TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM. Y SOCIAL Y ADM. PRIMERA


AUTO SUPREMO Nº 315

Sucre, 13 de mayo de 2015

Expediente: 40/2015-S

Demandante: Lino Manuel Zenteno Rosales     

Demandada: Industrias Agrícolas de Bermejo dependiente de la ex - Prefectura de Tarija

Distrito        : Tarija

Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Sergio Fernández Espíndola en representación de Lino Manuel Zenteno Rosales de fs. 123 a 125 vta., contra el Auto de Vista No 295/2014 de 29 de diciembre (fs. 116 a 120 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; dentro de la demanda de pago de beneficios sociales seguida por el recurrente contra Industrias Agrícolas de Bermejo dependiente de la ex-Prefectura del Departamento de Tarija; la respuesta al recurso (fs. 127 y vta.); el Auto interlocutorio No 03/2015 de 20 de enero que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

I.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1.1 Demanda y excepción perentoria de prescripción

Sergio Gregorio Fernández Espíndola, en representación de Lino Manuel Zenteno Rosales por memorial cursante de fs. 28 a 29 vta., subsanada a fs. 49 a 50 vta., demanda reliquidación de beneficios sociales, acción que la dirige contra la Gobernación del Departamento de Tarija; citada la entidad demandada, a través del memorial cursante de fs. 67 a 68, responde la acción en forma negativa y opone excepción perentoria de prescripción.

I.1.2 Sentencia

Concluido el proceso laboral, la Jueza de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Tarija, pronunció la Sentencia de 2 de enero de 2014 (fs. 97 a 100 vta.), declarando Improbada la demanda y Probada la excepción de prescripción, sin costas.

I.1.3 Auto de Vista

En conocimiento de la Sentencia, el demandante a través de su apoderado interpuso recurso de apelación cursante de fs. 102 a 104, que fue resuelto mediante el Auto de Vista hoy impugnado, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que confirmó totalmente la Sentencia.

I.2 Motivo del recurso de casación

De la revisión del recurso de casación, se extrae como motivo del mismo, lo siguiente:

Afirma que, el Auto de Vista Nº 295/2014 de 29 de diciembre, atenta, viola, quebranta, infringe, conculca y cercena los derechos laborales de su mandante, que son irrenunciables, inembargables, imprescriptibles y tienen el carácter retroactivo en materia laboral según los arts. 123 y 48.IV de la Constitución Política del Estado (CPE).

Señala que, la Juez de primera instancia y los Vocales de la Sala Social y Administrativa, desconocieron y quebrantaron los arts. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT) y art. 46 y 48 de la CPE.

Enfatiza que, la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico y goza de primacía frente a cualquier otra disposición, por lo que es inaplicable el art. 120 de la LGT, con relación a la prescripción de los beneficios sociales.

En igual sentido, describiendo sucintamente el principio in dubio pro operario, expresa que, el Tribunal de Alzada quebrantó y conculcó aquel principio así como el art. 4 de la LGT, el art. 3.g) del CPT y los arts. 46, 48 y 123 de la CPE y el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC). Finaliza señalando que, existe “error de interpretación en la valoración de la prueba y de la norma legal antes citadas”(sic).

I.2.1 Petitorio

Solicita a este Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes e improbada la excepción de prescripción, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II:

II.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente afirma que, se conculcaron los arts. 4 de la LGT, el art. 3.g) del CPT y los arts. 46, 48 y 123 de la CPE, en razón de haberse declarado tanto en Sentencia como en el Auto de Vista impugnado, la prescripción de los beneficios sociales que le correspondían, dándose una incorrecta aplicación de los arts. 120 de la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario (DR-LGT).

II.1.1 Prescripción extintiva en materia laboral

En el Derecho del Trabajo, la prescripción es un medio de defensa que el empleador puede sustentar para el pago de determinados derechos laborales, ante el transcurso de un tiempo fijado por Ley; de acuerdo a la doctrina, el derecho a accionar los derechos y por consiguiente las actuaciones derivadas del contrato de trabajo decaen con el transcurso del tiempo. Ahora bien por acción deberá entenderse al ejercicio del derecho ante los órganos jurisdiccionales, a fin de obtener tutela.

Sobre el momento de inicio del cómputo de la prescripción, el consenso de la doctrina y jurisprudencia es unísono al afirmar como tal al momento de la desvinculación laboral, así el convenio Internacional de la OIT Nº 65, señala que, para derechos económicos, el plazo de prescripción debe iniciarse desde la fecha del cese del trabajador.

A decir de Dongo Ortega, “El fundamento de la prescripción es por regla general, el deseo del legislador de imponer la paz social, la cual se vería amenazada por la actividad, largo tiempo diferida de un acreedor o un propietario para reclamarla. Una razón de orden público, castiga el largo retardo de un acreedor que repentinamente reclamase compulsivamente el pago de una deuda, en consecuencia la prescripción extintiva o liberatoria se produce por el transcurso del tiempo que deja pasar el acreedor para exigir el cumplimiento de una obligación. Término que es fijado por la Ley. La prescripción extintiva tiene dos fundamentos básicos: primero, es la extinción de una acción por el transcurso del tiempo y, segundo, opera ante la falta de acción del interesado para defender el derecho correspondiente”. (DONGO ORTEGA, David F.; La Prescripción Extintiva en los Derechos Laborales; ISBN: 978-603-45073-0-2)

Es preciso diferenciar la caducidad de la prescripción extintiva, pues, mientras la primera extingue la acción sin extinguir el derecho, la segunda extingue el derecho mismo y, por ende, la acción que de él deriva. La primera impide que un derecho no ejercitado mantenga la acción indefinidamente en vigencia; la segunda se ciñe a que ciertos derechos sólo puedan ejercitarse en un plazo ante una determinada instancia procesal; además, la prescripción, por regla general, admite la suspensión e interrupción de su término, lo que no admite, en principio, la caducidad, pues su término es perentorio y su transcurso fatal.

