1836 de 1 de abril de 1988 en sentido que no se cumplió la vinculatoriedad de las SSCC Nº109/2006-R, 305/2006-R  y 764/2004-R, pese a su invocación de fs. 300 a 303

I.2.2.1 Petitorio

Solicita se case en parte la Resolución Impugnada disponiendo la cancelación de sueldos devengados, desahucio e indemnización.

CONSIDERANDO II:

II.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.1.1 Del recurso de Hernán Vega Oporto por la Unidad de Titulación del FONVIS en liquidación

La parte demandante en síntesis reclama que al presentarse un contrato de consultoría se configura la existencia de una relación enteramente civil que no se encuentra bajo la Ley General del Trabajo, y en cuanto a las asignaciones familiares determinadas, asevera que al no haberse efectuado aporte alguno a la Caja Nacional de Salud, son incorrectas.

Uno de los sustratos principales en cualquier Estado, apunta a la provisión, en un plano general e integral, de condiciones necesarias de protección de y al componente humano, se comprende entonces que sea el propio Estado quien disponga y asuma una serie de medidas tendientes a su cuidado en las diversas etapas que la vida comprende (nacimiento, niñez, vejez, etc.); en ese contexto ya el art. 158 de la Constitución Política del Estado de 1967 estatuía que “El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población”; señalando además que “los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social”.

La historia normativa en torno a esta temática mantuvo una progresión cualitativa, así, el art. 193 de la Constitución Política del Estado de 1967, señalaba que "la maternidad está bajo la protección del Estado", en coherencia y desarrollo de este precepto, la Ley Nº 975 de 2 de mayo de 1988, estableció directrices precisas sobre la protección del vínculo entre el trabajo y la maternidad, señalando:

“Art. 1.- Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas.

Art. 2.- La mujer en gestación en el puesto de trabajo que implique esfuerzos que afecten su salud, merecerá un tratamiento especial, que le permita desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, sin afectar su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”.

De la glosa normativa que antecede, se distinguen dos momentos o tópicos de trascendencia, la primera que la norma refuerza la estabilidad laboral de la mujer en etapa de gestación, y la segunda que esta protección emerge de una condición que es efecto de aquella, tal es, la gravidez de la mujer; dicho de otro modo, a fines de aplicación de esta norma, no debe perderse de vista que la misma exige la existencia coetánea de dos condiciones, a saber: una relación laboral entre un empleador y una mujer, y que ésta se halle en estado de embarazo. Debe tomarse en cuenta también, que estando presente una condicionante específica para que tal protección sea activada, deberá entenderse a la vez que será esa la que determine la causa de la naturaleza normativa. Partiendo de esa premisa, es decir, que la protección reforzada de la Ley Nº 975 de 2 de mayo de 1988 procura tanto la estabilidad de la relación laboral, como y más intensamente, la materialización del resguardo al componente humano del Estado, reatado al específico caso de la maternidad, pues no debe desligarse que de ella emergen simultáneamente otro tipo de derechos consustanciales, como lo son el derecho a la alimentación y el derecho a la Seguridad Social, aspectos que en conjunto se hallan inseparablemente vinculados a la justicia social.

Ya en materia, bien es cierto que el origen contractual de la relación entablada por las partes es ajeno al derecho laboral materia laboral (análisis que abarcará el siguiente acápite). En ese escenario la tesis sostenida por la entidad demandada se sitúa en negar la otorgación de los subsidios determinados por las instancias precedentes, por cuanto cree a la actora no le son correspondientes por la regulación contractual inmersa en los arts. 519 y 732 del CC; que dicho sea de paso, fue el argumento primal en la postura defensiva; sobre el particular el Auto de Vista impugnado resolvió:

“…la actora demanda la reincorporación a su fuente de trabajo por estar dice, protegida por la Ley No. 975 de 2 de mayo de 1988…a este respecto se debe tener presente que esta ley no solo protege el trabajo de la mujer embarazada sino garantiza los medios de subsistencia del recién nacido, consecuentemente, corresponde otorgarle únicamente al menor los derechos de subsidios que la ley señala

(…)

“la actora [señala] que hizo conocer de su estado de gestación oportunamente, este extremo no puede ser negado por la entidad demandada pues a momento de romperse el contrato entre partes la actora tenía mas de ocho meses de gestación que a vista de cualquiera era evidente…analizado el certificado de nacimiento a fs. 91, se evidencia que el menor ha nacido”

  Así las cosas, la conclusión arribada por el Tribunal de alzada en relación a este tópico es correcta, pues el reconocimiento de la asignación de los subsidios emergentes de la maternidad, se engloban dentro del marco de protección hacia el recién nacido dentro de una política estatal de su componente humano, más cuando el estado de gestación se presentó cuando la actora desempeñaba funciones en el FONVIS en Liquidación.