II.1.2. Posición jurisprudencial sobre la problemática planteada

Ya en anteriores oportunidades tanto la extinta Corte Suprema de Justicia como este propio Tribunal, ante problemáticas que gravitaron entre la prescripción prevista en los arts. 120 de la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario, y, la aplicación de los arts. 48 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), emitió jurisprudencia a través del entre otros- Auto Supremo Nº 7 de 1 de febrero de 2013, consolidando anteriores criterios relativos a similares problemáticas contenidos en los, entre otros, Autos Supremos (AASS) Nº 085 de 10 de abril, Nº 224 de 3 de julio y Nº 379 de 28 de septiembre todos del 2012, así como los AASS Nº 266 de 12 de agosto de 2010 y Nº 535/ 2010 de 10 de diciembre, manifestando: “…conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del art. 48 de la CPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009 "...los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles..."; es decir, que por mandato de la Ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual lo señala el parágrafo II de su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, por lo que existiendo contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la LGT, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado; empero, se aclara que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la CPE de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la CPE en cuanto a la irretroactividad de la ley”.

En cuanto a la prescripción inserta en el art. 120 de la LGT, el señalado Auto Supremo manifestó: “corresponde definir a la prescripción liberatoria como la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inactividad de su titular durante el lapso señalado por ley. Por lo que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al merecedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a una condición meramente natural, quedando claro que son dos los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio voluntario del merecedor durante ese plazo”.

En relación a la imprescriptibilidad de derechos de carácter laboral, su consiguiente característica de inalienabilidad por su condición de bienes fuera de la disposición, y la sanción legal que se impone al titular de un derecho que, tras su eventual agresión, no ejercita el medio de defensa en un lapso previsto normalmente en la ley, jurisprudencia de países vecinos, como el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que “…la figura jurídica de la prescripción no supone la denegatoria del derecho en cuestión, sino, en todo caso, la restricción del remedio procesal para exigirlo, lo cual no debe olvidarse, constituye también la defensa de otro bien constitucional en la medida que se protege por ésta vía la seguridad jurídica”. (Sentencia Constitucional propia al expediente Nº 04272- 2006- AA/TC)

Entonces, no se debe confundir la imprescriptibilidad reglada en la CPE, cuya aplicabilidad por el principio y garantía de irretroactividad de la Ley, es obligatoria hacia adelante, con aquellas situaciones de hecho reguladas por normativa distinta como son los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT porque nacieron antes a la vigencia de la norma fundamental señalada, pretendiendo la aplicación de la actual disposición constitucional, para los derechos o acciones que nacieron hace más de diez años, es decir antes a la vigencia de la actual norma fundamental, puesto que bajo tal hipótesis, se estaría desconociendo la garantía constitucional de la irretroactividad de la Ley, afectando los principios de legalidad y de seguridad jurídica, posibilitando inclusive que pueda demandarse el pago de derechos sociales por periodos impensables del pasado, sin limitación alguna, lo que no es dable y tampoco razonable, dado el marco normativo que en cada tiempo y lugar regula la conducta de los habitantes de un territorio.

II.2 Análisis del caso 

De los antecedentes remitidos en casación, se advierte que el demandante  presentó la demanda de reintegro de beneficios sociales, el 25 de octubre de 2011 conforme consta en el formulario de recepción de causas cursante a fs. 30, mediante el cual demanda el reintegro de beneficios sociales que le correspondería, haciendo constar que ingresó a trabajar el 11 de junio de 1983 y que feneció su relación obrero patronal el 31 de agosto de 1998, apoyando su petición en las disposiciones contenidas en los arts. 48 y 123 de la CPE. Admitida la demanda, la institución demandada opuso excepción de prescripción que fue declarada probada por la Jueza del Trabajo y Seguridad Social.

Compulsados los antecedentes, se establece que la acción fue presentada en el lapso de tiempo en el cual el plazo de los 2 años a los que hacen referencia los arts. 120 de la LGT y 163 del DR-LGT, ya había sido superado abundantemente, puesto que a partir del 31 de agosto de 1998, fecha de desvinculación laboral hasta el 25 de octubre de 2011 fecha de la interposición de la demanda, transcurrieron más de 12 años.

La pretensión del recurrente de aplicar el art. 123 de la CPE, que determina que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; no puede ser aplicable al caso de Autos por constituirse en derechos nacidos con anterioridad a la fecha de promulgación de las normas contenidas en la Constitución Política del Estado y de los cuales no se interrumpió el curso de su prescripción. Otro entendimiento tornaría un escenario inestable en el panorama jurídico laboral en el Estado Plurinacional de Bolivia, pues la certeza, seguridad y confianza que la jurisdicción ordinaria debe otorgar a los justiciables, se disolvería tornando confusas las fechas de cómputo de diversas figuras jurídicas y generando inseguridad en la aplicación de la norma, vejando con ello el principio de seguridad jurídica, que es pieza fundamental en la configuración y estructura del Estado Constitucional de Derecho.

Por lo expuesto, al no haber incurrido el Tribunal de Alzada en ninguna de las infracciones acusadas por el recurrente, corresponde resolver el recurso de casación conforme disponen los arts. 271.2) y 273 ambos del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sergio Fernández Espíndola en representación de Lino Manuel Zenteno Rosales, cursante de fs. 123 a 125 vta. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.