II.1.2. Del recurso de Gisela Lorena Pinto Saravia

La demandante por su parte refiere que, con la prueba aportada demuestra haber sostenido una relación laboral con el empleador y que comunicó su estado de gravidez a la institución de forma oportunidad, con lo que es merecedora además de los subsidios otorgados, a los beneficios de indemnización, desahucio y sueldos devengados.

La génesis de la relación existente entre las partes, se vincula a los contratos (fs. 21-24, 27-28, 29-33) por los que el FONVIS en Liquidación requirió la prestación de servicios a la demandante en calidad de consultora como Técnico Oficial de Cartera. El contexto de esas contrataciones se enmarcó a las disposiciones contenidas en el DS 24935 de 30 de diciembre de 1997 y normas posteriores, cuyo principal objeto fue el establecimiento de procedimientos para la liquidación del FONVIS como entidad estatal de intermediación financiera, proceso de liquidación por el que se abrió un periodo en el que por su naturaleza- se debía proceder a la cancelación de todos los pasivos (créditos sociales o deudas sociales), la conclusión de  operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean necesarias y la repartición de los eventuales remanentes.

En todo caso, el proceso de liquidación, en la que la relación contractual tanto emergió como se desarrolló, posee contundentemente un aspecto de necesaria temporalidad en las operaciones del FONVIS, es decir, una estructura accidental en el tiempo con una duración en función a los fines mismos para los que había sido creada; en tal sentido se confirió al Liquidador atribuciones específicas para el objetivo trazado, atribuciones contenidas en el art. 3 del DS 26311 de 15 de septiembre de 2001, entre las que destaca en su parágrafo IV “Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes y emitidas para la liquidación definitiva del FONVIS en Liquidación; así como todas las disposiciones reglamentarias aplicables al proceso de liquidación (…) Contratar servicios de profesionales o empresas requeridas para llevar a cabo el proceso de liquidación con cargo a los recursos del FONVIS en Liquidación”.

En tal parámetro, partiendo de la premisa que la norma concedió al FONVIS en liquidación determinados y específicos fines, como lo son la disolución, liquidación y extinción institucional del Fondo Nacional de Vivienda Social, es natural que las formas de captación y requerimiento de personal no escapen a ese aspecto, dicho de otro modo, el FONVIS en Liquidación debía también asumir captación de personal para el cumplimiento del proceso de liquidación únicamente.

El Auto de Vista impugnado, no es ajeno a ese criterio pues consideró que “mediante el DS 26311…se ha dispuesto el cierre definitivo del FONVIS, consiguientemente se suprime toda la estructura organizacional…por lo tanto mal podría esta institución en liquidación contratar personal de planta para generar o dar nacimiento a otras obligaciones” (sic). A partir de aquí, entonces cobra coherencia la inexistencia de la relación laboral asumida por los de alzada, y por ende la imposibilidad de aplicación de los derechos laborales pretendidos por la demandante; por cuanto la naturaleza de las funciones desempeñadas no se limitan a la sola realización de las labores pactadas, sino, se albergan dentro de un paraguas mayor, que es las características primarias de lo que denota -estrictamente- el FONVIS en liquidación, mal pudiendo concertarse el cumplimiento de derechos que escapen a esa naturaleza misma, como bien señaló el Auto de Vista impugnado; más cuando la citada naturaleza temporal de la entidad demandada, hacen que incluso el tiempo de duración de los servicios sea tanto conocido a través del tenor del contrato como así por lo que incumbe a una entidad en proceso de liquidación.

Se debe considerar también que el art. 28.c) de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Nº 1178), dispone que, son servidores públicos, los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con las entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración, calidad en la que queda incluida la demandante, por haber concurrido a título de consultora a prestar servicios específicos a una entidad pública como es el FONVIS en Liquidación.

Dentro de este marco, el art. 1 del Decreto Reglamentario a la  Ley General del Trabajo (DR-LGT), excluye del ámbito de aplicación de la Ley Laboral -entre otros-, a los funcionarios públicos, entre los que quedó catalogada la demandante, mientras prestó los servicios de consultoría a la entidad demandada. Asimismo, y corroborando lo anteriormente expuesto se concluye que los contratos de consultoría firmados por la actora con el FONVIS en liquidación, emergen como consecuencia del art. 10 de la Ley Nº 1178 que refiere  El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios...”, en consecuencia, es lógico concluir que no le corresponden los beneficios sociales previstos en la normativa laboral.

De lo anteriormente fundamentado, se concluye que las infracciones denunciadas por ambas partes no son evidentes, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, con la previsión contenida en el art. 252 de CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara; INFUNDADOS los recursos de casación  de fs. 428 a 429 vta., interpuesto por Hernán Vega Oporto por la Unidad de titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social; y de fs. 432 a 434, interpuesto por Gisela Lorena Pinto Saravia. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr.  Pastor Segundo Mamani Villca

                Dr. Antonio Guido  Campero Segovia

Ante mí: Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta

                Secretario de la  Sala  Contenciosa y Contenciosa Adm,  Social Adm. Primera